Se revoca la resolución apelada y se eleva el monto del arraigo, al concluirse que la suma fijada no guardaba relación con los emolumentos que se establecían actualmente a los profesionales en los juicios donde se debatían derechos marcarios, de modo que el arraigo de autos no cumplía la función de garantía, por lo que debía ser elevado en una proporción que no importase limitar el acceso a la justicia de quien era citado a juicio ni su derecho de defensa.
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