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JURISPRUDENCIADespido. Despido indirecto. Indemnizaciones laborales. Salario mínimo vital. Buena fe. Consignación del salario
Se revoca la sentencia apelada y se considera justificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador por la falta de percepción oportuna de la remuneración debida, al acreditarse que aquel se encontraba de licencia por enfermedad y que la empleadora bien pudo consignarlo, ya que de esa manera tutelaba el pago oportuno del salario, de importancia constitucional y de carácter alimentario para el sustento de la familia.
En la ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de julio de dos mil diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP 91757/13, caratulado: «FERNÁNDEZ MARIO DAVID C/GONZÁLEZ BALLESTER ANTONIO Y/O Q.R.R. S/ IND.». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SE PLANTEA LA SIGUIENTE:
CUESTIÓN
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:
I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad (fs. 293/300 vta.), que revocó el decisorio del primer juez, en su mérito, dejó sin efecto las indemnizaciones derivadas del despido indirecto considerándolo injustificado y contrario a la buena fe, el trabajador, por intermedio de su abogada apoderada, interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs.303/306 vta.).
II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en la ley 3540 para este alzamiento extraordinario local, corresponde considerar los agravios que lo sostienen.
III.- Acusa al fallo haber infringido lo establecido en los arts. 128, 129, 137 y 242 de la L.C.T. e incurrido en una inadmisible arbitrariedad al resolver el caso de modo disfuncional, por no compadecerse en absoluto con lo que exige la correcta aplicación del derecho (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la C.N. y Convenciones Internacionales) y del principio protectorio, todo ello al interpretarse como válida la conducta del empleador que puso a disposición del trabajador el salario correspondiente al mes de julio de 2012 en el lugar de trabajo (art.129, L.C.T.), siendo este quien no accedió a percibirlo, deviniendo injustificada su posterior actitud rupturista cuando no existe norma que obligue al patrón a efectuar el pago ante la Subsecretaría, soslayándose -afirma- las constancias de estos autos de las que se deriva que las remuneraciones adeudadas a su conferente del mes de julio de 2012 y cuyo pago reclamó fueron puestas a su disposición recién a partir del 10.08.2012, pese a que el plazo para abonarlas feneció de pleno derecho el 06.08.2012 sin que fueran satisfechas (Expte N° 524-07-08-3554/12). Por lo cual, insiste, la Cámara tergiversó los hechos y desconoció las normas de orden público que regulan la tutela y pago de la remuneración (art. 128, L.C.T.).
IV.- Del examen cuidadoso de las críticas expuestas por la parte recurrente y su confrontación con la motivación de la sentencia recurrida a la luz de la excepcionalidad del medio impugnativo en análisis, considero que resultan atendibles y logran conmover los fundamentos del inferior cuya revocación propicio, en su mérito, se procederá a confirmar lo decidido por el primer juez.
V.- Ello así pues a través del salario el trabajador se satisfacen sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, lo que lleva a que la ley ponga especial interés en las técnicas para proteger su íntegra percepción, en efectivo y en tiempo oportuno.
Tiene carácter alimentario y se paga por período vencido. Y para que el pago sea cancelatorio deben cumplirse los recaudos que la ley establece en cuanto a la persona, lugar, tiempo de pago y requisitos del recibo.
VI.- En el caso, quedó comprometido el tiempo al no ser respetado. Y este, establecido en el art. 128 LCT, resulta perentorio.
En efecto, vencido el plazo el empleador tiene cuatro días hábiles como máximo para pagar la remuneración (tres días hábiles si el pago es por quincena); pasados estos límites entra en mora, y corren automáticamente los intereses pertinentes.
Es cierto, además, que debe ser pagado en días laborales, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de la tarea (el dec. 360/2001 estableció la bancarización de los pagos en cuentas a nombre del trabajador); aunque la situación del caso y específicamente en lo concerniente al lugar de pago exigió interpretarlo con mayor celo y a la luz del principio de la buena fe, tratándose de haberes impagos y encontrándose el trabajador transitando un período de licencia por enfermedad -tan así que mediante CD … de fecha 3 de agosto de 2012 la patronal lo intimara a presentarse a control médico el día 8 de agosto de 2012 para estudios médicos (ver escrito de contestación de demanda, concretamente fs. 24 vta.)-.
