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JURISPRUDENCIAFacilitación de la prostitución. Explotación económica. Condena penal
Se confirma el fallo condenatorio del imputado como autor penalmente responsable de los delitos de facilitación y explotación económica de la prostitución de mayores de edad, al poder inferirse razonablemente una vinculación del nombrado con el establecimiento en el que se constató efectivamente el desarrollo de las actividades ilícitas tipificadas y que aquel era el dueño del local, el que facilitaba para el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad y quien conocía y aprovechaba económicamente la actividad que allí se desarrollaba.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el 1 de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Jueces de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca integrada por los Doctores Gustavo Ángel Barbieri, Pablo Martín Poggetto y Adrián Angulo (conforme surge de fs. 850 y 854), para resolver en la del registro de este Cuerpo caratulada » I., G. A. s/ facilitación y explotación económica de la prostitución de mayores e edad», y practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri, Poggetto y Angulo, resolviendo plantear y votar las siguientes:
CUESTIONES
1ra.) ¿Resulta admisible el recurso interpuesto?
2da.) ¿Es justo el veredicto condenatorio puesto en crisis?
3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACIÓN
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: A fs. 750/761 los Sres. Jueces de la Sala II de esta Cámara de Apelación y Garantías Dptal., revocaron el veredicto absolutorio dictado a fs. 702/708 por el Sr. Juez a cargo Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental -Dr. Gabriel Luis Rojas-, reenviando la causa a la instancia de origen para que -habiendo sido el I., G. A. declarado autor penalmente responsable de los delitos de facilitación y explotación económica de la prostitución de mayores de edad, en concurso ideal- se de tratamiento a las restantes cuestiones y se impusiera la pena que se considerare corresponder.
Posteriormente, a fs. 779/782, se prosiguió el trámite en legal forma y en primera instancia se le impuso la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión; siendo que a fs. 844/847 y vta., el Sr. Defensor Particular -Dr. Juan Manuel Martínez- interpuso recurso de apelación contra el veredicto condenatorio dictado por la Sala II de esta Cámara.
Solicita que la impugnación se conceda ante esta Sala I, por aplicación de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 108.199 (res. del 24-06-15), caratulada «Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de Casación. Recurso Extraordinario de Nulidad»; y que se revoquen los fallos dictados.
El remedio ha sido interpuesto en debido tiempo y en él se cuestiona la valoración probatoria realizada para fundar la condena; sosteniéndose que se ha violentado el principio de inmediación y oralidad propio del debate, y que en segunda instancia se realizó una arbitraria valoración probatoria (en lo que hace a la autoría de su asistido en el hecho imputado).
Por esas razones, habiéndose radicado la causa en esta Sala I para llevar a cabo dicha revisión integral de la condena, corresponde (con esos alcances) declarar admisible el recurso.
Respondo entonces, por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR POGGETTO, DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168 y 171 de la C. Prov. y 371, 371 ccdts. Del Rito).
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ANGULO,
DICE: Adhiero por sus fundamentos al sufragio del colega que abre el acuerdo y voto en idéntico sentido (arts. 168 y 171 de la C. Prov. y 371, 371 ccdts. del Rito).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR BARBIERI, DICE: El apelante se agravia por considerar que se ha violentado el principio de inmediación y que la decisión dictada en segunda instancia se ha basado en cuestiones que resultaban imposibles de conocer por esos Jueces, por no haber participado del juicio oral. Expresa que ello implicó que se distorsionen los fundamentos -absolutorios- del Juez de Grado, quien sí presenció el debate y las declaraciones que allí se prestaron, poniendo de resalto «…la impresión creíble, infisurada, cierta y lógica que le causara el imputado al momento de declarar…».
Señala que el impacto personal que causó en el Magistrado, es compatible con lo expresado por el jefe de investigación que actuó en la instrucción, en cuanto sostuvo que «…el perfil de I., G. A. (léase jugador de fútbol y dueño de una fábrica de pastas) no le daba para sospechar que el encartado podría resultar ser el dueño del local Takos…»; y que recién fue el contenido del expediente municipal lo que los inclinó a pensar lo contrario.
