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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 25 de junio de 2020.- MFO
AUTOS Y VISTOS: estas actuaciones, caratuladas “Draconis SA c/ Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos s/ proceso de conocimiento”, y
CONSIDERANDO:
1°) Que mediante el pronunciamiento de fecha 18 de mayo de 2020, la Sra. jueza de la instancia de origen habilitó la feria judicial en las presentes actuaciones y, asimismo, prorrogó por el plazo de seis meses -contado a partir del vencimiento del término originario-, o hasta que se dictara la sentencia de fondo -lo que ocurriera primero- la medida cautelar por la que se suspendieron los efectos de la resolución N° 83/2018, emitida por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Tras referir a los términos de la presentación de la parte actora, a los lineamientos que hacían a la procedencia de la habilitación solicitada, y a la normativa relativa a la feria judicial extraordinaria en curso (las distintas acordadas de la C.S.J.N. y la resolución de esta Cámara N° 17/2020), precisó que, teniendo en cuenta lo peticionado por la accionante y el tipo de decisión requerida (prórroga de la medida cautelar), de conformidad con las pautas indicadas en la Acordada 14/2020 del Alto Tribunal, correspondía habilitar el tratamiento de la pretensión formulada.
Destacó, asimismo, que el criterio que informaba el Máximo Tribunal era el de lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad, compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestaban y la de aquellos que concurrían a recibirlo (cfr. cons. V de la Ac. 14/2020).
Puntualizó que, en tales condiciones, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el comienzo de la feria extraordinaria, su reciente prórroga con los parámetros antes señalados y la evidente incertidumbre respecto de su posible prolongación -en la medida de su estrecha vinculación con la instauración y vigencia del “aislamiento social, preventivo obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y sus ineludibles consecuencias económicas y sociales- estimaba que concurrían las circunstancias de urgencia que justificaban habilitar la feria judicial requerida.
En orden a la prórroga de la vigencia de la medida cautelar decretada en autos, recordó que el objeto de la pretensión de estas actuaciones era la declaración de nulidad de la resolución ORSNA N° 83/2018, mediante la cual se modificó el “Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Internacional ‘Ministro Pistarini’ de Ezeiza”-aprobado por la resolución ORSNA N° 11/2010, dejando sin efecto el art. 16.3 que establecía la obligatoriedad de dar tratamiento a los residuos y desechos provenientes de aeronaves de vuelos internacionales en la planta destinada a tal fin -construida y operada por la empresa actora-, ubicada dentro de los límites de dicho aeropuerto y habilitada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Hizo referencia a lo decidido por el -entonces- Sr. juez de feria mediante la resolución del 22 de enero de 2019, así como a los principales términos del pronunciamiento emitido por esta Sala el 21 de noviembre de 2019, por el que se modificó el alcance de la medida cautelar dispuesta por aquél, al suspender los efectos de la resolución impugnada por el término de seis meses, contados del modo allí señalado.
Consideró que no se habían verificado circunstancias que modificaran las evaluadas al dictar la cautelar que suspendió los efectos de la resolución ORSNA N° 83/2018, y, asimismo, que los argumentos expuestos por esta Sala en la aludida sentencia del 21 de noviembre de 2019, “… se han visto reforzados por la situación de pandemia generada por el COVID19” (sic).
Puso de relieve que, en efecto, resultaba de público conocimiento que se habían dictado un sinnúmero de medidas administrativas restrictivas de la movilidad interjurisdiccional, se habían cerrado las fronteras del país y dictado medidas de máxima protección para los vuelos que ingresaban del exterior.
2°) Que contra dicho pronunciamiento, el demandado interpuso el recurso de apelación con fecha 21 de mayo de 2020, escrito que fue ingresado al sistema informático el 22 de mayo de 2020.
El 1° de junio de 2020 presentó el pertinente memorial (escrito incorporado al sistema con fecha 2 de junio de 2020).
La actora contestó el pertinente traslado (conferido por auto de fecha 2 de junio de 2020) mediante la presentación del 5 de junio de 2020 (incorporada al sistema el 8 de junio de 2020).
3°) Que en su escrito recursivo, el demandado efectúa, en primer lugar, una pormenorizada reseña de los antecedentes del caso.
Se agravia, por cuanto la prórroga del plazo de vigencia de la medida cautelar otorgada a favor de su contraria, excede -según entiende- de lo razonable y se constituye en un supuesto contrario a los fines que la ley 26.854 tuvo en miras.
Expone que la señalada ley 26.854 le ordena al juez que, en el caso de otorgar una medida cautelar y bajo pena de nulidad, fije un plazo razonable para su vigencia, la que, en el marco del proceso ordinario, no podrá ser mayor de seis meses.
Alude, asimismo, a las disposiciones contenidas en los arts. 3° y 5° de dicho ordenamiento legal.
Puntualiza que en los procesos contencioso-administrativos, a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar, debe agregarse la ineludible consideración del interés público.
Afirma que la decisión apelada fija una prórroga violando dichos preceptos, en tanto omite ponderar previamente el interés público comprometido; “… máxime cuando -como en el caso- la petición de prórroga desconoce que lo que se está solicitando es que se ordene a mi mandante a no ejercer sus facultades en el marco de decisiones que debe tomar, respecto del tratamiento de los residuos regulados por la autoridad de aplicación SENASA, en una situación de emergencia sanitaria y crisis económica por la pandemia COVID 19” (sic).
Señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, y luego, el 11 de marzo de 2020, como una pandemia que obligó a los estados a llevar a cabo medidas determinantes para intentar contener su impacto; asimismo, que, en ese grave marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 260/2020, ratificado por el Senado el pasado 13 de mayo de 2020, mediante el que amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley 27.541.
Alude que, ante el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 297/20 por medio del que ordenó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los decretos 325/2020, 355/2020 408/2020, 459/2020 y 493/2020.
Relata que, asimismo, la República Argentina ha dispuesto una suspensión temporaria de vuelos internacionales de pasajeros provenientes de zonas afectadas, al tiempo que habilitó a la Autoridad de Aplicación -Ministerio de Salud de la Nación- a disponer excepciones a dicha medida a fin de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medidas preventivas correspondientes, y para atender otras circunstancias de necesidad.
Enfatiza en que la situación que hoy se presenta es grave y que, para llevar a cabo las acciones indicadas, es necesario que se pueda contar con el máximo de amplitud legal para la toma de decisiones y que se eliminen todas las trabas; entre ellas, la cautelar dictada en las presentes actuaciones. Entiende que el interés público que moviliza la gestión de su parte es lo que corresponde hacer para proteger a la población de nuestro país frente a esta pandemia.
Recalca que el Poder Ejecutivo está actuando frente a tal pandemia con medidas estrictas tendientes a proteger a la población, y que resulta evidente que “… semejante situación no puede ser resuelta de manera compulsiva concediendo una prórroga de la medida cautelar que solo tuvo en miras amparar el estado de situación de una empresa que procura su negocio de manera monopólica y sin dudas afecta el desenvolvimiento de las medidas dispuestas por la Autoridad de Aplicación a favor de un universo enorme de ciudadanos argentinos, cada uno en disimiles circunstancias” (sic).
Añade que con la medida dispuesta se afecta directamente la capacidad de acción del ORSNA frente a la enfermedad referida, y el interés público comprometido que no es otro que la salud de la población.