VII.- En efecto, avocado concretamente a la situación sometida a debate, la comunicación del despido indirecto obedeció a que habiendo verificado el actor ante el Departamento Provincial del Trabajo que no depositó el empleador los importes correspondientes a los haberes del mes de julio de 2012 (TCL N°…, de fecha 14.08.12), adoptando una conducta de total desdén hacia el requerimiento de intimación de pago efectuado el día 07.08.12 mediante la presentación realizada y que dio origen al expediente mencionado, ante la grave injuria que implica la falta de percepción de sus acreencias de naturaleza alimentaria y la persistencia de su incumplimiento, se hizo efectivo el apercibimiento y se consideró despedido.
La patronal en todo momento negó que el trabajador se hubiera presentado en la imprenta a cobrar su salario del mes de julio de 2012, pago que fue puesto a su disposición en el lugar de trabajo y sin que exista obligación de depositarlo en la Subsecretaría de Trabajo. Añadió que el día 10.08.12 y por nota del 09.08.12 le reiteró ante el organismo administrativo que a partir del día 10 dichos importes estaban a su disposición para que se apersone a cobrarlos.
En este contexto, enunciar la Cámara los diferentes sucesos acaecidos en el expediente administrativo señalado y priorizar el hecho de haber puesto el empleador a disposición del trabajador los haberes reclamados, como no probar este último haber concurrido al domicilio laboral a percibirlos considerando su actitud como violatoria a los estándares de la buena fe que exigen los artículos 62 y 63 de la L.C.T.; por sobre las normas aplicables relativas a la tutela y pago de la remuneración (arts. 126 y 128 y c.c. de la L.C.T.); además de lo regulado por los artículos 904 y siguientes del C.C.C. unificado (pago por consignación) desconociendo a la vez que en esa oportunidad el trabajador estaba con licencia por enfermedad, importó decidir el caso violando expresamente lo consagrado en los artículos mencionados y contra la normativa que tutela el pago oportuno de la remuneración.
VIII.- Surge de manera inequívoca de las circunstancias comprobadas en la causa que el plazo para abonar la remuneración adeudada correspondiente al mes de julio de 2012 venció el día 6 de agosto de pleno derecho; al día siguiente (7), el trabajador solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia dando origen al expediente administrativo N° … (fs.99/173) y entre otras cosas -poner a disposición de la patronal un certificado médico- , intimó de pago aquellos haberes devengados requiriendo de la patronal los deposite por ante la Sección Habilitación, con prevención en caso contrario de considerarse despedido.
Luego, presentarse la demandada en esas actuaciones administrativas y comunicar al trabajador que los haberes estaban a disposición a partir del 10 de agosto de 2012 cuando ya había incumplido la manda legal de abonarlos en el plazo disciplinado en el art. 128 de la L.C.T., incluso a sabiendas de que el trabajador estaba con licencia por lo que nada impedía depositarlos ese mismo día, trasluce un comportamiento que no pudo soslayar el inferior. La mora en el pago del sueldo del mes de julio de 2012 operó de pleno derecho, habiendo transcurrido con creces el tiempo para cancelarlo y no suple la obligación a cargo de la demandada el hecho de presentarse ante la autoridad administrativa y manifestar que estaban a disposición del trabajador a partir del día 10, en todo caso, los hubiera consignado administrativamente.
IX.- Y a pesar de que con el pago del salario en el lugar de trabajo se vincula una cierta obligación de diligencia del trabajador acorde a la buena fe; no menos cierto es que tal deber no debe interpretarse como una regla general, en tanto ese comportamiento del acreedor para cobrar es exigido por excepción (Cfr: Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones”; 3ª. Ed., Buenos Aires, 1971, pág.66).
El caso pone en evidencia que el actor estaba con licencia. Luego, que concurrió ante la Autoridad Administrativa del Trabajo una vez vencido de pleno derecho el plazo para cobrar la remuneración debida -día 7 de agosto de 2012- y puso a disposición de la patronal el certificado médico extendido el 13.07.12 por la Dra. Victoria A. Tosi Gómez por haberse negado a recibirlo. Además, intimó de pago los haberes devengados en el mes de julio. Luego, nada impidió al empleador proceder a consignarlos, no satisfaciendo “la puesta a disposición en el lugar de trabajo de los mismos” formulada a partir del día 10 de agosto, su obligación legal.
