Trabajo agrario seguridad e higiene trabajo esclavo trata de personas danos y perjuicios

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JURISPRUDENCIA

Trabajo agrario. Seguridad e higiene. Trabajo esclavo. Trata de personas. Daños y perjuicios

 

Se revoca el fallo recurrido, otorgando a cada uno de los actores una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, según surge de las conclusiones arribadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata, las notas periodísticas que informaron sobre el trabajo esclavo en los campos de la demandada, y del principio de la realidad, ya que si bien los trabajadores fueron fichados y registrados por esta empresa, le hicieron los estudios médicos preocupacionales y tenían contratada una ART, las condiciones de vida y laborales a las que estaban expuestos no cumplían con las mínimas condiciones de seguridad e higiene.

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 31/03/2017, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 477/509), que rechazó la presente acción, se alzan los actores, en los términos de los memoriales obrantes a fs. 513, con réplica a fs. 544/548.

En particular, manifiestan que se trata de un caso de explotación laboral, que guarda idéntica similitud con el “trabajo esclavo”, el cual ha sido difundido por los medios de comunicación a fines de 2010 y comienzos de 2011 (“Descubren un campamento de trabajo esclavo en San Pedro” – La Nación, 30 de diciembre de 2010; “ESCLAVOS, MODELO 2011” – Página/12, 2 de enero de 2011; entre otros),

Sostienen que esta explotación laboral, fue descubierta por acción del fiscal Rubén Giagnorio, titular de la UFI N°6 de San Nicolás. Que en ese hecho, la empresa involucrada era NIDERA S.A

Agregan que la sentenciante, si bien mencionó las publicaciones periodísticas acompañadas como prueba documental, no las valoró y tampoco tuvo en cuenta las constancias de la causa penal, que fueran remitidas desde el juzgado federal con sede en Rosario, Provincia de Santa Fe.

Afirman, que estuvieron expuestos a un grave riesgo sobre su salud, durante la estancia en el campo de NIDERA, que en dos oportunidades mientras terminaban la jornada de trabajo y a punto de dirigirse hacia el campamento, entre las 19 y 20 horas pasó una avioneta fumigando la zona donde se encontraban los trabajadores, esparciéndose los químicos lanzados por aquella por todo el aire contaminando el ambiente. Uno de ellos, J. E. F. F., que se encontraba trabajando en el lugar por donde pasaba la avioneta, se intoxicó y se le generó una reacción alérgica en la boca.

En síntesis, remarcan los hechos que se encuentran controvertidos en autos:

“1) si han existido las distintas conductas atribuidas a la demandada en perjuicio de los actores.

2) si tales abusos son susceptibles de generar una indemnización a favor de los demandantes.” Sic.

Reiteran que se efectuó una extensa prueba testimonial, con los Sres. G. A. R. (ver fs.231/234) y C. A. C. (fs.238/241), los cuales fueron omitidos.

Entienden que no resulta jurídicamente justificado que con la mera invocación de que los precedentes tres testigos tuvieran juicio pendiente, se le quite “de un plumazo toda fuerza de convicción”.

Ahora bien, en cuanto a la prueba testimonial producida por la contraria, señalan que se trata de los empleados de la accionada, Sres. J. F. L.; G. M. S. R.; A. A. P.; C. E. C. y A. R. G. Agrega que darle un crédito enorme a estos testimonios, desecha -erradamente- la declaración de tres de los testigos propuestos por esta parte.

Indican que también agregaron al expediente las siguientes fotocopias certificadas de expedientes judiciales.-

1) Juzgado Federal Nº3 – Secretaría B Fuero Penal, Ciudad de Rosario,

Provincia de Santa Fe, causa penal Nº 201/11B caratulada: “SRIO. AV. S/ LEY 26.364 – LUGAR MAGGIOLO”. Explicaron que esta causa, estudió los posibles delitos cometidos en el campo

2) Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro. 54:

– Informe INADI de fojas 722/740

– Informe Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Oficina de trata de personas de fs. 760 y sgtes.-

– Declaración testimonial de C. H. M. de fecha 09/08/2012.

– Declaración testimonial de G. B. J. de fecha 09/08/2012.

– Declaración testimonial de S. J. M. de fecha 13/08/2012.

– Declaración testimonial de I. M. E. de fecha 13/08/2012.

– Declaración testimonial de L. J. F. de fecha 25/10/2012.

– Declaración testimonial de C. M. R. de fecha 25/10/2012.

– Declaración testimonial de G. A. R. de fecha 30/10/2012.

– Declaración testimonial de O. J. A. de fecha 31/10/2012.

3) Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro. 448

– Declaración testimonial de L. J. F. de fecha 10/04/2013.-

– Declaración testimonial de G. A. R. de fecha 12/04/2013.-

– Declaración testimonial de G. D. L. de fecha 16/04/2013.-

– Declaración testimonial de T. N. R. de fecha 16/04/13.-

4) Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro.36 –

– Informe del INADI recibido en dicho expediente conforme despacho del 22/08/2012

En conclusión, entienden que de las injurias alegadas en la demanda, provocada por la demandada, son generadoras de las indemnizaciones reclamadas. En tal sentido, requieren que se revoque la sentencia de Primera Instancia, condenándose a la accionada, con costas.

En la presentación inicial (fs. 24/56), los Sres. J. E. F. F.; J. E. V. M.; F. A. V. y C. H. C., promueven demanda contra NIDERA ARGENTINA SA, procurando el cobro de reparación por daño moral, psíquico, tratamiento terapéutico y multa civil.

Al respecto, manifestaron que a fines del año 2010, la demandada NIDERA S.A., empresa multinacional líder en la producción, exportación y comercialización agropecuaria, reclutó un conjunto de trabajadores, para dedicarse a la desfloración manual del maíz en distintos campos situados en distintas regiones, tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Provincia de Santa Fe.

Aclararon que el reclutamiento de personal se efectuó en los pueblos de Sumampa, Ojo de Agua, etc. dentro de la Provincia de Santiago del Estero, donde prima una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social. Sostuvieron que este reclutamiento estaba a cargo del Sr. Á. R. G.; empleado de Nidera y oriundo de la Provincia de Santiago del Estero. Asimismo, invocaron que la contratación estuvo a cargo directa o indirectamente del Sr. J. L. (encargado del departamento de Recursos Humanos de Nidera en Bs.As.), M. C. (encargado de Recursos Humanos de Nidera en Chacabuco), N. M. A. (ingeniero agrónomo de Nidera que se desempeñaba en el predio «El Algarrobo») y de F. F. del C., (gerente de la planta de Chacabuco de Nidera).

Señalaron que esta búsqueda no fue al azar, sino que “Nidera buscaba específicamente personas en condiciones de profunda necesidad, capaces de tolerar los graves abusos que la empresa perpetraría durante la relación laboral, siendo su conducta maliciosa, discriminatoria y violatoria de numerosa normativa nacional e internacional.”