En segundo lugar, bajo el epígrafe “La prórroga de la medida cautelar con la resolución del 18 de mayo de 2020 afecta el interés público” (sic), aduce que tal como lo ha explicitado la doctrina especializada, el interés público cumple una doble función en materia cautelar; por un lado, es la razón de ser de la administración de justicia y del dictado de las medidas cautelares en particular; y por el otro, también constituye “la medida y el límite con que las medidas cautelares han de ser decretadas, dado que aquel ha de prevalecer siempre. Para ello, deberá observarse si su dictado resulta menos dañoso para la comunidad que su rechazo” (sic).
Dice que, en tal contexto, resulta claro que al amparo de un equivocado planteo de la actora -sobre el riesgo que en su opinión representa el tratamiento de residuos regulados por el SENASA fuera del aeropuerto-, la Sra. jueza de grado proyecta la vigencia de una medida cautelar, no encontrándose acreditados los requisitos de fondo que hacen a la viabilidad de dicha medida, dado que el interés público -ante los nuevos eventos- se encuentra afectado y no le compete a la firma actora arrogarse la facultad de decidir las políticas del Estado, en el marco de las medidas adoptadas por el PEN por el COVID-19 y en plena pandemia.
Puntualiza que, en el caso, las decisiones que adopta el ORSNA en el sistema aeroportuario y la gestión de los residuos con las autoridades de aplicación, obedecen a un interés público mayor, que es la salud de toda la población argentina frente a la fuerte posibilidad de que uno o varios pasajeros provenientes de una zonas afectadas propaguen el COVID-19, generen innumerables focos de contagio y afecten el control de las autoridades sanitarias argentinas y con ello el sistema de salud nacional, por lo que aduce que Draconis S.A. no tiene aquí legitimación alguna para actuar en nombre del interés colectivo -que se ha visto reforzado por la situación de catástrofe sanitaria- y requerir se prorrogue la vigencia de la suspensión de los efectos de la resolución ORSNA N° 83/2018.
Asevera que, de tal manera, la Sra. magistrada avanza sobre eventos que cambiaron sustancialmente al momento de dictar la medida cautelar y también interfiere sobre la normativa de emergencia que han dictado las autoridades argentinas, las que están trabajando ininterrumpidamente para solucionar cada uno de los casos, lidiando con limitaciones tanto presupuestarias como de recursos humanos y aeronáuticos para llevar a cabo tales acciones, así como las limitaciones impuestas por distintos países del mundo en sus propios territorios que refleja la gravedad de la decisión adoptada mediante la resolución del 18 de mayo de 2020.
Pone de relieve que la Sra. jueza emplea argumentaciones dogmáticas y conjeturales y que erróneamente indica que los argumentos expuestos por esta Sala para el dictado de la cautelar decretada se ven reforzados por la situación de pandemia.
Alude a que, sin embargo, no verifica la Sra. jueza que, con la concesión de la prórroga, se traba justamente el accionar administrativo que encuentra su fundamento ineludible en la necesidad de preservar las decisiones del poder público en esta emergencia sanitaria.
Señala que, entonces, la sentenciante incurre en manifiesta contradicción, puesto que por una lado vincula las circunstancias de urgencia que justifican habilitar la feria judicial requerida con la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y, por el otro, concede una prórroga de una medida cautelar innovativa y anticipatoria de un proceso de conocimiento, que obstaculiza gravemente el cumplimiento de los fines públicos, privilegiando el interés individual por sobre el público.
Esgrime que, ciertamente, la Sra. magistrada soslaya las normativas de emergencia dictadas por la Administración y las medidas positivas que está llevando adelante su parte, y que, contrariamente a lo que sostiene para justificar la resolución del 18 de mayo de 2020, ocurrieron sucesos que modificaron los tendidos en cuenta a la fecha del dictado de la cautela. Apunta que, en sustancia, el remedio cautelar que confirma se confunde con la pretensión de fondo, importando tanto como adelantar su resultado, dejando vacío de contenido el pronunciamiento definitivo y afectando el interés público frente a la gravísima situación que se encuentra atravesando el mundo y nuestro país, producto de la pandemia declarada por el COVID-19.
Insiste en que, con la decisión apelada, el tribunal de grado suspende un acto válido y legítimo por un plazo de seis meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva, sin motivación de derecho que justifique por qué debe mantenerse la medida, que a su vez devino abstracta con el dictado de la resolución SENASA 77/19, que abroga la resolución SENASA 714/10.
Asimismo, recalca que a la luz de la nueva realidad que nos aqueja y el interés público, ante estos nuevos eventos y la emergencia sanitaria, sumado a la suspensión temporaria de vuelos internacionales de pasajeros provenientes de zonas afectadas, resulta necesario dejar de lado todas las trabas que afectan la posibilidad de que los residuos sean tratados en otros operadores fuera del aeropuerto, siendo que en ningún caso la operatoria de gestión de residuos que ingresan a la República Argentina -que es establecida por la autoridad de aplicación (SENASA)- obliga a que sean procesados dentro del mismo punto de entrada al país.
Añade que no se encuentra acreditado que el transporte de los residuos y desechos orgánicos internacionales (que no son residuos peligrosos ni calificados como tales por la normativa de aplicación SENASA), objeto de la medida decretada y cuya vigencia prorroga la resolución del 18 de mayo de 2020, genere un grave riesgo de diseminar plagas y enfermedades.
Hace hincapié en el contexto actual, marcado por la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y reitera que, frente a esta pandemia, la solución bridada por la Sra. juez es constitucionalmente insostenible ante las medidas de emergencia adoptadas, en tanto con ella se afecta directamente la capacidad de acción del ORSNA:
Dice que la pretensión de fondo de Draconis S.A. es nulificar un acto administrativo para asegurarse sus intereses meramente económicos frente a la posibilidad de que ingresen otras empresas habilitadas en la operatoria de gestión de los residuos.
Manifiesta que no se advierte, por ende, de qué manera la resolución ORSNA 83/2018 se encuentra afectada en su legitimidad cuando, justamente, su finalidad es resguardar el cuidado de la salud pública y la preservación del medio ambiente, de forma compatible con la naturaleza y características de la actividad aeronáutica.
Explicita que es claro entonces que con esta decisión hay más interés en mantener lo provisional a favor de la firma actora que en urgir el dictado de una sentencia.
Cita el fallo del Alto Tribunal, recaído en la causa “Grupo CLARIN S.A. y otro s / Medidas Cautelares”.
Explica que en la causa indicada, el Máximo Tribunal señaló que si la índole provisoria que regularmente revisten las medidas cautelares se desnaturalizare por su desmesurada extensión temporal, esa circunstancia resultará frustratoria del derecho federal invocado, en detrimento sustancial de una de las partes y en beneficio de la otra.
Pone de relieve que ese y no otro es el sentido que debió guiar a la Sra. jueza a quo en lugar de dictar una nueva prórroga, que contraría no solo la ley 26.854 sino también la doctrina mencionada supra.
Como tercer agravio, expone la ausencia de los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, cuya prórroga se decide con la resolución del 18 de mayo de 2020.
Refiere a los recaudos previstos por la ley 26.854.
Afirma la ausencia de la verosimilitud en el derecho y del peligro en la demora, alegando que la razón jurídica invocada es manifiestamente improcedente.
