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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2020.
Y VISTOS:
I. La defensa apeló la decisión por la que se rechazó el planteo de nulidad deducido contra la declaración indagatoria y posterior procesamiento de D. C. G. S., y solicitó tener por fundada la apelación con el recurso interpuesto oportunamente, mientras que la Fiscalía General incorporó la réplica al sistema “Lex-100”, por lo que el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver.
II. El recurrente sostuvo que el procedimiento llevado a cabo resulta ser irregular, pues la concreción de la declaración indagatoria de G. S. tuvo lugar con basamento en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, aprobada por la ley 26.139 (en adelante Convención Interamericana) y no con sustento en el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto entre las Repúblicas de Argentina y Colombia, aprobado en este país por la ley 25.348 (en adelante Acuerdo de Asistencia Judicial).
Al respecto, señaló que la Convención Interamericana aludida no contempla la posibilidad de recibirle declaración a quien tenga la calidad de “imputado” en el Estado requerido, circunstancia que si bien se encuentra prevista en el Acuerdo de Asistencia Judicial, no podía cumplirse puesto que su artículo 4, apartado 3, inciso “a”, veda su aplicación para “la detención de personas con el fin de que sean extraditadas” y “las solicitudes de extradición”.
Asimismo, se agravió al entender que se ha menoscabado el derecho de defensa que le asiste a G. S., quien prestó la declaración indagatoria mientras se encontraba privada de su libertad en la República de Colombia y mediante una videoconferencia, sin que surjan constancias que acrediten la posibilidad de la nombrada de haber compulsado las actuaciones.
Por otro lado, manifestó que el procesamiento de su pupila procesal constituye un acto jurisdiccional emitido por una autoridad que no tiene potestad para ello, en atención a que ha operado el plazo previsto por el artículo 11 de la Convención sobre Extradición suscripta en la VII Conferencia Internacional Americana, que se desarrolló en la ciudad de Montevideo en 1933, ratificada por el decreto-ley 1638/1956 (en adelante Convención de Montevideo).
III. A fin de lograr un adecuado abordaje de la cuestión traída a conocimiento de la Sala, corresponde hacer una breve mención de los distintos acontecimientos que se desarrollaron en el proceso.
Con el propósito de recibirle declaración indagatoria a G. S., se encomendó su detención nacional e internacional. La causante fue habida el 15 de abril de 2019 en la República de Colombia, frente a lo cual la instancia anterior reclamó su detención con fines de extradición, que al cabo resultó concedida el 2 de enero de 2020 y la nombrada fue puesta a disposición de la República Argentina el 11 de junio pasado (fs. 1636).
Los plazos previstos en el trámite de extradición fueron suspendidos por decisión del Poder Ejecutivo de la República de Colombia, habida cuenta de la emergencia sanitaria provocada por el “COVID-19”. Sin embargo, el 25 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia de dicho país declaró la inconstitucionalidad de la aludida suspensión y G. S. quedó a disposición del Estado argentino para concretar su traslado a partir de esa fecha, que finalmente no pudo materializarse con motivo de la pandemia y el pasado 26 de agosto la imputada recuperó su libertad al haber vencido el plazo de dos meses previsto en el artículo 11 de la Convención de Montevideo.
Previamente a que obtuviera la libertad, el 12 de mayo pasado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, se solicitó al Estado requerido la posibilidad de que G. S. declarara en indagatoria mediante una videoconferencia desde su lugar de alojamiento. Dicha petición se fundó en lo dispuesto por el artículo 3.1, apartado “e”, del Acuerdo de Asistencia Judicial.
La solicitud tuvo acogida favorable por el Director de Asuntos Internacionales de la República de Colombia (ver oficio del 10 de junio del año en curso), razón por la que se iniciaron los trámites necesarios para poder concretarla.
En ese contexto, ante la inminencia del vencimiento del plazo establecido en el artículo 11 de la Convención de Montevideo y como la unidad carcelaria no brindaba respuestas para concretar la diligencia, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Nación a fin de que, a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de nuestro país (DIGCRI), se llevaran a cabo las gestiones pertinentes para materializar el acto.
Así, el 24 de agosto último -dos días antes de que la causante recuperara la libertad-, se concretó su declaración indagatoria mediante el sistema de videoconferencia.
IV. Al respecto, si bien finalmente se fundó su petición en la Convención Interamericana y no en el Acuerdo de Asistencia Judicial, no existen motivos para sostener que el procedimiento llevado a cabo hubiera resultado irregular.
En efecto, las diligencias practicadas por medio del organismo aludido del Ministerio Público Fiscal de la Nación fueron admitidas por el Estado requerido -que permitió la concreción del acto-, de modo que, en el caso de considerarse que el procedimiento que se intentaba celebrar carecía de marco legal, la República de Colombia no hubiese accedido a la materialización de la declaración indagatoria de la imputada.
