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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIADeberes del síndico. Remoción del síndico. Mal desempeño de sus funciones. Art. 255 de la LCQ
En el marco de un juicio de quiebra, se revoca la sanción de remoción impuesta al síndico pues, si bien el funcionario pudo y debió evidenciar mayor contracción en el cumplimiento de sus deberes legales, lo cierto es que su actuación -si bien reprochable- carece de la entidad necesaria para mantener en este estado la sanción dispuesta.
Buenos Aires, 9 de marzo de 2017.
Y VISTOS:
1. Apeló el Sr. Víctor Hugo Sanchez en su carácter de síndico concursal integrante del estudio “Conti Sanchez’’, la remoción que le fuera impuesta en el decisorio del 22 de diciembre de 2015 conforme ilustran las constancias en copia obrantes a fs. 1/ 4.
Los agravios fueron volcados a fs. 8/46.
La Sra. Fiscal ante esta Cámara, dictaminó en fs. 76/81, propiciando la revocación de la resolución.
2. El juez de la anterior instancia, juzgó reiterados los incumplimientos de los deberes a su cargo y consideró el actuar del funcionario en la causal de mal desempeño en sus funciones.
Señaló la existencia de retardos injustificados a lo largo del trámite del proceso universal y en los autos “Poligrafica del Plata S.A s/ concurso preventivo s/ inc. de medidas cautelares”, que motivaran en su oportunidad la aplicación de las sanciones al síndico (llamado de atención y apercibimiento).
En esa línea hizo referencia a la conducta desplegada en la audiencia del 4 de Mayo de 2015 en la cual el síndico, a su entender, no logró aportar y responder con fundamento lo requerido en su oportunidad. Agregó que también omitió la confección del informe solicitado con anterioridad en los términos señalados en el art. 14 inc. 12 de la ley 24522.
Puntualizó, que con la certificación obrante en el incidente de medidas cautelares quedó acreditada la imposibilidad de comunicarse con la sindicatura en reiteradas oportunidades de urgencia.
Agregó, que requirió la presencia del síndico para retirar un giro para la publicación de edictos y el contador «Sanchez» manifestó no residir en el ámbito de la Capital Federal, contrariando las disposiciones legales respecto del actuar personal e indelegable de las tareas.
Hizo hincapié en los requerimientos formulados en el incidente de medidas cautelares que motivaron el temperamento adoptado en fs. 319 y 661 respectivamente.
Finalmente Juzgó, que habían transcurrido siete meses de deficiente desempeño en el cargo, donde la actividad del síndico se sostuvo sobre la base de intimaciones impuestas por el tribunal.
3. Como pauta orientadora, debe partirse de la premisa que el deber de responsabilidad del síndico es correlativo a la función que se le asigna, la que debe ser cumplida con eficiencia y conforme a los fines para los que fue creada (cfr. art. 902 c.civ). Su incumplimiento, entonces, apareja la aplicación de sanciones que deberán ajustarse a diversos factores, tales como los antecedentes del caso, la actuación del funcionario, su conducta, la gravedad del hecho imputado, la razonabilidad en la aplicación de la sanción, en la que debe encontrarse subsumida la regla de gradualidad y proporcionalidad (conf. CNCom., Sala B, 6.3.95, “Zadicoff s/quiebra” LL 1995-D, 566; íd., 23.3.94, «Canale, Rodolfo s/quiebra» -dict. Fiscal 60884-; Sala C, 30.11.95, «Tex-tail SRL s/inc.» -dict. Fiscal 74055-; íd., 31.8.99, «Crawford Keen y Cia. s/quiebra» del 20/02/1992).
4a. Ahora bien, en tanto el art. 255 LCQ señala como causales para la aplicación de sanciones, la negligencia, la falta grave y el mal desempeño, convendrá formular una somera aproximación semántica, antes de proseguir con el análisis puntual de la conducta del funcionario.
La negligencia, se configura por medio de un dejar de hacer aquello a que se está obligado por disposición del juez o de la ley, en el modo, tiempo y lugar en el que se debe hacer. Se trata de una conducta caracterizada por el abandono y la dejadez, la mora y la desatención en el cumplimiento de los deberes pertinentes (conf. Segal, R., «Sindicatura concursal», Edit. De Palma, 1978, pág. 253).
El mal desempeño, consiste en un hacer inadecuado, vinculándose así con el cumplimiento defectuoso. No se trata de un «no hacer» o «hacer fuera de tiempo» la tarea, sino de llevarla a cabo de manera formal, pero desenfocada respecto de lo que la ley exige, ya sea de modo expreso, ya a través de la finalidad implícita (conf. Rubín, M. «Régimen disciplinario de los síndicos concursales «, en Rev. ED. 18.4.2000).
Finalmente, la falta grave se comete transgrediendo una prohibición, que puede ser explícita o implícita en la ley.
4.b. Se impone entonces, un análisis contextual y global de la conducta asumida en el trámite concursal del estudio contable “Conti Sanchez” que permita discernir su desempeño en una visión superadora de la mera evaluación fragmentaria de hechos aislados.
Puestos frente a este cometido y a tenor de cuanto emerge de las constancias de las actuaciones “Poligráfica del Plata SA s/ concurso preventivo”, hoy quiebra; como así también de los autos “Poligráfica del Plata S.A s/ concurso preventivo s/ inc. medidas cautelares”, que se tienen a la vista, en consonancia con lo dispuesto en el dictamen de la Fiscal de Cámara (v. fs. 76/81) , que por cierto esta Sala comparte y se permite hacer suyo por razones de economía procesal (art.34, inc. 5 Cpr.), no se advierten omisiones de trascendencia que puedan ser calificadas como mal desempeño o falta grave que justifiquen en este estado la máxima sanción de remoción impuesta.
