Se confirma el decreto que dispuso la incompetencia para entender en el pedido de quiebra en razón de encontrarse la sede social inscripta en la Provincia de Buenos Aires, al concluirse que no parecía asequible una conclusión diversa cuando el informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas daba cuenta que la sociedad tenía su domicilio social inscripto allí. Se destaca que no modifica la solución anticipada la circunstancia de que la deudora tuviera una sede comercial en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el criterio legal otorgaba primacía al domicilio social inscripto, sin conferir alternativa o elección posible alguna.
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