Explicaron que la ejecución del plan se efectuó mediante un reclutador, Á. R. G., que a su vez, se contactó con “cabecillas, que proponían a las personas del pueblo desocupadas, promesas de trabajo en una empresa importante como Nidera SA.

Relataron que el 22 de diciembre de 2010, fueron citados por el reclutador en la Plaza San Martin de la localidad de Sumampa, y fueron trasladados a la localidad de Ojo de Agua, a 30 km de distancia, porque se suponía que allí serian «fichados» y revisados por un médico.

Afirmaron que en dicha localidad, les hicieron firmar distintos papeles sin permitirles leer su contenido, se les tomaron algunos datos, como ser el nombre completo y su DNI, y se les preguntó si padecían alguna enfermedad.

Luego, fueron trasladados a los distintos campos arrendados por NIDERA, en colectivos tipo chartes, durante 10 horas, hasta que a las 5 de la mañana del día 23 de diciembre de 2010, arribaron finalmente a un campo sembrado con maíz, el que se denomina campo «San Patricio» cercano a la localidad de Maggiolo, Provincia de Santa Fe.

Asimismo, describieron que se presentó ante ellos una persona de apellido O., apodado «P.», quien dijo ser el capataz del campo, y les indicó las casillas donde tenía que dirigirse cada grupo a dejar sus pertenencias para luego empezar a trabajar.

En estas condiciones, refirieron que prestaron tareas durante todo el mes de diciembre de 2010, hasta que la relación laboral se vio abruptamente interrumpida por decisión de la demandada, en virtud de la intervención de una fiscalía, que detectó una conducta tipificada penalmente como «reducción a servidumbre».

En cuanto a la jornada laboral, dijeron que era de lunes a lunes, sin ningún día de descanso, que comenzaban a las 05:30 de la mañana hasta las 11 horas, y luego de 14 a 19:30 horas, aunque se extender por más horas. Destacaron que laboraron los días feriados, festivos o de lluvia.

Luego, señalaron que para llegar al lugar de trabajo, se trasladaban a pie desde las precarias casillas, 2 km sin disponer de ningún tipo de vehículo. Y que este recorrido lo hacían 4 veces al día, por lo que cada trabajador recorría aproximadamente 8 km diarios.

Detallaron que sus tareas eran: caminar los surcos sembrados de maíz, arrancar la flor a cada planta y dejarla caer al suelo. Agregaron que los lotes sembrados eran constantemente regados y fumigados, por lo que debían caminar por entre medio del barro y los herbicidas.

A continuación, comentaron que las casillas en las que habitaban, eran muy pequeñas, que no tenían luz eléctrica, ni gas ni agua potable. Solo contaban con unas colchonetas usadas, que en cada casilla vivían alrededor de 16 trabajadores. Añadieron que debían cocinar los alimentos precariamente en fogatas improvisadas hechas en la tierra, en un pozo, con materiales del campo. Tampoco contaban con vasos, platos o cubiertos, y que no había baños químicos, así que debían alejarse de las casillas y cada uno hacia sus necesidades en el medio del campo.

Señalaron que la demandada había cerrado la tranquera del campo para evitar huidas, encontrándose sometidos a constantes amenazas.

Hicieron hincapié en que nunca supieron cuál sería su remuneración, que solo les informaron que Nidera cubriría los gastos diarios por alimentación e higiene hasta el monto de $24 por trabajador, y que cualquier excedente sería descontado de la remuneración.

Indicaron que el 2 de enero de 2011 les informaron que no había más trabajo y al día siguiente, se les hizo abordar un colectivo hasta llegar a la estación de ferrocarril «Maggiolo». Luego siguieron viajando por 3 horas, más hasta que llegaron a otro campo en la localidad de Venado Tuerto, llamado «La Esperanza», en donde se les informó que se les iba a pagar, finalizando así el vínculo laboral habido entre las partes.

Finalmente, comentaron que volvieron a la ciudad de Sumampa el 4 de enero de 2011 a las 03:30 horas.-

En razón de todo lo expuesto, solicitaron que se condene a la demandada a abonar un resarcimiento por el daño moral sufrido ante las condiciones discriminatorias, precarias y abusivas en las que se llevó a cabo el vínculo existente. Asimismo, refieren que se la condene al pago de un resarcimiento por el daño psíquico sufrido, lo que hizo que necesitaran tratamiento terapéutico.

Finalmente, solicitaron que se le imponga a la demandada, una multa civil por la gravedad de los hechos acontecidos, en los términos del art. 52 bis de la LDC (Ley 24.240) o, se aplique lo dispuesto en el art. 16 del C. Civil.

En el responde, Nidera Argentina SA (fs.64/107), practico la negativa ritual, y reconoció que el 22 de diciembre de 2010, los actores ingresaron a trabajar como «agrarios no permanentes» (ley 22.248), para cumplir tareas de «desflore de maíz» en el campo «San Patricio», ubicado en las cercanías del pueblo Maggiolo y de Venado Tuerto de la Provincia de Santa Fe.

Explicó que los actores prestaron tareas durante 11 días, hasta que se terminó la tarea del desflore.

Asimismo, negó cada uno de los hechos expuestos en el inicio, y sostiene que la gente de la zona conoce bien el trabajo porque lo viene haciendo hace varios años para Nidera y otros semilleros, y añade que tanto el coactor V. como el padre del coactor F. F. trabajaron para la empresa en períodos anteriores.

A continuación, refirió que no se trata de empleados inexpertos, de poca cultura, que fueron engañados. Agregó que se les retirbuyera con un sistema a destajo, que es la forma remuneratoria predominante en las diversas expresiones de la actividad cíclica o estacional a las que el RNTA caracteriza como «trabajo no permanente».

Afirmó que el 3 de enero del 2011, abonó en debida forma a los actores, una pasada especial y dos de repaso, adicionando una bonificación por producción y un pago por días improductivos, que aluden por ejemplo a las horas de traslado. A ello se le agregó una bonificación al egreso, que incrementó el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas, que también se liquidaron al agotarse el objeto del contrato de trabajo que puso fin al vínculo no permanente.

Explicó que todos los actores estaban debidamente inscriptos con la CAT, OSPRERA y en la ART, resultando falso que se los haya tenido trabajando en negro. Todos ellos estaban registrados en la AFIP, el Sindicato, la ART y la Obra Social.

Sostuvo que los mismos, cumplían una jornada de trabajo de 7 a 11 horas y de 15 a 19 horas de lunes a sábados y, eventualmente, podía afectarse a algún trabajador el domingo. Destacó que no existió «hacinamiento» de personas en las casillas rurales en las que vivían, que estas estaban estratégicamente ubicadas bajo inmensas arboledas para que pudieran estar a la sombra, sin perjuicio que su estructura tenía aislantes suficientes. Asimismo, se encontraban refirió que estaban preparadas para albergar a 18 personas, mas solo era ocupada por 15, por lo que no existía el hacinamiento denunciado.

