Se hace lugar a la prueba anticipada solicitada por la actora y se ordena el secuestro de los informes técnicos de los automotores efectuados por personal capacitado de la marca demandada para el posterior reclamo de daños y perjuicios por vicios redhibitorios. Para decidir la procedencia de la medida el tribunal expresó que la imposibilidad o dificultad en la posterior producción probatoria que exige el art. 326 del CPCCN debe ser entendida en un sentido amplio sobre todo en relación a los archivos digitales, donde la vulnerabilidad y fragilidad que los registros informáticos ofrecen permiten presuponer el peligro en la demora, ya que pueden desaparecer o resultar afectados por algún virus.
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