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JURISPRUDENCIAEjecutivo. Caducidad de instancia. Devolución del expediente. Carga de impulsar el procedimiento. Remisión a otro tribunal
Se confirma la resolución que decretó la caducidad de instancia en un juico ejecutivo ante la inexcusable inactividad evidenciada en el trámite durante el período previsto por el artículo 310 (inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo se deja constancia que no modificaba el criterio sentado el hecho de que las actuaciones hubieren sido remitidas a otro Tribunal, pues aun así pesaba sobre la actora propender a la devolución de la causa o -en su defecto, si ello no hubiere sido posible- hacerlo saber al Tribunal.
Buenos Aires, 16 de abril de 2019.
Y Vistos:
1. Apeló la parte actora la resolución de fs. 204/206 que decretó la caducidad de instancia.
Los fundamentos del apelante fueron volcados a fs. 209/14 y contestados a fs.220/28.
2. (i) El instituto previsto por el art. 310 del Código Procesal, es uno de los modos de terminación anormal del proceso que tiene lugar cuando el litigante que tiene a su cargo urgir el desenvolvimiento del proceso, no cumple con este deber dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento procesal.
Su fundamento reside, por un lado, en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada y, por otro, en la conveniencia de que en tales circunstancias, el órgano judicial quede liberado de los deberes que le impone la subsistencia indefinida de la instancia (Conf. Carlo Carli, La demanda Civil, La Plata, Ed. Lex, 1980 p. 115 D-A).
Acorde con tal criterio, mientras la demora en el dictado de una providencia no se vincule con el de aquellas resoluciones que hacen al fondo de la disputa, pesa sobre el actor la carga de urgir el dictado de las de simple trámite, pues hacen al impulso correspondiente al estadio procedimental que se aspira a transitar (arg. cpr. 311 y 315; Fassi, S. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I. p. 531, Ed. Astrea, 2da.ed. Actualizada).
(ii) El ensayo argumental desplegado en el memorial no se hace cargo del argumento central que sostiene el decisorio en crisis: la inexcusable inactividad evidenciada en el trámite durante el período previsto por el CPr. 310:2, destacado por el sentenciante en el decisorio de fs.148.
Véase que la recurrente dejó transcurrir el plazo legalmente establecido, sin realizar diligencias que tengan el efecto de hacer avanzar el proceso hacia su completo desarrollo desde el 10/07/2014 hasta la presentación de caducidad formulada el 10/10/2017. En tal sentido, destacase cuanto emerge del certificado obrante a fs. 201.
No modifica el criterio sentado el hecho de que las actuaciones hubieren sido remitidas a otro tribunal, pues aún así pesaba sobre la actora propender a la devolución de la causa o en su defecto, si ello no hubiere sido posible, hacerlo saber al Tribunal.
El hecho de que los actuados fuera enviados a otra dependencia provisoriamente, no es por sí solo demostrativo de la imposibilidad absoluta de proseguir el trámite de la causa, ya que subsiste para las partes el deber de urgir el procedimiento mediante la reclamación de la devolución de aquél con el fin de demostrar su interés en la continuidad del proceso e interrumpir el curso de la caducidad.
Es decir que, la intención de mantener viva la instancia se debe exteriorizar mediante la expresa y concreta actuación del actor tendiente a lograr la prosecución de la relación procesal, lo que se debió traducir en la especie, en alguna forma de requerimiento de devolución del expediente remitido (Carlos J.Colombo- Claudio M. Kiper, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», ed. La ley, Año 2006, T. III, pág. 333; CNCom. Sala E in re «Banco Central de la República Argentina c/ Turay SRL» del 16.6.1982; Sala A «Asociación Mutual y Social para la Rep. Argentina SA S/ Ped. de Quiebra (Banco Finansur SA) del 26/02/2009; Sala A, 27.12.01, «Desiato, Juan Segundo c/ Zayas, Cecilia s/ Ejecutivo»; Sala B, «Marcos Carlos C/ Hillar Hector S/ Reivindicación» del 24/02/1986 ).
En fin, cupo a la actora instar la devolución de la causa al tribunal para su prosecución, sin que el estado procesal que refiere resulte impedimento para ello.
No cambian las cosas los restantes agravios, en tanto el quejoso pretende reeditar cuestiones que debieron ser planteadas en su oportunidad procesal, todo lo cual aquí no aconteció en función de haberse declarado nula la presentación de fs.136/37 (v. fs.178).
3. En mérito de lo expuesto, habiéndose comprobado el objetivo transcurso del plazo establecido por el CPr. 310:2 y no existiendo causal o motivación alguna que pudiera constituir excepción a la aplicación del instituto bajo examen, corresponde confirmar el pronunciamiento en crisis, con costas a la vencida (art. 68 CPr.).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.
La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Ernesto Lucchelli
Rafael F. Barreiro
María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
D. B. A. J. c/M. C. H. y otros s/ejecución honorarios – Cám. Civ. y Com. San Isidro sala I – 12/04/2016 – Cita digital IUSJU007211E
037473E
