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JURISPRUDENCIAAcción de amparo. Colegio de Abogados de la Prov. Santa Fe. Resolución (ANSES) 479/2014. Exceso reglamentario. Declaración de inconstitucionalidad
Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución nº 479/2014 de ANSeS, habida cuenta de que, al exigir la inscripción de los abogados en sus registros, interfiere en las facultades y competencias del Colegio de Abogados Provincial.
Rosario, 20 de marzo de 2015.
Visto, en Acuerdo de la Sala “B” el expediente n° FRO 18878/2014 caratulado “COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO c/ ANSES s/ Amparo Ley 16.986”, (originario del Juzgado Federal N° 1 de Rosario), del que resulta que:
Vienen los autos a estudio a fin de resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada (fs. 85/97) contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014 que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el Colegio de Abogados de Rosario contra la Administración Nacional de Seguridad (ANSES) ; declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución Nº 479/2014 de ANSES y ordenó a la demandada que se abstenga de realizar cualquier acto que implique la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales (fs. 82/84).
Concedida la apelación y ordenado el traslado a la contraria (fs. 98), éste fue contestado por la actora (fs. 99/102 vta.).
Elevados los autos a esta alzada (fs. 107), se ordenó el pase al acuerdo, quedando los presentes en condiciones de resolver (fs. 108).
Y Considerando:
1º) Se agravió el apelante sosteniendo que el juez a-quo ha entendido que el interés público debe ceder ante el interés de la actora sin exponer los argumentos en que basa su decisión no fundando adecuadamente la sentencia apelada, por lo que la considera arbitraria.
Señaló que la Administración no sobrepasó la esfera de competencia del propio ente colegial en cuanto a la matrícula de sus propios afiliados sino que los requisitos para el reempadronamiento previsto por la Resolución nº 479/14 se ajustan a los propios requerimientos del Colegio. Tanto es así, agregó, que los requisitos que están establecidos por el Colegio de Abogados son casi idénticos a los requeridos por su parte.
Manifestó que la Administración no avanzó en ninguna competencia que no fueran sus propias facultades para dictar las normas que hacen a su actividad, incluida, la necesidad de tener un registro actualizado de los abogados que ejercen su tarea previsional en su ámbito.
Asimismo se agravió sosteniendo que el magistrado de primera instancia no ha tenido en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 inciso d) in fine de la Ley 16.986 que establece que la acción de amparó será inadmisible cuando: “la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese…la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas”.
Destacó que el recurso de amparo constituye una vía de excepción y extraordinaria, limitada a investigar sumariamente los hechos y sin llegar a configurar un procedimiento contradictorio con partes en litigio.
El amparo, agregó, constituye un camino procesal no idóneo para estudiar y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas, cuando no existió suficiente debate y prueba. Citó jurisprudencia en su apoyo.
Recordó que la declaración de inconstitucionalidad debe ser considerada como última ratio y que según criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien alega la inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución. No obstante esta postura doctrinaria del Alto tribunal, dijo, el juez a-quo declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Resolución nº 479/14 sin dar acabadas razones que lo fundamenten.
Manifestó que el magistrado declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución Nº 479/14 argumentando que ellos resultan violatorios de “…derechos constitucionales que protegen el ejercicio de la profesión de abogado, el derecho a trabajar o ejercer industria lícita…”.
Sin embargo, adujo, esa afirmación es genérica, pues de ninguna manera precisó de qué forma resultan violentados tales derechos.
Destacó que el juez no objetó los artículos 1º y 2º de la resolución que nos ocupa, de modo que con ello, agregó, avaló la existencia de un registro de gestores y abogados llevado por ANSES.
Al declarar indiscriminada e infundadamente la inconstitucionalidad de otros artículos, agregó, el inferior no advirtió que esa generalización abarca situaciones que no pueden declararse inconstitucionales ni violatorias de derecho alguno.
Así, en relación al artículo 3 de la resolución, dijo, resulta insólito que en un Registro de Gestores y Abogados el a-quo entienda inconstitucional que se le pida a quien quiere inscribirse que acredite su condición de abogado o su identidad.
El artículo 5, agregó, trata la cuestión relativa a la “competencia” de las oficinas o UDAI del organismo y establece que los turnos solicitados por los letrados para realizar trámites previsionales se otorgarán en la dependencia operativa correspondiente a la zona de influencia del domicilio del poderdante.
