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JURISPRUDENCIACálculo de haberes. Trabajador autónomo
En el marco de un juicio por reajustes varios, se confirma la sentencia que hizo lugar a la prescripción interpuesta y declaró prescriptos los créditos a favor de la actora anteriores a los 2 años de la fecha del reclamo administrativo 09/03/2017; ordenando reajustar los haberes de la actora, recalculando el haber inicial del beneficio, sus actualizaciones y retroactivos.
En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a los veintisiete días del mes de junio de 2019, se reúnen los señores Jueces de esta Cámara, Dres. Mirta Delia TYDEN de SKANATA, Ana Lía CÁCERES de MENGONI y Mario Osvaldo BOLDÚ, a fin de dictar sentencia en autos: “Expte. Nº FPO 10065/2016/CA1.- GADEA, ENRIQUE RAMON c/ A.N.SE.S s/REAJUSTES VARIOS” en presencia de la Sra. Secretaria autorizante. Examinados los mismos y planteada la cuestión respecto a si es conforme a derecho el fallo recurrido, previo al intercambio de ideas que hacen a la esencia del Acuerdo, la Dra. Mirta Delia TYDEN de SKANATA -a quien correspondió el primer voto-, dijo:
1) Que, en razón de que los resultandos de la sentencia de fs. 51/55 explican de manera correcta las cuestiones centrales objeto de este juicio, déselas aquí por reproducidas en honor a la brevedad.
2) Que, el Sr. Magistrado de primera instancia, en el fallo apelado, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta y declaró prescriptos los créditos a favor de la actora anteriores a los dos años del reclamo administrativo de fecha 28/10/2016; asimismo hizo lugar a la demanda y ordenó reajustar los haberes de la parte actora, recalculándose el haber inicial del beneficio, sus actualizaciones y retroactividades; estableciendo que en el plazo de 120 días la ANSES practique planilla y pague a la accionante las diferencias retroactivas y sus intereses tipo tasa pasiva promedio que mensualmente publica el BCRA.
Por otro lado, impuso las costas en el orden causado -art. 21, Ley 24.463- y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales para el momento en que se cuente con base arancelaria.
3) Contra la sentencia de grado, apeló la demandada ANSES a fs. 56 y expresó agravios a fs. 63/72.
En estrecha síntesis y en lo que aquí interesa, la recurrente se agravia porque en el resolutorio en crisis el Juez a quo ordenó que para la determinación del haber inicial de la actora se actualicen las remuneraciones del recalculo aplicando el índice ISBIC, sin la limitación temporal establecida en la Resolución N°140/95 de acuerdo a lo establecido por la CSJN in re “Elliff Alberto c/ Anses s/ Reajustes Varios”.
Asimismo, señala que, siguiendo lo previsto por la ley 27.260 y el Decreto 807/16 -que estableció el indice RIPTE-, para los beneficiarios con altas al 01/08/2016, se determinó un índice para actualizar las remuneraciones de las prestaciones con alta anteriores al 01/08/2016, correspondiendo aplicar dicho índice, como fue previsto por la Res. 56/2018 -índice combinado- por ser el índice vigente.
Finalmente, se agravia porque el resolutorio ordena la aplicación del precedente Makler Simón para la determinación del haber correspondiente a un beneficio acordado al amparo de la ley 24.241 cuando el precedente Makler fue dictado para resolver un beneficio acordado bajo la ley 18.038 y, en cuanto a la movilidad de la PBU, ya que la misma no guarda ni debe guardar relación con los ingresos ni con el monto de los aportes efectuados por el titular, no debiendo, en consecuencia, adecuarse a ellos.
4) Que, de un análisis de las constancias de la causa se observa que el a quo tuvo en cuenta que la actora obtuvo el beneficio de jubilación bajo el régimen de la ley Nº 24.241 tal como surge de fs. 12 del Expte. Administrativo Nº 024-20-07553719-1-357-000001 que corre por cuerda.
Sentado ello, conviene recordar que aún frente a la inexistencia de una norma en tal sentido, se ha señalado retiradamente el deber que tienen las instancias ordinarias de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:206 319:699; 321:2294), que se sustenta tanto en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, como en razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 25:36 212:51 y 160 – LA LEY, 54 307; 53 309 – ; 256:20 303:1769; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:166 321:3201 y sus citas).
Que, empero, esa doctrina no ha importado privar a los Magistrados de la facultad de apreciar con criterio propio las resoluciones del Tribunal y apartarse de ellas cuando median motivos valederos para hacerlo, siempre que tal apartamiento hubiera sido debidamente fundado en razones novedosas y variadas (Fallos: 262:101; 302:748 – LA LEY, 1981 A, 587 -; 304:898 y 1459; 307:2124; 312:2007; 321:3201, entre otros).
Así las cosas, en referencia a la temática concerniente al cálculo del haber inicial, corresponde indicar que de una lectura de autos no se observa motivo alguno para apartarse de lo resuelto por nuestro más Alto Tribunal in re “Elliff Alberto c/ Anses s/ Reajustes Varios” (E.131.XLIV R.O), en el que se ha referido que “…el empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones (causas “Sánchez” y “Monzo” en Fallos .328:1602, 2833 y 329:3211)…”. Todo lo cual lo ha llevado a considerar que la Resolución 140/95 al acotar las actualizaciones de las remuneraciones excedió la facultad de reglamentar.
