Se declara inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por un abogado, en su condición de “operador jurídico de la Constitución Nacional”, peticionando el cese de la privación de libertad de una dirigente social, al advertirse graves defectos de la presentación y que revelan que procedió con notorio e incontrovertible desconocimiento de reglas elementales que regulan -desde hace más de un siglo- la competencia extraordinaria del Tribunal.
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