Manifestó que en todos los casos en que actúan abogados en representación de personas físicas o jurídicas la competencia del Tribunal u oficina pública está determinada por el domicilio de la persona y no el de su letrado.
La descentralización, agregó, tiene por motivo llegar a la casa del ciudadano en su domicilio y es normal y explicable que cualquier intento de concentración que vulnere el ejercicio de ésta, deba ser reglamentado a fin de garantizar la calidad y eficacia del servicio en todo el país.
Señaló que existen cuestiones de organización y administración que resultan privativas de cada uno de los poderes del estado y que deben resguardarse del debate judicial y que en todos los casos en que actúan abogados en representación de personas físicas o jurídicas la competencia del Tribunal u oficina pública está determinada por el domicilio de la persona y no el de su letrado.
Recordó que cuando ANSES organiza las Unidades de Atención Integral (UDAI), lo hace, en cuanto a su estructura de personal y recursos materiales, teniendo en consideración la cantidad de posibles beneficiarios de la zona.
Señaló que aún los Códigos Procesales, nacionales o locales rigen sus reglas de competencia por el domicilio de la persona y en ningún momento por el de su letrado, aun cuando para la actuación por ante los Tribunales se requiera patrocinio letrado obligatorio.
En tal sentido, dijo, todas las competencias judiciales establecidas en los Códigos de fondo y de forma se fijan por los domicilios del actor o demandado, o del lugar donde se ubica al cosa objeto del juicio o por el lugar donde ocurrió un hecho pero jamás por el domicilio donde el abogado que inicia la demanda tiene su estudio jurídico.
Destacó que las normas cuestionadas en ningún punto alteran o restringen de manera arbitraria los derechos constitucionales que protegen el ejercicio profesional ni el derecho de los titulares a contar con patrocinio letrado , tampoco, agregó, cercenan principios constitucionalmente consagrados, ya que, a su entender , no impiden el derecho a trabajar y ejercer industria lícita a ningún letrado ni lo priva de peticionar ante las autoridades, defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en el ámbito judicial o administrativo.
De la norma, agregó, surge que no existe impedimento alguno para que los profesionales continúen su labor profesional con el anterior empadronamiento, otorgándoles el artículo 2 de la Resolución nº 479/2014 un plazo más que razonable de 120 días hábiles administrativos.
Además, dijo, se instruyó a las áreas operativas respecto de la atención de los letrados mediante la Circular DPA y T nº 32/14 -Nuevo Registro de Abogados y Gestores Administrativos Plazo y Operatoria – en cuanto establece las formas de procedimiento de las UDAI/Oficina frente al re-empadronamiento previsto, según se haya solicitado el turno antes del 16/09/2014 y hasta vencidos los 120 días previstos en dicha circular. Citó jurisprudencia en su apoyo.
Recordó que el artículo 1 de la Ley 17.040/66 es clara en sus disposiciones y establece que: “La representación ante los organismos nacionales de previsión de los afiliados o sus derechohabientes, solo podrá ejercerse por las siguiente personas: a) El cónyuge, ascendientes, descendientes, y parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive; b) Los abogados y los procuradores de la matrícula…”. De allí, dijo, que no resulte materialmente posible que circulares internas de ANSES resulten contrarias a aquella en virtud del orden de prelación de leyes y que en consecuencia el agravio invocado por la accionante devenga abstracto, existiendo otros remedios legales que tiendan a canalizar la pretensión venida en caso mediante la vía del amparo.
Destacó además que el juez a-quo no tuvo en consideración que ANSES, creada mediante Decreto nº 2284/91, es un órgano descentralizado de la Administración Pública Nacional, dependiente del Ministerio de trabajo de la Nación, con autonomía normativa para garantizar su pleno funcionamiento y dictar normas y reglamentos que hacen a su propia naturaleza jurídica como órgano de gestión dentro de la Administración Nacional.
Esta autonomía normativa, agregó, está dada por el artículo 36 de la Ley 24.241 que establece que ANSES tendrá a su cargo “…la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto…” y el dictado de reglamentos en relación a la instrumentación de normas y procedimientos que hacen al ejercicio de sus facultades de administración del SUSS.
