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JURISPRUDENCIAResponsabilidad del transportista. Formación ferroviaria. Actos vandálicos. Vandalismo. Hecho de un tercero. Prueba pericial
Se condena a la transportista a reparar los daños y perjuicios sufridos por un pasajero cuando, en circunstancia en que viajaba en una formación ferroviaria, fue agredido por sujetos no identificados, quienes arrojaron piedras en su rostro a través de las ventanillas. Así, se concluyó que si la piedra que impactó sobre la actora provino de uno de los espacios ubicados dentro del corredor ferroviario, era porque alguien estaba allí accionando ilícitamente y nadie se lo impidió, por lo que la demandada debía responder con fundamento en el artículo 184 del Código de Comercio.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “AIELLO VALERIA FERNANDA c/ METROVIAS SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. n° 59825/2013) respecto de la sentencia de fs. 415/421, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO
A la cuestión planteada, el Dr. Parrilli dijo:
I. Valeria Fernanda Aiello demandó a “Metrovías S.A”. pretendiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido a causa del accidente ocurrido 14 de noviembre de 2011, alrededor de las cuatro de la tarde, en circunstancias en que viajaba como pasajera en una formación del ferrocarril Gral. Urquiza, que explota comercialmente la empresa demandada con destino a la estación Federico Lacroze. Explicó que se encontraba ubicada en el asiento doble de la ventanilla y que, en momentos en que la formación comienza ingresar en la estación “Arata” sujetos no identificados comenzaron a arrojar piedras al tren, una de las cuales ingresó por la ventanilla que se encontraba abierta y sin funcionar impactando en rostro provocándole la pérdida de tres piezas dentarias. Agregó que fue asistida por pasajeros y personal de la empresa ferroviaria y trasladada en ambulancia desde estación Lacroze con destino al Hospital Tornú. Destacó la falta de mantenimiento y condiciones de seguridad del transporte.
El Sr. Juez de la anterior instancia encuadró jurídicamente el caso en el art. 184 del Código de Comercio y luego de valorar la prueba testimonial e informativa acompañada, consideró que la empresa de transportes no había probado la fractura del nexo causal “que la exonere de responsabilidad” por lo que decidió condenarla a pagar a la actora $ 159.400, más intereses y costas del proceso.
II. Contra el referido expresaron agravios la demandada a f. 459/466 y la actora a fs. 467/468.
La apoderada de la demandada cuestiona la condena a su representada pues según ella “el actor no acreditó el supuesto incumplimiento en que habría incurrido” su mandante y “mucho menos la relación de causalidad adecuada entre éste y las lesiones invocadas, que justifiquen la imputación de responsabilidad en los términos del art.184 del CC, todo lo cual torna arbitraria la sentencia que se impugna”. Continúa expresando que “se agravia esta parte puesto que S.S, la ha responsabilizado arbitrariamente de un hecho sin que se hubiese acreditado el obrar antijurídico en el que habría incurrido, ni la relación causal entre éste y el daño, y partiendo de una hipótesis no probada efectuó un razonamiento ilógico a fin de hacer lugar a la presente acción, concluyendo que mi mandante no acreditó la culpa de un tercero ajeno a la empresa. Y llega a esa conclusión errónea puesto que al analizar la postura de las partes sostuvo que METROVIAS SA negó la ocurrencia del hecho, cuando lo real y concreto y surge de la contestación de demanda es que mi parte negó: 1. La mecánica denunciada por la actora, esto es que la piedra hubiere venido desde el andén y 2 todos y cada uno de los incumplimientos que la actora denuncia en su escrito de inicio… ” (ver f.459 y vta). Asevera que el accidente se produjo por el obrar de un tercero quien arrojó la piedra que impactara en el rostro de la actora en un lugar ubicado “fuera del área de operación… antes que la formación ingresara a la estación”. Apoya ese aserto en la declaración del testigo Piccoli. De igual modo, expresa que todas las ventanillas del tren donde viajaba la actora “funcionaban correctamente” y que la seguridad de la estación Arata estaba cubierta por personal policial contratado por su mandante. En suma, concluye que “el actor no probó ninguno de los supuestos incumplimientos que denunció en el escrito de inicio, lo cual era su carga” (f. 462 vta) por lo que requiere se revoque la sentencia, rechazándose la demanda. En subsidio, impugna la procedencia y cuantía de las partidas otorgadas en concepto de “daño físico, daño estético y tratamiento psicológico”, “daño moral” y “gastos por tratamiento odontológico y gastos médicos”. Por último, objeta que el Sr. Juez haya fijado la tasa activa para calcular los réditos desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago.
