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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Cuantificación. Intereses
Se modifica la sentencia solo en relación a la aplicación de intereses, optándose por la tasa activa.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de julio de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.
Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente orden de votación: ZANNONI – POSSE SAGUIER – GALMARINI.
A la cuestión propuesta el DOCTOR ZANNONI, dijo:
1. La sentencia de fs. 983/995 hace lugar a la demanda promovida por Natalia Lorena D´Alessandro, Alicia Alejandra del Negro y Valeria Raquel Díaz contra Patricia Salvatierra, José Luciano Duport y José Luján a quienes condena a cada una de las actoras las sumas estimadas en el pronunciamiento para resarcir los daños que sufrieran el 11 de enero de 2009 a la altura del Km. 81 de la Ruta 307, Departamento de Tafí del Valle en la Provincia de Tucumán. A fs. 1033 se hace extensiva la condena a la aseguradora Liderar Compañía Argentina de Seguros, citada en garantía.
Según relataron al demandar, las actoras habían contratado con “Duport Turismo” una excursión que se llevaría a cabo en la fecha indicada para recorrer la Ciudad de Tucumán y las Ruinas de Quilmes. La excursión estuvo a cargo de “Duport Turismo”, de Patricia Salvatierra y José Luciano Duport, en una Renault Kangoo Express que condujo el codemandado José Luján. Siendo las 13:30 se dirigían a almorzar a la ciudad de Amaicha y antes de llegar a Tafí del Valle por la Ruta 307, a la altura del Km. 81, en una de las curvas del Infiernillo el conductor que descendía a gran velocidad, provocó el deslizamiento de la Renault sobre el ripio, y perdió el control; chocó primero contra el cerro y después de dar un volantazo se fue contra la banquina. Como consecuencia, el vehículo realizó varios giros al vacío y finalmente quedó incrustado en unas rocas a cuatro o cinco metros de la ruta. Entre el conductor y otro pasajero, Emilio Perelli, que viajaba con ellos en el asiento del acompañante ayudaron a las actoras, que presentaban diversas lesiones, a salir de la Renault, y fueron trasladas por un matrimonio de la zona a una unidad sanitaria de Tafí del Valle y más tarde al Hospital Ángel Padilla de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
2. Apelaron: los demandados Saavedra, Duport y Luján, cuyo memorial glosa a fs. 1056/1063; las actoras, Natalia Lorena D´Alessandro, Alicia Alejandra del Negro y Valeria Raquel Díaz, quienes presentan el memorial agregado a fs. 1065/1071; y Liderar Compañía General de Seguros S.A. que presenta el memorial de fs. 1072/1079. A fs. 1081/1082 se agregó la contestación que hicieron los demandados del memorial de las actoras.
Todos los agravios que analizaré interesan exclusivamente aspectos vinculados a los rubros indemnizatorios. Los que en el memorial de los demandados parecen poner en entredicho la declaración del testigo Perelli (fs. 258/259) y la pericial mecánica (fs. 772/778) no logran concretar en sentido técnico un agravio sino más bien discrepancias con el mérito que dichas pruebas arrojan y no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo en los términos del art. 265 del CPCC.
3. Daños físico y psíquico. Hay agravios relativos a la estimación del resarcimiento de los daños que sufrieron las actoras. Éstas consideran insuficientes los montos; los demandados y su aseguradora, los reputan excesivos. Corresponde remitirnos a las conclusiones de la pericia médica realizada por la Dra. María Alejandra Bulacio que corre a fs. 538/557 que contiene, también, las conclusiones del psicodiagnóstico clínico a fin de establecer los daños psíquicos.
a) Natalia D´Alessandro. A raíz del accidente sufrió fracturas costales que le provocaron hemoneumotórax y secuelas con un 15% de incapacidad parcial y permanente, a lo que se suma la cervicalgia con contractura muscular persistente y pérdida de la lordosis fisiológica con un 8% de incapacidad también permanente.
En cuanto al daño psíquico, el psicodiagnóstico clínico revela una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva de III grado lo que se traduce en un 20% de incapacidad.
b) Alicia Alejandra del Negro. Por la fractura de la columna dorsal que no fue operada, una incapacidad del 15%; por la cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, disminución de la lordosis fisiológica y reducción del rango de movilidad de la columna, un 8% de incapacidad; por la fractura de escápula sin desplazamiento un 2% de incapacidad.
