Por mayoría, se hace lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, atento a que transcurrieron más de diez años desde el inicio de la ejecución hasta el libramiento del mandamiento de intimación de pago. El voto mayoritario explicó que una interpretación literal de lo dispuesto en el art. 3987 del Código Civil conduciría a la inaceptable consecuencia de que, mientras no medie notificación, la interrupción extiende sus efectos indefinidamente, convirtiendo el plazo en potestativo, lo que deriva en un ejercicio disfuncional del derecho que no es admitido por el Código Civil.
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