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JURISPRUDENCIAFuerzas Armadas y de Seguridad. Suplementos no remunerativos. Incorporación al haber de los actores
Se revoca parcialmente la sentencia apelada, ordenando se incorpore al haber mensual de los accionantes las acreencias emergentes del decreto 1305/2012 con carácter no remunerativo y no bonificable.
Llegan las presentes actuaciones a esta Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de grado que hace lugar a la demanda y ordena se incorpore al haber mensual de los accionantes las acreencias emergentes del Decreto 1305/2012 con carácter no remunerativo y no bonificable.
La demandada manifiesta que se efectuó una errónea interpretación sobre la naturaleza de los suplementos otorgados por los decretos en cuestión, pues a su criterio revisten carácter de suplementos particulares, siendo una condición necesaria para su percepción que los efectivos se encuentre prestando servicio activo y que cumplan los requerimientos propios que cada suplemento y/o compensación exige. Asimismo, cuestionan la naturaleza jurídica de los suplementos creados por el Decreto 1305/2012 y el carácter de los mismos, de corresponder su percepción. Además, se agravia de lo decidido en materia de costas y honorarios.
Por su parte la actora critica que no se otorgue carácter bonificable al suplemento en trato.
Respecto al fondo de la cuestión, corresponde señalar que la Sala recientemente se ha expedido en un caso similar al de autos, expediente 84976/13 “BACCINI RICARDO Y OTROS C/ESTADO NACIONAL MIN DE DEFENSA EJERCITO ARGENTINO S/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” Sentencia Definitiva del 19/9/2017, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad.
Allí se puntualizó que el Decreto 1305/2012 fijó a partir del 1° de agosto de 2012 el haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y en su art. 2 sustituyó los apartados d) y e) del inc. 4° del artículo 2405 de la 19.101.
El artículo 5° de est e decreto contempla aquellos supuestos en que no se percibiere ninguno de los suplementos mencionados en el art.2°, lo cual en los hechos significaría una reducción en las remuneraciones, más aún frente a la derogación de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/09 y 751/09, por lo que en compensación de este deterioro instituyó una asignación a favor de aquellos efectivos que no percibiesen ni el “suplemento jerárquico”, ni el suplemento por “administración de material”, denominado “suma fija transitoria”, que el art. 2° Del decreto 855/13 lo encuadra como “suma fija permanente, no remunerativa ni bonificable”, el cual no podrá estar sujeto a ningún incremento salarial.
Para la percepción de los suplementos precedentemente señalados, se deben satisfacer ciertos requisitos (cf. Art. 57 de la ley 19.101), tales como el de “conducción de personal” (“suplemento jerárquico”), o “administración de material” (“suplemento por material”); con la particularidad que el inc. 5° exige un requisito novedoso con relación a los tenidos en cuenta hasta ese momento para la percepción de los suplementos “particulares”, a saber: que los efectivos que perciban el “suplemento jerárquico” no deben superar el 35 % del total en cada Fuerza Armada, ni el 35% del total de efectivos del mismo grado; como tampoco el suplemento por “administración de material” debe superar el 55% del total de efectivos de cada Fuerza Armada, ni el 70% del total de efectivos de un mismo grado (v. mod. Dto. 145/2013).
Mediante los porcentajes allí contemplados se procuró atribuirles carácter de suplementos particulares apartándose de la norma legal específica que los regula (art. 57 de la ley 19.101).
Según surge de las pruebas producidas en el caso “BACCINI” señalado con anterioridad cuyas copias certificadas se encuentran reservadas en Secretaría a disposición de los litigantes, el porcentaje de efectivos que no percibe ni el “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica” ni el “Suplemento por Administración de Material” es menor o igual al 2% de efectivos de un mismo grado, con las únicas excepciones de los Soldados Voluntarios (35%) y Soldados Voluntario de 1ra. (11%). No obstante ello, tanto los Soldados Voluntarios como los Soldados Voluntario de 1ra. en muchos casos perciben la “Suma Fija Transitoria/Permanente” también contemplada en el Decreto 1305/12 y 855/13.
Ahora bien, el régimen remunerativo previsto en el art. 53 de la Ley 19.101 dispone que “El personal en actividad, percibirá el sueldo, suplementos generales, suplementos particulares y compensaciones que para cada caso determine esta Ley y su Reglamentación así como aquellas otras asignaciones que por otras disposiciones legales correspondan a este personal….La reglamentación de esta Ley deberá adecuarse a lo que fije anualmente la ley de presupuesto de la Nación…La suma de aquellos conceptos que perciba la generalidad del personal militar en actividad, cuya enumeración y alcances se determinan en la reglamentación respectiva, se denominará «haber mensual»…”. En el art. 54 establece: “…cualquier asignación que en el futuro resulte necesario otorgar al personal en actividad, de acuerdo con lo establecido en este capítulo de la ley, cuando dicha asignación revista carácter general se acordará, en todos los casos, con el concepto de «sueldo», determinado por el artículo 55…”
De ello se infiere que para la percepción por parte del personal pasivo de alguno de los suplementos creados por el decreto 1305/2012, debe acreditarse la percepción con “carácter de general” de los mismos. El término “generalidad” que consigna el art. 54 de la Ley 19.101, por lo demás, no debe ser entendido como sinónimo de “totalidad” como lo pretende la demandada, sino como lo define la Real Academia Española, esto es, como equivalente a “común, frecuente, usual”; con lo cual los incrementos establecidos en los suplementos instituidos por el decreto 1305, deben ser trasladados al personal retirado, sin necesidad que lo percibiera el 100% de los efectivos en actividad.
