Se revoca la resolución apelada y se concluye que la apelación es la vía pertinente para obtener la revisión de las sanciones aplicadas por la falta oportuna de devolución de un expediente judicial, valorándose para ello que el retraso no había ocasionado perjuicio a ninguna de las personas involucradas en el proceso voluntario y que el letrado no tuvo una conducta maliciosa o que persiguiera dilatar o entorpecer su trámite. Es que la solución contraria podía llevar al extremo la aplicación de la regla de la inapelabilidad, al punto de desvirtuar la finalidad perseguida por la ley y llegar a agraviar otras garantías del justiciable, como es la necesidad de ver satisfecha una acabada defensa de sus derechos.
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