Se declara la inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto reglamentario 410/2001, en cuanto adiciona a los “familiares a cargo” los requisitos de edad y estado civil y modifica las pautas establecidas en el artículo 18 de la ley 24557, atento a que, de este modo, el PEN excede su facultad reglamentaria legislando requisitos no contemplados por la ley. Para decidir así, el tribunal destacó que dicha norma, lisa y llanamente, desapodera de la indemnización a familiares en condiciones de vulnerabilidad, lo que en la práctica implica la imposibilidad de instrumentar la “sustitución de ingresos” (pilar fundante de la LRT), desoyendo el mandato constitucional de protección de la familia derivado de la Carta Magna y los tratados de DDHH.
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