Sin embargo, destaca la defensa, el procesado explicó adecuadamente el por qué de esa habilitación, la cual sería con la finalidad de poner un resto y expendio de pastas, lo que no tendría relación con la actividad ilícita que se constatara en el lugar, la cual -de por sí- dijo desconocer. Agrega que el pedido de habilitación comercial no puede relacionarse «…con la actividad pretérita que desde años veía desarrollándose en el local Takos, como le refirieron los testigos en el debate…».
Sostiene que lo relatado por el testigo A. al manifestar que «…iba a una señora que miraba a las chias y se iba … que estaba en 2015 más o menos…» puede ser relacionado con la actividad de los anteriores dueños del lugar y que es compatible con lo declarado por el encargado del local -V.-, quien dijo que la mamá de M. G. se presentaba en (varias oportunidades) el local para controlarlo.
A su vez, sostiene que otra razón que abona a la falta de participación de I., G. A. en la actividad ilícita, es que si bien el encargado del lugar tenía agendado su número de teléfono en su propio celular, no se halló ninguna comunicación, ni mensaje entre ambos.
Expresa que el local Takos funcionaba hace muchos años y que «…tal indicio de antigüedad comercial, robustece la versión de I., G. A., al referir que el local comercial se mantuvo en manos de los anteriores dueños, hasta que el propio encartado se haga cargo luego de la finalización dela temporada estival que desarrollaba en la ciudad de Pinamar…». Refiere que «…Aquellos 6 meses que I., G. A. se ha tomado para tramitar todas las exigencias administrativas, no ha sido más que en aras de cumplimentar con sus obligaciones tributarias, fiscales y administrativas, en pro de su deseo comercial en el rubro que ya venía conociendo y que no era otro que el expendio de platos de pastas, bajo la modalidad resto..»
Cuestiona que se vincule el sobre hallado con la letra G con el imputado I., G. A., preguntándose (¿) «…se puede sostener que por el hecho de tener estampado el nombre G., eso lo relaciona con I., G. A., y con un conocimiento de la actividad que se venía desarrollando?…», cuestionando ese razonamiento vertido en los fundamentos del veredicto condenatorio. Solicita revocación y absolución.
Analizados los agravios y el contenido de la resolución impugnada propondré no hacer lugar al recurso interpuesto y la confirmación del veredicto condenatorio de fs. 750/761 y vta.
En relación al primer agravio, considero -a diferencia de lo alegado por la defensa- que en la resolución apelada no se ha valorado información que pudiera ser sólo apreciable mediante la inmediación propia del debate.
Como puede leerse a fs. 752/753, la decisión apelada no se ha basado en cuestionamientos con respecto a las «impresiones personales» que pudo haber tenido el Juez de Grado (más allá de qué tan fiables y científicamente respaldables pudieran considerarse), sino que se ha apoyado en un análisis del contenido de las declaraciones prestadas en el debate, en especial de la ofrecida por el imputado. A ese contenido se puede acceder tanto por la información plasmada en el acta del juicio como por la valoración de las referencias que ha reflejado el Juez de Primera instancia en su decisorio (que dan cuenta de las manifestaciones vertidas en el debate).
Así, el contenido de los dichos de los participantes del juicio -aún con el limite que impone que deba restringirse sólo a los datos que se plasman en el acta y en la valoración efectuada en el veredicto- es «revisable» en segunda instancia, pudiéndose efectuar el análisis para evaluar la credibilidad o fiabilidad, a la luz de la consistencia y coherencia que presente, tanto dentro del propio relato (coherencia interna), como en relación al resto de las pruebas producidas y a las máximas de experiencia y de la lógica, que guían a la sana crítica racional.
Nótese que esos han sido los aspectos de las declaraciones en las que se basara la valoración llevada a cabo en el veredicto condenatorio dictado por la Sala II, centradas -en parte- en el contenido de lo manifestado por los testigos y por el imputado, y en la información que de esos medios pudo extraerse.
Destaco que en ese fallo se tuvo en cuenta que ante un plexo probatorio que permitía vincular al imputado con los hechos ilícitos que se desarrollaban en el local Takos, la versión ofrecida por I., G. A. presentó diversas inconsistencias y una cuestionable credibilidad al ser contrastada con el resto de la prueba.
