Se hace lugar al recurso de apelación de la empresa que había sido multada por la IGJ, ya que si bien el envío de una carta documento al domicilio social inscripto cumple con los requisitos procesales en materia de notificaciones, sin la constancia de aviso de entrega no se puede acreditar que la sociedad haya sido anoticiada del requerimiento ni que el contenido de este haya estado a su disposición.
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