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JURISPRUDENCIAResponsabilidad de la empresa de correo. Remisión de telegrama de renuncia falso
Se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda por los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia de la remisión por parte de la empresa de correos a su empleador de un telegrama de renuncia que nunca despachó.
En Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Fachal Luis Roberto c/ Correo Oficial de la república Argentina S.A. s/ Daños y Perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo:
I. El señor Luis Roberto Fachal demandó al Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (“Correo Oficial” o “Correo”) por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la remisión a su empleador de un telegrama de renuncia que nunca despachó. A continuación resumo la versión de lo ocurrido que dio en el escrito inicial.
Fachal empezó a trabajar en la empresa Microómnibus Norte S.A. (MONSA) el 1 de junio de 1976 como conductor contando, al tiempo de los hechos, con más de treinta y seis años de antigüedad. El 19 de julio de 2012 tuvo que interrumpir sus tareas porque se sentía mal; al día siguiente, a eso de las 13:55 horas, concurrió a la sucursal Núñez del Correo Oficial y redactó el TCL … n° … por el que le comunicaba a MONSA la imposibilidad de asistir por problemas de salud. El 23 de julio, ya recuperado, concurrió a las oficinas de MONSA para retomar las tareas pero la empresa le negó el acceso aduciendo que él había renunciado por telegrama el 20 de julio; ante tal situación, al día siguiente, optó por remitirle un TCL a la empresa para que aclarase su situación laboral, al tiempo que presentó un pedido de explicaciones por escrito al Correo Oficial exigiendo que enmendaran el error por el telegrama de renuncia remitido.
De ninguno de los destinatarios obtuvo la respuesta debida por lo cual, después de un intercambio telegráfico con MONSA el 6 de agosto de 2012 se consideró injuriado y despedido por culpa de ésta y la demandó ante el fuero laboral. En lo tocante al Correo, promovió este juicio reclamando la suma de $ 3.076.815 integrada por los siguientes rubros: a) lucro cesante, $ 1.600.000; b) indemnización por despido, $ 928.815; c) daño psicológico, $ 200.000 d) gastos por tratamiento psicológico, $ 48.000; y e) daño moral, $ 300.000, con más los intereses correspondientes y las costas del pleito. Sin perjuicio de esa estimación, dejó librada la cuantía definitiva del resarcimiento a lo que en más o en menos resultare de las constancias de la causa (conf. fs. 31/35) y ofreció prueba. A fs. 187 desistió del rubro “indemnización por despido” por haber recaído sentencia favorable en el expediente tramitado en el fuero laboral.
II. A fs. 78/83 el Correo Oficial contestó la demanda pidiendo su rechazo, con costas. Aunque reconoció que ambos telegramas -el remitido por el actor y el recibido por el empleador de éste- tenían el mismo número de origen, adujo que los perjuicios invocados por Fachal no tenían relación causal con esa circunstancia. A todo evento, impugnó la procedencia de los rubros y las estimaciones de ellos efectuados en la demanda, pidió la citación como tercero de la empresa MONSA y ofreció prueba.
El magistrado admitió la citación de MONSA a fs. 88/89 y la empresa la contestó a fs. 105/115 solicitando que se rechazara cualquier implicación suya en este litigio. Sostuvo que el 21 de julio de 2012 había recibido el telegrama colacionado n° …, despachado por el señor Luis Roberto Fachal desde la Sucursal Núñez del Correo Argentino el 20 de julio de 2012 a las 13:55 horas, en él se leía “RENUNCIO AL EMPLEO DESDE 20/07/2012”. Señaló que, de haberse tratado de un error en la transmisión del telegrama, ello resultaba de la exclusiva responsabilidad de Correo Argentino S.A. por su obrar culposo y negligente.
III. Mediante la sentencia obrante a fs. 422/426, el juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que no se había acreditado el nexo causal entre la conducta de la demandada y los daños sufridos por el actor. En este sentido, sostuvo que el despido había sido consecuencia directa de la actitud extremadamente rígida e inflexible de la empresa MONSA en la coyuntura quien, en lugar de verificar la situación, optó por dar por cierta y definitiva la renuncia de su empleado. Por otro lado, respecto de las partidas atinentes al lucro cesante, daño psicológico y daño moral, precisó que Fachal no las había relacionado con la conducta negligente del Correo sino con el despido laboral, enfoque este que justificaba rechazarlas por contradecir el principio de congruencia (ver fs. 422/426 y vta.).