Luego, describió que había baños químicos, y contaba con la provisión de agua potable, apta para el consumo humano. Refirió que había un cocinero que era el que se encargaba de todas las labores de la cocina y no trabajaba en el desflore, no careciendo de instrumentos, utensilios o elemento alguno a tal fin.

Sostuvo que los trabajadores tenían una alimentación variada y que contaban en el campo con un refrigerador/freezer eléctrico alimentado por un generador para la conservación de los alimentos que así lo requerían. Y que el 3 de enero, cuando volvieron a sus hogares, se les entregó un pedido de fiambre, pan, frutas y dulce de leche.

En síntesis, solicitó el rechazo de la acción.

En estas condiciones, corresponde analizar la prueba producida en autos, y verificar cómo se desarrolló la tarea de los actores en el campo de Santa Fe, si tenían las condiciones mínimas de confort, o si fueron tratados en condiciones “trabajo esclavo”.

A fs. 155, la parte actora desistió de la pericia médica.

A fs. 172/184, se encuentran los gastos efectuados por Nidera SA en la FARMACIA BADIA, por productos de farmacia. Sin embargo, no se verifica a dónde fueron destinados los mismos.

Luego a fs. 185/186, consta un análisis bacteriológico de agua, solicitado por Nidera SA sobre la Estancia Algarrobo Localidad de San Pedro. Del mismo surge que no presentaba bacterias.

Si bien demuestra que la demandada efectuó una investigación sobre el estado del agua, esto no lo hizo en el campo de San Patricio, ubicado en la Provincia de Santa Fe, sino en la Estancia Algarrobo, ajena a los hechos de autos.

A fs. 212 el titular de la fábrica de casillas «CEDRO AZUL» informó que la demandada NIDERA le alquiló 12 casillas. Pero nada dice respecto a donde fueron enviadas las mismas.

A continuación, a fs. 215, el INADI informó acerca de la autenticidad de las actuaciones iniciadas por «trata de personas para la explotación laboral en San Pedro».

También, a fs. 216 la empresa MARISOL CGB S.A. reconoció que la demandada NIDERA SA compró casillas con destino a dormitorios. Pero al igual que lo referido anteriormente, no se sabe adónde se dirigieron.

Ahora bien, del informe expedido a fs. 220/221, por DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES S.A, surge que desde el 30 de enero de 2011 al 5 de febrero de 2011, se realizaron 22 inspecciones en los establecimientos agropecuarios donde NIDERA sembró cereales, distribuidos en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, se advierte que dentro de esas inspecciones, se encontraba el campo San Patricio.

Se consignó que allí se constató la existencia de energía eléctrica por medio de un generador, y de un freezer. En cuanto a las condiciones habitacionales, determinó que se hallaban dentro de lo establecido por la normativa vigente al momento de la inspección, y se constató la existencia de un botiquín de primeros auxilios.

Ahora bien, nótese que los actores dejaron de trabajar el 3 de enero del 2011. De modo que, no se puede extraer ningún dato del informe, que nos sirva en la presente causa, porque es posterior.

Veamos la prueba testimonial rendida en autos.

Por la parte actora, a fs. 231/234 el Sr. G. A. R., sostuvo que los “actores trabajaron desde el 23 diciembre del 2010 hasta los primeros días de enero del 2011, en un campo a 6 km. de Maggiolo, Santa Fe”. Destacó que esto lo sabe, porque fue a visitarlos tres veces. Que la primera vez, “el 25 de diciembre, fue porque un conocido del actor F., le avisó que estaban trabajando en la zona”. Las otras veces fueron el 28 y 31 de diciembre. Explicó que el 25 como era feriado fue a visitarlos por la mañana, y el 28 de diciembre por la tarde. Agregó que el 31 de diciembre “fue nuevamente con su amigo, y volvieron hasta Maggiolo para llevar unos refrescos a los actores que estaba trabajando, porque no tenían nada para beber, no tenían heladeras”. Aclaró que le pidieron si podían ir a comprar algo para tomar frió. Sostuvo que “los actores fueron reclutados en Sumampa, luego llevados a Ojo de Agua, en Santiago del Estero, para una revisación médica, sin darles ninguna información de donde iban ni cuanto iban a cobrar, ni cuantos días iban a estar trabajando”. Destacó el horario de trabajo era todo el día, de lunes a lunes, que trabajaban de sol a sol, aproximadamente de 5,30 de la mañana, a 20 horas. Dijo que paraban al mediodía una hora a comer y descansar, y luego salían de nuevo para seguir trabajando. Afirmó que esto lo sabe, porque “los días que fue a visitarlos estaban trabajando, y por experiencia propia, por haber trabajado para NIDERA SA”. Los feriados se trabajaban igual que los días de semana, esto lo sabe por experiencia propia, y por haberlos visto el 25 de diciembre, trabajando. Sostuvo que lo mismo sucedía con los días de lluvia, que trabajaban sin pilotos, ni calzados para el agua, lo hacían descalzos en el barro. En cuanto a las casillas afirmó que estaban “al rayo del sol, sin ningún reparo, y que los actores recorrían cuatro veces al día, aproximadamente unos 100 metros para poder llegar al lote”. Luego, agregó que mientras hacían el trabajo de desflores de maíz, la distancia que caminaban aproximadamente era 20 km por día. Sostuvo que “los accionante trabajaban en lotes de 500, 800 y 1000 metros de largo, que tardaban una hora entre ir y volver, y esto lo hacían 4 veces”. Manifestó que en el lugar de trabajo y en los lotes había una temperatura de 35 a 38 grados. Asimismo, refirió que tenían muy poca indumentaria otorgada por la empresa, que el calzado se rompía y no servía para la lluvia. Acto seguido, declaró que “las casillas donde dormían eran precarias de chapa, con aproximadamente 16 camas dentro de la casilla, en un espacio muy reducido con mucho calor, que no tenían tiempo de limpiar”. Dijo que cuando fue el 25 diciembre vio todo el desorden y la suciedad, que hacía mucho calor, porque estaban a rayo del sol, que “no había ningún sistema de ventilación”. Indicó que “tampoco tenían electricidad, bancos ni sillas, ni baños, ni donde bañarse, y además de tener que trabajar todo el día, no tenían luz a la noche para poder cocinar”. Destacó que no tenían elementos para higienizarse, que personas que ya habían ido antes se llevaban sus cosas, que el resto no tenían papel higiénico, ni jabón, ni shampoo, ni lavatorios. Relató que para hacer sus necesidades, los accionantes habían creado “un pozo de 1 metro de diámetro”, y se encontraba a unos 50 metros de las casillas, por lo que “el viento, llevaba el mal olor hacia donde estaban ellos, que era algo asqueroso”. En cuanto a la comida, manifestó que la cocinaban en una olla a fogón, porque no tenían cocina, y “la carne estaba en mal estado porque no tenían heladeras”. Hizo hincapié en que tampoco tenían platos ni cubiertos, que “improvisaban con botellas de plástico, como plato incluso, cucharas, y hasta con las mismas manos comían los alimentos”. Explicó que no había medios de transporte para movilizarse, que tenían que caminar 6 km para llegar a Maggiolo, que era el pueblo más cercano. Comentó que vio a F., en Venado Tuerto, en un hotel, porque se había lastimado la boca. Aclaró que “un avión que fumigaba el campo, pasó por encima de los actores, y el producto químico le hizo una reacción alérgica, que por eso, NIDERA lo llevó hasta un sanatorio allí, y luego lo dejó un día en el hotel, para posteriormente volver al lugar de trabajo.” Además, refirió que los actores bañaban al aire libre, detrás de los arbustos, “cortaban los bidones de fertilizantes químicos que se usan para la tierra, los enjuagaban con agua de una bomba manual, que tenían y con eso se bañaban.” Por otro lado, manifestó que tenían el aire del campo contaminado, por las fumigaciones de los aviones, que “regaban constantemente sobre ellos”. El dicente entre diciembre del 2010 y enero del 2011 trabajó en Venado Tuerto, para ALIMENTAL S.A., y que “F. le mandó mensajes por celular, aprovechando lo último que le quedaba de batería, para acordar bien la ubicación del lugar donde trabajaban, y por lo angustiado que estaba por las condiciones de trabajo”. Refirió que las visitas del 28 y 31 las coordinaron primero por mensaje, luego en el hotel donde se alojaba Venado Tuerto. Manifestó que lo mismo vivió en el año 2007 cuando le tocó trabajar para NIDERA, en las mismas malas condiciones, y metodología que usaron con estas personas. Indicó que “el efecto invernadero era el calor agobiante que se siente dentro de la casilla, donde la temperatura se duplica, junto con la humedad de la zona”. En relación con los alimentos, expresó que un proveedor iba una vez por semana, y se los alcanzaba a los actores. Agregó que los productos se los vendían, y luego, se les descontaba el dinero al final de la temporada.