Por su parte, la actora requiere un incremento en las sumas fijadas para indemnizar los daños físico, psíquico, estético y moral. Dichos agravios merecieron la réplica de fs. 475/478.
III. Antes de entrar en el examen del caso y dado el cambio normativo operado con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial debo precisar que, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.
En consecuencia, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código y como ya lo ha resuelto la Sala (ver mi voto en autos: “D. A. N y otros c/ C. M. L. C S.A y otros s/daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux” del 6-8-2015), la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional. Sin embargo, cabe aclararlo, las normas procesales contenidas en el nuevo Código resultan de aplicación inmediata.
Asimismo, recuerdo que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación referir a todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).
IV. Aunque la apoderada de “Metrovías S.A” diga ahora que su representada no negó el hecho al contestar la demanda y le atribuya al Sr. Juez un error en ese sentido, las constancias de autos la desmienten. Obsérvese, que al contestar la demanda su representada negó “que el día 14 de noviembre de 2011, la actora se hallare a bordo de una formación del ferrocarril Urquiza con destino a Federico Lacroze” y “que en tales circunstancias, al pasar por la estación Arata, haya recibido la actora un fuerte impacto ocasionado por una de las piedras que eran supuestamente arrojadas por sujetos que se encontraban ubicados en el ingreso de la estación Arata” (ver f.39 vta) y sólo, en subsidio y para el caso de “constatarse que realmente ocurrió” el accidente, argumentó que aquél se habría producido por el hecho de un tercero, con características de “imprevisible” e “irresistible”.
Las pruebas producidas demostraron que aquélla negativa no fue sincera y que el accidente sí sucedió durante la ejecución del contrato de transporte, como así también que la actora sufrió las lesiones que narrara en su demanda (ver f. 174/177 e informativa de f. 185). Descubierta la realidad negada, la demandada intenta ahora liberarse de responder, a partir de traer a la consideración de esta Sala una eximente que planteara en subsidio y que dejó olvidada al inicio del proceso. Ese agravio no puede prosperar.
Comprobado entonces, que sucedió el accidente durante la ejecución del contrato de transporte el caso debe encuadrarse jurídicamente, tal como lo decidiera el Sr. Juez, en el art. 184 del Código de Comercio y, por consiguiente, la empresa demandada sólo podrá eximirse de responder si comprueba que el hecho del tercero que invocara en subsidio revistió las características de imprevisible e inevitable y, en verdad, no encuentro que lo haya probado.
Que se arrojen piedras al paso de una formación ferroviaria no parece un hecho que exceda el marco de lo previsible, como lo dejan en evidencia los variados casos que se registran en la jurisprudencia.
De manera que la eximente en estudio queda sin sus presupuestos de inesperada, súbita, o sorprendente y, en consecuencia, debió demostrarse (lo que era carga de quien alega la causal de exención) que fueron empleados todos los medios y recursos disponibles para evitar el acontecimiento dañoso (conf. «Código Civil comentado…» Belluscio-Zannoni y colaboradores; tomo 2, pág. 664) y, no encuentro que la recurrente haya probado tales extremos.
Lo expuesto conduce inexorablemente a rechazar las quejas pues el “hecho que un tren sea apedreado, con la consiguiente producción de daños materiales, no constituye desde el punto de vista jurídico un hecho imprevisible o irresistible como para eximir de responsabilidad a la empresa ferroviaria. Pesa sobre este último la obligación de cerrar el camino ferroviario, mantener el cuidado de su territorio delimitarlo e impedir el peligro que representan los vándalos en las cercanías del paso del tren, cuyos actos , conocidos y reiterados son de amplia difusión y constituyen un hecho notorio insusceptible de prueba “ (cfr. CNCiv. Sala M, 23/02/98, “Miño Viviana A. c/ FEMESA s/ daños y perjuicios”).
En forma concordante, el art. 11° de la ley de ferrocarriles n° 2.873 del año 1891 estatuye que: “toda empresa deberá tener en las estaciones, en los trenes y en todo el trayecto del camino, de día y de noche, desde que empiece hasta que termine el movimiento diario, el número de empleados que fuese necesario para que el servicio se haga con regularidad y sin tropiezos ni peligros de accidentes» (ALJA, 1958-I, ps. 100/1).