Relata que Draconis S.A. da apoyatura a la verosimilitud del derecho para solicitar la medida cautelar (y luego su prórroga), en argumentos que no se relacionan con la naturaleza de su empresa, que desarrolla su actividad como planta de tratamiento en el ámbito aeroportuario mediante un permiso precario de explotación (el que no le asegura su exclusividad, pudiendo competir con otras firmas sin que por ello se vulneren garantías constitucionales a un ambiente sano).
Aduce que no cabe una protección monopólica de una prestación de un servicio que vulnere los derechos de los usuarios, por mandato del artículo 42 de Constitución Nacional.
Repara en que, con la petición cautelar formulada, es evidente el anticipo de justicia que pretende la accionante.
Insiste en que la empresa actora tiene un permiso precario para operar en el Aeropuerto de Ezeiza, que no le garantiza una exclusividad. Asimismo, en que, en el caso, no se configuran los presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de los principios preventivos y precautorios, es decir, la incertidumbre científica y el daño grave e irreparable, tratándose de una resolución dictada por el ORSNA que deja sin efecto un artículo de una disposición reglamentaria, con fundamento en los procedimientos establecidos por la autoridad de aplicación (SENASA).
Esgrime que la resolución ORSNA N° 83/2018 no ignora las disposiciones del SENASA y en modo alguno el acto administrativo impugnado violenta las disposiciones de los arts. 11, 12, 13 de la ley 25.675 ya que, no cualquier riesgo potencial justifica mantener en el tiempo una medida de precaución en ese sentido.
Puntualiza que, en la especie, no ha quedado acreditado el peligro de producción de un perjuicio concreto e inminente, que autorice a disponer la prórroga de una medida anticipatoria como la decidida.
Advierte que Draconis S.A. nuevamente confunde la operatoria de gestión de residuos que ingresan a la República Argentina -que es establecida por la autoridad de aplicación (SENASA)- con los residuos peligrosos que se encuentran regulados por una ley específica -la ley 24.051-.
Reitera que no se encuentra acreditado en este proceso cautelar que el transporte de los residuos y desechos orgánicos internacionales (que no son residuos peligrosos ni calificados como tales por la autoridad que los regula: SENASA) generen un grave riesgo de diseminar plagas y enfermedades si son tratados en establecimientos distantes del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”.
Entiende que la accionante intenta generar un escenario que no condice con la realidad, con el único fin de crear derechos inexistentes, en tanto no tiene un uso exclusivo como planta de tratamiento. Añade que los riesgos que invoca su contraria son previsibles y/o manejables y se encuentran regulados por la autoridad de aplicación (SENASA), que claramente establece las condiciones en las que deben ser tratados y cargados los residuos (previamente clasificados y precintados por el SENASA) a fin de cumplimentar su trazabilidad (colecta-transporte-planta de tratamiento y disposición final).
También señala que Draconis S.A. olvida su falta de legitimación para actuar en nombre de un interés colectivo, y que lo que persigue no es más que la protección de un beneficio individual y una ventaja patrimonial cuando es función de los entes reguladores preservar el interés general por sobre el beneficio particular; “[m]ás aún como se dijo cuando se refleja la realidad actual de extrema gravedad que está sujeta al control de las autoridades sanitarias argentinas y con ello el sistema de salud nacional; no de DRACONIS ni del Poder Judicial” (sic).
Asevera que, sin duda, la resolución del 18 de mayo de 2020 importa una indisimulable sustitución de la discrecionalidad técnica que tiene el ORSNA y el SENASA, y, asimismo, que la magistrada de grado soslaya que su parte tiene la competencia técnica en establecer “las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos y controlar su cumplimiento” y es el SENASA la autoridad que determina la forma de disposición de los residuos de manera integral.
Manifiesta que la resolución ORSNA Nº 83/2018, identifica en sus considerandos la necesidad de ampliar la capacidad de tratamiento de residuos frente al mayor ingreso de los desperdicios provenientes del exterior al aeropuerto de Ezeiza, en función de la incorporación de nuevas rutas internacionales. Apunta que la Sra. jueza, en ese sentido, no demuestra cuáles son en concreto y subjetivamente las consecuencias irreparables e irreversibles que la explotación del servicio podría provocarle a la actora, con excepción de los económicos que quedarían afectados frente a la concurrencia de otros tratadores registrados ante el SENASA, con los que aquélla deberá competir.
Arguye que, además de la presencia de las condiciones comunes de la procedencia de la medida cautelar, cabe tener presente dos notas derivadas del carácter excepcional y de carácter restrictivo de dicha acción frente a la Administración: el análisis del interés público y el estudio riguroso que debe hacer el Tribunal que lo lleve a exigir la presencia de un perjuicio no meramente grave, sino irreparable.
Recalca que, en tal entendimiento, el interés meramente económico que invoca Draconis S.A. para justificar la prórroga -bajo la premisa de un daño al ambiente, que tacha de falsa- debe ceder, ya que no se advierte de modo manifiesto la irreparabilidad del perjuicio, y, además, el actuar del ORSNA se encuadra en el marco de las potestades administrativas regladas y discrecionales; “sobre todo en atención a la gravísima situación que se encuentra atravesando el mundo y específicamente nuestro país producto de la pandemia declarada por el COVID-19, las normativa de emergencia dictada y las medidas positivas que está llevando adelante la Administración” (sic).
Aclara que se trata de establecer alternativas para que los residuos sean tratados por todos los operadores habilitados por la autoridad competente y no limitar dicha operatoria a una planta de tratamiento frente a la catástrofe sanitaria.
Sostiene que no existe en autos acto u omisión alguna que violente las garantías constitucionales de la actora, como tampoco se da el supuesto daño ambiental alegado. Insiste en que la resolución ORSNA N° 83/2018 no genera daño ambiental alguno y que los perjuicios futuros invocados (a la vida y salud de la población) no han podido ser acreditados por Draconis S.A. ni por el judicante, y se trata de meras afirmaciones dogmáticas, hipotéticas y conjeturales.
Hace notar que la actora omite la falta de legitimación activa y la habilitación de la instancia.
En cuarto lugar, se queja por la identidad del objeto de la medida cautelar con el de la causa principal.
Aclara que en la causa “Camacho Acosta” se introdujo el criterio que postula que el objeto de la pretensión cautelar debe ser distinto al de la pretensión que será objeto de la sentencia que se dicte en el proceso principal.
Señala que la finalidad de este principio es evitar que el juez, al momento de resolver la cautelar, prejuzgue sobre el contenido de la sentencia definitiva que tendrá luego que dictar.
Plantea que, en este sentido, y siendo que el objeto de la medida cautelar requerida resulta ser idéntico al objeto principal de la causa, es que corresponde desde ya su rechazo.
Por último, se agravia de la ausencia del peligro en la demora. En lo que respecta a este recaudo, aduce que ni el juez ni la actora han acreditado que exista un peligro irreparable en la demora.
Recuerda que es doctrina constante que ante el carácter restrictivo y excepcional que revisten las medidas cautelares, no cabe ordenarlas si no se advierte de modo manifiesto la irreparabilidad del perjuicio.
Aduce que el peligro en la demora implica la materialización de un riesgo cierto, que no se da en el supuesto de autos para el sujeto accionante.