A fs. 238/241 declaró C. A. C., propuesto por la parte actora, manifestó que trabajó para NIDERA en el año 2005 o 2006, y en el 2009 aproximadamente. Especificó que entre el año 2005-2006 lo hizo en un campo, que cree que era en Pergamino o Arrecifes (Pcia. de Buenos Aires), y en el 2009 en la planta de Venado Tuerto. Luego, indicó que los 4 actores trabajaron en Diciembre del año 2010 y en Enero del año 2011 en Maggiolo (Pcia. de Santa Fe), en un campo. Sostuvo que él vivía en Venado Tuerto. Señaló que recibió un mensaje de F., y fue con R., a visitar a los actores. Explicó que fueron al campo los días 25, 28 y 31 de diciembre. Refirió que como no tenían heladera, “les pidieron si le podían comprar algo fresco, como agua o gaseosa”. Destacó que no tenían electricidad. Describió que el cabecilla del grupo de los actores era el padre de F. J.. Agregó que a los grupos se los llamaba cuadrilla. Y estaban integrados por 16 y 18 personas. Manifestó que trabajaban de 5,30 am hasta 20 horas, y dice que paraban al mediodía una hora para comer. Hizo hincapié en que los actores “no tenían ningún tipo de protección, porque no tenían pilotín, calzado, gorra, ni sombrero, ni guantes, que trabajaban descalzos, y se lastimaban los pies, por andar descalzos”. En cuanto a las casillas sostuvo que eran precarias, de 2 por 6 metros, que tenían 16 camas, sin ropa de dormir, solo el colchón. Manifestó que allí adentro “hacía mucho calor, porque estaban al rayo del sol, que también estaba todo sucio”. Indicó que había mal olor, porque no tenían baño, y hacían sus necesidades cerca. Explicó que para trabajar, los actores recorrían entre 50 y 100 metros. Lo hacían este recorrido 4 veces por día. Describió que “el trabajo de los accionantes consistía en desflorar las flores, que se dividen en 6 (4 hembras y 2 machos), que hay que ir sacando la flor de la hembra, para que no se cruce con un macho, porque si no se degeneran”. Los actores recorrían los lotes caminando entre 20 y 24 km, por día. Agregó que además “fumigaban arriba de los actores y no tenían elementos de protección, que a F., le agarró una reacción alérgica, porque le hizo mal el producto de la fumigación”. Luego, explicó que en el lugar había una temperatura 35 a 38 grados aproximadamente, y no tenían gorros para cubrirse, ni había ventilación en las casillas. Asimismo, sostuvo que “para cocinar no tenían gas, por lo que hacían un fogón”. Que tampoco tenían elementos para bañarse como shampoo, jabón, solo usaban agua, porque la empresa no se los proveía. Destacó que “cuando hacían sus necesidades se limpiaban con diario”. “Ataban la carne con alambre, para cocinarla, y lo que sobraba lo colgaban debajo de una planta, porque no tenían heladera. A continuación, agregó que tampoco tenían utensilios (ni platos, ni tenedor, ni vasos), por lo que “cortaban la comida con la mano”, y a él le dio pena verlos así, “que parecían perros”. Sostuvo que para tomar líquido, “improvisaban cortando las botellas, y hacían vasos o tomaban del pico”. Manifestó que no había ninguna forma para los actores para transportarse hasta MAGGIOLO. Refirió que los actores “se bañaban en el campo al aire libre, no tenían privacidad, con agua de la bomba, agua sucia y usaban de palangana, los bidones de los productos químicos que cortaban por la mitad y lo enjuagaban, y lo usaban para bañarse”. Manifestó que F. le mandó un mensaje de texto avisándole que estaba cerca de Venado Tuerto, en Maggiolo. Manifestó también que, “en Sumampa, se enteraban que la empresa buscaba personal, y los cabecillas los anotaban, que esto se hacía en la plaza”. Relató que los actores no trabajaban en nada fijo, que “sobrevivían de changuitas”. Sostuvo que el 25, 28 y el 31 de diciembre, permaneció en el campo tres horas, y vio trabajar a los actores en el campo, que los esperó hasta que terminaran, y que F. estaba enfermo.