Entonces, si la piedra que impacto sobre el rostro de la actora provino de uno de los espacios ubicados dentro del corredor ferroviario, era porque alguien estaba allí accionando ilícitamente y nadie se lo impidió, por lo que propongo al Acuerdo confirmar la condena impuesta.
V. El Sr. Juez trató en forma conjunta las indemnizaciones pretendidas por daño físico, estético, psíquico – partida esta última que rechazó- y tratamiento psicológico. Fijó una suma global de $ 94.400.
La demandada cuestiona esa suma argumentando que: a) no se tuvieron en cuenta las serias impugnaciones efectuadas al dictamen del perito médico. Especialmente, refiere a que el experto “otorgó un 7 % de incapacidad por desalineación cuando la actora no presenta desalineación odontológica alguna”; b) la referida desalineación debe incluirse en el daño estético; c) no se justificaba resarcir la terapia psicológica pues el hecho no dejó secuelas incapacitantes; d) el monto de la indemnización es “elevadísimo”.
De su lado, la actora destacó la consolidación y grado del perjuicio estético, como así también las repercusiones negativas que éste tuvo en su esfera social y productiva, dadas sus características personales; requiriendo se valore adecuadamente este aspecto del daño e incremente el monto en cuestión.
Un obrar lógico indica que si el Juez recurre al informe de expertos para ilustrarse sobre aspectos científicos que escapan a su conocimiento (cfr. 457 del Código citado) no puede luego, cuando aquéllos emiten un dictamen fundado en los conocimientos que le son propios y ajustado a lo dispuesto en el art. 472 del referido Código, descartar sus conclusiones, salvo que existan en el expediente constancias objetivas que las desvirtúen (cfr. art. 477 CPCCN, ver en este sentido, esta Sala, mi voto, in re, “Mendoza Valdivia Pedro y otro c/ Luizaga Peredo Gustavo y otros s/ daños y perjuicios (acc. tan. c/les o muerte) (EXP. 104724/2011) del 18-8-2015).
De manera que si el dictamen pericial fue impugnado por las partes (la demandada a f. 355, la pretensora a fs. 358/359) pero las observaciones no contaron con aval técnico (art. 458 CPCCN) y el experto ratificó sus conclusiones (v. en especial f. 364, quinto párrafo y ss.), el rechazo de las quejas de la demandada se impone.
Respecto a los agravios por la procedencia de resarcimiento por tratamiento psicológico), luego de realizar los exámenes y síntesis diagnóstica, la perito informó que la actora padece un trastorno de estrés postraumático de grado leve (5%) y relacionado causalmente con el accidente que originara este proceso (f. 257). Concretamente y respecto de la terapia indicada sostuvo que era necesaria “para mitigar las secuelas producidas por el accidente” y recupere sus potencialidades (f. 257) conclusiones que cabe aceptar al no haberse aportado elementos objetivos que las desvirtúen y que conducen al rechazo de las quejas por las mismas razones ya expuestas al examinar lo atinente a los porcentajes de incapacidad por alineación dentaria.
Expuesto lo anterior, y a fin de juzgar la razonabilidad de las sumas reconocidas en la anterior instancia y que son objeto de recurso, debo decir que a la hora de la cuantificación del daño no debe descartarse la utilización de fórmulas matemáticas, pero tampoco sujetarse rígidamente a sus resultados (ver en este sentido CSJN, Fallos 318: 1598).
Dicho de otro modo, los cálculos actuariales son un marco de suma utilidad para aquello que debe considerarse “razonable” y la prudencia aconseja no desecharlos, pero no dejan de ser una pauta más para evaluar la cuantía del resarcimiento junto con las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación (Fallos: 320:1361; 325:1156).
