Se rechaza el agravio del actor que se quejaba de que la perito interviniente se apartó del baremo aplicable para determinar el porcentaje de incapacidad, y se incumplió lo dispuesto en el art. 9º de la ley 26.773. El fallo destaca que el decreto Nro. 659/96 establece que el método de la incapacidad residual o restante resulta de aplicación cuando se constatan limitaciones anátomo funcionales en los exámenes de ingreso o en los supuestos en los que el trabajador fuese afectado. Además, el fallo establece que los intereses deben aplicarse desde la fecha del infortunio o de la primera manifestación invalidante, y que la obligación de pagar intereses surge cuando el actor debió acudir a la instancia judicial para que se le reconozca la naturaleza laboral de su incapacidad.
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