Se decreta la nulidad del procesamiento, pues ninguna acción o conducta se ha reprochado a los incusos susceptible de ser identificada con los verbos típicos contenidos en la ley 19359, siendo que la mera afirmación de que las circunstancias “encuadrarían en el supuesto delito de tráfico de divisas” no puede suplir ni subsanar el defecto advertido.
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