A los fines de juzgar la razonabilidad de la suma global reconocida en la anterior instancia, tomaré los siguientes elementos: a) edad de la actora a la fecha del accidente (35 años); b) sus labores como técnica en hemoterapia y abogada, en ambos casos asalariada, acompañando fotocopia de recibo de haberes (cfr. fs. 69/70 del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos, concedido íntegramente a f. 73); c) la incapacidad que se desprende de los referidos informes. En este sentido ponderaré que no obstante que la medicina ha establecido ciertas tablas para asignar porcentajes de incapacidad a ciertas afecciones, las determinaciones generales son residuales a las particularidades de acreditación de las bases fácticas del caso (conf. Acciarri Irigoyen Testa, “La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes”, La Ley 2011A, 877, Cita Online: AR/DOC/311/2011), de manera que, cabe determinar en qué medida la lesión que padece la actora habrá de incidir negativamente en el desarrollo de actividades productivas o económicamente valorables. En la búsqueda a esa respuesta, en el caso, me parece prudente seguir el método propuesto por Altube- Rinaldi según el “cuando la pérdida total de la función afectada dificulta de alguna manera la realización del trabajo en cuestión pero no implica una reducción del rendimiento y/o calidad del trabajo, aunque sí requiere un mayor esfuerzo o determina un riesgo para la persona…en este tipo de casos consideramos que el tope de incapacidad debería ser equivalente al 40% y por ello la cifra de incapacidad genérica se multiplica por 0,4 para obtener la incapacidad específica” ( ver “Baremo general para el fuero civil”, Ed. García Alonso, 2da. Edición, págs. 311 y 312); d) costo de tratamiento terapéutico (vgr. duración mínima de un año, con frecuencia semanal y cuyo costo rondaría los $200 y $300 por sesión – f. 257 últ. pfo. y ss.); e) tasa de descuento: 6%. Se trata de la tasa anual, pura (es decir, sin incidencia de inflación) que se va a descontar simplemente por el adelanto de sumas futuras; e) edad hasta la cual se computan los ingresos. Estos elementos, insertos en la planilla para el cálculo del valor presente de incapacidades de Hugo Alejandro Acciarri, que puede compulsarse en la página web del departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur (http:www.derechouns.com.ar/?p=7840), permiten obtener una pauta objetiva para la fijación del monto.
Sobre la base de lo expuesto, y sopesando que el cálculo antes aludido es sólo una pauta más, valorando también que, eventualmente, pueden incrementarse los ingresos de la actora en un futuro, considero que la indemnización global concedida en la anterior resulta resarce adecuadamente los conceptos que comprende (art. 165 del CPCCN), por lo que propongo al Acuerdo su confirmación.
VI. El Sr. Juez de la instancia de grado fijó la suma de $50.000 en concepto de daño moral. Ambas partes se agraviaron pretendiendo la demandada su reducción y la actora se incremente.
La determinación de la cuantía de esta partida- como lo recordara la Corte IDH- debe ajustarse a los principios de equidad (cfr. caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párrafo 86).
Además, debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros).
Sobre lo dicho, considerando los parámetros que normalmente se toman para dimensionar esta partida, a saber: a) la edad de la actor a la fecha del hecho; b) las características de las lesiones física sufridas que lógicamente derivaron en sufrimientos, ante la pérdida de piezas dentarias, entiendo que la suma reconocida en la anterior instancia es equitativa y he de proponer Acuerdo se confirme, rechazando las quejas de ambas partes.
VII. El Sr. Juez de la anterior instancia reconoció en concepto de gastos por tratamiento (médico), de farmacia y traslado la suma de $15.000.
La demandada centró sus agravios en la inexistencia de constancias documentales que justifiquen los gastos (f. 465 sexto y séptimo pfo.)
Coincido con el criterio propiciado en la sentencia apelada, en tanto y cuanto las erogaciones pueden presumirse por la índole de las lesiones causadas.
Por otra parte, el hecho de que la víctima se hubiese atendido en hospitales públicos o contase con cobertura de obra social (o bien con servicio de medicina prepaga), puede hacer suponer que los gastos se cubrieron en forma parcial pero en ningún caso totalmente.
De lo anterior se colige que la suma fijada para compensar estas erogaciones, no se ve alterada por las quejas opuestas en esta Alzada; máxime si tenemos en cuenta el costo del tratamiento odontológico al que tuvo que someterse Aiello, estimado por el experto en la materia designado de oficio (f. 337 últ. pfo., y ss. – $28.000).
En definitiva propongo al Acuerdo se rechacen los agravios en este punto y se confirme lo resuelto en la anterior instancia (arg. art. 165 del CPCCN).
VIII- El Sr. Juez decidió que los réditos debían liquidarse aplicando la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la producción del daño y hasta la fecha de su efectivo pago.