Solamente a través de la consignación administrativa que se asimila a la legal en este concreto caso (art. 904 C.C.C. unificado); pudo eximirse aquel de las consecuencias bajo las cuales fue intimado.
X.- No otra interpretación cabe frente a la protección del salario y de su cobro oportuno siendo el medio a través del cual el trabajador se gana la vida. Precisamente, en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Recurso de hecho deducido por la Asociación de Trabajadores del Estado en la causa Asociación de Trabajadores del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad”, del 18.06.2013, ha dicho que “el salario es el medio por el cual el trabajador ‘se gana la vida’… En efecto, la expresión entrecomillada, no por su sencillez, deja de ser más que elocuente para mostrar la directa e indisociable atadura que une a la remuneración con la vida misma de un empleado y, regularmente, de su familia (v.gr. PIDESC, art 7.a.ii).
XI.- Bajo este contexto el despido indirecto devino justificado, resultando procedentes las indemnizaciones fijadas en primera instancia (arts. 232, 233, 245 de la L.C.T.).
Por lo tanto, de compartir mis pares este voto corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar en lo que fue materia de impugnación la decisión de Cámara, y confirmar lo sentenciado en primera instancia en orden a las indemnizaciones derivadas del despido indirecto el que es tenido por justificado, readecuando la imposición de costas atento al resultado obtenido por el recurrente, imponiéndoselas en esta instancia y en Cámara a la demandada vencida. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela N. Bordagorry como vencedora y Monotributista frente al I.V.A.; los pertenecientes a los Dres. Ramón Delfino Sanauria, Víctor Facundo Daniel Cabral y Matías Harispe, en conjunto, todos como vencidos y Monotributistas frente al I.V.A. en el …% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:
I.- Vienen a conocimiento del suscripto estas actuaciones en razón del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (fs.303/306 vta.), contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad que culminó por considerar injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador, sin derecho al cobro de las indemnizaciones disciplinadas en los arts. 232, 233, 245 de la L.C.T. y art. 2 de la ley 25.323 (fs.293/300 vta.).
II.- Un exhaustivo análisis del caso, luego de confrontar los agravios que sostienen la impugnación extraordinaria con la motivación y resolución brindada por el tribunal “a-quo” y normativa aplicable; considero improcedentes las objeciones que le son endilgadas siendo fruto de una apreciación subjetiva carente de sustento para conmover la solidez del pronunciamiento de Cámara.
III.- En efecto, luego de haber detallado el “a-quo” lo acontecido en sede administrativa, consideró que el empleador puso a disposición del actor los haberes reclamados y que el trabajador no alegó, mucho menos acreditó haber concurrido al domicilio laboral a percibirlos, resultando esta conducta contraria a los estándares de buena fe que exigen los arts. 62 y 63 de la L.C.T.
Por lo tanto, valorado el concepto de justa causa en los términos del art. 242 de la L.C.T. estimó que si bien la mora en el pago de los salarios se produce en forma automática, se requiere para su configuración no solo la existencia de una obligación exigible y la verificación de un recaudo objetivo (plazo, art. 128 L.C.T.), sino también que concurra un recaudo subjetivo, es decir, que dicho retraso le sea imputable al sujeto obligado por dolo o culpa y no al acreedor.
Por lo tanto, concluir -como lo hiciera- que el despido indirecto devino injustificado por ser renuente el actor a concurrir al lugar de trabajo para la percepción de los haberes, máxime que no se evidencian atrasos anteriores (recibos adjuntos del 04/10 al 06/12 que documentan pagos oportunos) y frente a una larga extensión del vínculo (17 años) y la inexistencia de norma que obligue al empleador a efectuar el pago en la Subsecretaría de Trabajo; resultó a mi modo de ver decisión razonada del derecho vigente aplicable, con arreglo a las constancias comprobadas en la causa e inmune a la tacha de ilegalidad o arbitrariedad que le fuera endilgada por parte del recurrente.
Por ello voto en disidencia, no compartiendo el análisis y opinión del primer Ministro, por entender que no alcanza a demostrar la parte recurrente un supuesto de ilegalidad que autorice la intervención de este Alto Cuerpo mediante la vía disciplinada en el art. 102 de la ley 3540.
