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JURISPRUDENCIA
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 26 días de Junio de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “C. G. O. C/ S. R. R. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. LLobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTION
¿Es justa la sentencia apelada?
VOTACIÓN
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. LLOBERA, dijo:
I) Los antecedentes y la sentencia G. O. C. demanda a G. F. L., R. R. S., F. S.A. y C. S.A. y reclama por los daños y perjuicios por la responsabilidad que les cabe, por la falsa imputación de un delito penal que se le atribuyera, y que culminó con su absolución.
En su escrito de inicio sostiene que:
– El 21 de octubre de 2002 aproximadamente a las 16,00 hs. ingresó en el hipermercado Easy de propiedad de C. S.A., sito en la Ruta … y Panamericana del Partido de Pilar, a fin de realizar unas compras.
– Se dirigió a la línea de cajas y luego de que el cajero revisara los elementos adquiridos, abonó la suma correspondiente.
– A la salida fue interceptado por personal de seguridad, quien le imputó haber cambiado el contenido de las cajas de iluminación que adquirió, lo que él negó enfáticamente.
– Se instruyó la IPP nº 15.508, por tentativa de estafa que culminó con un veredicto absolutorio (fs. 31/36).
La sentencia rechaza la acción por no haber demostrado que los denunciantes hayan obrado sin razón, malicia, temeridad o ligereza culpable (fs. 452/458).
II) La apelación
El actor apela el fallo (fs. 459) y expresa agravios (fs. 482/493), los que fueron contestados por la codemandada C. S.A. (fs. 511/512), por la empresa de seguridad F. S.A. (fs. 516/523) y por la aseguradora Berkley International Seguros S.A. (fs. 524/528).
F. S.A. apela la sentencia (fs. 461) y expresa agravios (fs. 499/501), los que fueron contestados por el accionante (fs. 514/515).
III) Los agravios
1) Las costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación a) El planteo
El Juez decidió rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada F. S.A., a quien impuso las costas; dicha sociedad cuestiona tal decisión.
Argumenta que su defensa fue tratada con el fondo de la cuestión, por lo que no debió imponerse costas en forma independiente de las correspondientes al rechazo de la demanda. Dice que no se generaron incidentes autónomos, por lo que no existen motivos para alejarse el principio general de la derrota.
b) El análisis
F. S.A., al contestar demanda, interpuso excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta a su respecto (ver punto b de fs. 66). Sostuvo que para promover una acción civil por falsa denuncia o acusación calumniosa resulta necesaria la existencia de un proceso penal previo, del cual no participó, por lo que entiende, no puede ser parte demandada en sede civil.
A fs. 162/163 se difirió el tratamiento de la excepción para el momento de sentenciar por considerar que no era manifiesta.
En la sentencia, luego de analizarse la prueba producida, se desestimó el planteo, con costas al excepcionante (ver punto I de fs. 454/454 vta.).
En materia de condena en costas resultan aplicables las disposiciones de los arts. 68 y 69 del C.P.C.C., que establecen un principio rector en la materia, según el cual deben ser soportadas por quien resulta vencido, es decir, por aquél respecto del cual se dicta un pronunciamiento adverso (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T° III, pág. 366 y ss), principio que sólo debe ceder cuando la condena a una de las partes resulte inequitativa (conf. S.C.B.A. Ac. Nº 21.072 del 11/9/79; esta Sala, causas n° 100.643, 74.967, 63.887, entre muchas otras).
Con independencia del rechazo de la demanda sobre el fondo de la cuestión, lo cierto es que F. S.A. interpuso una incidencia en el trámite del proceso, de la cual resultó perdidosa, por lo que entiendo, debe responder por las costas generadas por ella.
En virtud de lo expresado, en mi parecer, la imposición de costas se encuentra ajustada a derecho y en consecuencia se debe desestimar el agravio interpuesto.
c) La propuesta al Acuerdo
De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por el art. 68 del C.P.C.C, propongo al Acuerdo confirmar lo decidido en la instancia de origen.
2. La responsabilidad
a) El planteo
La sentencia rechaza la acción por no haberse demostrado que los denunciantes hayan obrado sin razón, con malicia, temeridad o ligereza culpable (fs. 452/458).
