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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Profesionales. Servicios médicos. Relación de dependencia. Prueba. Locación de servicios. Alquiler. Trabajador autónomo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca la sentencia recurrida, en la que se calificó como vínculo laboral las tareas prestadas por la actora de profesión médica oftalmóloga. El voto mayoritario dijo que el tribunal a quo efectuó una valoración meramente parcial de la prueba producida e ignoró el contexto en que se desenvolvió la prestación controvertida. Por ejemplo, la CSJN resaltó que no se valoró correctamente el hecho de que la actora pagara alquileres por el uso de consultorios y el quirófano; la existencia de emisión de facturas no correlativas como profesional autónoma registrada, un vínculo con la clínica desarrollado durante muchísimos años sin reclamo alguno y la existencia de una práctica profesional independiente con la consiguiente falta de exclusividad. Por último, la CSJN remarcó que todas estas circunstancias señaladas anteriormente no eran, por sí solas, demostrativas de la existencia de una relación autónoma, pero la Cámara debió evaluar dichas circunstancias conjuntamente.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 786/794 de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en lo sucesivo), que confirmó la condena dictada por la señora jueza de primera instancia contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno -en adelante, CEMIC-(fs. 514/516), este último dedujo el recurso extraordinario (fs. 859/877) cuya denegación motivó la presente queja.
La cámara tuvo por acreditado que la prestación de la actora, de profesión médica oftalmóloga, tuvo lugar bajo una relación laboral dependiente. Para así decidir, consideró aplicable la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 y desestimó la defensa planteada por el centro médico acerca del carácter no laboral del vínculo que existió entre las partes. Destacó que, según se desprendía de las declaraciones testimoniales, la actora concurría en forma regular a las diferentes sedes del CEMIC para la atención de sus afiliados de acuerdo a los turnos asignados, que por imposición del empleador cobraba por medio de facturas y que debía elevar notas a su jefe inmediato a los efectos de comunicarle cuándo se tomaría su descanso vacacional. Señaló que los días de vacaciones por año dependían de la antigüedad de cada profesional, que cada médico seleccionaba el horario conforme grilla que prefijaba el jefe del servicio y que podían modificarse por la actividad docente que la actora debía cumplir en la facultad de la demandada. Concluyó que la profesional médica estaba inserta en el establecimiento de la accionada.
2°) Que en su apelación extraordinaria y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, el CEMIC cuestiona esa decisión judicial. Afirma que la cámara no dio un adecuado tratamiento a diversas circunstancias que obstaban al encuadramiento del vínculo bajo una relación de dependencia. Asevera que, además, la cámara tergiversó los dichos de los testigos. Hace hincapié en que durante 23 años las partes se comportaron en el marco de una locación de servicio, verdadera naturaleza de la vinculación. Manifiesta que los juzgadores no tuvieron en cuenta que la actora alquilaba los consultorios del CEMIC, que cobraba honorarios y emitía facturas por ese concepto como profesional independiente y que los cobros no eran periódicos ni iguales pues variaban en función de la cantidad de prestaciones que realizaba. Sostiene que la actora determinaba los días y horarios de atención, y podía tomarse vacaciones y suspender la atención en las diferentes sedes del CEMIC a las que concurría cuando así lo solicitara, sin pedir autorización y sin dar mayores explicaciones. Por otra parte, señala que la demandante atendía en un consultorio particular. Invoca la vulneración de las garantías de debido proceso legal, de defensa en juicio y de su derecho de propiedad.
3°) Que aunque los agravios expresados remiten al examen de una materia de hecho, prueba y derecho común como es la atinente a la existencia o inexistencia de relación laboral entre las partes, regularmente ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando, como ocurre en el caso, el tribunal a quo no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa (Fallos: 312:683; 315:2514; 323:2314; 326:3043, entre muchos otros).
4°) Que la contratación de profesionales para la atención médica, sea que se trate de profesionales autónomos o dependientes, tiene como punto en común la prestación de servicios. Por esa razón, esta Corte ha advertido a los jueces que deben estudiar en forma minuciosa las características de la relación existente entre el profesional médico y la institución hospitalaria a los efectos de dar una correcta solución al litigio (Fallos: 323:2314; 341:427).