IV.- En efecto, una larga lista de precedentes de este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que por regla o principio general la calificación de la injuria y su valoración prudente por los magistrados queda normalmente detraída del ámbito extraordinario, por tratarse de una cuestión fáctica de competencia soberana de los jueces de la causa (STJ, Ctes., sentencia N°5/2000; 17/2010; N°5/2014).
Ello así, pues la calificación de la entidad injuriosa de los hechos atribuidos a una de las partes está librada a la prudencia de los sentenciantes que intervienen en las instancias ordinarias, sin otra exigencia que la de tomar en consideración el carácter de las relaciones entre los superiores e inferiores del contrato de trabajo (art. 242 L.C.T.) y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.
El ejercicio de esa potestad se conecta con el deber que tienen los jueces de apreciar y valorar la importancia y aptitud de la injuria para disolver el vínculo y les compete de modo exclusivo, ponderación que deben realizar tomando en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad (Sentencia Laboral N°5/2014).
La insistencia en el ejercicio de esos deberes es hasta cada vez más frecuente e intensa. Como sujetos calificadores e intérpretes que son, les corresponde analizar y determinar los hechos injuriosos causantes del despido, discurriendo y dirimiendo el conflicto litigioso según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas vigentes que la rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes.
Y así procedió la Cámara en los términos del art. 242, ponderando lo dispuesto en los arts. 62, 63 y 128 de la L.C.T. ejerciendo una facultad que le es propia.
V.- Repárese además que en cuestiones como las resueltas por la Cámara la justicia del trabajo tampoco ha sido uniforme y ha determinado en muchos casos que el empleador no tiene del deber de consignar judicialmente el salario cuando el trabajador no concurre a retirarlo, configurándose la mora del acreedor; más allá de que se registren otros casos que sí lo hayan exigido, es decir que no basta la mera puesta a disposición (Cfr: Julio A. Grisolía, Tratado, Tomo III, 2013, pág. 2220), incluso que el trabajador debe acreditar que concurrió a percibir sus salarios y se le negó el pago.
Por lo tanto, frente a un escenario como el planteado en el que también caben opiniones discrepantes, sabido es que la apelación extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes con la hermenéutica del juez de grado cuando esta forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente puedan surgir.
Y ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el precedente “Passeron” viene subrayando que el carácter opinable de lo decidido no autoriza la tacha de arbitrariedad (CSJN Fallos: 303: 2091; 303¨1146; 306:262; 306: 1054); criterio que también este Superior Tribunal adoptó incluso en anterior integración (Sentencia N°2/2000 entre tantas).
Por consiguiente, constituyendo el alzamiento en análisis una mera opinión subjetiva de la parte sin acercar y demostrar la ocurrencia de un vicio de ilegalidad o arbitrariedad en el decisorio de grado, la apelación extraordinaria deberá rechazarse, con costas a cargo de la recurrente, propiciándose la confirmación de la sentencia recurrida en todas sus partes por ajustarse a derecho. Regular los honorarios de la Dra. Gabriela N. Bordagorry, vencida; los pertenecientes a los Dres. Ramón Delfino Sanauria, Víctor Facundo Daniel Cabral y Matías Harispe, en conjunto, comovencedores, todos los profesionales como Monotributistas frente al I.V.A., en el …% de la cantidad que debe fijarse en primera instancia (art.14, ley 5822).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.
En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:
SENTENCIA Nº 54
1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar en lo que fue materia de impugnación la decisión de Cámara, y confirmar lo sentenciado en primera instancia en orden a las indemnizaciones derivadas del despido indirecto el que es tenido por justificado, readecuando la imposición de costas atento al resultado obtenido por el recurrente, imponiéndoselas en esta instancia y en Cámara a la demandada vencida. 2°) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela N. Bordagorry como vencedora y Monotributista frente al I.V.A.; los pertenecientes a los Dres. Ramón Delfino Sanauria, Víctor Facundo Daniel Cabral y Matías Harispe, en conjunto, todos como vencidos y Monotributistas frente al I.V.A. en el … % de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Fernando Niz-Eduardo Panseri-Eduardo Rey Vázquez-Alejandro Chaín-Guillermo Semhan
Correlaciones:
Ibarra, Carolina c/Gax SA s/despido– Cám. Nac. Trab. – 25/08/2017- Cita digital: IUSJU022487E
023356E