Ese mismo artículo de la ley 24.241, dijo, dispone en su párrafo final y respecto de las competencias enumeradas, que: “Esta enumeración es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de la Seguridad Social…”.
Así, adujo, podemos afirmar que la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene competencia para establecer procedimientos internos en orden al cumplimiento de su misión específica, no pudiendo pretenderse ilegítimos o arbitrarios la emisión de sus actos internos.
Manifestó que no existe restricción al trabajo profesional, sino que lo que se pretende establecer es un proceso claro y transparente de quienes son los habilitados para poder cumplir con los trámites previsionales y un ordenamiento que ANSES, quien recibe los reclamos posteriores de los beneficiarios, tiene el derecho pleno de ejercer.
El hecho de que ANSES, dijo, no inicia trámite alguno sin el respectivo poder registrado…” al igual que en otras Reparticiones Públicas cuyos trámites resultan semejantes al del presente caso y donde no ha sido iniciada acción de amparo por parte de los profesionales que tramitan en ellas, no entorpece de manera alguna el normal desempeño de la actividad abogadil o procuracional desempeñada por los profesionales ante el Organismo.
2º) La actora al contestar agravios ( fs. 99/102 vta.) expuso en sus conclusiones que más allá de no rebatir los argumentos del juzgador, la inconstitucionalidad de la reglamentación es cuestión es evidente por su manifiesto conflicto con normas superiores, por invadir competencias reservadas a las provincias, por afectar el derecho de defensa y por su notable irrazonabilidad.
Sostuvo que colisiona con normas constitucionales en tanto se inmiscuyen en facultades que son propias de las provincias y que se encuentran reguladas.
Consideró que las resoluciones de la ANSES colisionan abiertamente con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que en los art. 291 a 317 regulan las funciones del Colegio de Abogados y Procuradores.
Agregó que además de estar fuera de competencia, existe expresamente un reconocimiento a nivel nacional que impide que dichos organismos puedan exigir matriculación, como aquí ocurre, dado basta, según el decreto 2293/92, una sola matriculación a los fines de poder llevar adelante el ejercicio profesional.
3º) Es sabido que la acción de amparo requiere para su procedencia que el actuar administrativo cuestionado presente arbitrariedad o ilegalidad manifiesta puesto que se trata de una acción expedita y rápida que “… toda persona puede interponer contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.” (artículo 43 de la Constitución Nacional).
En este sentido, si el acto denunciado como lesivo contiene un vicio palmariamente arbitrario o ilegal, la acción intentada será procedente por reunir los requisitos exigidos en el art. 1 de la ley 16.986.
Cabe destacar también que la acción de amparo no será admisible cuando: …d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba”.
Ahora bien, en el caso la vía intentada por el actor resulta idónea.
Del análisis del presente expediente se advierte que la cuestión a resolver es de puro derecho, no se evidencian cuestiones fácticas o que deban ser sometidas a procedimientos probatorios que excedan el limitado ámbito de conocimiento de la acción de amparo. El caso de autos llega a esta instancia judicial sin otra complejidad que la que plantea la parte actora destinada a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que impugna; resolver en sentido contrario implicaría una apreciación ritual de la acción de amparo contraria a la Constitución Nacional.
4º) Aclarado ello, en cuanto al fondo de la cuestión, cabe recordar en primer lugar que entre las facultades y poderes no delegados de las provincias (artículo 121 de la Constitución Nacional), como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida en que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional (véase fallo del más Alto tribunal en autos “Antonini Modet, Martiniano E. c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, Ministerio de Economía de la Provincia) s/ acción declarativa, del 23/12/1997).
“El control del ejercicio de la profesión de abogado por un órgano que registra la matrícula- que se distingue claramente de la imposición de requisitos de carácter sustantivo-es indispensable para un sano orden social y conviene que sea ejercido por la entidad social que constituyen los miembros de la profesión, que es el sistema que ofrece mayores garantías individuales y sociales y que , a la vez, limita la injerencia estatal inmediata y directa” (véase fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “T.DEL S., CE s/ Queja por Denegación del Recurso de Inconstitucionalidad-Ejercicio de la Profesión de Abogado sin tener la autorización correspondiente, reiterado en concurso real”, del 18/4/2007).
