Se hace lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por una jubilada y se ordena la restitución de su beneficio previsional (retiro por invalidez), habida cuenta de que la Cámara interviniente no evaluó correctamente las pruebas que demuestran el grado de incapacidad de la recurrente al decidir su rehabilitación y cese del beneficio, máxime cuando el dictamen que determina la extinción de un beneficio previsional debe sustentarse en sólidos argumentos.
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