A fs. 411/414 declara L. E. M. Z., propuesto por la parte actora, quien dijo que conoce a F., del pueblo Sumampa. Refirió que en diciembre del año 2010, y primeros días de enero del año 2011, trabajó con los actores en el campo que está en San Patricio, que está a 6 km, del pueblo de Maggiolo (Pcia. de Santa Fe). Explicó que fueron reclutados de Sumampa, y llevados a Ojo de Agua, en Santiago del Estero, que “llegaron aproximadamente a las 10.00 horas de la mañana sin desayunar, porque les tenían que hacer los estudios para ir a trabajar a NIDERA”. Sostuvo que estuvieron hasta las 16,00 horas sin comer, hasta que les hicieron los estudios médicos. Agregó que quien le propuso ir a trabajar fue F. J., que era el cabecilla, pero “cuando los contrataron no les informaron sobre el salario, ni sobre donde iban a ir a trabajar”. Señaló que después los trasladaron a una estancia a 6 km de Maggiolo, de nombre San Patricio, se acomodaron en unas casillas que estaban ahí, y a las 07.00 de la mañana fueron a trabajar. Detalló que “fueron transportados en un colectivo, en malas condiciones, durante siete u ocho horas de viaje”. Luego, relató que “las casillas eran muy precarias, que se alojaban 16 personas, y que dormían en camas cuchetas, con un colchoncito de 5 cm”. Agregó que no había sábanas, ni colchas. Sostuvo que tampoco había ventilación, había olores, y no tenían tiempo para lavar la ropa. Agregó que no había electricidad, y la temperatura dentro de las casillas era de 35 a 40 grados. Relató que ellos estaban a cargo de hacer el desflore del maíz, y recorrían una distancia de 100 a 150 metros, para ir al lote, y por día caminaban entre 8 y 10 km, de acuerdo a la medida del lote. En cuanto a la jornada de trabajo, manifestó que “cumplían sus tareas desde las 06,30 o 07,00 horas de la mañana, paraban a comer de 12,00 a 13,00, y 13,30 horas salían hasta las 20 horas a trabajar, que lo hacían de lunes a lunes sin feriados, puesto que trabajaban el 24, 25, 31 de Diciembre y el 1 de Enero”. Además, dijo que los días de lluvia salían a trabajar sin pilotín, en alpargatas o descalzos en algunos casos. Describió que la empresa no les daba ropa de trabajo, como barbijo, antiparra, gorra ni botas. A continuación, refirió que no tenían olla, tenedor, cuchillos, ni platos, que “improvisaron una mesa, con un elástico de las cuchetas, que pusieron arriba de unos bidones, que cortaron botellas de aceite para hacer tacitas y poder tomar agua, y hacían cucharas con el mismo plástico, y algunos comían con las manos.” Comentó que un día “vieron una avioneta color amarilla que bajó delante de la casilla, que había sembrado soja, y empezó a fumigar delante de los trabajadores que estaban comiendo, y en un momento les empezó a arder los ojos, irritándoles la vista, y al dicente también se le hincharon los ojos”. Sostuvo que “pasó 1 o 2 veces lo de la avioneta”. También, afirmó que había un proveedor que les traía la comida, una o dos veces a la semana, que “tenía precios altísimos”. En cuanto a las condiciones en las que vivieron esos días, indicó que “no tenían heladeras, ni freezer, que por eso la carne la colgaban de unas plantas, y le sacaban la parte de color oscuro, porque las moscas le echan keresa, que es una cosa blanca que después al pasar los minutos o las horas se hace un gusano, y se expande por toda la carne”. Destacó que “cuando la iban a cocinar la lavaban con agua tibia, para sacarle todo y la hacían hervir”. Hizo hincapié en que “la comían, porque no tenían otra cosa, que las cebollas terminaban pudriéndose”. Luego, descubrieron que había ratas comiendo azúcar, y que rompían las bolsas. Explicó que tomaban agua de bomba que estaba cerca de la casilla, aproximadamente a 50 y 70 metros, pero salía el agua oscura y con barro. Además, destacó que para hacer sus necesidades, hicieron un pozo, aproximadamente de un metro, “cortaron un bidón, e hicieron tipos inodoros para hacer sus necesidades”. No tenían ni siquiera baños químicos, y se limpiaban con papel de diario. Sostuvo que “cuando comían venía el olor del baño que habían improvisado, y que había muchas moscas a la hora de comer, era todo esto algo muy insalubre”. Explicó que tenían un presupuesto para alimentos de 20 y 24 para cada trabajador, pero “los precios estaban sobrefacturados, no les alcanzaba y salían perdiendo los trabajadores”. Cuando terminaba la jornada de trabajo que era a las 20,00 horas, comían, algunos se bañaban con lo que podían, y “muchos compañeros no se bañaban, y juntaba un mal olor dentro de la casilla, y luego se acostaban tipo 21,00 horas, porque no daban más del cansancio”. Describió que el agua con lo que se bañaban estaba sucia, y no tenían elementos de higiene, dado que no les daban shampoo, ni jabón.

Por la misma parte, a fs. 415/419 declaró E. M. C., quien sostuvo que tenía juicio pendiente contra NIDERA. Afirmó que trabajó para NIDERA, a fines del año 2010, y los primeros días del año 2011, junto con los actores, y se conocieron cuando los llamaron para buscar trabajar en SUMAMPA. Manifestó que “los llamó el cabecilla que era F. J. (padre de F. actor)”. Destacó que lo único que sabían era que iban a desflorar en el campo, y no tenían otro dato sobre el trabajo. Refirió que “no sabían cuánto le iban a pagar, que le hicieron firmar unos papeles, y les hicieron la revisación médica”. Luego, relató que salieron de Sumampa, a las 10,00 de la mañana y los llevaron a Ojos de Agua, y “tenían que estar en ayuno, porque les sacaban sangre y cerca del mediodía les hicieron la revisación médica”. Agregó que “recién a las 21 horas, los subieron al colectivo sin aire acondicionado, y los llevaron al campo”. Cuando llegaron al campo “el dicente no tenía el bolso que había llevado, y se acomodaron en unas casillas que les dieron y vino el capataz y les dijo que tenían que salir a trabajar”. Explicó que las casillas eran muy precarias, de chapa, y medían 2 metros por 6. Asimismo, indicó que había 16 camas, que eran cuchetas. Refirió que “él tuvo que dormir arriba en la cucheta, en una colchoneta vieja de unos 5 cm de espesor de la chapa, y dormía a 50 cm del techo”. Destacó que no tenían sábanas ni almohadas, y tampoco sombra. Detalló que para dormir apoyaban el cuerpo en las colchonetas, y “la mayoría de los actores ponían la ropa abajo del colchón para que tuviera más espesor”. Refirió que la cuadrilla la integraban 15 personas. Describió que la casilla donde dormían no tenía ventilación, ni luz, y por lo tanto, no tenían ventilador ni aire. Manifestó que “por las altas temperaturas no podían dormir, y él se insoló y tuvo infección urinaria por andar en el campo”. Asimismo, sostuvo que no había baños, y “hacían sus necesidades a unos metros de la casilla, en un pozo, por lo que había mucho mal olor, y que se limpiaban con papel de diario”, ya que no les habían dado papel higiénico, incluso “los actores se lavaban con agua que habían sacado de una bomba que estaba a unos 50 metros”. El agua no era limpia, porque era de un pozo. Sumado a ello, hicieron hincapié en que “no había privacidad para hacer las necesidades, ni bañarse, habían cortado unos bidones de fertilizantes para utilizarlos como fuentón, y se bañaban a la intemperie, no tenían ducha, y los días de lluvia aprovechaban el agua que caía para hacer tipo duchas”. Luego, señalaron que no les dieron elementos de higiene: shampoo, ni jabón, y que la ropa no la lavaban, la tenían sucia. Luego, refirieron que “no tenían iluminación en las casillas, por lo que hacían un fogón durante la noche, y con el mismo fuego calentaban la pava para desayunar o cocinar”. Manifestó que se despertaban a las cinco de la mañana, desayunaban y se iban a los lotes caminando, una distancia de 100 a 150 metros desde la casilla hasta los lotes. Comentaron que “el horario de trabajo era de 6 a 19/20 horas, con un descanso de una hora al mediodía”. La distancia que recorrían algunos días “era de 8 km a 20 km de distancia”, que dependían de los lotes de 500, 800 y hasta 1000 metros. Relató que “el trabajo consistía en desflorar la flor de la planta de la hembra, para que no se mezcle con el macho, y caminaban sobre los surcos, la mayoría de las veces descalzo porque no tenían calzado”. Hicieron hincapié en que no les dieron ropa de trabajo: capas, barbijos, anteojos, guantes, y para cubrirse del sol se ponían remeras en la cabeza. Destacó que les habían prometido que les iban a proporcionar los elementos de trabajo, y no les dieron, por eso andaban descalzos, y algunos de los trabajadores se lastimaron los pies. Sumado a ello, “tampoco tenían agua mineral, tomaban agua del riego o del pozo, que no era potable, y no sabía bien”. Agregó que no había heladera, no había conservadora para tener la mercadería, que la carne tenía que ser colgada abajo de una sombra de un arbolito y se echaba a perder. Detalló que limpiaban la carne, le sacaban la parte fea, y con la parte buena cocinaban. Hizo hincapié en que la “comían la carne, porque tenían hambre, no les quedaba otra aunque era de mal gusto”. Refirió que los productos se guardaban a la intemperie, que tampoco tenían utensilios, y cortaban las botellas para hacer de tasa, y cuchara. Afirmó que “algunos comían con la mano, y otros con algún pedazo de maderita que encontraban por ahí”. A continuación, especificó que algunos días mientras comían “pasaba una avioneta fumigando, largando veneno y les causó un picazón en la cara y los ojos”. Asimismo, describió que trabajaban todos los días sin descanso, que “no había feriados, ni domingos, ni días de lluvia, había que trabajar igual”. Luego, expresó que era incómodo dormir, porque la casilla estaba caliente, la temperatura en las casillas cuando descansaban era de 30 grados, y en los lotes la temperatura era de 38 grados. A continuación, indicó que a los actores les abonaron aproximadamente 1100 pesos, pero que no recuerda bien.