En uso de la facultad de reglamentación del ejercicio de las actividades profesionales dentro de su jurisdicción, la provincia de Santa Fe, mediante la Ley Orgánica nº 10.160, delegó en el Colegio de Abogados el poder de policía de la matricula profesional del abogado y el poder disciplinario vinculado al mismo.
Así, en el artículo 297 se estableció que son funciones esenciales de los colegios: “1. Sancionar sus estatutos con aprobación del Poder Ejecutivo y darse su presupuesto anual; dictar su reglamento interno, administrar sus bienes y disponer de ellos y estar en juicio como actor o demandado para la defensa de sus intereses, por sí o por intermedio de apoderado; 2. Establecer en sus estatutos las faltas en que puedan incurrir sus afiliados. 3. Llevar la matrícula de sus afiliados; 4. Velar por el decoro del foro y de la magistratura. 5. Propender a la mayor ilustración e independencia de sus afiliados y a la defensa de sus derechos; 6. Promover y organizar conferencias y congresos; 7. Proponer a los poderes públicos las medidas que juzgaren adecuadas para el funcionamiento de una buena administración de justicia; 8. Resolver, a requerimiento de los interesados en carácter de árbitros, las cuestiones que se susciten entre profesionales o entre éstos y sus clientes; 9. Reprimir las faltas que cometieren sus afiliados en el ejercicio profesional, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que las leyes acuerdan a los tribunales y jueces; 10. Fiscalizar la correcta actuación de sus afiliados en el ejercicio de su profesión y llevar la foja personal de los mismos; 11. Adoptar las decisiones que fueren necesarias para dar solución a los casos que no la tuvieran de un modo expreso, compatible con su organización y sus fines”.
Por su parte, como señaló el magistrado de primera instancia, el Estatuto del Colegio de Abogados de la 2 da. Circunscripción de la provincia de Santa Fe enumera las sanciones disciplinarias imponibles, articula el procedimiento a seguir por el Tribunal de Ética y se reserva como facultad exclusiva del Colegio de Abogados y excluyente de cualquier otra potestad de igual o similar naturaleza, la potestad disciplinaria sobre los abogados, ya sea en ejercicio del patrocinio como de la representación judicial, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que las leyes acuerdan a los tribunales y jueces, así como establece los requisitos para ejercer la profesión y poder estar inscripto en la matrícula (v. fs. 83 vta.).
A su vez el Código de Ética Forense de los Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe en el punto VII Reglas Complementarias, en el artículo 8 dispuso que “el juzgamiento de las faltas de ética corresponderá al Tribunal de Ética del lugar donde se haya cometido la falta. Esta disposición se aplicará inclusive para las faltas que se cometan en los tribunales federales con asiento en la provincia”; lo que guarda correlato con la Ley Nº 22.192 que regula el ejercicio de la abogacía en cualquiera de sus formas en la Capital federal, territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y asimismo en el ámbito de la justicia federal, que establece en el artículo 25 que si el hecho que motiva el sometimiento del abogado al Tribunal de ética Forense se produjere fuera de la Capital Federal y estuviere vinculado con el ejercicio profesional en el ámbito de la justicia federal será juzgado por el Tribunal de Ética forense del distrito correspondiente y que quedan excluidos de la competencia atribuida a los Tribunales de Ética Forense cuyos miembros son designados por las cámaras federales, los distritos judiciales en los que las leyes provinciales dispongan el sometimiento obligatorio de los abogados a la jurisdicción de tribunales de ética o disciplinarios locales.
En este contexto, atendiendo al objeto del presente amparo, corresponde determinar si ANSES mediante el dictado de la resolución nº 479/14 especialmente en los artículos 3, 5, 7,8 ,9 y 10 cuya inconstitucionalidad solicitó el amparista y declaró el Juzgado de 1º Instancia, invadió e interfirió con las facultades propias del Colegio Profesional que fueron reseñadas precedentemente (véase punto II Objeto del escrito de demanda obrante a fs. 20).
Así, conforme surge de los Vistos de la resolución nº 479 cuestionada, se indica que ésta fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24241 y el artículo 3º del Decreto Nº 2741/91.