Así, se valoró la solicitud de habilitación municipal del local a nombre del imputado I., G. A., el que fuera habilitado comercialmente por la municipalidad de Coronel Rosales a partir del 1 de junio de 2014, bajo su titularidad; y -también- el contrato de locación a su nombre con fecha 27 de diciembre de 2013. De esos documentos puede inferirse razonablemente una vinculación del nombrado con el establecimiento en el que se constató, efectivamente, el desarrollo de actividades ilícitas vinculadas a la facilitación y explotación económica de la prostitución de mujeres mayores de edad.
A su vez, se tuvo en cuenta que la persona que fuera identificada como «encargado del lugar» -V., S. E.- (quien fuera condenado como partícipe de las conductas que hoy se le endilgan a I., G. A.), tenía en la agenda de su teléfono celular registrado el número telefónico de I., G. A. bajo el nombre «G.», tal como es -efectivamente- su nombre de pila.
A esas circunstancias, se agregó que en el allanamiento realizado en el lugar, donde se constató la presencia de mujeres de distintas nacionalidades ejerciendo la prostitución, se halló un sobre marrón que tenía inscripta la letra «G» y que contenía 2000 pesos en efectivo, y una hoja con la inscripción «G.» junto a una suma de dinero (ver. 754 vta.); lo que es compatible con el nombre de pila del procesado y permite inferir su relación con esas sumas dinerarias.
Agrego, por último, y en lo que hace la prueba sobre la vinculación de I., G. A. con el local y su autoría en el hecho imputado, que no puedo dejar de mencionar que V.modificó parcialmente la declaración que prestara en el debate donde resultara condenado. Sin embargo ello no permite excluir a I., G. A. como autor de los hechos, ya que su vinculación surge -aún- de la nueva versión ofrecida por el primeramente mencionado. De acuerdo a lo plasmado por el Juez de primera instancia, V. a fs. 704 «…ratificó su rol de encargo del comercial en cuestión, dijo no conocer personalmente a quien refirió ser I., G. A., con el cual se comunicaba únicamente por teléfono, pese a lo cual no le reconoció la voz en el debate; mencionó que el mismo sería el dueño, lo que sólo sabe por «los papeles», es decir por la habilitación concedida a su nombre, agregando que la recaudación y el sueldo del dicente se dejan en una caja negra con clave, lo que se sigue que ese era el único nexo habilitado con el dueño…».
Esa mecánica operativa fue descripta por el Oficial Inspector de Policía Federal, B., L., como una forma habitual de organización funcional en este tipo de delitos
Ello lo destaco porque, sumado a las pruebas evaluadas en los párrafos precedentes, es remarcable que el encargado del lugar (quien dijo no tener contacto directo con los dueños), identificó como propietario al propio I., G. A., expresando que «…el tal I., G. A., al tomar la dirección del lugar, dijo telefónicamente ser el dueño nuevo y que siguieran todo como estaba…», especificando que el dueño anterior era el padre de un amigo suyo, siendo su nombre era A. Y que luego el propietario fue su amigo, de nombre M. G., C., siendo que -en ese lapso- la madre de M. G., C. se manejaba como dueña.
Ahora bien, ante el conjunto de prueba colectada, puede inferirse -tal como consideró la Sala II-, que I., G. A. era el «dueño» del local, el que facilitaba para el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad, quien conocía y aprovechaba económicamente la actividad que allí de desarrollaba
Por su parte el imputado ofreció una versión de descargo por la que intentara explicar y justificar las diversas pruebas que los vinculan a la actividad ilícita. Refirió que, a través de una persona de nombre P., conoció a un sujeto que se llamaría D., A. G. que explotaba el lugar y que «…estaba cansado del boliche, que tenía demasiada competencia en la cuadra y que quería desprenderse del mismo…». Que a él le interesó porque tenía buena cocina y barra, y por ello se contactó con el dueño del local -de apellido G.-, y firmaron el contrato de alquiler el 27 de diciembre de 2013, siendo que firmaron rápido porque «… D., A. G. quería desprenderse de los empleados a los que el dicente, como parte del intercambio, contrataría, asegurándoles la continuidad…».
