Se confirma el rechazo de los daños reclamados a raíz del “mobbing” sufrido por el actor, pues el actuar de las demandadas ha sido dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico vigente al amparo de la ley 18398 y, especialmente, del decreto 6242/71. Estos últimos estructuran la institución castrense y la ubican en una situación especial dentro de la Administración Pública, tanto por su composición como en las obligaciones que exigen, substancialmente en lo que respecta a disciplina y subordinación jerárquica.
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