Luego, a fs. 420/423 declaró G. H. C., también a instancias de la actora, que tiene juicio pendiente contra NIDERA. Afirmó que fue a trabajar a NIDERA, a finales del año 2010 (Diciembre) y principios del año 2011, que estuvo allí entre 10 y 15 días, junto con los actores. Describió que llegó a Sumampa, y luego viajó con una cuadrilla a Ojos de Agua. Explicó que “el colectivo no estaba en las condiciones que uno merece para viajar, y cuando llegaron a ojos de agua, se unió a la cuadrilla de F. J., y ahí conoció a los actores”. Mencionó que F. J., era el cabecilla de la cuadrilla. Acto seguido, comentó que la empresa no le brindó ningún tipo de información ni les dijo cuanto iban a ganar, ni a donde iban. Finalmente, detalló que fueron a la estancia San Patricio, ubicado en Maggiolo, Provincia de Santa Fe. Agregó que en Ojo de agua “los tuvieron todo el día para hacerles la revisación médica, sin comer,” porque les dijeron que les tenían que sacar sangre. “Luego de las 17 horas, se compraron comida, y algunos se habían llevado de la casa”. Destacó que recién a las 21,00 horas partieron en colectivo hacia al campo, al cual arribaron a las 4 de la mañana. Señaló que a las 06,00 horas o 07,00 horas los sacaron a trabajar, sin elementos ni ropa de trabajo, con lo que tenían puesto. Refirió que la casilla era de 2 metros por 6 de largo, y adentro había camas para 16 personas, que tenían colchonetas muy bajitas, sin sábanas ni almohada. Remarcó que les dolía la espalda por la madera, por lo que apoyaban el cuerpo con las camisas y los pantalones sobre el colchón”. En relación al sistema de ventilación, señaló que “había una puerta de ingreso y otra de salida, no tenían ventanas y no había ningún otro medio de aireación”. Dijo que “la temperatura era de 38 grados, hacía mucho calor y estaban al rayo del sol”. Remarcó que no se podía descansar bien, por el estado de las camas. Además apuntó que no tenía ningún sistema de iluminación, hacían fuego, que era para cocinar. Asimismo, señaló que como no tenían gorras, se ataban remeras a la cabeza. Tampoco tenían guantes y se lastimaban por el filo de la chala. En cuanto al horario de trabajo, dijo que se desempeñaban de lunes a lunes, de 6 a 12/12.30 y volvían a las 13 luego de comer. Luego, declaró que no tenían elementos para comer, “hacían platos de botellas cortadas, cucharitas de los pedazos de botellas, o comían con las manos”. También “cortaban pedazos de botellas de aceite, y hacían vasos, para tomar agua que salía de la bomba toda sucia”. Explicó que la carne la conservaba con unos alambres en una planta porque no tenían heladera, ni conservadora, y luego le sacaban la parte fea, porque las moscas le hacían keresa, que es lo que hace el gusano y se reproduce por toda la carne. Mencionó que el proveedor de productos iba 1 o 2 veces a la semana. Agregó que como no tenían donde guardar la comida, las ponían debajo de la casilla, y las ratas se la comían. Denunció que tampoco había higiene, porque no tenían shampoo, jabón, cortaban los bidones que estaban tirados, para juntar agua para lavarse. Se bañaban al aire libre sin privacidad. Y para los sanitarios habían hecho un pozo a 50 o 60 metros de la casilla, y se limpiaban con diarios. Destacó que “todos tenían olores, lo que les producía malestar, les resultaba incómodo”. “Para comer apoyaban la comida en un elástico de una cama, que estaba puesta arriba de unos bidones”. Refirió que trabajaban todos los días, hasta cuando llovía, y no tenían la capa ni botas de gomas. Sostuvo que caminaban 8 km por día, con altas temperaturas, de más de 40 grados adentro de los surcos. Indicó que por día la empresa les daba para comer entre 20 y 24 pesos, pero como la comida era cara, no les alcanzaba. Relató que un día, estaban comiendo, y “paso una avioneta a fumigar y el mismo veneno con el viento lo trajo hacía los trabajadores, por lo que algunos quedaron con la vista irritada, a otros se les hinchó la boca”. A continuación, destacó que se mojaba la leña cuando llovía, y como no podían hacer fuego, no comían nada, y se acostaban a dormir para descansar.

