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JURISPRUDENCIASociedades. Inspección General de Justicia. Dictámenes jurídicos. Naturaleza jurídica. Acto administrativo. Recursos
Se desestima la queja formulada por una sociedad extranjera dirigida a cuestionar la tramitación que mereció una solicitud fundada en una simple opinión consultiva de la Administración, en la medida en que los dictámenes jurídicos de la Inspección General de Justicia no son actos administrativos y por ello no son impugnables.
Buenos Aires, 7 de abril de 2015.
Y Vistos:
1. El apoderado de “Komatsu Holding South America Limitada” viene en queja por la denegatoria de la apelación deducida en el trámite que lleva el n°7183787 (v. fs. 60 del presente cuadernillo).
Allí, se había requerido el dictado de una resolución definitiva respecto de cierto requerimiento formulado al órgano (vgr. sobre la necesidad de inscripción como sociedad extranjera ante el Registro Público de Comercio en los términos del art. 118 de la Ley 19.550, v. fs. 1 trámite n° 7167332; reproducida en fs. 5/6 del trámite n°7083027). Subsidiariamente planteó recurso de apelación, argumentando que el silencio de la Administración frente al pedido de pronto despacho, configuraba una denegatoria a aquella solicitud.
Sobre tales bases fácticas, entendió que resultaron intempestivos e impropios los dictados de los dictámenes del 19 y 29 de mayo del 2014 (aquí en fs. 40/2 y fs. 44/5) y la providencia D.S.C. N° 1085/2014 del 2/6/2014 (fs. 46) puesto que, ante el silencio del organismo, hubiera correspondido la elevación directa a la Cámara para el tratamiento de la cuestión.
2. Pese a la intrincada tramitación que mereció la solicitud original (sólo para ejemplificar: haberse iniciado en un formulario como “pedido de informes”, subsiguiente solicitud de búsqueda, pronto despacho, silencio de la administración, etc.) para resolver el entuerto traído a esta sede no debe perderse de vista que aquella consistió en una simple opinión consultiva (v. fs. 1 y 13 del trámite n° 7083027).
Desde tal conceptualización, no puede más que coincidirse con lo planteado en su hora por el ahora quejoso en torno a que los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos internos de la Administración en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, T. I, 10° edic., La Ley, Pcia. de Bs. As., 2011, pág. 251) siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario pertinente decida conforme a derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por medio de la producción de dictámenes, importa una actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 103).
En rigor, el dictamen consultivo es, en su funcionalidad procesal, un acto preparatorio, en la medida que sirve para la elaboración de actos decisorios y, en su otra faz, un elemento causal, en tanto “el elemento cognoscitivo contenido en el dictamen debe ser incorporado a la determinación y configuración de los hechos o a la identificación e interpretación del derecho aplicable”. De esta forma, el dictamen jurídico integra la causa del acto administrativo decisorio en tanto que el dato cognoscitivo que contiene es un antecedente fáctico de aquel (cfr. “Administración y Actividad Consultiva”, en A.A.V.V., “Cuestiones de Procedimiento Administrativo”, RAP, Bs. As., 2006, p. 533 y 542).
Por este motivo, los dictámenes no son objeto de impugnación, ni aún aquellos que fueren notificados al particular salvo en el caso de que conformen el acto decisorio, y a tal fin sean adjuntados. Pero en tal caso, se estaría impugnando el acto administrativo que hace suyo el dictamen y decide la cuestión remitiéndose a sus fundamentos (cfr. Cassagne, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, L.L.2012-D-1340, cita on line: AR/DOC/2907/2012).
Con este particular abordaje, la primigenia solicitud de consulta debe considerarse “agotada” o “consumada” con la expedición del dictamen aquí glosado en fs. 40/41, sin que quepa la posibilidad de impugnarlo y, consecuentemente, ser revisado en esta sede.
Repárese que esta conclusión tampoco variaría si se hubieran elevado directamente las actuaciones ante el silencio de la Administración, puesto que la naturaleza de la solicitud de “consulta” es extraña e impropia a la competencia de la magistratura, llamada a resolver casos concretos (arg. art. 2 Ley 27), no pudiendo desnaturalizársela por la elíptica vía que se pretende.
La misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes u órganos, ni suplir las decisiones que deben adoptarse para solucionar el problema (arg. Fallos 329:3089). Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable de todo tribunal (cfr. mutatis mutandi, esta Sala, 13/2/2014, «Rozemblum Martin c/Bugatti SA y otro s/ord. s/queja»).
3. Corolario de lo expuesto, se resuelve: desestimar la queja impetrada. Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).
Remítase el cuadernillo al organismo de origen junto a sus agregados.
Alejandra N. Tevez
Juan Manuel Ojea Quintana
Rafael F. Barreiro
María Florencia Estevarena
Secretaria
Stuart, Marcelo A., Anotaciones sobre la función consultiva de los servicios jurídicos en el Estado, Erreius on line, Marzo 2014
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