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JURISPRUDENCIACitación del art. 84 de la LCQ. Nulidad de la notificación. Improcedencia. Domicilio constituido en un incidente
Se rechaza el planteo de nulidad de la citación efectuada en los términos del art. 84 de la ley 24.522 y el recurso de reposición interpuesto subsidiariamente contra el decreto de quiebra.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2015.
1. Alejandro Paul Vandenbroele, invocando su carácter de Presidente del Directorio de la fallida, apeló la resolución de fs. 653/659 por la cual el juez de primera instancia rechazó un planteo de nulidad de la citación efectuada en los términos del art. 84 de la ley 24.522 y un recurso de reposición interpuesto subsidiariamente contra el decreto de quiebra (fs. 185/196).
Su apelación de fs. 790, concedida en fs. 791, fue mantenida con el memorial de fs. 921/927, que recibió réplica de la peticionaria de la quiebra en fs. 1132/1133 y de la sindicatura en fs. 1165/1170.
En prieta síntesis, el recurrente se agravia porque considera que el juez a quo: (i) omitió considerar la relevancia de que se haya citado a Compañía de Valores Sudamericana S.A. en un domicilio diferente al de su sede social inscripta y con una cédula a la que no se adjuntaron copias de traslado y que fue dirigida a uno de sus accionistas (The Old Found S.A.), (ii) valoró erróneamente las defensas que la fallida no pudo oponer debido a las referidas deficiencias y, (iii) rechazó infundada y arbitrariamente la reposición deducida contra el decreto de quiebra.
2. La Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 1190/1193, aconsejando rechazar el recurso sub examine y confirmar el fallo apelado.
3. Independientemente de que la técnica recursiva empleada en el memorial de fs. 921/927 no se ajusta a las pautas establecidas por el art. 265 del Cpr. y, por lo tanto, la apelación de fs. 790 podría ser declarada desierta sin más trámite (arts. 266 del Cpr. y 278 de la LCQ), la Sala considera que existen algunas cuestiones que pueden merecer un tratamiento específico, a efectos de despejar cualquier posibilidad de duda respecto de la corrección del pronunciamiento recurrido (esta Sala, 16.12.14, “Améndola, Carlos y otro c/Supercauch S.R.L. s/quiebra s/incidente de verificación de crédito por Amendola Carlos y otro”) y en orden a asegurar la garantía de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional) y de la doble instancia.
Consecuentemente, y pese a la endeblez argumental del mencionado memorial, la Sala se expedirá en los términos que se exponen a continuación.
4. El juez de primer grado rechazó los planteos efectuados por Alejandro Paul Vandenbroele en fs. 185/196, con base -suscintamente- en que:
(i) la cédula de fs. 29, por medio de la cual procuró notificarse a Compañía de Valores Sudamericana S.A. la citación prevista en el art. 84 de la LCQ, fue dirigida a un domicilio constituido por ésta en un incidente transitorio perteneciente a estas actuaciones;
(ii) el hecho de que en esa cédula se hubiera consignado el nombre de una accionista de la deudora (The Old Found S.A.) y no el de ésta no vicia la notificación, ya que el representante legal de ambas personas jurídicas es Vandenbroele y en aquella pieza se transcribió correctamente la carátula de las actuaciones y la finalidad del emplazamiento;
(iii) admitir el planteo en cuestión implicaría declarar la nulidad de un acto por la nulidad misma; y,
(iv) no se controvirtió adecuadamente el estado de cesación de pagos denunciado respecto de Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Ahora bien: el nulidicente solamente procuró desvirtuar algunos aspectos valorados expresamente por el juez a quo. No se hizo cargo, ni en mínima medida, de los argumentos vertidos por aquél en torno la efectiva obtención de la finalidad perseguida por la cédula de fs. 29 y a la probada configuración de su estado de cesación de pagos.
Esto implica que: (*) no está debidamente fundamentada la nulidad de la notificación (arts. 169/174, Cpr. y 278, LCQ), (**) ni se encuentra suficientemente sustentada la reposición del decreto de quiebra (arts. 94 y 95, primer párrafo, LCQ).
En cuanto a lo primero (nulidad de la notificación), debe ponerse de relieve que en el expediente “Ciccone Calcográfica S.A. s/concurso preventivo s/incidente transitorio” (n° 093878), la fallida constituyó su domicilio en la calle Quirno Costa … (…) de esta ciudad, esto es, el mismo al que se le dirigió la cédula de fs. 29 (fs. 715, 1210 y 1510). Lo cual en modo alguno permite inferir, sin más, que no tuvo efectivo conocimiento de la citación que se le cursaba; máxime considerando que: (i) la carátula del expediente se hallaba debidamente indicada y el proveído correspondiente se encontraba íntegramente transcripto y que, (ii) ese mismo domicilio fue el constituido por la fallida en este expediente al efectuar su primera presentación (fs. 185/196).