Por la parte demandada, a fs. 235/237, el Sr. J. F. L., dijo que “no conoce a los actores, y que sí a la demandada, porque era empleado, gerente de recursos humanos”. Sostuvo que los actores trabajaron en un campo que se llama San Patricio, cerca de Maggiolo (localidad en el sur de Santa Fe), desde fines de diciembre del año 2010 hasta el 2 de enero del año 2011. Agregó que la distancia de Maggiolo hasta el lugar donde trabajaban los actores era de 4 km aproximadamente. Explicó cómo era la tarea de desflore de maíz, que “el trabajador debía caminar por el surco, identificar la flor que hay que sacar y retirarla y tirarla al piso”. Sostuvo que “primero se realizaban con una máquina, sacando un gran porcentaje de flores, y luego pasan los trabajadores para sacar las restantes en forma manual”. Que publican avisos en distintas zonas para la campaña de desflora de maíz , y “normalmente hay un alto porcentaje de gente que viene hace varios años tanto a NIDERA como a otros semilleros, y ellos se encargan de avisarles a diferentes contactos que quieran trabajar”. Describió que a los actores se los contrató en la localidad de Sumampa, que el promotor allí era A. G. Sostuvo que “en las reuniones se explicaban cómo había sido la campaña anterior, se comentaban las nuevas condiciones para la nueva campaña, fechas estimadas de contratación, y con eso la gente decidía si iban a trabajar para NIDERA u otra empresa”. “Una vez que la gente decidía ir a trabajar, los trasladaban hasta la localidad de OJOS DE AGUA más o menos a 30 o 40 km de SUMAMPA, porque allí había un centro de inducción y registración laboral, ahí se les comentaban las condiciones de trabajo, realizaban estudios pre ocupacionales, y los daban de alta ante el AFIP, ANSES y ART”. Agregó que en ese momento los trabajadores firmaban toda la documentación laboral, se les entregaba la ropa de trabajo, y se los trasladaba a los distintos campos. Refirió que “se les entregaban pantalones, camisas, guantes, pilotín para el rocío, anteojos de seguridad y gorra para la cabeza”. Agregó que “si una persona decidía dejar el trabajo, se le hacía la liquidación final y se le contrataba algún transporte para alcanzarlo a la localidad de donde era la persona”. En cuanto a la jornada de trabajo, sostuvo que era “de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la mañana, y de 15 a 19 y los sábados de 7 de la mañana a 11 de la mañana”. Manifestó que “las casillas tenían un lugar para 18 camas, 18 ventanas y 2 puertas, eran casillas rurales de chapa con aislante térmico, que lo proveía NIDERA, y que las mismas estaban ubicadas en un monte, a la sombra”. La distancia del lote donde trabajaban eran 150 metros. Manifestó que “había letrinas para hacer las necesidades, y baños químicos en San Patricio”. Asimismo, agregó que “bebían agua de pozo, y tenían un servicio contratado en caso de alguien resultar lastimado, y si el médico decía que no podían volver al campamento, se mandaba a la persona a un hotel en Venado Tuerto”. Refirió que les daban 24 pesos por persona por día para que consuman lo que los actores querían. Sostuvo que “tenían celulares, y había buena señal”. En cuanto a los exámenes médicos de ingreso, refirió que “les sacaban radiografías, placas de tórax, electrocardiograma, análisis clínicos de sangre”. Luego, indicó que los alimentos los preparaban con fuego a leña, parrillas, ollas, pavas y cucharón, y que los elementos de higiene los compraban con el dinero diario del consumo de alimentos, o los traían. Manifestó que los actores dejaron de trabajar, porque se terminó la tarea, hicieron la liquidación final y se los trasladó hasta Sumampa. Sumado a ello, dijo que “el sistema de ventilación era de 18 puertas, y que no había ventilador”. Describió que “los alimentos se conservaban en las casillas, tipo yerba, azúcar, y los que requerían frío no quedaban de un día para el otro, se guardaban en conservadoras con hielo, porque no había heladera.”

A fs. 285/288, prestó declaración el testigo A. A. P., también a instancias de la parte demandada. Sostuvo que era “empleado de NIDERA desde 1990, que estaba como coordinador de zona, dentro de lo cual está en la planificación de varios campos junto con un equipo de trabajo dentro del cual está San Patricio.” Manifestó que la contratación de la gente es en todos los campos igual, que “NIDERA recluta gente en distintas localidades, y se las llevan a Ojo del Agua (Santiago del Estero), para hacer los exámenes preocupacionales, los registros correspondientes de ART. y alta temprana”. Indicó que después los llevaban en ómnibus hacia los campos. Explicó que en “las reuniones informativas con los cabecillas de grupo, se les comenta el valor del jornal, el período de trabajo que van a tener, y en qué campo se va a realizar”. Agregó que estas reuniones se realizan en distintas localidades de Santiago del Estero. A continuación, relató que “las tareas de desflores duraban entre 4 y 5 días por lote, y el periodo de desflores es entre el 15 de Diciembre hasta el 10 de Enero aproximadamente, a veces hay campos que tienen un lote más y otros un lote menos”. Luego, manifestó que “la gente que trabajaba en el lote habitaba casillas rurales, que se usaban como dormitorios con 18 camas, con 18 ventanas, hay una cama por persona, normalmente las cuadrillas vienen de 10 a 15 personas, y se otorga una casilla a cada cuadrilla, que es lo habitual”. Refirió que “los campamentos se colocan en lugares con sombra y a reparo de vientos, a 150 metros del lote”. Refirió que “las casillas tienen una cobertura de metal (la parte exterior) y la parte interior de madera con un aislante térmico”. En cuanto a la jornada laboral, sostuvo que “trabajaban de Lunes a Viernes 8 horas, los Sábados medio día, 4 horas, y Sábado a la tarde, Domingo, y feriados eran de descanso”. Refirió que las cuadrillas tenían comunicación, porque traían teléfonos propios, que lo sabe porque, los veía. Y que “había cargadores de batería con paneles solares”. Sumado a ello, dijo que “el capataz disponía de un teléfono que era de NIDERA, y podía hablar cualquiera de los que estaban en ese campamento”. Dejó asentado que si una persona o la cuadrilla completa no quería trabajar más, se informaba al responsable del campo, se hacía la liquidación y se le otorgaba el medio de transporte para que vuelva al lugar de origen, que todos los gastos estaban a cargo de NIDERA. Manifestó que “en San Patricio había baños químicos, generador eléctrico y freezer”. Asimismo, agregó que “había duchas, que es un tanque con varias salidas, con unos divisorios de lona, y que en el campo había bombas manuales, y el agua era apta para consumo”. Mencionó que recursos humanos entrega los elementos de protección personal y vestimenta: el gorrito, anteojos, guantes, y la vestimenta camisa, pantalón, botín y pilotín. Señaló que se provee diariamente alimentos a las cuadrillas de acuerdo a los pedidos, normalmente “no queda mercadería de un día para otro, porque se consume todo”. Declaró que normalmente “la gente suele pedir artículos de electrónica, como relojes, teléfonos, que el mismo proveedor le llevaba, y que después los empleados pagaban al final de la temporada”. Refirió que “si una persona se enfermaba, se lo movilizaba hacia el primer centro asistencial (Maggiolo o Venado Tuerto)”. Agregó que el asistente de campamento era E. C., que era de una empresa. Hizo hincapié en que todos estos gastos corrían por cuenta de NIDERA. Describió que “los lotes eran de 50 hectáreas, que tenían círculos de riego, en su parte central de aproximadamente 1000 metros”. Luego, afirmó que se “hacían aplicaciones aéreas en los campos, pero fuera del horario del trabajo, con productos de baja toxicidad (verdes), y respetando medidas de aplicación, verificadas por el técnico del campo”. Agregó que los días de lluvia no se trabajaba, y normalmente se tardaba un día en volver a trabajar, o mediodía. En cuanto a los elementos de cocina, indicó que tenían platos, tenedores, cuchillos, vasos, mesas y bancos. Describió que “las casillas tenían 6 metros de largo, con 3 sectores de 6 camas, y quedaba un pasillo central. Y el ancho es de 2,50 a 3 metros”. Además, “había una ventana por cada cama, más una puerta en cada extremo de la casilla”. Por último, comentó que los actores dejaron de trabajar en la primera semana de Enero del año 2011, porque había finalizado el trabajo.