Además, el artículo 3, inciso 1, apartado e, del Acuerdo de Asistencia Judicial -por cuya aplicación, en todo caso, bregó la defensa- permite el interrogatorio de imputados sin que -a diferencia de lo sostenido por el recurrente- dicha medida haya servido de basamento legal para procurar la detención de G. S. ni su extradición, circunstancias expresamente vedadas en el artículo 4, inciso 3, apartado a, del Acuerdo aludido.
De hecho, el oficio que había remitido la Fiscalía General de Colombia el 10 de junio pasado reza que “con fundamento en el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Colombia, celebrado el 03 de abril de 1997, es posible que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por medio de la Reclusión de Mujeres ‘El Buen Pastor’ y el Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, realice las coordinaciones necesarias con la autoridad competente en la Republica de Argentina, para llevar a cabo a través de videoconferencia las audiencias para la imposición de cargos y recepción de descargos con los mencionados ciudadanos y las conferencias con los abogados defensores”.
Por otro lado, el mentado Acuerdo de Asistencia Judicial no excluye la aplicación de la Convención Interamericana.
En ese sentido, se ha sostenido que “existen diferentes tipos de tratados susceptibles de ser utilizados como base de requerimientos de cooperación internacional en materia penal y extradición. En un primer lugar encontramos aquellas convenciones específicas sobre esas materias firmadas entre dos Estados, es decir tratados bilaterales sobre asistencia en materia penal y extradición, que han sido suscriptos con la voluntad de cooperar en el marco de investigaciones penales entre ambos. Otro grupo lo constituyen los tratados regionales cuyo fin es regular las relaciones de cooperación entre Estados. Es similar al anterior, pero es basamento de cooperación entre más de un Estado. Estos dos grupos de tratados son los de mayor utilización en la práctica, en razón que en su articulado suelen tener previsiones sobre todos los aspectos de cooperación” (Basabe, Horacio -Embajador a cargo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional- y Solernó, Diego -Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal-, “Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal”. Normativa vigente. Segunda Edición, 2015, pp. 13 y 14. Publicado en la página web www.cooperacion-penal.gov.ar).
De ello puede colegirse, tal como lo manifestó la Fiscalía, que dichos instrumentos internacionales se complementan y nada obsta a que la Convención Interamericana pudiera aplicarse de manera paralela al proceso de extradición de la imputada.
Por otro lado, la aludida Convención Interamericana, en su artículo 7, inciso “b”, establece que “La asistencia prevista en esta convención comprenderá, entre otros, los siguientes actos…recepción de testimonios y declaraciones de personas”, mientras que el inciso “j” alude a “cualquier acto siempre que hubiere acuerdo entre el Estado requirente y el Estado requerido”, dispositivo que debe cohonestarse con el juego de los arts. 3, 67 y 78 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, a partir del cual se prevé, en el capítulo de la “Asistencia en la Investigación y Juzgamiento de Delitos”, que un imputado declare en el país, en función de que la ayuda se rige por el principio de reciprocidad.
En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, se desprende del mentado art. 7, inciso “b”, de la Convención Interamericana la posibilidad de recibir una declaración indagatoria, pues la expresión “recepción de testimonios y declaraciones de personas” comprende tanto a los testigos como a quienes se encuentran sometidos a investigación en calidad de imputados, ya que -tal como se sostuvo en la instancia anterior- se trata de las dos formas en las que una persona puede brindar declaración en el marco de un proceso penal y en nuestro país con arreglo a las modalidades que ofrece el Código Procesal Penal de la Nación (arts. 239, 279 y 294), de suerte tal que debe asumirse ese entendimiento, máxime cuando se está ante un tratado celebrado entre varios países, de modo que sus términos deben adecuarse a las distintas acepciones utilizadas en la normativa interna de todos ellos.
Con respecto a la realización del acto mediante una videoconferencia, cumple mencionar que “uno de los hitos evolutivos más relevantes de la asistencia mutua fue la consideración de procedimientos dirigidos a posibilitar el desplazamiento de las autoridades jurisdiccionales del Estado requirente hacia el requerido, a fin de intervenir directamente en la actuación de diligencias procesales de investigación. A esta posibilidad puede sumársele hoy la utilización de los medios informáticos para el diligenciamiento de esas medidas y que ni siquiera requieren del desplazamiento de funcionarios, testigos o imputados. Concretamente se hace referencia a la utilización de la ‘videoconferencia’ como elemento de ayuda y mayor agilidad para los trámites procesales” (CERDEIRA, Juan José, Cooperación internacional contra el crimen organizado, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2011, p. 46).
En lo que hace al régimen doméstico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun con anterioridad a la situación particular del virus “COVID-19”, mediante su Acordada 20/13, del 2 de julio de 2013 (Expediente Nº 2267/13), ha previsto la posibilidad de materializar las declaraciones no sólo de testigos o peritos sino de imputados mediante el procedimiento de la videoconferencia, en casos en “que no sea oportuno o posible que quien deba comparecer acuda personalmente a la sede del tribunal”.