El actor cuestiona dicha evaluación, con los siguientes fundamentos:
– Se asimila la resolución penal de elevación a juicio con la sentencia; dice que el primero de ellos constituye sólo una de las fases y que carece de relevancia luego del dictado de la sentencia absolutoria.
– No se evaluó la opinión de todos los vocales, puesto que el juez Zapata sostuvo que el hecho imputado no había existido.
– Entre los supuestos del art. 1089 del Código Civil se encuentra la denuncia infundada y para ello el Juez debió realizar un pormenorizado análisis de la causa penal, antes de concluir que no se obró sin razón, malicia, temeridad o ligereza.
– La absolución o sobreseimiento del imputado es un elemento esencial constitutivo del derecho a ser indemnizado, tanto es así, que si ésta faltare, no hay posibilidad de plantear la cuestión en sede civil; que en la sentencia se ignoró esta circunstancia.
– Los demandados actuaron dolosamente o por lo menos en forma negligente o con ligereza; aun cuando la denuncia no sea calumniosa, debe responder por los daños si se ha procedido con culpa o negligencia, en cuyo caso es aplicable el art. 1109 del Código Civil.
– Puede existir la acusación calumniosa culpable, que no constituye un delito, sino un cuasidelito, debiendo responder quien ha efectuado una denuncia por culpa o negligencia ocasionando un daño.
– También ocurre que el accionar del denunciante no encuadre estrictamente en lo establecido por el art. 1090 del Código Civil, pero no por ello se libera de responsabilidad si se comprueba que su conducta ha sido negligente; todo aquél que por su culpa o negligencia ocasiona un daño, está obligado a repararlo; basta que haya sido negligente.
– La prueba producida indica que hubo dolo o al menos un obrar negligente en el accionar de los demandados que provocó daños en su persona. Solicita que se haga lugar a la demanda en todas sus partes.
b) El análisis
i) El encuadre normativo y su caracterización
El sentenciador encuadró la responsabilidad en el juego armónico de los arts. 1090 y del 1109 del Código Civil (ver fs. 456, último párrafo y 458, primer párrafo), es decir, en lo que se conoce como acusación calumniosa y acusación culposa.
La acusación calumniosa es un delito civil de falsa imputación; consiste en atribuir falsamente a una persona la comisión o autoría de un delito que da lugar a una acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido. Presupone, en lo inmediato, que quien denuncia lo hace con conciencia de que su obrar es ilícito, sea por su intención de dañar o por su conocimiento de la falsedad de la denuncia (arts. 931 y 1072 Código Civil, y su doctrina; esta Sala, causa n° 95.360, 8/5/05, Reg. N° 345).
Aún cuando se ha discutido la necesidad de que exista un requisito subjetivo, el factor de atribución o dolo en el obrar por el pleno conocimiento que el acusador tenía de la inocencia del acusado, existe coincidencia en el ámbito civil, y así lo hace saber el recurrente, que ello no enerva el principio general establecido en el art. 1109 del Código Civil, según el cual, todo aquél que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, se encuentra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. En esta relación de ideas, la acción indemnizatoria podría resultar procedente incluso cuando el denunciante ha actuado con culpa (Aguiar, Henoch D., «Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley», T°V, vol. 2, pág. 115; Cazeaux y Trigo Represas, «Derecho de las obligaciones», 2a. ed., T° 4, pág. 297; Borda, Guillermo, «Tratado de Derecho Civil-Obligaciones», 8a. ed., t. II, pág. 231, n°1.354, ap. 2; Pecach, Roberto, «Responsabilidad civil por denuncia o querella precipitada o imprudente», en J.A., 65-117, n°5; Parellada, Carlos, «Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente», en J.A., 1969-III-694, ap. IX; esta Sala I, causa nº 103.987).
El art. 1090 no excluye la posible calificación de la conducta cuestionada como cuasidelito, comprendido en la conducta genérica del art. 1109 del Cód.Civil, por la cual todo el que por su culpa o negligencia ejecuta un acto que ocasiona un daño está obligado a repararlo (CNCiv., Sala G, 31/08/95, L.L. 1995-E-423; Sala D, 19/04/82, E.D. 90-375; Colombo, Leonardo, “Responsabilidad civil derivada de querella o denuncia calumniosa”, L.L. 58-983; Parellada, ob. cit., Llambías, Código Civil Anotado, T. II-B, pág. 376; Bueres-Highton, Cód. Civ. Anotado, T. 3-A, pág. 382; esta Sala I, causa nº 81.238 del 17/8/1999, Reg. nº 331).
