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JURISPRUDENCIASociedades. Asambleas. Estados contables. Deber de información y publicidad. Sanción administrativa. Multa. Inspección General de Justicia
Se confirma la multa impuesta por la Inspección General de Justicia a una sociedad anónima que omitió informar con la antelación suficiente (15 días) la celebración de una asamblea y presentó en forma extemporánea la documentación exigida por el art. 67 de la Ley 19.550, en virtud de las facultades sancionatorias que la Ley 22.315 le otorga a dicho organismo, en tanto el cumplimiento de estos deberes constituye un recaudo de publicidad cuya razón básica consiste en que cualquiera que tenga un interés lícito pueda conocer el estado patrimonial de la entidad.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2016.
1. La sociedad emplazada, Herso S.A., apeló subsidiariamente la Resolución IGJ n° 7481/15 (v. fs. 38/46 del trámite administrativo n° 1557553/199256, que corre por cuerda), mantenida en fs. 214/216, que le impuso una multa de $ 6.800 por haber infringido el art. 16 del Decreto 1493/82, el art. 145 de la Resolución General IGJ n° 7/05 y el art. 146 del Anexo “A” de la mencionada Resolución General; esto es, no haber informado al organismo de contralor con la debida antelación la celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 28.3.14, y haber presentado extemporáneamente la documentación que exige la LS 67 y la Resolución General IGJ 7/05.
Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 92/102 y contestados por la Inspección General de Justicia en fs. 196/207.
La Fiscal General ante la Cámara dictaminó en fs. 220/223, ocasión en que propició el rechazo de los planteos de nulidad del procedimiento administrativo e inconstitucionalidad del art. 18 del Decreto 1493/82 deducidos por la sociedad recurrente.
2. Los fundamentos y conclusiones vertidas por la Representante del Ministerio Público en el dictamen que precede a este pronunciamiento, a los cuales la Sala adhiere y remite por razones de economía procesal, son suficientes para concluir por el rechazo de los planteos de nulidad e inconstitucionalidad del art. 18 del Decreto 1493/82 que la sociedad emplazada dedujo en oportunidad de oponer el recurso de reconsideración con apelación en subsidio del que da cuenta la presentación de fs. 92/102.
3. Descartada entonces la referida tacha de inconstitucionalidad, cabe recordar que el art. 18 del Decreto 1493/82 establece que la falta de presentación en término de la documentación que acredite la celebración de las asambleas es causal suficiente para aplicar las sanciones previstas en las leyes 19.550 y 22.315.
De otro lado, el art. 12 de la ley 22.315 otorga facultades sancionatorias a la Inspección General de Justicia en supuestos en que las entidades no cumplan con la obligación de proveer información, suministren datos falsos o infrinjan las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias.
Sentado ello, en el caso aparece incuestionable que la sociedad recurrente incumplió lo establecido expresamente por el art. 16 del Decreto 1493/82 y el art. 145 de la Resolución General IGJ n° 7/05, desde que omitió informar al organismo de contralor con la suficiente antelación (15 días) la celebración de la asamblea celebrada el 28.3.14.
Basta con remitirse a la propia actuación efectuada por Herso S.A. ante la IGJ con fecha 30.7.14, ocasión en que dio inicio al trámite denominado “Presentación fuera de término de asambleas y estados contables. Sociedades incluidas en el art. 299 LSC” (v. fs. 1/32 del expediente administrativo n° 1557553/199256, que corre por cuerda).
Frente a ello, y dado que el argumento central esgrimido por la recurrente (consistente en que en anteriores ocasiones no fue sancionada por el organismo de contralor pese a haber presentado también fuera de término los trámites exigidos por ley) resulta claramente insuficiente para modificar lo decidido en sede administrativa, conclúyese que la queja en estudio resulta inadmisible.
4. Finalmente, cabe señalar que la oportuna presentación a la I.G.J. de los estados contables que la ley específica en la materia impone a las sociedades anónimas (LS 67 in fine) constituye un recaudo de publicidad cuya razón de ser básica consiste en que cualquiera que tenga un interés lícito vinculado con la sociedad pueda conocer su estado patrimonial (conf. Zaldívar, E., Cuadernos de derecho societario, T. 1, n° 23 pág. 352; Roitman, H., Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada, T. II, págs. 98/99, 2006), congruente no solo con la limitación de responsabilidad propia del tal tipo societario sino con la función económica de la sociedad comercial -en particular de la sociedad por acciones- como institución jurídica que permite la acumulación de capital para actividades productivas. Por consiguiente, lo sancionable no es un eventual daño concreto sino el hecho de impedir el cumplimiento de las finalidad de la ley (conf. esta Sala, 11.2.09, “Inspección General de Justicia c/ Fragún S.A. s/ ordinario”; íd., CNCom.,Sala A, 5.7.2000, “Comisión Nacional de Valores c/ Protto Hnos. S.A.”).
Todo lo cual coadyuva a concluir por la desestimación del recurso y la confirmación de la sanción impuesta.
5. Las costas habrán de distribuirse en el orden causado, pues la actuación de la Inspección General de Justicia constituye el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de los poderes de policía que la ley le ha conferido en materia societaria (conf. esta Sala, 12.5.11, «Inspección General de Justicia c/Amov IV S.A. de capital variable s/ organismos externos»; 18.5.11, «Inspección General de Justicia c/ Ruta Sur Rentals S.A. s/ organismos externos»; y 24.5.11, «Inspección General de Justicia c/ Axya Argentina S.R.L. s/ denuncia»).
6. Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo propiciado en lo pertinente en fs. 220/223, se RESUELVE:
Desestimar la subsidiaria apelación sub examine. Costas por su orden.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Notifíquese a la Fiscal General mediante la remisión de las actuaciones a su despacho y, oportunamente, devuélvase al organismo de origen.
Es copia fiel de fs. 224/225.
Juan José Dieuzeide
Pablo D. Heredia
Gerardo G. Vassallo
Horacio Piatti
Prosecretario de Cámara
Ley 19550 – BO: 25/04/1972
Ley 22315 – BO: 7/11/1980
Inspección General de Justicia c/Petroquímica Río Tercero SA s/organismos externos – Cám. Nac. Com. – Sala B – 27/10/2015
Inspección General de Justicia c/El Regazo SA s/organismos externos – Cám. Nac. Com. – Sala C – 19/08/2015
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