El imputado aclaró que, aun cuando ya había alquilado el inmueble, no comenzó a desarrollar las actividades gastronómicas que tenía pensadas hasta no tener todas la habilitaciones (los trámites de bomberos, luz y gas) por lo que «…Alejandro se comprometió a abonarle el alquiler y continuó desarrollando las suyas…», aclarando que dijo desconocer «…el comercio de Alejandro con anterioridad, como también el rubro al que realmente se dedicaba, el que entendió se traba -como lo definía Alejandro- de un boliche tipo bar…». Expresamente dijo que «…recién cuando fue citado por la Municipalidad por una multa que le impusieron, se enteró del allanamiento realizado allí…»
Entiendo, tal como se consideró al dictarse veredicto condenatorio que se ha recurrido, que la versión de I., G. A. es insuficiente para menoscabar el peso probatorio que surge de la evaluación conjunta de los diversos elementos reseñados y que dan cuenta de su estrecha vinculación con el lugar y, especialmente, con al actividad que allí se ejercía.
Destaco, esencialmente, que la insuficiencia de la justificación intentada por el procesado se deriva de los -por lo menos- inusuales que resultan -a la luz de la sana crítica racional- las prácticas comerciales que ha descripto haber realizado y por las que terminaría, de acuerdo a su versión, accidentalmente relacionado con un luga r donde se ejercía la prostitución, sin saberlo.
Señaló, entre esas particularidades, el hecho de que él hubiera alquilado un local comercial en el año 2013, abonando mensualmente el precio, pero sin hacer uso del mismo, sin visitarlo ni verificar su estado de conservación y dejando que siguiera siendo utilizado por una persona que casi no conocía, de la que no sabía a qué se dedicaba efectivamente, sin realizar ningún contrato de sub locación y pautando de un manera absolutamente informal la retribución de un alquiler. Es digno de especial atención que la solicitud de habilitación comercial fue presentada por I., G. A. el 25 de junio de 2014, lo que indicaría que -por lo menos- por el lapso de 6 meses habría estado en esta situación, sin contrato alguno.
Destaco que no solo no ofreció ningún otro dado de D., A. G., sino que tampoco explicó en qué forma y dónde le abonaba el alquiler, ni la suma que pagaba, ni aportó ningún tipo de recibo o dato que respalde sus dichos, lo que incide en la fuerza que puede reconocerse a su relato y a la credibilidad de sus dichos que describen una operatoria comercial sumamente inusual, a la luz de las máximas de experiencia relativas a lo que podrían considerarse actividades negociales habituales.
Remarco, también, que I., G. A. expresó que el acuerdo con esa persona de nombre D., A. G. implicaba que aquellas personas que trabajaban en el lugar continuarían haciéndolo en el emprendimiento gastronómico que -dijo- planificaba llevar cabo.
Sin embargo nunca especificó qué alcances tenía ese compromiso, si las personas a las que se refería y que trabajaban para esta persona estaban adecuadamente registradas, cuántas eran o qué tareas desempeñaban, y cuáles iban a desarrollar en el nuevo comercio; ni si efectivamente verificó de que estuvieran capacitadas para cumplir con las tareas que su emprendimiento requeriría.
Esa carencia de datos afecta la credibilidad de la versión ensayada por el procesado.
Remarco que esa hipótesis, más allá de las diversos aspectos señalados y que afectan el peso que pretende asignarle la defensa, no permite dar cuenta de un fragmento importante de lo declarado por el encargado del lugar -V.-, quien dijo expresamente que habló con I., G. A. por teléfono «…que el mismo sería el dueño…» y que «…el tal I., G. A., al tomar la dirección del lugar, dijo telefónicamente ser el nuevo dueño y que siguieran como estaba…».
Esa evidencia, que vincula explícitamente a I., G. A. con el local y con el aprovechamiento económico de la actividad delictiva que allí se practicaba, no puede ser adecuadamente justificada por la versión que ha ensayado en su defensa, habiéndose limitado a sostener -el imputado- que Velázquez nunca lo llamó por teléfono, lo que resulta insuficiente a la luz del conjunto de prueba que avala su autoría en los delitos imputados.
A su vez, su versión, de acuerdo a la que no tendría ningún tipo de vinculación con V., no permite dar cuenta -tampoco- de la constancia que obra a fs. 567, donde consta la firma de V., S. y abajo la del aquí imputado – I., G. A.-, como certificación de que ambos recibieron la debida capacitación sobre seguridad higiene y medioambiente, necesaria para la habilitación del lugar.