Por lo demás, tampoco puede ignorarse que previo a decretar la quiebra, el juez a quo ordenó, además de la citación a la representación legal natural de Compañía de Valores Sudamericana S.A., la notificación del emplazamiento del art. 84 en el domicilio de los interventores de la hoy fallida (conf. Decr. 1338/12 y art. 7 del Decr. 252/13), quienes -hallándose debidamente notificados y presentados en el expediente (fs. 30, 33/35 y 53/54)- no dedujeron defensas tendientes a desvirtuar los hechos y el derecho en que se basó el pedido de quiebra de 3/4.
Finalmente, en cuanto a la concreta reposición de la declaración de falencia, debe tenerse en cuenta que, a fin de desvirtuar el estado de cesación de pagos -en tanto presupuesto sustancial de la quiebra (art. 95, primer párrafo, LCQ)- el recurrente no ha documentado ni explicado fundadamente el modo en que podría hacerse frente al elevado pasivo concursal denunciado por la sindicatura (v. informe individual de fs. 1123/1128, donde se recalcularon los créditos reconocidos en la etapa concursal, conf. arts. 200/202, LCQ) ni ello puede inferirse de sus restantes manifestaciones (v. fs. 185/196 y 921/927).
Es más: ni siquiera considerando el resultado de la expropiación dispuesta por la ley 26.761 (que en su art. 1° declaró “…de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.”) podría inferirse que exista un modo efectivo de cancelación integral de aquellos pasivos, dado que según manifestó el juez a quo (en aspecto controvertido por el recurrente pero prima facie atinado), el monto que eventualmente se obtenga del procedimiento expropiatorio no alcanzaría para satisfacer el pasivo existente a la fecha (v. fs. 659, tercer párrafo).
Nótese que el monto indemnizatorio otorgado por la expropiación alcanza la suma de $ … (fs. 469/472 de la causa “Ciccone Calcográfica S.A. s/concurso preventivo s/incidente transitorio”), mientras que el pasivo consolidado recalculado por la sindicatura (arts. 200/202, LCQ) asciende a $ … (v. anexo III del informe individual, obrante en fs. 1034/1041), cifra a la cual presumiblemente deberían añadirse, de acuerdo a las previsiones del art. 36 de la LCQ, los importes correspondientes a los nuevos créditos reconocidos en la etapa falencial (se insinuaron 26 acreencias que no han recibido impugnaciones; v. informe de fs. 1123, punto II°).
Siendo ello así, parece claro que, en un preliminar pero necesario acercamiento a la cuestión aquí analizada, la mencionada indemnización no alcanzaría a cubrir lo adeudado por la fallida.
No se ignora que hasta la fecha no existe una decisión firme respecto de la suerte de la expropiación referida supra, pues en el incidente transitorio antes citado se encuentra recurrida la resolución dictada por el magistrado concursal en torno a -entre otros aspectos- su constitucionalidad. Pero ello, en este particular caso y atento a las especificidades de la incidencia, no desvirtúa la conclusión expuesta por el magistrado de primer grado en el decisorio apelado, dado que según el art. 95 -primer párrafo- de la LCQ, es al recurrente a quien corresponde demostrar la falta de configuración de algún presupuesto sustancial de la quiebra en el plazo fijado para ello (cinco días a partir de la última publicación de edictos o de tomar conocimiento de la declaración de falencia) y, como hemos visto hasta aquí, el apelante se ha limitado a expresar su disenso dialéctico con aquel sin explicar, concreta y fundadamente, las razones que sostendrían argumental y documentadamente su postura (arts. 273;9 y 278, LCQ y arts. 377 y 386, Cpr.).
En tales condiciones, soslayando la endeblez técnica y argumentativa del memorial de fs. 921/927 (extremo que se hiciera notar en el acápite 3° de este decisorio), la Sala estima que el recurso de fs. 790 no puede tener favorable acogida.
Por ello, y con remisión a los restantes argumentos expuestos por la Fiscal General en su dictamen de fs. 1190/1193 (que la Sala comparte y hace suyos por razones de brevedad), cabe confirmar el veredicto apelado.
5. Como corolario de lo anterior, y oída la Fiscal General de Cámara, se RESUELVE:
Rechazar íntegramente el recurso de fs. 790 y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (arts. 68/69, Cpr. y 278, LCQ).
6. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y notifíquese a la Fiscal General en su despacho. Fecho, devuélvase la causa, confiándose al juez de primera instancia las diligencias ulteriores (art. 36:1º, Cpr.) y las restantes notificaciones.
Es copia fiel de fs. 1202/1204.
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Juan José Dieuzeide
Pablo D. Frick
Prosecretario de Cámara
002289E