5°) Que la sentencia impugnada no ha satisfecho ese estándar Ha omitido la consideración de extremos probatorios relevantes a la hora de establecer si la presunción del artículo 23 de la ley 20.744-ha sido desvirtuada.
6°) Que, en efecto, la cámara sostuvo que la prestación que activó la presunción consistió en la provisión de servicios profesionales por parte de la actora como oftalmóloga en intervenciones quirúrgicas y en consultas a pacientes. La cámara ignoró, sin embargo, varias circunstancias debidamente acreditadas de las que puede inferirse, razonablemente, que la accionante no realizaba dichas prestaciones en favor del CEMIC a cambio de una remuneración (artículos 40 y 22 de la ley 20.744).
En efecto, en el informe pericial producido en autos, en la porción que alude a «Detalle de pagos, conceptos facturados y descuentos», el perito consigna ítems como «Alquiler Saavedra», «Alquiler Talcahuano» y «Alquiler Belgrano» con motivo del uso que la actora hacía de los consultorios para la atención de pacientes en dichas sedes del CEMIC. Según declaró el testigo Miguel Lizzano, el importe de ese alquiler era variable en razón de las horas de consultorio que tomaba la médica (fs. 455). El mencionado peritaje contable permite verificar que bajo la misma modalidad de liquidación la demandada percibía una suma variable en concepto de «Derecho de quirófano» en función de la cantidad de veces que la actora requería su uso para intervenir quirúrgicamente en la sede Saavedra del CEMIC a pacientes particulares.
El pago de ese alquiler es una circunstancia que impide concluir, a menos que se brinde un fundamento adicional que la cámara no suministró, que la profesional realizaba las prestaciones en favor del CEMIC a cambio de una remuneración y, por ende, que estaba inserta en una organización ajena. Quien paga un alquiler para prestar servicios lo hace con dinero propio y de ello puede inferirse, razonablemente, que prestará servicios a un tercero, distinto del titular del inmueble, a cambio de dinero para obtener una ganancia. Se trata de una típica prestación autónoma. Por lo demás, debe destacarse que, a diferencia de lo que sucede con otras alegaciones de la actora, en momento alguno se ha dicho que la modalidad de pago del alquiler por derecho de quirófano haya sido una modalidad impuesta por CEMIC para encubrir la relación. El pago de dicho canon ha sido admitido por la accionante (fs. 14 y 553).
La circunstancia mencionada no debió ser ignorada por la cámara a la hora de formarse un juicio acabado sobre si la presunción fue rebatida y, en definitiva, acerca de la verdadera índole jurídica de la prestación (Fallos: 323:2314).
7°) Que, por lo demás, el pago del alquiler tiene un impacto directo en el modo de valorar otros extremos probatorios, aspecto que la cámara también ignoró.
El informe pericial detalló las facturas emitidas por la actora (desde el 23 de julio de 1999 hasta el 30 de octubre de 2008) correspondientes a las órdenes de pago liquidadas por el CEMIC, observándose que en algunos meses llegaba a facturar hasta en tres ocasiones a la demandada; en todos los casos, los importes facturados difieren y la numeración de los recibos, de acuerdo con los datos volcados por el perito, no es correlativa (ver Anexo I, fs. 448/450). Esta mecánica de pago se ve corroborada por el testigo Juan Pablo Aldecoa -propuesto accionante-, quien también se había desempeñado como oftalmólogo en el CEMIC y que declaró que concurría con su talonario de facturas a una sede administrativa de la aquí demandada, y contra la entrega de alguna de ellas se abonan sus honorarios (fs. 398; y en sentido similar se manifestó la testigo Nora Merschon Sánchez -fs. 396-. La actora estaba también registrada desde enero de 1984 en el régimen de trabajadores autónomos (fs. 221) y es un hecho no negado que desarrolló la actividad del modo descripto durante más de veinte años.