Dice que, en el caso, una simple lectura de los argumentos de la actora -que recoge la Sra. magistrada de grado- permite advertir la inexistencia de daño alguno que pudiera generarle la demora, el cual debería ser extremo y urgente, no surgiendo objetivamente de la causa, por lo que no alcanza para configurar el daño irreparable como requisito de fundabilidad de la medida cautelar.
Destaca que la resolución del 18 de mayo de 2020 no demuestra cuales son -en concreto y subjetivamente- las consecuencias irreparables e irreversibles que la explotación del servicio podría provocarle a la accionante, en este escenario de pandemia y crisis sanitaria, con excepción de los económicos que entiende afectados en su patrimonio, por lo que – en este punto- “… no hay razones que justifiquen extender en el tiempo una medida cuyo único fin es anticipar una sentencia de fondo, prejuzgando una situación que requiere mayor debate y prueba en un proceso de conocimiento que a la fecha no ha sido trabado con mi mandante, razón que motiva a solicitar se revoque, con costas” (sic).
A modo de conclusión, expone una serie de manifestaciones (aspecto del escrito recursivo al que cabe remitir, en atención a la brevedad).
4°) Que, al contestar el traslado del memorial, la parte actora señala que la presentación de su contraria no constituye una crítica concreta y razonada del fallo apelado, que decide la prórroga de la medida cautelar oportunamente decretada. En consecuencia, solicita que el recurso de apelación deducido por el ORSNA sea declarado desierto.
De manera subsidiaria, replica cada uno de los agravios del recurrente, en los términos que surgen de la presentación realizada el 5 de junio de 2020 (incorporada el 8 de junio de 2020 al sistema lex 100), los que cabe tener por reproducidos (también en función de la brevedad).
5°) Que interesa puntualizar que mediante la sentencia de fecha 18 de mayo de 2020, que es la que es objeto de apelación por el ORSNA, la Sra. jueza de grado decidió, además de habilitar la feria judicial extraordinaria, prorrogar por el plazo de seis meses -contado a partir del vencimiento del término originario-, o hasta que se dictara la sentencia de fondo -lo que ocurriera primero- la medida cautelar por la que se suspendieron los efectos de la resolución ORSNA N° 83/2018.
En orden a la prórroga de la vigencia de la medida (que es lo que aquí interesa, en tanto, más allá de su recurribilidad o irrecurribilidad, la habilitación de la feria no ha sido materia de agravio), la Sra. magistrada de grado fundó su decisión en que: – no se habían verificado circunstancias que modificaran las evaluadas al dictarse la cautelar que suspendió los efectos de la resolución ORSNA N° 83/2018; – los argumentos expuestos por esta Sala en la sentencia del 21 de noviembre de 2019, “… se han visto reforzados por la situación de pandemia generada por el COVID19” (sic). En este último aspecto, apuntó que era de público conocimiento que se habían dictado un sinnúmero de medidas administrativas restrictivas de la movilidad interjurisdiccional, cerrado las fronteras del país y dictado medidas de máxima protección para los vuelos que ingresaban del exterior.
Ello así, no debe perderse de vista que mediante la resolución de fecha 22 de enero de 2019, el Sr. juez de grado hizo lugar, en forma parcial, a la medida cautelar solicitada por la firma Draconis S.A y, en consecuencia, suspendió los efectos de la resolución ORSNA N° 83/2018, hasta que se diera la debida intervención al SENASA, a fin de posibilitar la evaluación del impacto ambiental que podría producir la modificación introducida por la resolución antes citada al Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Por otra parte, esta Sala, por el pronunciamiento dictado con fecha 21 de noviembre de 2019, ante los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra la apuntada decisión de grado, desestimó la apelación de la demandada e hizo lugar a la de la actora y, en consecuencia, confirmó la medida cautelar decretada por el Sr. magistrado con el alcance que resultaba de los considerandos de fallo -a los que se hará referencia más abajo-, y por el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de dicho decisorio, o hasta que se dictara sentencia, lo que sucediera primero.
En dicha oportunidad, este Tribunal, luego de referir a los términos de la decisión por la que se concedió la cautela (es decir, de la resolución del 22 de enero de 2019), a las postulaciones de ambas partes y a normativa implicada en la cuestión, así como a las constancias que surgían de la compulsa de la causa, y de señalar los lineamientos que hacían a la procedencia de las medidas cautelares del tipo de la solicitada, puso de relieve las consideraciones que siguen (las que se transcriben, en tanto aportan claridad a la hora de analizar el fundamento brindado por la Sra. magistrada de grado para otorgar la prórroga de la vigencia de la medida cautelar, y los agravios expuestos por la demandada):
“ …. de un estudio preliminar de las actuaciones, efectuado de un modo acorde con el limitado marco de conocimiento propio de la vía cautelar, se desprende que la actora peticiona que, a los efectos de preservar los derechos no patrimoniales -distintos del daño padecido por su parte- pero esenciales para asegurar la integridad de la salud pública y el medio ambiente, que se ordene a la demandada la inmediata suspensión de los efectos de la resolución ORSNA Nº 83/2018, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.”;
“Ciñe, entonces, su pretensión cautelar, únicamente a aspectos concernientes al medio ambiente y a la salud pública.”;
“En efecto, de la lectura del escrito de inicio se desprende que la accionante sustenta la verosimilitud del derecho que invoca en el análisis de la normativa vigente, la que, según destaca, impone la necesaria y previa aprobación del plan de gestión de residuos para su posterior implementación por parte del SENASA, así como en las actividades desarrolladas por su parte en sede administrativa (solicitud de vista de las actuaciones que no tuvo resolución) y en la prestación efectiva del servicio por Draconis S.A. en la planta de tratamiento de residuos de riesgo que opera en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento aprobado en el año 2010 y el Plan de Gestión de Residuos respectivo. Pone de relieve, en forma expresa, que se trata de una cuestión que afecta directamente el medio ambiente, que la resolución ORSNA Nº 83/2018 denota un franco retroceso en la protección de aquél, y que, además, se practica sin dar intervención a la autoridad competente en la materia (el SENASA) y sin requerir un estudio del impacto ambiental.”;
“Es decir que, en síntesis, el fumus bonis iuris se encuentra vinculado con el alegado -por la parte actora- daño que la implementación de la resolución ORSNA Nº 83/208 ocasionaría en el medio ambiente y en la salud de la población, al dejar sin efecto el art. 16.3 del Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en cuanto disponía que los residuos orgánicos provenientes del exterior que ingresaran en el citado aeropuerto debían ser tratados dentro de los límites de aquél, utilizando la planta habilitada a tal efecto, así como en la falta de intervención del SENASA en la adopción de tal medida (ver, especialmente, fs. 21vta., primer párrafo).”;
“Mientras que el peligro en la demora se funda, asimismo, en la preservación del medio ambiente que necesariamente se vería afectado con el dictado de la resolución cuestionada, al permitir el transporte de residuos de alto riesgo para su tratamiento fuera de los límites del aeropuerto.”;
“Es así que el Sr. juez de grado, concedió la tutela requerida por la firma actora, al considerar que la modificación introducida por la resolución ORSNA Nº 83/2018 aparecería como contraria a las garantías constitucionales en materia de salud y medio ambiente, como así también a las disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Residuos aprobado por el SENASA, pero limitando la suspensión de los efectos de aquélla hasta que se diera debida intervención al organismo señalado, a los efectos de posibilitar la evaluación del impacto ambiental que podría producir la modificación introducida. Ello, por los fundamentos que han sido reseñados en el considerando primero del presente pronunciamiento.”;
“Que como principio es imprescindible poner de manifiesto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).”;