En el ámbito civil puede tratarse de un delito o un cuasidelito; el art. 1090 no puede interpretarse como enervante del principio general, según el cual todo aquél que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio (art. 1109 citado).
En consecuencia, aunque la demanda no pueda tener sustento en el art. 1090 del citado ordenamiento legal (por falta de prueba del dolo), la reparación será procedente si el denunciante ha actuado culposamente, con fundamento en el art. 1109. Sin embargo debe exigirse la existencia de una culpa grave o grosera (Cám. Apel. Lomas de Zamora, 19/6/2007, causa nº 63.392).
Nuestra Suprema Corte tiene dicho que la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia sólo procede cuando quien la efectuó ha obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable (Ac. nº 41.227, 21-XI-1989, “Acuerdos y Sentencias”, 1989-IV-214; Ac. nº 46.241, 2-VI-1992, “Acuerdos y Sentencias”, 1992-II-251; Ac. nº 48.447, 8-VI-1993 en “D.J.B.A.”, tº. 146, pág. 18; Ac. nº 51.345, 23-VIII-1994, “Acuerdos y Sentencias”, 1994-III-435; Ac. nº 59.900, 26-VIII-1997, “Acuerdos y Sentencias”, 1997-IV-424; Ac. nº 77.047, 27-XII-2000; Ac. Nº 83.877, 3-XII-2003; Ac. Nº 87.049, 8-IX-2004; entre otras), cuyo análisis debe hacerse en forma estricta por cuanto debe procurarse preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos.
ii. La carga de la prueba
Ante la imputación de haberse realizado una falsa denuncia o una acusación calumniosa, la prueba debe tender a justificar la existencia de dolo o en su caso de culpa en el denunciante (art. 1090, 1109 del Código Civil). Aún en éste último caso, se impone la carga de la prueba de la culpa extracontractual a quien ejerce la pretensión indemnizatoria, la que debe ser plena y eficiente para que se pueda imputar responsabilidad civil.
Esa culpa debidamente acreditada debe ser grave o grosera, por cuanto en primer lugar se debe procurar preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos; la prudencia indica que no quepa requerir una mayor diligencia que la que normalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso correspondan en una situación análoga (Belluscio, Augusto, “Código Civil”, Tº V, Astrea, Bs.As. 1984, pág. 253 y sgtes, comentario de la Dra. Kemelmajer de Carlucci; LL 47-923; ídem 21-647; CNCiv. Sala G, 8 de septiembre de 1977, ED 175-399; CNCC Fed., sala I, 11 de marzo de 1986, ED 118-471; CNCiv. Sala A, 4/9/1985 ED 116-258; causas esta Sala I, nº 81.238, 95.360).
La culpa o dolo deben ser probados por quien los alega, pero como en toda clase de hecho ilícitos, a veces se los puede inferir por las circunstancias del caso, como cuando no existe ninguna razón ni legal, ni fáctica que justifique la denuncia.
iii. El análisis de la prueba
Aprecio que de ninguna manera puede aseverarse que el sentenciador confundió o antepuso el auto de elevación a juicio a la sentencia absolutoria, tanto es así, que al fallar transcribió ambas decisiones, en mi parecer, con la clara intención de señalar los antecedentes del proceso penal y marcar la correspondiente distinción entre uno y otra.
La elevación de los autos a juicio, fue requerida por la agente fiscal, quien luego de analizar la prueba producida en la instrucción penal, consideró probada la existencia del hecho y su autoría (fs. 62/64 de la causa penal). Esta requisitoria fue aceptada por el Juez de Garantías, quien encontró verosímil la petición y consideró que existían elementos de convicción suficientes para ello (fs. 87/88 de la citada causa -arts. 334, 335,337 del Cód. Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
La circunstancia que luego se haya dictado sentencia absolutoria, entiendo que no desmerece la seriedad que prima facie tuvo la denuncia efectuada, sobretodo cuando existían antecedentes que justifican el accionar del denunciante. Ante la posibilidad de que se cometiera un delito, formuló la denuncia, a los fines de que la autoridad judicial determinara la existencia de la autoría.