Por otra parte, en la registración figura como domicilio fiscal el de la calle Juncal … piso … de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coincide con el del médico oftalmólogo Jorge Eduardo Acosta -según consta en el escrito de la actora de fs. 309 vta.-, quien era uno de los profesionales que también operaban en la sede Saavedra del CEMIC (fs. 14). Con arreglo a la declaración de varios testigos, en ese domicilio se encontraba el consultorio particular de la actora (fs. 397 y 441), cuya existencia no fue desconocida por esta (conf. fs. 552). Además, la empresa de medicina prepaga OSDE Binario informó que «Evelina Zechner es prestadora de esta institución desde el 4/5/98 en la especialidad oftalmología» (fs. 382). Galeno Argentina, por su parte, contestó que la actora «se encuentra dentro de nuestra cartilla de prestadores, con vigencia el día 19/9/1988 hasta la actualidad» (fs. 389).
Cada una de las circunstancias mencionadas (emisión de facturas no correlativas como profesional autónoma registrada, un vínculo con la clínica desarrollado durante muchísimos años sin reclamo alguno y la existencia de una práctica profesional independiente con la consiguiente falta de exclusividad) no es, por sí sola, demostrativa de la existencia de una relación autónoma. Pero la cámara debió evaluar dichas circunstancias conjuntamente con el hecho de que la actora pagaba un alquiler por el uso de las instalaciones del CEMIC a la hora de establecer si la presunción fue rebatida.
Por la misma razón que se acaba de exponer, la cámara también debió evaluar si la elevación de notas al jefe de servicio de oftalmología de la demandada comunicando cuándo cada profesional médico se tomaría su descanso, así como el hecho de que aquel sería quien confeccionaba la grilla con los horarios de atención a pacientes, eran elementos que constituían una genuina manifestación del ejercicio de poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas (conf. Fallos: 323:2314 y 326:3043).
8°) Que, por lo expuesto, corresponde descalificar la sentencia recurrida. Lo resuelto por el tribunal a quo no se apoya en una valoración suficiente de los distintos elementos incorporados al proceso (Fallos: 312:184, entre otros) y no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 319:1867), de modo que medie nexo directo e inmediato con los derechos constitucionales que se invocan como vulnerados (artículo 15 de la ley 48).
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas. Agréguese la queja al principal.
Reintégrese el depósito de fs. 110. Notifíquese y, oportunamente, remítase.
CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
(en disidencia)
JUAN CARLOS MAQUEDA
(por su voto)
RICARDO LUIS LORENZETTI
En disidencia
HORACIO ROSATTI
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 786/794 de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en lo sucesivo) que confirmó la condena dictada por la señora jueza de primera instancia contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno -en adelante, CEMIC-(fs. 514/516), este último dedujo el recurso extraordinario (fs. 859/877) cuya denegación motivó la presente queja.
El tribunal a quo tuvo por acreditado que la actora, de profesión médica oftalmóloga, se había desempeñado como dependiente de la demandada y desestimó la defensa planteada por el centro médico acerca del carácter no laboral del vínculo que existió entre las partes. Destacó que, según se desprendía de las declaraciones testimoniales, la actora concurría en forma regular a las diferentes sedes del CEMIC para la atención de sus afiliados de acuerdo a los turnos asignados; que por imposición del empleador cobraba por medio de facturas y debía elevar notas a su jefe inmediato a los efectos de comunicarle cuándo se tomaría su descanso vacacional; que los días de vacaciones por año dependían de la antigüedad de cada profesional; que cada médico seleccionaba el horario conforme grilla que prefijaba el jefe del servicio y que podían modificarse por la actividad docente que la actora debía cumplir en la facultad de la demandada. Concluyó que la profesional médica estaba inserta en el establecimiento de la accionada.
2°) Que en su apelación extraordinaria, y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, el CEMIC cuestiona esa decisión judicial. Afirma que el tribunal a quo no dio un adecuado tratamiento a diversas circunstancias que obstaban al encuadramiento del vínculo bajo una relación de dependencia. Asevera que, además, aquel tergiversó los dichos de los testigos. Hace hincapié en que durante 23 años las partes se comportaron en el marco de una locación de servicio, verdadera naturaleza de la vinculación. Manifiesta que los juzgadores no tuvieron en cuenta que la actora alquilaba los consultorios del CEMIC, que cobraba honorarios y emitía facturas por ese concepto como profesional independiente; y que los cobros no eran periódicos ni iguales pues variaban en función de la cantidad de prestaciones que realizaba. Sostiene que la actora determinaba los días y horarios de atención, y podía tomarse vacaciones y suspender la atención en las diferentes sedes del CEMIC a las que concurría cuando así lo solicitara, sin pedir autorización y sin dar mayores explicaciones. Por otra parte, señala que la demandante atendía en un consultorio particular. Invoca la vulneración de las garantías de debido proceso legal, de defensa en juicio y de su derecho de propiedad.