“De tal suerte que habrán de ser abordadas sólo aquéllas cuestiones que se estimen relevantes a los fines de brindar suficiente y adecuado fundamento a la decisión que se adopta.”;
“Y en este orden debe comenzar por señalarse que si bien la accionante apeló la resolución de fs. 248/254vta., agraviándose por cuanto en dicho decisorio se había limitado la intervención del SENASA a posibilitar la evaluación del impacto ambiental y la tutela no había sido conferida hasta que se dictara una resolución favorable por parte de dicho organismo -para el cambio que pretendía llevarse adelante en el tratamiento de los residuos provenientes del exterior-, y que luego, en función de ello y por entender que se encontraban a estudio de esta Sala las apelaciones deducidas por ambas partes, dicha parte se opuso al levantamiento de la medida cautelar solicitado por la demandada, lo cierto es que, a la fecha, han sido emitidas por el SENASA la nota y el memorándum a los que se hiciera referencia en el considerando 7º del presente pronunciamiento, los que obran agregados a fs. 1314/1315 y fs. 1316/1317 del principal, respectivamente, circunstancia que torna abstracto su planteo.”;
“Cabe advertir sin embargo, que en tanto corresponde la insoslayable consideración de las circunstancias actualmente existentes, que deben ser ponderadas en virtud de la invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342, entre muchos otros), se analizará en su oportunidad lo pertinente en torno de las referidas comunicaciones.”;
“Así, y a los fines de mantener un orden adecuado en el tratamiento de las diferentes cuestiones planteadas, ha de ponerse de manifiesto inicialmente que en autos no se encuentra en cuestión lo atinente a la exclusividad o falta de ella por parte de la actora, en orden a la autorización para la realización de tareas en el tratamiento y disposición de residuos provenientes de la actividad aeronáutica, en el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza), sino lo relativo que la supresión del Art. 16.3 del Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Internacional dispuesta por la suspendida Resolución ORSNA 83/2018, habilita la posibilidad del tratamiento y disposición de dichos residuos fuera del ámbito aeroportuario.”;
“De tal suerte que en una primera aproximación a la cuestión, ha de quedar perfectamente aclarado que por cierto no es objeto de este análisis -ni podría serlo- lo concerniente a una supuesta situación o prerrogativa de exclusividad, sino lo relativo a las consecuencias inherentes a la concreta traslación de residuos de todo tipo, fuera del ámbito aeroportuario.”;
“Que dicho esto, y en concreta referencia a la cuestión sustancial involucrada en el presente debate recursivo, tomando en consideración la normativa vigente, corresponde destacar que si bien originalmente, la resolución ORSNA Nº 11/2010, que contenía dentro del Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza la norma del art. 16.3 -que fuera dejada sin efecto mediante la resolución aquí impugnada-, refería a los residuos tipificados por la resolución SENASA Nº 895/2002; y que esta resolución SENASA Nº 895/2002 fue abrogada por la resolución SENASA Nº 714/2010 y, a su vez, ésta última resultó abrogada por la resolución SENASA Nº 77/2019, vigente a la fecha, lo real y concreto es que en definitiva todos los preceptos coinciden en definir sus objetivos comunes, especificando la última de las disposiciones mencionadas, que su finalidad es la de definir la gestión y responsabilidades propias del SENASA y de cada uno de los actores intervinientes en la gestión de los residuos regulados desde su generación, clasificación, descarga, transporte y disposición final, de manera de cumplir con la meta de prevenir el ingreso y transmisión de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria del país, el cuidado del medio ambiente y la salud, desarrollando procedimientos y ejercicios de control y supervisión en todo punto de ingreso crítico al territorio nacional (ver Capítulo I del Anexo I de dicha resolución, punto 1.1.1.1.).”;
“A su vez reglamenta todo lo atinente a la gestión de los residuos orgánicos regulados, entre los que se encuentran los desechos provenientes de medios de transportes internacionales, considerando de riesgo los aeropuertos internacionales (ver puntos 1.2.1.2. y 1.3.1. del aludido Anexo), y fija las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los operadores (generador, colector, transportista y tratador responsable de la planta de tratamiento (ver el Capítulo 2 del Anexo al que se viene haciendo referencia). Establece los procedimientos que deben seguir cada uno de los agentes que intervienen en la gestión de los residuos y las respectivas medidas de control sanitario por el SENASA. Y en su Capítulo 4, prevé las condiciones particulares para aeropuertos con vuelos internacionales.”;
“Sin embargo, efectuado un prudente e inicial análisis al sólo y único efecto del tratamiento de la cuestión recursiva, se advierte que dicho complejo normativo no parece suficiente para habilitar -o tan siquiera para convalidad ‘ex post facto’- a la cuestionada disposición 83/2018, desde que por un lado, ni este acto ni la citada Resolución 77/2019 dan tratamiento ni abordan la situación concerniente a los denominados residuos peligrosos (ley 23.922), o tan siquiera propenden a su debida identificación y distinción para establecer el procedimiento que a su respecto corresponda.”;
“Es que según resulta ‘prima facie’, la regulación objetada deja expuesto y sin resguardo lo concerniente al tratamiento de una clase de residuos (peligrosos), asimilando las posibilidades de su ingreso y transporte en el interior del territorio nacional al correspondiente a los orgánicos regulados (enunciados en el Cap. I Sección 3 y 4 del Anexo I de la citada Resol. 77/19), prescindiendo de considerar por una parte la concreta posibilidad del ingreso de aquéllos por vía aérea, y por lo mismo, omitiéndose la consideración de su potencialidad dañosa y contaminante, tanto más cuanto a la normativa específica en la materia, exige un abordaje y regulación estrictos de tales desechos los cuales a la vez son objeto de severas restricciones y prohibiciones (conf. dec. 521/2019; art. 1, 3 y 4), que por cierto se encuentran ausentes en las previsiones contenidas en la Resolución SENASA 77/2019.”;
“De otra parte, nótese que en cuanto concierne a las condiciones particulares para aeropuertos con vuelos internacionales (tal el caso del Aeropuerto Internacional de Ezeiza), el propio 4.1.2. del Anexo I de la aludida resolución SENASA Nº 77/2019, expresamente prevé que para autorizar la descarga de los residuos allí regulados (recuérdese que solo se refiere a los residuos orgánicos, excluyendo de sus previsiones a los residuos peligrosos), se deberá contar con un Plan de Gestión para el tratamiento y disponer de instalaciones de uso exclusivo para el depósito, acondicionamiento, inspección y expedición de los residuos orgánicos regulados, los que deben ser tratados en circuitos separados de cualquier otro tipo de residuos; agregándose a continuación que las instalaciones y las operatorias deben otorgar seguridades sanitarias y estar habilitadas y autorizadas por el SENASA de acuerdo al Plan de Gestión presentado, lo cual refiere claramente a la estación aeroportuaria en la cual se autorizará la descarga de los residuos objeto de la norma.”;
“Con lo cual, resulta que dicho precepto tampoco daría -en principio- sostén a la posibilidad concreta de transporte y tratamiento de tales residuos fuera del ámbito aeroportuario, actividades que en efecto quedarían así habilitadas como consecuencia del dispositivo contenido en la Resol. ORSNA 83/2018, que dejó sin efecto la exigencia de tratamiento y disposición de los residuos dentro del referido ámbito.”,
“Que frente a la entidad de las cuestiones expuestas, cabe ahora confrontar el contenido del propio acto cuestionado, y sobre el particular es imperativo poner de manifiesto que su único y exclusivo fundamento reposa en un factor meramente hipotético, y que consiste en que la supuesta limitación operativa de la planta actualmente habilitada en el ámbito aeroportuario ‘podría generar la imposibilidad de dar tratamiento a los residuos provenientes del exterior’.”;