Otra cuestión que debemos señalar, es la incidencia de los suplementos creados por el decreto 1305/2012 sobre el haber mensual del personal militar en actividad, llegado en algunos casos a significar más del 100 % del mismo (ver Dto. 614/2014), con lo cual se desnaturalizaría el concepto sueldo/haber mensual, lo principal (haber mensual) se transformaría en accesorio (suplementos) y lo accesorio en principal. En este sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Franco, Rubén Oscar c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad” (fallo 226:32, Considerando Nro. 11).
Lo expuesto encuentra claro sustento constitucional y legal, máxime cuando lo que se procura preservar es la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de retiro o pasividad con el haber de actividad, ecuación que se vería severamente alterada si se tolerara que los incrementos al haber del personal activo no se trasladaran al haber del personal retirado, mediante artificios o artimañas que contrarían la letra y el espíritu de la ley sustancial y normas de raigambre constitucional que amparan al personal militar en actividad, retirado y pensionista de las fuerzas armadas y de seguridad.
Asimismo, en el citado precedente “Franco”, el Alto Tribunal también sostuvo que: “… por amplio que se considere el ámbito de autonomía que el Poder Ejecutivo puede ejercer en esa materia, cabe tener presente que el poder de reglamentar no llega nunca a consentir la desnaturalización del derecho (…) principio cuya observancia corresponde extremar cuando el poder administrador ingresa en un ámbito propio de la competencia legislativa como lo es el de determinar el haber que la ley acuerda al personal militar.” (Considerando 10°).
Precisamente la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Villegas Osiris G. y otros c/ Estado Nacional M° de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg” (Fallos: 323:1061), al pronunciarse a favor del carácter “particular” de los suplementos acordados por el Decreto 2769/93, tuvo en cuenta que no revestían “significación económica equivalente”, lo cual no ocurre con los suplementos instituidos por el decreto 1305/2012 que a diferencia de los anteriores, acuerdan un aumento generalizado con una base económica significativa.
Aclarada la cuestión relativa a la indudable naturaleza “general” que ostentan los suplementos creados por el decreto 1305/2012, corresponde definir el modo en que los mismos serán incorporados al haber de pasividad.
El Máximo Tribunal ha señalado reiteradamente que cualquiera sea la denominación que se les asigne a los suplementos percibidos por la generalidad del personal militar en actividad, los mismos revisten naturaleza remuneratoria y se deben incluir, en todos los supuestos, en el concepto “sueldo o haber mensual” (Dto. 1081/2005), de conformidad a lo prescripto por el art. 54 de la ley Orgánica Militar.
También ha puntualizado el Alto Tribunal, que cuando una asignación es concedida con carácter general al personal militar, necesariamente tal emolumento debe integrar -como quedó dicho- el concepto “sueldo”, ya sea que se la denomine “compensación” (Dto. 4459/63, CSJN, “Del Cioppo” (Fallos: 262:41), y Dto. 2266/84, CSJN, “Susperreguy” (Fallos: 312:802); “préstamo”, (Dto., 1897/85, CSJN, “Martínez” (Fallos: 312:787); “compensación por inestabilidad de residencia” (Dtos. 2000/91 y 2115/91, C. Cont. Adm. Plenario “Ferrari”, y CSJN fallo “CAVALLO” (Fallos: 318:403); o bien “adicional no remunerativo” (Dtos. 628/92 y 2701/93), pues tales decretos reglamentarios no deberían alterar, restringir ni soslayar lo prescripto por normas de superior jerarquía que tipifican con precisión el concepto con el cual deben acordarse tales incrementos al personal militar en servicio activo, sino tampoco el derecho de los retirados al incremento de sus haberes» (CSJN, in re “Susperreguy” (Fallos 312:802).
En este sentido, como también lo puntualizó el Tribunal Cimero: “La generalidad que asume el pago al personal en actividad de los suplementos establecidos por el decreto 2744/93, que se percibe con independencia de si el interesado se ve sometido a una exigencia o situación especial que implique riesgo o peligro, muestra de modo indisimulable que su otorgamiento ha tenido connotaciones salariales. (CSJN «Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal» (Fallos 321: 619).