3°) Que aunque los agravios expresados remiten al examen de una materia de hecho, prueba y derecho común como es la atinente a la existencia o inexistencia de relación laboral entre las partes, regularmente ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando, como ocurre en el caso, el tribunal a quo no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa aplicable, y la decisión se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento solo aparente (Fallos: 312:683; 315:2514; 323:2314; 326:3043, entre muchos otros).
4°) Que, a los fines de tener por configurado el supuesto de hecho de la norma que habilita la presunción de la relación de trabajo invocada por la actora, el tribunal a quo efectuó una valoración meramente parcial de la prueba e ignoró el contexto en que se desenvolvió la prestación. Así aplicó la legislación laboral a un supuesto de hecho para el que no ha sido prevista y omitió analizarlo debidamente a la luz de la normativa relativa a la locación de servicios regulada por el entonces vigente Código Civil, causando consecuencias jurídicas, económicas y sociales que exceden el caso y que los magistrados no pueden ignorar, ya que repercuten sobre todo el sistema de contrataciones de profesionales (conf, voto del juez Lorenzetti en Fallos: 338:53, cuyas consideraciones -en lo pertinente- son aplicables en el sub lite) en razón de la incertidumbre que en él genera y la vulneración a la seguridad jurídica que significa desconocer un compromiso contractual voluntariamente asumido y ejecutado desde el inicio hasta su finalización bajo determinado régimen legal.
5°) Que en atención a las particularidades que presenta el sistema de contratación de profesionales para la atención médica debido a que los distintos tipos de vínculos -desde los de naturaleza autónoma hasta los de subordinación laboral- tienen como nota en común la prestación de servicios, es oportuno reiterar lo señalado por este Tribunal en cuanto a la exigencia que recae en los jueces de efectuar un minucioso estudio de las características de la relación existente entre el profesional y la institución que brinda asistencia médica a los efectos de dar una correcta solución al litigio sometido a su decisión (conf. doctrina de Fallos: 323:2314). En efecto, la falta de un debido análisis de la cuestión atinente a la naturaleza del vínculo habido entre las partes, conduce a la subsunción del litigio en un marco jurídico que no responde a las constancias de la causa, lo que justifica la tacha de arbitrariedad (Fallos: 312:184 y 1831; 317:579).
6°) Que la sentencia impugnada prescinde de toda pauta hermenéutica objetiva para calificar el vínculo cuyo carácter está controvertido. Ello es así pues no se tuvo en cuenta el comportamiento de los integrantes de la relación contractual, elemento que constituye base cierta de interpretación a los fines de arribar a su correcto encuadre jurídico (conforme Fallos: 326:3043).
En el caso, el tribunal a quo indicó que la emisión de facturas por parte de la actora «constituía una modalidad de pago impuesta por la empleadora» (fs. 788). Sin embargo, el comportamiento de las partes a lo largo de varios años se opone a esta conclusión, máxime cuando en el sector de las profesiones liberales es una de las formas habituales de instrumentación de pago de los servicios autónomos contratados.
Efectivamente, la lectura del fallo revela que la alzada no ha reparado en diversos elementos probatorios con relevancia para la correcta calificación del vínculo, en particular, el informe elaborado por el perito contador, obrante a fs. 446/451 -ratificado a fs. 477-. En este el experto detalló las facturas emitidas por la actora (desde el 23 de julio de 1999 hasta el 30 de octubre de 2008) correspondientes a las órdenes de pago liquidadas por el CEMIC, observándose que en algunos meses la actora llegaba a facturar hasta en tres ocasiones a la demandada; en todos los casos, los importes facturados difieren y la numeración de los recibos, de acuerdo con los datos volcados por el perito, no es correlativa (ver Anexo I, fs. 448/450). Esta mecánica de pago se ve corroborada por el testigo Juan Pablo Aldecoa -propuesto por la actora -, quien también se había desempeñado como médico oftalmólogo en el CEMIC quien declaró que concurría con su talonario de facturas a una sede administrativa de la aquí demandada, y contra la entrega de una de ellas se abonaban sus honorarios (fs. 398; y en sentido similar se manifestó la testigo Nora Merschop Sánchez -fs. 396-).