Apeló el actor (fs. 441 y concesión de fs. 442), quien expresó agravios a fs. 450/455, dando lugar a la contestación de fs. 457/467.
IV. El recurrente arguye que la causa de la desvinculación laboral y de todos los perjuicios que reclama en autos fue el error en el que incurrió el Correo al remitir el telegrama de renuncia falso. Entiende que, más allá del tecnicismo o el rigorismo formal utilizado por el a quo en su sentencia, la deficiente prestación del servicio generó las derivaciones negativas que tuvo que afrontar, tanto en el plano patrimonial como en el extrapatrimonial. A todo evento se agravia de la imposición de las costas.
V. La presente controversia está regida por el Código Civil, pues ese era el ordenamiento legal vigente al tiempo en que ocurrieron las circunstancias a juzgar (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y esta Sala, causa n° 7071/16 del 19/06/2018; Sala III, causa n° 96424/11 del 15/02/2018, entre muchas otras).
Están fuera de discusión los hechos enunciados en el segundo párrafo del primer considerando de este voto. Quiere decir que el 20 de julio de 2012 a las 13:55 horas, Fachal despachó desde la Sucursal Núñez de Correo Argentino el telegrama colacionado n° …, con el número de origen …, destinado a su empleador MONSA en el que comunicaba -de puño y letra- la imposibilidad de prestar servicios por razones de salud. Sin embargo, al día siguiente MONSA recibió del Correo un telegrama en el que figuraba Fachal como remitente y que coincidía en todo con el anterior, excepto en el texto, escrito electrónicamente, que expresaba “Renuncio al empleo desde 20/07/2012” (conf. copias de fs. 3/4, fs. 8, fs. 10/13, demanda de fs. 31/31vta., copias certificadas de fs. 68/70, contestación del tercero citado de fs. 109/113, informes de fs. 296/300 y documentación original del expediente n° 48072/2012 “Fachal Luis Roberto c/ Microomnibus Norte S.A. s/ Despido” que tengo a la vista, especialmente fs. 25, 75, 114/115, 161/162 y 190/192).
La relación jurídica entre el usuario del servicio y la empresa que lo presta está regida por las normas contractuales y legales respectivas, en especial, por aquellas que amparan al consumidor en consonancia con lo que prescribe la Ley Fundamental (art. 42 de la Constitución nacional, arg. de los arts. 1137 y 1197 del Código Civil y arts. 19 a 31 de la ley 24.240).
Con arreglo a esas normas tengo por acreditada la defectuosa prestación del servicio de correo en dos aspectos cruciales; el primero tiene que ver con la falta de entrega del telegrama que efectivamente despachó el actor; el segundo, con la remisión del telegrama falso, es decir, el de renuncia. Salvo que se esté en presencia de una trama planificada con insospechados beneficiarios -lo cual no descarto como hipótesis- es verdaderamente inexplicable ese doble yerro que tiene como punto de convergencia -entre cientos de usuarios diarios que concurren a las oficinas de la demandada- a un trabajador que sólo tenía la intención de dar parte de enfermo. La cuestión a resolver radica en determinar si ese doble yerro alejado, por lo pronto, de la mera negligencia, tuvo eficacia causal para generar los perjuicios cuyo resarcimiento pretende el apelante.
Pues bien, según sea la naturaleza del hecho y la intención del agente (dolo o culpa) el Código Civil acorta o alarga la conexión causal en procura de la solución más justa (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil -Obligaciones-, Buenos Aires, Editorial Perrot, tomo I, págs. 415 y ss.). Desde esa óptica, es causa inmediata y adecuada de un daño aquella que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil). Y es causa mediata previsible de un perjuicio la que relaciona a un hecho antecedente con otro consecuente, que solamente resulta por la conexión del primer hecho con un acontecimiento distinto (art. 901, segunda parte, del Código Civil). La legislación ulterior tiende a diluir esas distinciones al igual que aquellas que conciernen a los distintos ámbitos de responsabilidad (v.gr. art. 1726 del Código Civil y Comercial de la Nación).
La ley admite que la renuncia del trabajador se formalice por medio de despacho telegráfico colacionado al empleador (art. 240 de la Ley de Contrato de Trabajo). Por ende, la consecuencia que ocurre según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901, primera parte, del Código Civil cit.) es la extinción del contrato laboral con las implicancias propias de ella. Si además del falso telegrama de renuncia, el Correo hubiese enviado el verdadero, suscripto de puño y letra del demandante, MONSA habría contado con elementos contradictorios y, por ende, la eficacia causal del primero habría entrado en crisis. Pero ello no sucedió.