Ahora bien, ANSES, en ejercicio de esas facultades conferidas la Ley nº 24241 tiene a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto y el dictado de normas reglamentarias en relación con las funciones propias de la Administración del Sistema Único de Seguridad Social. De ello se desprende la potestad del organismo mencionado para dictar las disposiciones necesarias a fin de regular su funcionamiento y los procedimientos para la presentación y trámite de las peticiones de los administrados.
Sin embargo como vimos precedentemente le corresponde a las provincias como poder no delegado (artículo 121 de la Constitución Nacional), como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida en que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional y que ese cometido, la provincia de Santa Fe, mediante la Ley Orgánica nº 10.160, delegó en el Colegio de Abogados el poder de policía de la matricula profesional del abogado y el poder disciplinario vinculado al mismo.
Por otra parte como lo ha señalado la actora en la demanda el decreto 2293/92 reconoce que con una sola matriculación se puede actuar en todos los ámbitos y aunque pueda discutirse la validez de este decreto para aquellas provincias que no adhirieron, no puede discutirse que es plenamente válido para todos los organismos nacionales.
En el contexto normativo antes señalado la exigencia de inscripción en el registro habilitado por la ANSES para poder actuar en ese ámbito mediante la presentación que se exige por el art. 3 de la Resolución 479/14, excede el ámbito propio de facultades delegadas al órgano administrativo por la ley 24241 y avanza sobre las facultades y competencias propias del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe para la matriculación respectiva; al exigir la inscripción, la presentación del formulario de adhesión a las condiciones para el alta y renovación de la inscripción en el Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para intervenir en trámites ante ANSES (inciso c).
En relación al artículo 5 que estableció que “….a los efectos de ejercer la representación en el carácter de abogado y/o gestor administrativo ante esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en el marco de las previsiones de la Ley Nº 17.040 (T.O. 1974), el trámite de solicitudes de prestaciones previsionales, sus modificaciones y/o ajustes y reconocimientos de servicios previstos en el SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)” será atendido en las dependencias operativas correspondientes a la zona de influencia del domicilio del poderdante asignadas mediante el sistema de turnos de atención vigente en esta Administración…”; señaló el apelante que mediante esta norma implementó un sistema de atención descentralizada, con asignación de turnos a fin de llegar a cada ciudadano en su domicilio y garantizar calidad, eficacia e inmediatez en la tramitación de las solicitudes previsionales del SIPA.
Tal previsión, no luce arbitraria ni invade a la competencia propia del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe, siendo además que en toda actuación administrativa o judicial es el domicilio del futuro beneficiario el que determina la competencia del organismo que debe intervenir. Tampoco deviene irrazonable la obtención de turnos por los beneficiarios, o sus representantes con poder acreditado por las razones que ha dado la demandada y que no exceden el ámbito propio y discrecional de regulación por mérito o conveniencia.
En tal sentido se ha pronunciado el vocal Jorge F. Alemany en autos “Vulijscher Alejo Damián c/ ANSES s/ Amparo ley 16.985” de fecha 15/07/2014, sosteniendo que “Sin embargo, no se advierte que dicha decisión administrativa emanada de la ANSES sea manifiestamente irrazonable, en la medida en que la asignación de turnos a las delegaciones más cercanas al domicilio del titular es la consecuencia lógica de la creación sucesiva de nuevas Unidades de Atención Integral en todo el territorio nacional, que no existían al tiempo del dictado de la Resolución 75/00 de la ANSES; así como de la expresada necesidad de asistir de manera más directa e inmediata a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, la consiguiente facilitación de las gestiones, la realización de inspecciones y verificación de datos, así como de la restante información necesaria para que cada uno de los interesados, y la respectiva oficina de la ANSES, pueda iniciar y culminar el respectivo trámite de la jubilación o pensión, sin necesidad de asistencia letrada. Por otra parte, nada de ello impide al titular del beneficio, si lo considera necesario, solicitar la asistencia letrada; tanto al comenzar el trámite administrativo como durante el transcurso de él, o con posterioridad. En este último sentido corresponde destacar que el amparista, en su calidad de abogado matriculado en la Capital Federal no puede pretender la exclusividad en el desempeño de las tareas de representación profesional con respecto a la totalidad de los titulares de beneficios previsionales domiciliados en todo el territorio nacional.