Es cierto que el síndico sólo cumplió en dos oportunidades con los informes mensuales requeridos al tiempo de la apertura del concurso preventivo en los términos del art. 14 inc. 12 ley 24.522, y ello merece reproche (v. fs. 292 y fs. 1679).
No obstante, no puede soslayarse que con la designación del veedor, luego administrador con desplazamiento de los representantes de la concursada y los sucesivos informes brindados por éste, respecto de la empresa, se desdibujan las consecuencias de la omisión señalada en función de las tareas asignadas al respecto al Dr. Enrique Alberto Peláez.
Destácase en tal sentido que los informes requeridos por el juzgado y el interventor designado hasta su renuncia (Dr. Enrique Alberto Peláez), fueron cumplidos por el funcionario sindical. Y siendo que el interventor-administrador tenía a su cargo confeccionar informes semanales sobre el estado de situación de la planta de la empresa, establecimientos, maquinarias, trabajadores (v. fs.133/39 facultades asignadas al administrador), no puede endilgarse al síndico su falta de asistencia personal a la planta a los fines de preparar los referidos informes, como predica el a quo, tal como lo señala el Ministerio Público Fiscal.
Respecto a lo dispuesto por el Juzgado a fs. 661 en las actuaciones “Poligráfica del Plata S.A s/ concurso preventivo s/ incidente de medida cautelar”, el síndico a fs. 673 informó sobre las vicisitudes del trámite de la causa y la conducta asumida sobre el particular. Y si bien el descargo no lo exime, no hace operante mecánicamente la consecuencia prevista en el decisorio, en tanto vino respondiendo tempestivamente los requerimientos del juzgado.
Tocante a la imposibilidad de comunicarse telefónicamente, anoticiado que fue el síndico rectificó en forma inmediata su proceder y denunció nuevos teléfonos.
Tampoco se evidencia que la demora en la tramitación de las causas sea enteramente imputable al obrar de la sindicatura, en tanto la prolongación del trámite se centra principalmente en diversas solicitudes de prórroga del período de exclusividad formulados por la concursada, por no contar con la conformidad del acreedor principal al acuerdo presentado en autos; como así también al trámite seguido una vez vencido el último plazo establecido en la causa. Esto es, la apertura del procedimiento previsto por el art. 48 LCQ, que transitó en sus distintas etapas, hasta que al vencimiento del plazo dispuesto a fs. 1887 y de conformidad con lo dispuesto por el art. 48 inc. 8 LCQ, se decretó la quiebra de la sociedad concursada, lo que aconteció el 28/8/2016 (fs. 1936/38).
En este marco, parece claro, en función de las particulares circunstancias que acompañaron el concurso preventivo, que la sindicatura no actuó de forma negligente, ni desatendió las tareas inherentes a su cargo que ameriten la sanción máxima de remoción que le fuera impuesta en los términos del art. 255 de la ley concursal.
En tal situación, y sin perderse de vista que el funcionario pudo y debió evidenciar mayor contracción en el cumplimiento de sus deberes legales, lo cierto es que su actuación – si bien reprochable- carece de entidad necesaria para mantener en este estado la sanción dispuesta.
No obstante, el obrar omisivo que se traduce en la falta de informes solicitados en las modalidades y tiempo en que debía efectuarse, no lo releva de responsabilidad, como así también en la falta de peticiones que traduzcan un obrar proactivo en el desempeño.
Así pues, habiéndose constatado con la Superintendencia de este Tribunal que el estudio de Contadores “Conti y Sanchez” carece de otras sanciones distintas a las habidas en esta causa, se estima pertinente dejar sin efecto la sanción de remoción y aplicar una multa, cuya cuantificación por cierto se encomienda al magistrado interviniente.
Es que las sanciones deben ser proporcionales a la conducta que se reprocha, a la entidad de las consecuencias y a los antecedentes de autos, por lo que se aprecia que esta sanción guarda mejor relación con la naturaleza e importancia de los incumplimientos denunciados. Ello no obstante, se exhorta al órgano sindical para que en lo sucesivo, tome la iniciativa de peticionar lo conducente a los efectos de avanzar el trámite de liquidación hasta su conclusión, coadyuvando a la correcta tramitación de la causa y consecuentemente a la labor que le ha sido encomendada, bajo apercibimiento de remoción.
5. Corolario de lo expuesto y por los restantes fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal General, se resuelve:
Revocar la sanción de remoción impuesta al síndico con el alcance señalado.
Encomiéndase al a quo la fijación del cuantum de la sanción de multa aquí dispuesta.
Póngase en conocimiento de la presente a la Superintendencia de esta Excelentísima Cámara. A tal efecto líbrese oficio.
Notifíquese, y a la Sra. Fiscal ante esta Cámara (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y n° 3/2015).
Hágase saber a la Dirección de Comunicación Púbica de la Corte Suprema de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art 4, Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).
Solo firman los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía n° 17 de ésta Cámara (art. 109 de Reglamento de la Justicia Nacional).
ALEJANDRA N. TEVEZ
RAFAEL F. BARREIRO
MARÍA EUGENIA SOTO
PROSECRETARIA DE CÁMARA
016032E