En el referido «Detalle de pagos, conceptos facturados y descuentos», se expresan ítems como «Alquiler Saavedra», «Alquiler Talcahuano» y «Alquiler Belgrano» con motivo del uso que la actora hacía de los consultorios para la atención de pacientes en dichas sedes ,del CEMIC; según declaró el testigo Miguel Lizzano, el importe de ese alquiler era variable en razón de las horas de consultorio que tomaba la médica (fs. 455).
El mencionado peritaje contable permite verificar que bajo la misma modalidad de liquidación la demandada percibía una suma variable en concepto de «Derecho de quirófano» en función de la cantidad de veces que la actora requería su uso para intervenir quirúrgicamente en la sede Saavedra del CEMIC a pacientes particulares; el pago de ese canon locativo es admitido por la actora (fs. 14 y 553). Se advierte que la información relativa a la facturación por el referido período reflejada en el informe pericial contable no fue objeto de impugnación (ver fs. 462/464; 481 y 485/486).
A lo expuesto cabe agregar que el tribunal a quo ha omitido considerar la constancia de inscripción de la actora ante la AFIP, cuya autenticidad aquella reconoció a fs. 311 vta., de la que surge -entre otros datos- que desde el 01-1984 está registrada en el régimen de trabajadores autónomos (fs. 221).
En ese documento figura como domicilio fiscal el de la calle Juncal … piso … de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coincide c on el del médico oftalmólogo Jorge Eduardo Acosta -según consta en el escrito de la actora de fs. 309 vta.-, que era uno de los profesionales que también operaban en la sede Saavedra del CEMIC (fs. 14). Con arreglo a la declaración de varios testigos, en ese domicilio se encontraba el consultorio particular de la actora (fs. 397 y 441); cuya existencia no fue desconocida por esta (conf. fs. 552). Además, la empresa de medicina prepaga OSDE Binario informó que «Evelina Zechner es prestadora de esta institución desde el 4/5/98 en la especialidad oftalmología» (fs. 382); Galeno Argentina, por su parte, contestó que la actora «se encuentra dentro de nuestra cartilla de prestadores, con vigencia el día 19/9/1988 hasta la actualidad» (fs. 389).
En este contexto, las circunstancias mencionadas y los elementos de prueba descriptos adquieren especial relevancia para la solución de la controversia en atención a la conducta mantenida por las partes mientras duró la relación cuyo carácter la actora ahora controvierte, y no fueron valorados por el tribunal a quo.
7°) Que la conclusión a la que se arriba en la sentencia atacada lleva a la calificación de todos los servicios como dependientes, omitiendo las diferencias que hace el legislador, cuestión que fue analizada en el aludido voto de Fallos: 338:53.
La ley argentina disciplina al contrato de trabajo en la ley 20.744. Para ella el trabajo es una actividad que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla (art. 4° Ley de Contrato de Trabajo), y el objeto del contrato es «prestar servicios» bajo la dependencia de otra persona (art. 21 Ley de Contrato de Trabajo). A los fines de tipificar un vínculo como laboral es necesario precisar el concepto de dependencia, admitiéndose que esta presenta tres aspectos: jurídica, económica y técnica.
En el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el beneficio que genera la actividad va al empresario y no al trabajador. Se sigue de ello la ajenidad de riesgos que son asumidos por el patrono, al contrario de la locación (art. 1630 del Código Civil entonces vigente) El trabajador percibe una retribución, con independencia de que el empleador gane o pierda en su actividad. Aquel «depende» de ese ingreso para su subsistencia. Por ello, aunque hay una gran variedad de remuneraciones que es posible pactar entre empleado y empleador (fija, variable, etc.), lo importante es la función económica de la prestación dineraria. En el contrato laboral la obligación dineraria tiene una función retributiva, a la que la ley, además, le atribuye, como mínimo, la finalidad de asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (art. 116, ley 20.744). Esta causa económico-social es otro elemento que concurre a la tipificación del vínculo como dependiente.