En estos casos, aparecen enfrentados con claridad dos principios jurídicos que a menudo se advierten como contradictorios y entre los que se mueve el derecho positivo, a veces con dificultad: la salvaguarda del orden público y la defensa de los derechos individuales.
La absolución o el sobreseimiento definitivo del acusado no conforman por sí la culpa, negligencia o imprudencia del acusador, porque para llegar a esta conclusión hay que analizar y valorar debidamente todas las circunstancias que rodean el hecho y también las razones esgrimidas por la Justicia Penal al pronunciarse en la causa (CNCiv., Sala K, R. 97.017, 24-8-1999). En el caso se advierte que diversas falencias en el procedimiento realizado en el momento de la supuesta ocurrencia del hecho e inmediatamente después por el personal policial que lo llevó a cabo, obstaron a la posibilidad de conocer con certeza qué fue lo que en verdad había sucedido. Ello se ve reflejado en el voto del Juez Zapata e incluso en la postura de los magistrados Ecke y Márquez; estos últimos adhieren al voto negativo del preopinante, aunque en virtud del beneficio de la duda sobre la ocurrencia del hecho (fs. 123, causa penal).
Conforme precisara Raymundo Salvat, el denunciado puede ser absuelto y, sin embargo, «no haber incurrido el querellante o denunciante en el delito de acusación calumniosa ni contraer responsabilidad civil, cuando la forma en que se presenten los hechos que dan margen a la querella realmente autorizaban la opinión de la existencia del delito…» (conf. autor. cit., «Hechos Ilícitos-Enriquecimiento sin causa», Edit. Librería Casa Editora de Jesús Menéndez, Bs. As., 1941, pág. 41).
De ahí que en cada caso quepa analizar la forma y contenido de la denuncia a fin de determinar si se ha incurrido en falsedad o al menos en negligencia que justifique su responsabilidad civil (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto, en Bueres, Alberto «Código Civil y normas complementarias», edit. Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 3-A, pág. 283).
El esfuerzo del recurrente al analizar las pruebas testimoniales (E. A. S. y C. D. M. – fs. 1, 5 y 41 de la causa penal- y de G. R. P. -fs. 316/317 de la presente-), como así también las constancias del acta de incautación de las mercaderías (fs. 10 causa penal), o la ausencia de la filmación denunciada, no resultan suficientes para hacer lugar a la demanda, toda vez que no advierto que los demandados hayan obrado dolosamente, con la intención de producir un daño o engañar adrede; tampoco que hayan obrado culposamente, con descuido, ligereza o impericia que provoque un menoscabo en el actor que deban reparar. Adviértase que ha sido necesario transitar todo el proceso penal para recién después de ello llegar a una sentencia absolutoria.
La imputación resulta imprudente cuando se obra precipitadamente, sin tomar todos los recaudos necesarios para no caer en la falsedad que, por si mismas, implica un daño a ese bien ajeno que se lesiona. Estas circunstancias, entiendo no han sido probadas en autos.
c) La propuesta al Acuerdo
De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por los arts. 1089, 1090, 1109, y concordantes del Código Civil, arts. 375, 384 del CPCC, propongo al Acuerdo confirmar el rechazo de la demanda decidido en la instancia de origen.
V. Las costas de Alzada
De conformidad con lo analizado, propongo que las costas de Alzada se impongan a los respectivos recurrentes (fs. 482/493 y 499/501) vencidos (art. 68 del CPCC).
Por los fundamentos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos, el Dr. RIBERA votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
SENTENCIA:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede: a) se confirma la imposición de costas a F. S.A. por el rechazo de la excepción de falta de legitimación opuesta; b) se confirma la sentencia apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Las costas de Alzada se imponen a los respectivos recurrentes.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera
Juez
Hugo O. H. Llobera
Juez
Miguel L. Álvarez
Secretario
«Carballo, Carlos Ramón c/Hildebrant, Eduardo Antonio s/sumario» – Cám. Civ. y Com. Concordia – sala II – 22/11/2012
«Correa, Juan Carlos c/Martínez, Roberto Luis s/daños y perjuicios» – Cám. Civ. y Com. Junín – 23/09/2010
Cita digital:
