Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el trabajador, dado que se acreditó una intermediación fraudulenta entre él y su real empleador en los términos del artículo 29 de la LCT. Por ello, también se hizo lugar a las multas de los artículos 8 y 15 de la LE sobre la base de la doctrina plenaria resultante del fallo “Vázquez”.
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