En ese marco, los hechos objetivos y constancias existentes en el expediente detallados en el considerando anterior, analizados en su conjunto, no resultan compatibles con el desempeño de una relación de carácter laboral; por el contrario, se observan acordes al desarrollo de una vinculación en la que la actora asumió el riesgo económico propio de la autoorganización de su actividad profesional.
8°) Que, por otro lado, la sentencia recurrida califica como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación, el cual está presente en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla.
En los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo. Dicha injerencia es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado.
Si se entiende que la sola verificación y control suponen un trabajo dirigido, podría llegarse a la inexacta conclusión de que la mayoría de las prestaciones médicas son dependientes, puesto que normalmente interviene una entidad -obra social, seguro de salud, empresa de medicina prepaga, clínica, hospital público, colegios profesionales- que ejerce un «control» sobre la prestación.
En virtud de estas consideraciones, tampoco está fundado en debida forma el pronunciamiento en cuanto concluyó que los dichos de algunos de los testigos con respecto a la elevación de notas al ya mencionado doctor Acosta -jefe del servicio de oftalmología de la demandada- comunicando cuándo cada profesional médico -incluida la actora- se tomaría su descanso vacacional, y que aquel sería quien confeccionaba la grilla con los horarios de atención a los pacientes, son elementos que darían cuenta de la subordinación de las decisiones de la actora a ciertas limitaciones por la demandada. En efecto, el tribunal a quo no examinó si ellas constituían una genuina manifestación del ejercicio del poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico-asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas, y que fueron compartidas por la aquí reclamante sin que por ello, precisamente, se altere la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos (conf. doctrina de Fallos: 323:2314 y 326:3043; votos del juez Lorenzetti en Fallos: 338:53 y 341:427, «Rica»).
Por lo demás, si bien es propio del poder de dirección del empleador el ejercicio de facultades disciplinarias, el trabajador autónomo no está sujeto a un régimen disciplinario en el sentido propio de la relación de trabajo (de las constancias de autos no surge que la actora estuviera sometida al poder sancionatorio de la demandada), aunque ello no descarta tampoco el sometimiento a un mínimo contralor que debe tener todo establecimiento que preste servicios a terceros.
9°) Que la resolución atacada tampoco considera la buena fe como deber jurídico que debe regir en toda relación contractual y conforme al cual deben conducirse cada una de las partes en razón de la confianza y expectativas que genera en el otro contratante con respecto a su cumplimiento bajo la modalidad legalmente prevista (Fallos: 341:427, voto del juez Lorenzetti).
La prestación que la actora aceptó voluntariamente desarrollar tuvo el mismo carácter durante los 23 años de relación con la entidad médica asistencial; aquella solo manifestó fehacientemente su desacuerdo con respecto a su naturaleza al momento en el que invocó la existencia de un supuesto vínculo de índole laboral no registrado. Este proceder es contrario a la regla de la buena fe al quebrantar la razonable expectativa de la institución de salud con la cual se vinculó durante años en una relación jurídica de servicios autónomos nacida del libre consenso de las partes y que con la plena conformidad de ellas le dieron cumplimiento por fuera del régimen jurídico del derecho laboral.
10) Que, en las condiciones expuestas, corresponde descalificar el fallo recurrido por sus graves defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 110 del recurso de hecho. Notifíquese y, oportunamente, remítase.
RICARDO LUIS LORENZETTI
DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON HORACIO ROSATTI
Considerando:
Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 110.
Hágase saber y, previa devolución de los autos principales, archívese.
JUAN CARLOS MAQUEDA
HORACIO ROSATTI
Del Valle Gómez, Liliana, ZONAS GRISES DE LA DEPENDENCIA. ASPECTOS RELEVANTES. SUPUESTOS MÁS FRECUENTES, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Octubre 2018, Cita digital IUSDC286165A
Aquino, Claudio, LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y LA LOCACIÓN DE SERVICIOS. LOS TRADICIONALES ADVERSARIOS EN LA FRACTURA JURÍDICA Y SOCIAL, Erreius online, Mayo 2018, Cita digital IUSDC285873A
Rica, Carlos Martín c/Hospital Alemán y otros s/despido – recursos de hecho – Corte Sup. Just. Nac. – 24/04/2018 – Cita digital IUSJU025543E
044306E