Más aun cabe señalar que “…en la citada causa “Sánchez” el Máximo Tribunal resolvió una cuestión relacionada con la movilidad jubilatoria en el marco de las disposiciones de la ley 18.037 -anterior a la ley 23.928- es claro que tal principio de equilibrio en las prestaciones también emana de los regímenes en materia jubilatoria dictados con posterioridad a la ley de convertibilidad -leyes 24.241, 24463 entre otras…” -confrontar Dictamen del Procurador General de la Nación S.C.E. 131; L. XLIV-, por lo que procede ratificar su aplicación.
5) En cuanto a la temática referida a la implementación del índice RIPTE el Decreto 807/2016 que reglamenta la aplicación del índice establece en el art. 5 que; “Las disposiciones contenidas en los artículos 1°, 2° y 3° del presente decreto serán de aplicación para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual agosto.”. Teniendo en cuenta que en el sub examine el beneficio fue adquirido el 28/10/2016 Cfr. fs. 12 del expediente administrativo N° 024-20-07553719-1-357-000001 esto es, con anterioridad a la fecha establecida en el decreto citado (alta a partir del mensual agosto/2016), resulta improcedente su aplicación.
De la misma manera y en cuanto al mecanismo de actualización instituido por la Ley 27.260, este Tribunal comparte el criterio adoptado por la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en autos “Expte Nº 5694/2010 Solis Angela Ramona c/ ANSES s/ Reajustes Varios” de fecha 21/09/2015, en el cual valoró que el índice RIPTE fue instituido por la ley 27.260 para actualizar los haberes y cancelar las deudas previsionales de todos aquellos jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión que adhiriesen en forma voluntaria al denominado Programa Nacional de Reparación Histórica mediante acuerdos transaccionales suscriptos con la Administración Nacional de Seguridad Social.
En efecto, este Tribunal se ha pronunciado respecto al alcance del mecanismo de actualización previsto en la Ley 27.260, en autos “Expte Nº 23000391/2012/CA1 Lanus Leopoldo Miguel y otro c/ ANSES s/ Reajuste de Haberes” de fecha 09/02/2018 e interpretó que el índice combinado que contiene la ley 27.260, fue establecido únicamente para actualizar los haberes y cancelar las deudas previsionales de todos aquellos jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión que adhiriesen en forma voluntaria al denominado Programa Nacional de Reparación Histórica.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que de las constancias de la causa en estudio no surge que el actor haya adherido al Programa de Reparación Histórica, ni suscripto el acuerdo transaccional que la Ley 27.260 establece, resulta improcedente aplicar el mecanismo de actualización previsto en la ley 27.260 (RIPTE).
6) Que, en cuanto a la pretensión de la demandada de aplicar al sub examine el índice combinado que establece a partir de la Resolución N° 56/2018 (ANSeS) ratificado por la Resolución 01/2018 (Secretaría de Seguridad Social), este tribunal considera que es aplicable al subexamine el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de autos “Blanco, Lucio O. c. ANSES s/ Reajuste Varios” de fecha 18/12/2018 con lo cual por los fundamentos allí expresados -que esta Cámara comparte- se desestima la aplicabilidad de las resoluciones 56/2018 y 1/2018 siendo de aplicación el precedente Elliff en cuanto a los aportes efectuados en relación de dependencia.
7) En cuanto al agravio referente a la aplicación del precedente “Makler Simón”, siendo que el mismo estableció que deben considerarse todos los años y categorías efectivamente aportadas, en cada momento histórico con el fin de evitar que no se refleje el esfuerzo contributivo realizado por el aportante, a diferencia del régimen de la ley 18.038, resulta acertada su aplicación para la determinación de los haberes percibidos por el actor como autónomo.
De igual manera, cabe resaltar que la CSJN en el precedente “Makler Simón c/ ANSES s/ Inconstitucionalidad ley 24.463” de fecha 20/05/03 revirtió el criterio del fallo “Rodríguez Emilio s/ jubilación” de fecha 31/10/89, determinando que para el cálculo de los haberes de los trabajadores autónomos debían tomarse en consideración la totalidad de los años aportados, sin sujetarlo a límite alguno, lo cual condice con el procedimiento establecido en el art 36 de la ley 18.038, pauta que fue receptada por la ley 24241.
8) Finalmente, en lo que respecta a la queja respecto a la movilidad de la PBU, corresponde destacar que como reflejan las actuaciones no surge del fallo en estudio, que el a quo ordenó tal actualización, mereciendo la queja en tal sentido la desestimación.
Por consiguiente, entiendo que el sentenciante de la anterior instancia ha efectuado una correcta remisión a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en las causas precedentemente citadas y al no existir motivo válido que lleve a este preopinante al convencimiento de la necesidad de revisar la solución que ha sido aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la generalidad de los casos resueltos, la pretensión de la actora debe ser decidida según los parámetros establecidos en la jurisprudencia a que se ha hecho referencia, por lo que corresponde rechazar el recurso planteado.
9) Por lo expuesto, con base en los fundamentos que preceden, voto por confirmar la sentencia apelada, con costas por su orden (art. 21 de la ley 24.463). ASÍ VOTO.
Los Dres. Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú adhieren al voto anterior.
Con lo que finalizó el Acuerdo, firmando los Sres. Vocales ante mí, doy fe.-
Po sadas, 27 de junio de 2019.-
Y VISTOS:
Por ello, y con base en los fundamentos del Acuerdo que precede, confírmase la sentencia apelada, con costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24.463).
Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 de la CSJN. Devuélvase.
Fdo. Dres. Mario Osvaldo Boldú. Mirta Delia Tyden de Skanata. Dra. Ana Lía Cáceres de Mengoni. Jueces. Dra. María Edith Viramonte. Secretaria.-
042314E