“Pues bien, es preciso advertir que aparte de no resultar del acto en análisis elemento alguno que dé cuenta de la real y efectiva existencia de limitaciones en la capacidad operativa de la planta actualmente en operaciones, tal factor siquiera ha sido acreditado o al menos debidamente sustentado en la postulación recursiva del organismo emisor, a lo que se añade que a todo evento la consecuencia que de ello se sigue constituye un factor conjetural, que por cierto tal como ha sido expuesto, carece de entidad para constituirse en fundamento o antecedente del acto, en los términos exigidos por el art. 7, inc. e), de la ley 19.549.”;
“Así, y en un análisis primario de la cuestión surge que la resolución ha sido en el caso impugnada sobre bases verosímiles, desde que, por una parte, una decisión de tales consecuencias y con tal entidad para involucrar aspectos que hacen a la salud pública, en tanto innova en cuestiones concernientes al tratamiento y disposición de residuos de toda clase provenientes de la actividad aeroportuaria -habilitando su ingreso y transporte en el interior del país-, carece de la necesaria, seria y debida fundamentación que exigen los valores en juego (que por cierto trascienden el mero interés patrimonial del solicitante de la medida suspensiva).”;
“Y de otra parte, también es ostensible que la Resolución ORSNA 83/2018, al suprimir de manera indiscriminada y sin previsión sustitutiva alguna, la exigencia de tratamiento y disposición -en el ámbito de la estación aeroportuaria- de los residuos provenientes de la actividad aérea, no sólo omite resguardar, sino que siquiera exhibe algún grado de proporcionalidad o eficacia con el resultado que impone la realización de tales labores, en orden a dar cumplimiento al imperativo resultante del mandato de cuidado y prevención establecido en el art.4 de la ley 25.675.”;
“Nótese que entre los propios fundamentos de la Resol. SENASA 77/2019, se ha puesto de manifiesto de manera expresa y enfática que la permanente modificación de las condiciones zoofitosanitarias en el mundo, puestas de manifiesto a diario con las sospechas y/o confirmaciones de noxas de alto riesgo en diversos países, así como lo imprevisto de la aparición de las mismas, obliga a adoptar medidas de fortalecimiento en el sistema de control en los Puestos de Frontera habilitados, como en todo otro punto de ingreso al Territorio Nacional, incrementando las actividades de prevención y fiscalización para salvaguardar el patrimonio sanitario animal y vegetal de la REPÚBLICA ARGENTINA; agregándose que el constante y creciente intercambio comercial y turístico con otros países genera el desplazamiento de personas, medios de transporte y bienes, produciendo el arribo a nuestro país de residuos y demás elementos potencialmente capaces de vehiculizar plagas y enfermedades que pueden poner en riesgo la sanidad animal, vegetal y el medio ambiente en general.”;
“También se tuvo allí en cuenta que los movimientos a través de los puntos de ingreso al país son aceptados internacionalmente y por nuestro propio análisis de riesgo, como puntos críticos y de mayor prevalencia para el ingreso de plagas o enfermedades que pueden impactar en nuestro actual estatus zoofitosanitario, indispensable de cuidar, mantener y mejorar para disponer de las garantías sanitarias en la certificaciones de exportación de agroproductos, con lo que resulta indiscutible la finalidad tuitiva, y especialmente preventiva del sistema.”;
“En definitiva, si de lo que se trata es de prevenir el ingreso de plagas y enfermedades y de proteger el medio ambiente y la salud, y siendo que el propio Programa de Residuos Orgánicos Regulados elaborado por el SENASA, se ha implementado a los efectos de prevenir y minimizar el riesgo de ingreso y transmisión de plagas y enfermedades y de procurar el cuidado del medio ambiente y la salud (objetivos de la anterior resolución SENASA Nº 714/2010, y de la actualmente vigente resolución SENASA Nº 77/2019, que implementó el Plan Nacional de Residuos -ver fs. 1316 del principal-), no se advierte de que modo tales objetivos pueden ser eficaz y efectivamente satisfechos habilitando la introducción y transporte de residuos de toda naturaleza y sin tratamiento alguno, en el territorio nacional.”;
“Resulta por demás evidente que, en tanto el fundamento declarado de la Resol. 83/2018, radica en lo concerniente a la capacidad operativa de la planta de tratamiento de residuos, es también ostensible que ello puede ser eficazmente abordado, adoptándose las medidas conducentes en el ámbito de la propia estación aeroportuaria, sin que se advierta la necesidad de ingresar los desechos en el territorio nacional.”;
“Por último pónese de manifiesto que la aplicación del acto impugnado, en tanto habilita la introducción en territorio nacional de diferentes sustancias y elementos provenientes del exterior, desde una zona primaria aduanera (art.5 inc. b) de la ley 22.415), sin que se exhiba la existencia de previsiones específicas, da cuenta de que se ha soslayado lo concerniente al imprescindible control aduanero que ha de ser ejercido, a los fines de la identificación del material de que se trata y consiguiente habilitación para su ingreso.”;
“Así pues y desde la perspectiva expuesta, resulta que en el caso -y dicho esto al sólo y único efecto del tratamiento de la pretensión recursiva en torno de la medida cautelar dictada en autos- ha de ceder en principio la presunción de legitimidad del acto, en tanto sus antecedentes así como el contenido y efecto concreto de cuanto dispone, son susceptibles de serio y fundado cuestionamiento, según ha quedado desarrollado en los considerandos que preceden, lo que habilita a su suspensión preventiva; tanto más cuanto, en vista de la entidad de los valores en juego y las consecuencias que se vislumbran de su ejecutoriedad en orden a la afectación de los intereses público involucrados, resulta en el caso menos perjudicial la postergación de sus efectos, que las derivaciones que se siguen de su implementación.”;
“Que a modo de digresión, con particular referencia a la nota NO-2019-08368359-APN-V#SENASA y memorándum ME-2019-07748850- APNDNO#SENASA, que dan respuesta a la consulta formulada por el organismo aeroportuario, según se advierte luego de un estudio acotado propio de la medida requerida y sin que implique adelantar postura sobre la cuestión de fondo, dichas comunicaciones se expiden de modo genérico y en abstracto, no pudiendo ocurrir de otro modo pues es ostensible que las mencionadas opiniones están ceñidas exclusivamente al aspecto normativo y con sujeción a los respectivos textos involucrados (y sus invocados objetivos), pues no han sido precedidas ni de la imprescindible verificación de las distintas situaciones y circunstancias generadas en los hechos, por la multiplicidad y variedad -y consiguiente peligrosidad- de los residuos provenientes de la actividad aérea (de todo origen), así como tampoco del análisis y valoración de las consecuencias que -en concreto- han de seguirse de la introducción y transporte de los mismos dentro del territorio nacional; y por lo mismo, se exhiben apartadas del debido e inexorable control que resulta necesario a los fines del adecuado resguardo del principio de prevención, cardinal en materia ambiental así como de seguridad y salubridad públicas.”;
“Además, dichas notas han omitido abordar la necesaria referencia al tratamiento de los denominados y clasificados residuos peligrosos, generalizando en definitiva la opinión a partir del tratamiento que la Resol-2019-77- APN-SENASA brinda a los denominados ‘residuos orgánicos regulado’, supuesto que ciertamente margina a los residuos patogénicos o peligrosos, tal como quedara oportunamente expuesto en los parágrafos precedentes; por manera que carecen de entidad para modificar el temperamento que se viene exponiendo a lo largo de este decisorio.”;
“Que por lo demás, en línea con los desarrollos vertidos, puede vislumbrarse el peligro en la demora necesario para acceder a la cautela, desde que según se desprende de cuanto se lleva analizado y siempre desde la mirada provisional y liminar que es propia de los dispositivos preventivos, el dictado de la resolución ORSNA Nº 83/2018 es susceptible de generar -en sus consecuencias- una situación de riesgo inminente en el medio ambiente o la salud poblacional, al habilitar de modo indiscriminado, el ingreso y transporte en el territorio nacional, de cualquier tipo de residuo proveniente de la actividad aeroportuaria.”.
