En el marco de una quiebra liquidada, se resuelve asignar a las retribuciones de los funcionarios actuantes hasta el 30% del activo realizado como tope regulatorio, sin tener en cuenta la pauta establecida en la ley concursal -art. 267 LCQ- tomando a ese efecto un porcentual del activo realizado que posibilite compatibilizar la finalidad última del procedimiento falencial.
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