La demandada cuestionó tal decisión, argumentando que: a) el capital de condena fue establecido a valores actuales; b) el plenario “Samudio” (f. 465 vta.) ha perdido vigencia en virtud de la ley 26.853 (24/04/13, publicada en B.O. el 17/03/13) que derogó el art. 303 del CPCCN; c) los accesorios deben ser dispuestos de conformidad con la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en razón de haberse dictado la sentencia con posterioridad a su sanción. En definitiva, peticionó se aplique de “la tasa pasiva hasta marzo de 2017 y, en adelante, se haga la debida consulta al Banco Central por aplicación del Código Civil y Comercial vigente” (f. 466).
Dichos agravios no habrán de prosperar.
No comparto la postura relativa a la “actualidad” de los valores indemnizatorios. Es que, las indemnizaciones que establecen los jueces no pueden contener actualización alguna pues si así fuera, se violarían las leyes 23.928, 25.561 y sus decretos reglamentarios (ver, entre tantos precedentes, esta Sala in re “Walas c/ Fernández”, del 20/12/2007 y el fallo de nuestra Corte Federal en “Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.”, 20-4- 2010, LL, del 25-10-2010, p. 9). De hecho, no surge del pronunciamiento cuestionado que se haya aplicado alguna tabla que contenga índices de actualización monetaria por la inflación acaecida que, por cierto fue creciente desde el dictado de la sentencia lo que de por sí descarta que los valores determinados puedan calificarse de propiamente actuales.
Es así que esta Sala viene sosteniendo que, para casos como el presente, debe aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho dañoso y hasta el efectivo pago que hagan los deudores (cfr. mis votos, en Expedientes n° 39488/2012 del 6-8-2015; n°. 62915/2007 del 18-12-2015; n° 113.330/2007 del 4-8-2016 y n°47.895/2013 del 12-09-2016, entre muchos otros) pues resulta obligatoria en los términos del artículo 303 del CPCCN, precepto que esta misma Sala considera vigente en su redacción originaria conforme lo decidido en autos “Pérez Horacio Luis c/ Banco Sáez SA s/ ejecución de honorarios”, del 30/08/13 (pub. LLOnline cita AR/JUR/55224/2013).
En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido”. Si así fuera, e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el plenario “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA”, debe ser probada en forma clara por el deudor en el ámbito del proceso (cf. art. 377 del CPCCN).
Finalmente, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN) (cfr. mis votos, en Expedientes n° 39488/2012 del 6-8-2015; n°. 62915/2007 del 18-12-2015; n° 113.330/2007 del 4-8-2016 y n°47.895/2013 del 12-09-2016, entre muchos otros). En consecuencia, propongo al Acuerdo confirmar este aspecto de la sentencia recurrida.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: I) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios; II) imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, primera parte del CPCCN). Así lo voto.-
Los Dres. Ramos Feijóo y Díaz Solimine, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO – OMAR DIAZ SOLIMINE-
Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-
Buenos Aires, mayo de 2018.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios; 2) imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, primera parte del CPCCN)
En atención al interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N. 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N. 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N. 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N. 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N. 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N. 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos por bajos a fs. 423, 426/430, 433 y 434 y por altos a fs. 425 y 432 y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, art. 478 del Código Procesal y Decreto 2536/2015, modificatorio del decreto 1467/2011, reglamentario de la ley 26.589, se modifican los honorarios regulados a fs. 421, fijando los correspondientes a la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. G.N.T., en la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL ($ 61.000); los del perito médico odontólogo Dr. C.M.I., en PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000); los de la perito psicóloga Licenciada L.A., en PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) y los del perito ingeniero ferroviario M.A.S., en PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) y se confirman los honorarios de los letrados apoderado de la parte demandada, en conjunto, Dr. R.B. y Dra. C.T.M.M.R.; los de la letrada apoderada de la parte demandada, desde su actuación de fs. 156, Dra. G.V.M.; los de los letrados apoderados de la citada en garantía, en conjunto, Dr. I.A.V. y Dra. S.M.W.; los del letrado apoderado de la citada en garantía, desde su actuación de fs. 156, Dr. L.D. y los de la mediadora Dra. A.M.S.
Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 15.250) los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. G.N.T. y en PESOS DOCE MIL ($ 12.000) los correspondientes a la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. G.V.M. (conf. arts. 14, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.
Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013).
Fecho, devuélvase.-
Fecha de firma: 02/05/2018
Alta en sistema: 03/05/2018
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
Labordeta, Nicolás Martín c/Unión Transportista de Empresas SA y otros s/daños y perjuicios – Cám. Civ. y Com. La Matanza Sala II – 07/02/2017 – Cita digital IUSJU015480E
031785E