6º) Que, una vez sentado lo expuesto en el considerando que antecede, y luego de una detenida lectura tanto de los términos que se desprenden del memorial como de los pronunciamientos emitidos en autos, cabe concluir que el ORSNA dirige sus agravios, en realidad, a cuestionar los fundamentos por los cuales el Sr. magistrado concedió -oportunamente- la medida cautelar solicitada por la actora, y esta Sala confirmó, bien que con disímil alcance, tal decisión.
Es decir, tal como surge de la reseña efectuada en el considerando 3° del presente pronunciamiento, las quejas del recurrente apuntan (salvo por la mención de la pandemia generada por el COVID-19, aspecto sobre el que se volverá más adelante), en rigor, a disentir con los fundamentos brindados en las resoluciones dictadas el 22 de enero de 2019 (sentencia de grado que otorga la cautela) y 21 de noviembre de 2019 (confirmatoria de la anterior).
Ello así, debe ponerse de relieve que las críticas atinentes a la alegada falta de configuración de los extremos que hacen a la procedencia de la medida cautelar, ya fueron suficientemente tratadas y resueltas por este Tribunal en la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019, que se encuentra firme, importando el presente memorial una indebida reedición de aspectos ya decididos.
En todo caso, y ponderando particularizada y razonadamente el contexto actual, se impone advertir que no se evidencia en autos circunstancia ni razón de peso alguna que resulte contraria a la prórroga de la medida cautelar dispuesta en autos, o que muestre una decisiva alteración de los factores que la justificaron; antes bien, el marco fáctico jurídico imperante persuade de la pertinencia del mantenimiento de su vigencia del modo en que se dispuso en la decisión apelada, toda vez que se mantienen, en lo sustancial, las condiciones que dieron basamento a la traba de dicha cautela, y -valga reiterarlo- nada de lo expresado en el memorial bajo examen desvirtúa tal consideración.
Otro tanto puede decirse sobre las alegaciones del recurrente relativas a la normativa involucrada en la presente cuestión, sobre la naturaleza y alcance de la pretensión actoral que es objeto de la medida cautelar, y en cuanto a la proyección sobre el interés público, aspectos que han sido ya analizados por este Tribunal -bien que de un modo acotado, propio de este tipo de proceso- en la mencionada sentencia del 21 de noviembre de 2019, en un sentido disímil al esbozado por el apelante -tal como se desprende con evidente claridad de los parágrafos supra transcriptos-.
Desde tal ángulo, cabe concluir que lo apuntado sella la suerte adversa del remedio intentado, en tanto el apelante no cuestiona mediante argumento jurídico alguno, la decisión de conceder la prórroga de la vigencia de la cautela, sino que enfoca sus cuestionamientos a las decisiones anteriores, por las que se concede y confirma la mencionada medida.
En efecto, en su escrito recursivo, la demandada no ensaya argumento jurídico alguno que permita considerar que la concesión de la prórroga del plazo de la medida cautelar no resulta ajustada a derecho, ni refiere circunstancias que permitan arribar a la conclusión contraria (verbigracia, la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarse la primigenia tutela).
En tal orden de ideas, las simples alusiones relacionadas con la pandemia generada por el COVID-19 efectuadas por el recurrente (relativas a que la situación que se presenta es grave y que, para llevar a cabo las acciones que permitan la protección de la población, es necesario que el ORSNA pueda contar con el máximo de amplitud legal para la toma de decisiones y que se eliminen todas las trabas -entre ellas, la cautelar dictada en las presentes actuaciones-; o que el Poder Ejecutivo está actuando frente a tal pandemia con medidas estrictas tendientes a proteger a la población, y que resulta evidente que semejante situación no puede ser resuelta de manera compulsiva concediendo una prórroga de la medida cautelar que solo tuvo en miras amparar el estado de situación de una empresa que procura su negocio de manera monopólica y afecta el desenvolvimiento de las medidas dispuestas por la autoridad de aplicación a favor de un universo enorme de ciudadanos argentinos; que la con la medida dispuesta se afecta directamente la capacidad de acción del ORSNA frente a la enfermedad referida, y el interés público comprometido, consistente en el cuidado de la salud de la población; y otras tantas que reiteran tales aseveraciones), resultan a todas luces insuficientes a los efectos de conmover la decisión apelada, en tanto, en este aspecto, el apelante se limita a realizar estas meras afirmaciones de carácter genérico, sin brindar apoyatura argumental, ni indicar cuáles son las concretas acciones a realizar por su parte a partir del acaecimiento de la pandemia, que se encuentra obstaculizada de gestionar.
Muchos menos menciona el apelante normativa dictada a partir de esta pandemia, que se relacione o importe medida alguna relativa a la cuestión aquí discutida (v.gr., el tratamiento de los residuos provenientes de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” sito en Ezeiza) ni invoca circunstancias que permitan siquiera inferir que la situación analizada al momento del dictado del pronunciamiento del 21 de noviembre de 2019 -claro está, en los aspectos focalizados en el tema bajo estudio (según se recordó: el alegado tratamiento de los residuos del citado aeropuerto internacional), y que exclusivamente hacen a la presente cuestión- ha variado, en condiciones tales de justificar la adopción de un temperamento distinto.
Lejos de ello, el ORSNA no se hace cargo del fundamento brindado por la Sra. magistrada de grado en la resolución del 18 de mayo de 2020, consistente en que los argumentos expuestos por esta Sala en la sentencia del 21 de noviembre de 2019, se ven reforzados por la situación de pandemia generada por el COVID-19.