Por estas razones, considero -tal como ha resuelto la Sala II de esta Cámara de Apelaciones y Garantías- que de la prueba reunida puede tenerse por acreditada , con el grado de convicción requerido para imponer una condena, la materialidad ilícita de los delitos imputados y la autoría de I., G. A. en ellos, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar el veredicto apelado.
Sin perjuicio de ello, atento que conforme surge de fs. 51/52 y vta. y de fs. 256/260, al momento del allanamiento había dos personas que actuaban como lavacopas y como encargado de la barra – A., C. E. (DNI nro. …) y G., F. R. (DNI nro. …)-, cuya vinculación con los ilícitos no ha sido investigada; surgiendo la posible comisión de delitos de acción pública, corresponde extraer copia de esta resolución, de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta., y remitirlas al Ministerio Público Fiscal a los efectos que correspondan.
A su vez, y dado que los nombrados presentaron al momento de allanamiento credenciales de la Armada Argentina, corresponde librar oficio a esa fuerza, a fin de remitir copias de copias de esta resolución, de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta, y hacer saber lo resuelto en esta causa, con el fin de poner en conocimiento la vinculación que tenían los nombrados con el comercio donde se constataron los delitos que fueron materia de juzgamiento.
Por último, teniendo en cuenta las actividades ilícitas que se desarrollaban en el inmueble y las diversas constataciones que se realizaron en el lugar en el marco del expediente de habilitación, sin que se de cuenta de los ilícitos constatados en esta causa, en especial las realizadas por los Sres. T., R., G., D. M. y M., G.; corresponde -también y ante la posible comisión de un delito de acción pública- remitir al Ministerio Público Fiscal, copia de esta resolución, de fs. de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta, de fs. 520, 526 y 586, a los efectos que se estime corresponder; a la Municipalidad de Punta con respecto a los funcionarios públicos para que se determinen las responsabilidades administrativas.
Respondo por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR POGGETTO, DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168 y 171 de la C. Prov. y 371, 371 ccdts. Del Rito).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ANGULO,
DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168 y 171 de la C. Prov. y 371, 371 ccdts. Del Rito).
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el resultado alcanzado en las cuestiones anteriores corresponde declarar admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo condenatorio de fs. 750/761 y vta. (arts. 210, 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).
Y librar las comunicaciones correspondientes para investigar los delitos de acción publica que pudieren corresponder, como asimismo las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados.
Así lo voto.
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR POGGETTO, DICE: Adhiero a la propuesta que antecede (art. 371 y ccdtes. Del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ANGULO, DICE: Adhiero a la propuesta que antecede (art. 371 y ccdtes. del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial).
Con lo que terminó este Acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.
SENTENCIA
Bahía Blanca, 1 de noviembre de 2019.
Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que es justo el fallo apelado.
De acuerdo a los fundamentos expuestos éste TRIBUNAL RESUELVE: declarar admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo condenatorio en lo que fue materia de agravio (arts. 210, 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).
Notificar electrónicamente al Ministerio Público Fiscal.
Surgiendo la posible comisión de un delito de acción pública por parte de A., C. E. (DNI nro. …) y G., F. R. (DNI nro. …), cuya vinculación con los ilícitos no ha sido investigada, corresponde extraer copia certificada de esta resolución, de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta., y remitirlas al Ministerio Público Fiscal a los efectos que correspondan.
Librar oficio a la Armada Argentina , a fin de remitir copias certificadas de esta resolución, de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta., con el fin de poner en conocimiento la vinculación que tendrían los nombrados -quienes cumplirían funciones en esa fuerza- con el comercio donde se constataron los delitos que fueron materia de Juzgamiento.
A su vez, ante la posible comisión de un delito de acción pública por parte de los Sres. T., R., G., D. M. y M., G., remitir al Ministerio Público Fiscal, copia certificada de esta resolución, de fs. de fs. 51/52 y vta, de fs. 256/260 vta., de fs. 702/708, y de fs. 750/761 y vta, de fs. 520, 526 y 586, a los efectos que se estime corresponder; como asimismo iguales copias certificada al Municipio de Coronel Rosales a sus efectos.
Hecho devolver a la instancia de origen donde deberán realizarse las restantes notificaciones.
M. T., M. A. s/recurso de casación – Trib. Casación Penal La Plata- sala V – 08/11/2016 – Cita digital IUSJU012018E
044481E