Por otra parte, al establecer un límite de asignación de turnos a los apoderados, para cada día, la ANSES se fundó en la necesidad de brindar un mejor servicio en beneficio de las personas que pretendan efectuar algún trámite vinculado con las prestaciones previsionales, y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos. En consecuencia, por sí misma, no es una medida evidentemente ilegítima, de manera que es necesaria una mayor amplitud de debate y prueba, exigencia ajena por definición a la vía de acción de amparo.
En tales condiciones, cabe concluir que las disposiciones establecidas en la “PRES-11-01” resultan de la facultad de la organización y gestión de los recursos de la Administración, que le ha sido atribuida en el artículo 36 de la ley 24.241; y han sido adoptadas en virtud de consideraciones relacionadas con la oportunidad, el mérito y la conveniencia de los procedimientos que deben ser cumplidos para obtener los beneficios previsionales; propias de la autoridad administrativa de aplicación (Fallos 308: 2246; 320:976, sus citas; 321:663; entre muchos otros)”.
Siguiendo con el análisis de la normativa cuestionada vemos que el art. 7 es consecuencia de lo dispuesto en el art. 3 por lo cual le cabe igual solución así como respecto de las atribuciones que la Resolución 479/14 otorga al ANSES en los artículos 8, 9 y 10 referidas al incumplimiento de los deberes por parte de los abogados de las normas que regulan la actividad de éstos en el ámbito de la Administración, de los deberes impuestos en la Ley 17.040 y su Decreto Reglamentario, y toda irregularidad detectada en virtud de controles propios de la Administración o de denuncias que se reciban de terceros que afecte o viole los procedimientos vigentes relacionados con la acreditación como abogado para la representación de afiliados y sus derechohabientes; exceden dichas revisiones las facultades normales de administración del Sistema Único de la Seguridad Social que le confiere el artículo 36 de la ley 24241 al permitirle por tales incumplimientos denegarle el alta, suspender la renovación de la habilitación solicitada y articular procedimientos administrativos tendientes a producir la inhabilitación o suspensión preventiva en el Registro; invadiendo de esta forma la facultad que la provincia de Santa Fe, mediante la Ley Orgánica nº 10.160, delegó en el Colegio de Abogados en lo relativo al poder de policía de la matricula profesional del abogado y el poder disciplinario vinculado al mismo; debiendo declararse por tanto la inconstitucionalidad de tales artículos.
Tal declaración, no afecta interés público alguno ni obstaculiza el control y fiscalización del Régimen de Reparto ni la instrumentación de normas y procedimientos que hacen al ejercicio de las facultades de administración del SUSS conferidas a ANSES; siendo además que en los presentes el apelante no emitió agravio específico en este punto y al producir informe circunstanciado solo se limitó a señalar que el amparista no dio cuenta de ninguna sanción que hubiera impuesto ANSES y que ante ello le quedaría al interesado su defensa tanto en sede administrativa como judicial (fs. 71).
Si la demandada eventualmente advierte una falta o mal desempeño por parte de un profesional determinado, como señaló el juez a-quo puede comunicarlo al Colegio de Abogados, darse intervención al Tribunal de Ética y, en su caso, realizar la debida denuncia penal a fin de obtener un pronunciamiento en sede judicial.
5º) Por tanto, de acuerdo al resultado obtenido, corresponde confirmar parcialmente la sentencia recurrida, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada vencida en lo sustancial (artículo 14 de la ley 16.986).
Atento al resultado del Acuerdo que antecede,
SE RESUELVE:
I) Confirmar parcialmente la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014, obrante a fs. 82/84, en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución nº 479/2014 con la salvedad expuesta en el Considerando 4º de los presentes respecto del art. 5 de la resolución citada. II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 14 de la ley 16.986). III) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el …% de lo que se les regule en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por la Acordada nro. 15/13 de la CSJN y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo la Dra. Vidal por encontrarse en uso de licencia. (Expte. nº FRO 18878/2014).- Fdo.; José G. Toledo- Edgardo Bello (Jueces de Cámara).-
Resolución (ANSeS) 479/2014 – BO: 10/9/2014
Colegio de Abogados de Córdoba c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otro s/amparo – Cám. Fed. Córdoba – Sala A – 03/03/2015
Federación Argentina de Colegios de Abogados c/EN-ANSeS s/proceso de conocimiento -Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. – N° 9 – 18/2/2015
000595E