En este aspecto, resulta que ante la situación epidemiológica actual que atraviesa el mundo y nuestro país a raíz de la ya mencionada pandemia, se incrementa -tal como indica la Sra. magistrada, sin crítica eficaz por parte del recurrente- la situación de riesgo inminente en el medio ambiente y en la salud de la población, que importaría habilitar de modo indiscriminado el ingreso y transporte en el territorio nacional, de cualquier tipo de residuo proveniente de la actividad aeroportuaria, extremos que parecen no haber sido adecuada y prudentemente considerados en la postulación recursiva, cuya admisión podría implicar -en las actuales condiciones- precisamente resentir los estrictos controles a que deben ser sometidos aquéllos residuos provenientes del extranjero, susceptibles de ingreso a nuestro territorio (a tal efecto, devienen de particular actualidad los desarrollos vertidos por esta Sala en el Considerando 12 de la Resolución de fecha 21/11/2019, ya citada).
7°) Que, a mayor abundamiento, y en sentido concordante con el expuesto en presente pronunciamento, ha señalado esta Sala en una anterior ocasión (en la que, como en el presente caso, la allí recurrente no se hacía cargo de los fundamentos por los cuales se había dispuesto conceder una prórroga a la vigencia de la cautela sino que cuestionaba los recaudos de procedencia), que:
“… los planteos referidos a la verificación de los extremos legales que tornan procedente la tutela otorgada, han sido tratados en ambas instancias en las anteriores oportunidades procesales, habiéndose destacado que, idéntica solución se adoptó en el pronunciamiento emitido el día 19/6/2014 (fs. 303/304 Expte. Nº 36337/2013/2) y luego el 16/12/2014 (Expte. Nº 36337/2013/2/1), por manera que, dada la ausencia de fundamento alguno con relación a las circunstancias consideradas y los argumentos expresados con anterioridad, no se advierte causa alguna que justifique apartarse de las decisiones adoptadas en estos autos, que -con las modalidades y bajo las condiciones enunciadas- se encuentran alcanzadas por el principio de preclusión.”;
“Desde esta perspectiva, siendo que en definitiva, el apelante reitera cuestiones que fueron previamente examinadas por este Tribunal, sin que, vale insistir, se invoque un supuesto fáctico o jurídico relevante que justifique un nuevo examen del asunto y en su consecuencia la revisión de la tutela otorgada, resulta claro que deben ser desestimados los argumentos…” -ver esta Sala in re “LAN Argentina SA -Moritan c/ ORSNA- Van Lacke s/ medida cautelar (autónoma)”, expte. Nº 36.337/2013, del 10 de septiembre de 2015; ver asimismo, esta Sala, en los autos “Incidente Nº 2 – ACTOR: Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión DEMANDADO: E.N. s/ Inc Apelación”, expte. N° 20.079/2017, decisorio del 20 de diciembre de 2018-.
8°) Que, volviendo a la temática relacionada con la pandemia producida por el COVID-19, cabe apuntar que, con respecto a aspectos que guardan relación con los aeropuertos internacionales, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto medidas tales como: – la suspensión temporaria de vuelos internacionales (decreto 260/2020; art. 9°); – la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país a través de aeropuertos (decreto 274/2020); – la ampliación de los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de aeropuertos a las personas residentes en el país y a los argentinos y argentinas con residencia en el exterior, con las excepciones allí previstas (decreto 313/2020); – el reingreso paulatino de personas residentes en el país y de argentinos residentes en el exterior que no hayan podido hacerlo (decreto 331/2020).
En dicho marco, se han ido programando una serie de vuelos a los efectos de la repatriación de argentinos que se encuentran en el exterior, información a la que puede accederse al consultar la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Así, en la mencionada página, con fecha 19 de junio de 2020, la Cancillería Argentina (ver “Información para la Prensa N° 141/20”), en el marco de las restricciones impuestas por el COVID-19, anunció “… siete nuevos vuelos que traerán a casi 1700 argentinos que encontraban en el exterior por trabajo y estudio” (sic), programados desde el 22 al 29 de junio de 2020, destacando que “[t]odos los vuelos fueron acordados siguiendo las estrictas medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país” (sic).
Se puso de relieve en dicho comunicado que:
“El Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Guillermo Justo Chaves, destacó que ‘los casos importados de COVID-19 bajaron al 2,8%. Si pensamos que al comienzo eran del 100%, entonces podemos decir claramente que fue acertada y exitosa la política adoptada en relación a las restricciones de ingresos desde el exterior. Se justificó la espera y el esfuerzo realizado por nuestros compatriotas ya que el virus prácticamente dejó de ingresar por Ezeiza’.” (sic);
“Chaves explicó que ‘el número de argentinos que quieren retornar sigue bajando, por eso hay menos demanda de vuelos. Hacia Europa los vuelos están saliendo completos, y los de regreso ya están viniendo con asientos vacíos. Esto demuestra claramente que hay cada vez menos argentinos que quieren regresar y muchos que ya están saliendo por razones de trabajo o estudio”.
“Además, el Jefe de Gabinete de la Cancillería puso de relieve también que ‘algunas compañías, como Iberia, al igual que Aerolíneas Argentinas, están pidiendo autorización para programar vuelos de aquí hasta agosto’.” (sic).
Ello así, y según se advierte prima facie, se refuerza el argumento expuesto por esta Sala en el pronunciamiento del 21 de noviembre de 2019, relativo a que el único fundamento del acto cuestionado en autos (es decir, la resolución ORSNA 83/2018) reposa en un “… un factor meramente hipotético, y que consiste en que la supuesta limitación operativa de la planta actualmente habilitada en el ámbito aeroportuario ‘podría generar la imposibilidad de dar tratamiento a los residuos provenientes del exterior’”, en tanto, tal como se desprende de lo expuesto en el presente considerando, la cantidad de vuelos internacionales desde el acaecimiento de la pandemia, se ha visto reducida drásticamente.
Todo lo cual -debe aclararse- se apunta sin desmedro de las consideraciones efectuadas en el Considerando 6°) del presente pronunciamiento, particularmente de lo dicho en el último párrafo de dicho considerando.
9°) Que, por último, no debe perderse de vista que el art. 5° de la ley 26.854, faculta expresamente a prorrogar la vigencia de las medidas cautelares frente al Estado, lo cual ha sido solicitado en estas actuaciones y concedido por la Sra. magistrada de grado mediante el pronunciamiento emitido el 18 de mayo de 2020, que se encuentra suficientemente sustentado en los fundamentos reseñados más arriba, los que, tal como se aprecia del desarrollo efectuado en el presente pronunciamiento, resisten incólumes las críticas del apelante.
Por lo expuesto y disponiéndose la habilitación de la feria extraordinaria en esta instancia a los efectos del dictado de la presente, en los términos del art. 5°, de la Acordada CSJN n° 18/20, del 08/06/20, que replica el acápite IV, punto 3°, del Anexo I, de la Acordada CSJN nº 14/20, del 11/05/20 (textos disponibles en: www.cij.gov.ar), este el Tribunal RESUELVE: rechazar la apelación intentada por el ORSNA contra la resolución del 18 de mayo de 2020, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
LUIS M. MARQUEZ
LAN Argentina SA – Moritan c/ORSNA – Van Lacke s/medida cautelar (autónoma) – Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. – N° 11 – 04/09/2013 – Cita digital IUSJU212399D
001757F
