Se rechaza la acción procesal interpuesta por el actor, quien se desempeñara como director general de obras dentro de la Municipalidad demandada, puesto que no se acreditaron los vicios que el actor le imputó al Decreto 1241/10, por lo que se consideró que la Municipalidad no actuó en forma ilegítima al disponer el cese en el cargo directivo que ocupaba. Es que el cese de la función conlleva al cese en la percepción de la categoría referencial prevista para dicho cargo -en este caso- político. Asimismo, se rechazó la pretensión indemnizatoria interpuesta por “mobbing”, pues no se acreditó la existencia del acoso moral denunciado.
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