Un ciudadano, titular de un beneficio previsional, interpuso una medida cautelar para que se ordenase la suspensión de la ley Ley 27.541, al considerar que la norma vulneraba derechos adquiridos. Al contestar la vista, la Fiscalía propició su rechazo ya que, entre otras cuestiones, entendió que no habían sido expuestas circunstancias de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
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