En ese sentido, esta Sala ha sostenido que “sobre la base de un juicio de razonabilidad, podrá concretarse, en su caso, mediante el aludido sistema, según la reglamentación que acompaña a dicha Acordada, siempre que a diferencia del exhorto no importa la delegación del acto en otra autoridad judicial” (causas números 73.193/13, “Terlinden, J.”, del 14 de septiembre de 2015 y 66.773/13, “García, S. P.”, del 29 de marzo de 2016).
Precisamente y con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el más Alto Tribunal avaló nuevamente mediante las Acordadas números 6/2020, 12/2020 y 14/2020 la utilización de la videoconferencia como herramienta para obtener las declaraciones en un proceso.
En igual sentido se expresó esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en el marco del Acuerdo General del 16 de marzo último.
Por lo expuesto, la circunstancia de que G. S. prestara declaración indagatoria mediante el sistema de videoconferencia desde el país en el que -para ese entonces- se encontraba detenida, no implicó afectación alguna de sus derechos constitucionales, pues en el supuesto de haber podido ingresar al país el acto se hubiese celebrado de la misma manera.
A mayor abundamiento, se destaca la voluntad expresada por la causante en orden a resolver el conflicto suscitado con motivo de la imposibilidad de egresar de su nación de origen para concretar aquí el acto procesal cuestionado, ya que según se deprende del sistema “Lex-100” se incorporó una presentación de la nombrada en la que solicita que “me saquen de este limbo jurídico y se realice, o una audiencia virtual o se autorice a Colombia la adopción de una medida transitoria que disminuya el riesgo de mi contagio”.
Tales expresiones, como podrá verse, ponen en crisis los agravios del recurrente, a cuenta de la doctrina de los actos propios y a todo evento de la propia sistemática del ordenamiento jurídico, según la cual, garantizada como se encuentra en la causa la intervención, asistencia y representación de la imputada (art. 167, inciso 3°, del Código Procesal Penal, a contrario sensu), debe prevalecer la posición de G. S. por sobre la del defensor (verbigracia, la regla que trae el art. 443, segundo párrafo, del citado cuerpo legal).
Asimismo y contrariamente a lo sostenido en la apelación, la causa ha sido escaneada en su totalidad y la defensa tuvo acceso a las actuaciones, que le fueron remitidas a la imputada de manera digital con antelación al acto, por lo que no se vislumbra afectación alguna a la invocada garantía constitucional del derecho de defensa, particularmente en cuanto a que no contara con el tiempo necesario para su ejercicio. Lo sucedido con un coimputado en la misma situación, que ofreciera el respectivo descargo, con arreglo a lo evocado en la resolución apelada, confirma la sinrazón del planteo a este respecto.
Por lo demás, si bien a la fecha del auto de procesamiento la imputada ya se encontraba en libertad en la República de Colombia con motivo de haber fenecido el plazo previsto en el artículo 11 de la Convención de Montevideo, el señor juez de la instancia anterior -pese a lo que infiere el recurrente- no había perdido su potestad para dictarlo, pues la declaración indagatoria se celebró mientras G. S. se hallaba privada de su libertad en la República de Colombia y una vez concretado el acto comenzó a correr el plazo legalmente previsto para resolver su situación procesal (art. 306 del canon ritual), sin importar que en el transcurso de esos diez días operó el tiempo para concretar su extradición, por lo que nada obstaba a que el magistrado continuara con el trámite de la causa, que en modo alguno puede predicarse que se sustancia en ausencia.
Finalmente y sin perjuicio de las medidas que se adoptaren con posterioridad ante un eventual debate, por el momento, puede sostenerse que G. S. se encuentra a derecho, pues está siendo asistida por la defensa oficial y en ocasión de prestar declaración indagatoria aportó un domicilio en la República de Colombia y un número telefónico mediante el que podrá contactársela cuando la jurisdicción lo requiera.
Por lo expuesto, no corresponde anular las piezas procesales que reclama la defensa, pues no se ha afectado garantía constitucional alguna y en materia de nulidades rige el principio de especificidad, acorde a las previsiones de los arts. 2 y 166 del Código Procesal Penal.
Por ello, esta Sala RESUELVE:
CONFIRMAR la decisión apelada, en cuanto fuera materia de recurso.
Notifíquese y efectúese el pase electrónico correspondiente Sirva lo proveído de respetuosa nota de envío.
El juez Mauro A. Divito no interviene en función de lo dispuesto por el artículo 24 bis, in fine, del Código Procesal Penal.
Juan Esteban Cicciaro
Mariano A. Scotto
Ante mí: Constanza Lucía Larcher
A., A. L. s/indagatoria vía exhorto – Cám. Nac. Crim. y Correc. – Sala I – 26/05/2014 – Cita digital IUSJU218260D
003140F