En el precedente “Salas Pedro Angel y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/amparo” (Fallos 334: 275), el Máximo Tribunal dejo sentado que “…toda asignación de carácter general u otorgada a la generalidad del personal en actividad, al integrar el sueldo, beneficia el haber del personal retirado…”
De igual modo, la Procuradora General de la Nación en su dictamen del 16 de marzo de 2017, entendió que “la arquitectura salarial estructurada por el decreto 1305/2012 no tuvo como intención remunerar situaciones especiales en el cumplimiento de misiones específicas del personal militar mediante la creación de nuevos suplementos particulares, sino otorgar en forma general una asignación que mantuviera o, en su caso , aumentara la retribución total mensual que venía percibiendo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas como consecuencia de lo dispuesto por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, esquema de incrementos salariales que había sido descalificado por V.E. en la causa “Salas” (fallo 334:275) y que el decreto 1305/12 vino a reemplazar.”
De todo lo anterior se infiere que más allá de la denominación que se intente asignarle por vía reglamentaria a los suplementos creados por el Decreto 1305/2012, los mismos ostentan carácter “general”, “remunerativo” y “bonificable”, debiendo incorporarse al “haber mensual” del recurrente (Dto. 1081/2005), el suplemento que le hubiese correspondido percibir de haber continuado en actividad.
En cuanto a las costas, el caso ha de regirse por el principio general en la materia y se imponen a la demandada vencida (art.68 CPCCN).
Tal principio se basa en que las costas procesales representan los gastos que las partes se van obligadas a efectuar como consecuencia de la sustanciación del litigio y comprenden tanto al abono de las tasas judiciales como la satisfacción de los honorarios de los letrados, peritos y las erogaciones efectuadas para la producción de medidas probatorias o de otra índole, por lo que, en principio y dentro de nuestro sistema positivo, las costas deben ser soportadas por la parte perdidosa como consecuencia práctica del hecho objetivo de la derrota, y ello siguiendo una directriz axiológica en virtud de la cual “se deben impedir, en cuanto sea posible que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia” (conf. Palacio. Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. III, pag 366; Fassi y Yañez “Código Procesal Civil y Comercial” T.I pag.68).
Respecto al agravio referido a la imposición de costas el caso ha de regirse por el principio general en la materia y se imponen a la demandada vencida (art.68 CPCCN).
Tal principio se basa en que las costas procesales representan los gastos que las partes se van obligadas a efectuar como consecuencia de la sustanciación del litigio y comprenden tanto al abono de las tasas judiciales como la satisfacción de los honorarios de los letrados, peritos y las erogaciones efectuadas para la producción de medidas probatorias o de otra índole, por lo que, en principio y dentro de nuestro sistema positivo, las costas deben ser soportadas por la parte perdidosa como consecuencia práctica del hecho objetivo de la derrota, y ello siguiendo una directriz axiológica en virtud de la cual “se deben impedir, en cuanto sea posible que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia” (conf. Palacio. Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. III, pag 366; Fassi y Yañez “Código Procesal Civil y Comercial” T.I pag.68).
Finalmente, en cuanto a la regulación de honorarios practicada en favor de la representación letrada de la parte actora, cabe señalar que el Alto Tribunal sostuvo que “La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, ente las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo, “Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y Pcia de Tucumán s/ Daños y Perjuicios” 13/08/92, T. 315. P.1620: Rocca, J. C. c/ Consultara S.A s/ ordinario” 31/05/99 T.322, P.1100.
En consecuencia, en atención al mérito, calidad y eficacia de la labor profesional desarrollada por los representación letrada de la parte actora en la instancia de grado, corresponde reducir los honorarios regulados al 12% de las sumas que efectivamente perciba el accionante en ocasión de practicarse la liquidación (Ley 21.839 y mod. art. 6, 7, 14 y cc).
A mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, establecer el carácter remunerativo y bonificable de las sumas reclamadas; 2) Reducir los honorarios del letrado de la parte actora al 12 % de las sumas que efectivamente perciba el accionante en ocasión de practicarse la liquidación ; 3) Imponer la totalidad de las costas a la demandada vencida; 3) Confirmar la sentencia de fs. 45/46 en lo demás que decide y ha sido materia de agravios; 4) Imponer las costas de Alzada a la demandada; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora por las tareas desarrolladas en esta instancia en el 25 % de la cantidad que le corresponda por su actuación en primera instancia, con más el IVA en caso de corresponder (conf. art. 14 de la ley 21.839 y 6) Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.
Regístrese, notifíquese, protocolícese y oportunamente devuélvase.
El Dr. Emilio Lisandro Fernández no firma por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN)
LUIS RENÉ HERRERO
JUEZ DE CÁMARA
NORA CARMEN DORADO
JUEZ DE CÁMARA
ANTE MÍ:
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara
026062E