Computo además la indiferencia con la que actuó el Correo Argentino ante el reclamo del demandante, actitud esa que contradice el principio de prevención del daño y que, coordinada con el doble yerro que señalé, raya en el incumplimiento doloso de la obligación (arts. 521, 902 y 904 del Código Civil).
No obsta a mi conclusión la condena de MONSA en sede laboral pues ella atañe al incumplimiento del contrato de trabajo, asunto bien distinto de la falta de servicio que se analiza en el marco de situación descrito. Empero, las particularidades de la causa no obligan a mantener este criterio de manera invariable ante futuros casos.
Por lo expuesto, cabe admitir la queja del apelante y abocarse al examen de los capítulos que integran la indemnización reclamada a fin de determinar si ellos encuadran en la categoría de consecuencia resarcible y, en caso afirmativo, proceder a su cuantificación.
VI. Como dije, después de la modificación efectuada a fs. 187, quedaron como objeto de la pretensión el lucro cesante ($ 1.600.000, fs. 32 y vta.), daño psicológico ($ 200.000, fs. 32, III.C) y daño moral ($ 300.000, fs. 32 y vta., III.D).
a. Lucro cesante
Se trata de las ganancias dejadas de percibir a raíz del hecho imputable al deudor (art. 519 del Código Civil).
No hay controversia en punto a que Fachal nació el 30 de noviembre de 1954 (ver fs. 2 del expediente n° 48.072/2012 caratulado “Fachal, Luis Roberto c/Microómnibus Norte S.A. s/ despido” tramitados ante el Juzgado n° 78 de la Justicia Nacional del Trabajo, pedido “ad effectum videndi” y que se tiene a la vista). Era chofer de línea con una remuneración mensual neta de $ 7.142 (bruta de $ 13.924) a mayo de 2012, esto es, dos meses antes del distracto (fs. 29). Su tesis es que, al desvincularse de la empresa por culpa del Correo a los 58 años de edad, éste debe abonarle los salarios que habría podido percibir desde ese momento hasta la edad jubilatoria de 65 años fijada por la ley (fs. 31 y vta. punto III.A.; alegato, fs. 408 y vta.; recurso, fs. 453 y vta. y fs. 454).
Aclaro que la apelante no ha propuesto ninguna fórmula matemática para la determinación de este rubro ni ha aportado elementos que hagan posible adoptar alguna de las que se predican en doctrina. En tales circunstancias, la cantidad de $ 1.600.000 pretendida (fs. 32, primer párrafo) no encuentra correlato en la realidad. En cuanto a la salud de Fachal, no hay prueba de que haya sufrido enfermedades o afecciones que imposibilitaran su desempeño como chofer profesional. En suma, tengo por acreditado el perjuicio y su nexo causal con el hecho, pero debo estimarlo prudencialmente debido a las limitaciones que acabo de señalar. En atención a ello y las fluctuaciones a las que toda actividad laboral y comercial se ve expuesta, fijo el lucro cesante en $ 100.000 con más los intereses que se devengarán a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento a treinta días desde el hecho generador del daño -24 de julio de 2012- hasta el efectivo pago.
b) Daño psicológico.
Cifró este ítem en $ 200.000 relacionándolo con la incapacidad psíquica que ponderó en el 40%. Además incluyó $ 48.000 por el tratamiento psicológico que debía llevar a cabo (fs. 32 y vta., segundo párrafo; alegato, fs. 408/409 y recurso, fs. 454/454 y vta.).
La licenciada en Psicología Cinthia Daiana Talavera entrevistó al actor cinco años después del hecho y, en su dictamen de fs. 307/313, expuso que “…El despido trajo aparejado inconvenientes en diversos aspectos de la vida del señor Fachal. La calidad de vida bajó considerablemente por no poseer un ingreso fijo mensual y pasar a depender de la ayuda de sus cuatro hijos. En el área afectiva se muestra desganado, sin ánimos resignado. En el ámbito familiar, con su pareja parece tener actitudes más agresivas y los hijos son los que solventan los gastos económicos aunque con estos y con los nietos mantiene un buen vínculo…” (fs. 311, punto 1). Como era previsible, ulteriormente aborda aspectos inherentes a la sexualidad y, una carilla después concluye que “…la sintomatología (sic) presentada por el examinado resulta compatible con la existencia de Daño Psíquico y Moral…” con una incapacidad del 10% (fs. 312) y un tratamiento que demandará la suma de $ 43.200 (fs. 313).
El tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho al momento de la entrevista, la falta de fundamento circunstanciado de las conclusiones, algunas de las cuales trasuntan meros puntos de vista basados en generalidades, sin relación visible con las pruebas empleadas para la evaluación (ver 308) son razones suficientes para no tener por acreditada la relación de causalidad entre este rubro y la conducta del Correo (arts. 386 y 477 del Código Procesal).
c) Daño moral
La naturaleza del incumplimiento imputable a la demandada y las circunstancias fácticas reseñadas autorizan a tener por acreditado el daño moral, máxime si se atiende a la flexibilización conceptual que este capítulo (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 5ta. Cuánto por daño moral, Buenos Aires, Editorial Hammurabi SRL, 2005, págs. 28 a 32).
En consecuencia, lo fijo en $ 30.000 con más los intereses de acuerdo a las pautas establecidas para el Lucro cesante (último párrafo del apartado a).
Por ello, juzgo que el fallo debe ser revocado y la demanda admitida en los términos indicados precedentemente. Dado que el actor triunfó en los aspectos centrales de su pretensión (responsabilidad y dos de los tres ítems demandados) y que reviste condición de usuario frente a la demandada, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Así voto.
El doctor Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.
Buenos Aires, 18 de junio de 2019.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y admitir la demanda condenando al Correo Oficial de la República Argentina S.A. al pago de $ 130.000 con más los intereses indicados en el Considerando IV, último párrafo de los apartados a) y b) y las costas del juicio (artículo 70, primer párrafo, del Código Procesal).
Por la forma en la que se decide y lo prescripto por el art. 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 426 y vta. y proceder a fijarlos por ambas instancias.
Primera instancia: considerando la naturaleza del proceso, el resultado obtenido, el monto por el que prospera la demanda -comprensivo del capital e intereses-, las etapas cumplidas, el carácter de la actuación, y el mérito, la eficacia y extensión de la labor, se establecen los emolumentos del letrado de la parte actora, doctor Sebastián Pablo Docampo, en la suma de $ 37.000 -1 y 2 etapa-, a los de los letrados apoderados del demandado, doctores Pablo Martín Krzyzanowki en la cantidad de $ 23.300 -1 y 2 etapa- y a Ernesto Rubén Cantú, por su participación en la audiencia de fs. 235, el monto de $1000 y a la representación y dirección letrada del tercero citado Microomnibus Norte S.A., doctor Miguel Ángel Ameglio en la suma de $ 23.300. (artículos 6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por ley 24.432).
De acuerdo a lo establecido por los arts. 3 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, adoptado por el Alto Tribunal en el fallo “Costa Francisco”, las leyes rigen para el futuro y se aplican a las consecuencias en las relaciones jurídicas preexistentes. Por lo tanto, las tareas correspondientes a la tercer etapa del juicio y las de alzada deben ser reguladas en base a lo dispuesto por la ley 27.423 que entro en vigor el 23/12/17.
En consecuencia, por la tercer etapa se fijan los honorarios del doctor Sebastián Pablo Docampo en la suma de $ 35.773 (… UMA) y para el doctor Pablo Martín Krzyzanowki la cantidad de $ 26.809 (… UMA).
En atención a las cuestiones sobre las que debieron expedirse la perito psicóloga, licenciada Cinthia Daiana Talavera y el ingeniero en sistemas Mariano Nicolás Amoroso, se establecen sus honorarios en $ 15.300, para cada uno de ellos.
Conforme a lo establecido en el art. 28, inc. f, del Decreto 2536/2015 modificatorio del Decreto 1467/11 en lo pertinente, se establecen los honorarios del mediador, doctor Carlos Alejandro Feroce en la suma de $ 10.000.
Segunda instancia: atendiendo al resultado de los recursos y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado de la parte actora, doctor Sebastián Pablo Docampo, la suma de $ 21.829 (… UMA) y los del demandado, doctor Pablo Martín Krzyzanowki la cantidad de $ 15.023 (… UMA), artículo 30 de la ley 27.423 y Acordada n° 11/2018.
La doctora Graciela Medina no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Guillermo Alberto Antelo
Ricardo Gustavo Recondo
042465E