En el aspecto psíquico diagnostico una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación fóbica y depresiva de III grado, con un 20% de incapacidad.
c) Valeria Raquel Díaz. Presenta como secuela una hernia de disco intervertebral, cervicalgia con contractura muscular dolorosa permanente y reducción del rango de movilidad de la columna con un 15% de incapacidad permanente.
Estimó un 20% de incapacidad psíquica deriva de una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación fóbica y depresiva, grado III con un 20% de incapacidad.
La sentencia estima un resarcimiento de $ … por daño físico para Natalia D´Alessandro y otro tanto para Alicia Alejandra del Negro, y de $ … para Valeria Raquel Díaz. En punto al daño psíquico estima un resarcimiento de $ … para cada una de ellas.
Ha resuelto la Sala en numerosos precedentes, que frente a minusvalías de carácter permanente del damnificado, es razonable conceder un resarcimiento que compute las proyecciones integrales de la personalidad que no sólo afectan aquellos aspectos que son de orden puramente laboral o productivo, sino también todas las manifestaciones que atañen a la realización plena de la víctima en su existencia individual y social. Es por tal razón que no es preciso atender a porcentajes o baremos de incapacidad que son usuales en las indemnizaciones tarifadas en el derecho laboral que tienen en cuenta la capacidad restante del trabajador accidentado.
No comparto los agravios de las actoras que juzgan insuficiente el resarcimiento que en cada caso se ha establecido. Téngase en cuenta además que respecto del daño psíquico se resarce también el costo del tratamiento aconsejado lo que hace previsible que sus secuelas remitan parcialmente. Tampoco creo que las estimaciones de la Señor Juez de primera instancia sean exorbitantes, si se tiene en cuenta la edad de las damnificadas -alrededor de los 30 años- y las proyecciones de las secuelas en su realización personal.
Voto en consecuencia por confirmar lo resuelto.
4. Daño moral. La sentencia estimó el resarcimiento del daño moral en $ … a favor de Natalia D´Alessandro y en $ … para Alicia de Negro y Valeria Raquel Díaz. Tuvo en cuenta la Señor Juez de primera instancia las cicatrices que presentan las actoras y que resultan de las pericias transcriptas en lo pertinente. Teniendo en cuenta el daño estético y la entidad de las lesiones, su gravedad, y los padecimientos de las damnificadas a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que cabe presumir in re ipsa propongo confirmar los montos resarcitorios estimados en la anterior instancia.
5. Tratamientos psicológico y quinesiológico de rehabilitación. Los montos que la sentencia acuerda en base al informe de la perito: tratamiento psicológico de una duración de al menos quince meses a razón de dos sesiones semanales -$ … para Natalia D´Alessandro y $ … para Alicia de Negro y Valeria Raquel Díaz-, y tratamientos de fisiatría y rehabilitación motora comenzando por veinte sesiones (tres a cuatro por semana) que la sentencia otorga -$ … para Natalia D´Alessandro y para Alicia de Negro y $ … a favor de Valeria Raquel Díaz (por requerirse un especialista en columna)- no son en modo alguno excesivos. Al no haber agravios por parte de las actoras propongo su confirmación.
6. Gastos de farmacia, traslados, alojamiento y comidas. Reiteradamente se ha resuelto que aún cuando el damnificado haya obtenido atención hospitalaria gratuita, o a través de una obra social, tiene derecho a que se le reconozcan pequeñas erogaciones derivadas de adquisición de medicamentos cuyo costo total habitualmente no es absorbido por las obras sociales, el costo de traslados que han requerido su atención y control, etc., aunque de ellos no se tengan comprobantes pues o no es habitual solicitarlos o conservarlos. Sin embargo, la estimación, en función del criterio prudencial que establece el art. 165 del CPCC, debe tomar en cuenta la naturaleza de las lesiones y el tiempo de convalecencia.
En el presente caso hay acreditadas erogaciones de las que se hicieron cargo los demandados (fs. 181/188) que deberán deducirse de los montos estimados en la sentencia apelada: $ … a favor de Natalia Lorena D´Alessandro, $ … para Alicia Alejandra del Negro y $ … para Valeria Raquel Díaz, lo cual corresponderá a la etapa de ejecución de la sentencia.
7. Intereses. La sentencia dispone que el capital de condena devengue un interés puro del 8% anual desde la producción del daño, erogación o perjuicios, hasta la fecha en que quede firme la sentencia y desde allí hasta el efectivo pago a la tasa activa.
La parte actora solicita se modifique la sentencia y se aplique la la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. La parte demandada y su aseguradora pretenden se aplique la tasa pasiva y/o que la tasa de interés se aplique desde la fecha del dictado de la sentencia.
Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios” dictado el 20/4/2009, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Como dicha doctrina legal es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (arg. art. 3°, Cód. Civil, ley 17.711) y no advierto que en el caso la aplicación de la tasa de interés implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido, entiendo que debe acogerse el agravio y, en consecuencia, disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, deberán ser abonadas dentro del plazo de treinta días de quedar firme el pronunciamiento, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables. El argumento del enriquecimiento -lo he sostenido en diversos precedentes de la Sala – sólo tendría significación en los casos en que el capital de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese caso, la actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si a dicho capital de condena, actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de interés “puro” que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices. Pero obviamente este no es el caso.
La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de actualización están prohibidos a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.928. Y aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso -por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928- que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso.
Por lo expuesto voto por modificar lo resuelto en la sentencia apelada y disponer que los intereses deben estimarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables, desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. Cámara, en pleno, in re: “Gómez, Esteban c./ Empresa Nacional de Transportes” del 16/12/58, (LL, 93-667 y JA, 1959-I-540), hasta el efectivo pago del capital de condena.
8. Acerca de los límites de la cobertura. No procede asimilar la doctrina legal emergente en el fallo plenario dictado el 13/12/2006 en autos “Obarrio, María Pía c./ Microómnibus Norte S.A.”, a los casos de los límites cuantitativos de la cobertura que contiene la póliza en razón de lo establecido por el art. 109 de la ley 17.418. La doctrina legal refiere a franquicia o descubierto obligatorio, no a los límites cuantitativos de la cobertura.
En el seguro de responsabilidad civil, aun cuando el damnificado revista la condición de tercero frente a las partes sustanciales del contrato de seguro, le son oponibles los límites cuantitativos de la cobertura. Si bien el art. 109 de la ley 17.418 obliga al asegurador a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, el crédito del damnificado será ejecutable en la medida del seguro (art. 118 ley citada). O sea que la reparación del daño producido a terceros en ningún caso puede superar la cuantía o medida del seguro (conf., Stiglitz, Rubén S., Derecho de seguros, 4° ed., Bs. As., La Ley, 2004, t. I, pág. 231, n° 188).
9. Imposición de las costas de primera instancia a los demandados, vencidos. Los demandados piden se los exima de las costas del juicio en atención a las particularidades del caso, por tratarse de cuestiones dudosas. La condena en costas se basa en el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). El apartamiento de este principio no se justifica en una mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión o defensa, sino en cuestiones de derecho de disímil interpretación, o cambios de legislación que pudieron dar razón objetiva a quien litigó en base a una determinada interpretación de la ley o en base a una nueva legislación de aplicación inmediata, sancionada durante el juicio, etcétera.
Por lo expuesto creo que debe rechazarse el agravio.
10. Síntesis. Si se comparte este voto correspondería modificar la sentencia apelada y establecer que el capital de condena devengará intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables, desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación hasta su efectivo pago. Propongo, en cambio, confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. Si así se resuelve las costas de esta instancia propongo se impongan a los demandados y la aseguradora citada en garantía para garantizar la integridad de la condena.
Los Dres. Posse Saguier y Galmarini dijeron:
Si bien en anteriores oportunidades hemos hecho un distingo para calcular la tasa de interés a aplicar, según la fecha de determinación de los montos resarcitorios, un nuevo planteo de la cuestión, ante la actual situación económica del país, nos lleva a modificar el criterio que veníamos sosteniendo hasta el fallo dictado por esta Sala el 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino Loloir Z. c/AYSA s/Daños y perjuicios” (Expte N° 16243/2010). En consecuencia, entendemos que la tasa activa prevista en la doctrina plenaria no representa un enriquecimiento indebido, pues de ningún modo puede considerarse que ello implique una alteración del significado económico del capital de condena.-.
Con esta aclaración, adherimos en su totalidad al voto del Dr. Zannoni. Con lo que terminó el acto.
FERNANDO POSSE SAGUIER
JOSÉ LUIS GALMARINI
EDUARDO A. ZANNONI
Buenos Aires, … julio de 2015.
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada sólo en cuanto a los intereses que devengará el capital de condena a liquidarse del modo indicado en el punto 10. Se confirma en todo lo demás que fuera materia de agravios. Con las costas de esta instancia a los demandados y la aseguradora citada en garantía para garantizar la integridad de la condena. Los honorarios profesionales serán regulados una vez definidos los de la instancia anterior. Notifíquese y devuélvase.
003891E