Traído a juicio por la accionada, a fs. 289/293 G. M. S. R., dijo que “trabajaba en NIDERA, como gerente de planta responsable de la producción de planta y de campo”. Señaló que durante el invierno se hacían visitas a Santiago del Estero, y zonas aledañas (Sumampa y Ojo del Agua), para comunicar a los interesados cómo se iba a realizar la campaña del trabajo, y las fechas tentativas en las cuales iban convocar a la gente. Refirió que en “las charlas se les comunicaban todas las condiciones que iban a tener, de la conformación de las cuadrillas (con un cabecilla, y un cocinero, etc)”. Asimismo, refirió que “se le hablaba de los elementos de protección personal, y se definían los contactos para el momento de los llamados hacia la gente”. Luego, refirió que los contactos de cada zona, se organizaban y disponían de colectivos para trasladar a la gente a Ojo del Agua, lugar “donde se hacía todo el fichaje, (alta temprana ART, preocupacional, procedimientos de recursos humanos, y planillas y todas las altas”. Luego, en este momento, se volvía a dar información y capacitación de las tareas que iban a desarrollas, y “se les entregaba la vestimenta que incluía calzados, capa para los días de lluvia”. Relató que San Patricio estaba ubicado a no más de 3000 metros de la localidad de Maggiolo. Manifestó que la jornada laboral era de “Lunes a Viernes de 8 horas, y los Sábado, medio día si lo requería la tarea, y con un descanso para el almuerzo de más de 2 horas. Sostuvo que “se acordaba con el grupo de trabajadores si se hacían 5 horas a la mañana y 3 a la tarde, o 4 a la mañana y 4 a la tarde”. En relación con las viviendas, detalló que “eran casillas para 18 personas, con 18 camas, pero habitualmente había 14 a 16 personas”. Agregó que las casillas tenían 2 puertas cada una en cada frente y estaban ubicabas en lugares con sombra. Se explayó diciendo que “las casillas son de chapa por afuera, con material de aislamiento, tanto en techos y laterales, con 18 ventanas y dos puertas”. Luego, agregó que “había un cerco con las duchas, cerrado con media sombra, para sanitarios”. Señaló que “el agua se extraía por perforaciones, que era agua potable, apta para el consumo”. Indicó que había un proveedor que llevaba los alimentos diariamente de acuerdo a lo solicitado por el cocinero de la cuadrilla. Asimismo, explicó que “la comida la guardaban del mediodía a la noche, en conservadoras, y el proveedor también les llevaba hielo”. Sumado a ello, dijo que “tenían un generador, para generar electricidad para abastecer a un freezer”. Si bien “no puede asegurar que en San Patricio había un freezer, si en todas las cuadrillas había una conservadora y hielo por parte del proveedor todos los días”. Refirió que para cocinar se les entregaban elementos de cocina, como ollas, pavas, cucharones, etc y cocinaban con fuego a leña en una parrilla. Luego, afirmó que “había remises para quien solicitaba trasladarse al pueblo, para los que no quieran salir del campo, había canchas de futbol, organizadas”. Manifestó que en caso de accidente dentro de la cuadrilla, “se contactaba al asistente, quien iba al campo, y trasladaba al necesitado a Venado Tuerto al centro asistencial.” Asimismo, especificó que todos los traslados y gastos médicos son por cuenta de NIDERA. Comentó que “en el año 2009/2010 estuvieron los actores en el campo San Patricio, y que años anteriores algunos familiares de F., y F., ya habían trabajado en NIDERA. Destacó que los actores trabajaron desde el 27 de Diciembre del año 2009, hasta los primeros días de Enero del año 2010. Aclaró que el desflore lleva de 5 a 6 días y que por día tenían asignado 25 pesos.

A fs. 377/381, por la demandada, C. E. C., declaró que “iba día por medio al campo obligatoriamente, pero si lo llamaban por teléfono de que había algún enfermo, tenía que ir al campo y hacer todo el operativo”. Refirió que San Patricio queda a 5 o 6 km de Maggiolo. Explicó que “él brindaba servicio de asistencia médica, que consistía en acudir al llamado que podría ser del capataz, del ingeniero a cargo del campo, de recursos humanos o incluso de los cabecillas de la cuadrilla, y trasladaba al enfermo hacia Venado Tuerto, para que recibiera la asistencia médica y le compraba la medicación que necesitaba. Si el médico indicaba que el enfermo necesitaba un tratamiento ambulatorio, lo llevaba hasta un hotel en Venado y lo iba a buscar y lo llevaba de regreso en cada una de las sesiones del tratamiento o visitas al médico que tenía que hacer, o le dieran el alta.” Asimismo, sostuvo que también hacia controles en el campamento, es decir “auditaba al proveedor de mercaderías y que las condiciones se mantuviera el orden, que no hubiera peleas entre la gente que estaba en el campo, que no hubiera bebidas alcohólicas, y que se respeten las condiciones de herramientas”. Manifestó que “tuvo que llevar F., al centro integral de medicina laboral, que queda en Venado Tuerto, cree que ese mismo día volvió al campo, porque era un herpe, pero tenía orden de no trabajar por el médico”. En cuanto a las condiciones en las que vivían, comentó que “las personas dormían en casillas con 18 camas, que no se terminaban de ocupar con gente, se dejaban varias camas para el tema de acomodar los bolsas y cosas de la gente”. Refirió que había una bomba para sacar y tomar agua, y para bañarse tenían un “lugarcito sin techo, pero con las paredes para tener cierta privacidad, y se bañaban con una palangana o con un fuentón”. Destacó que “no era una ducha propiamente”. En relación a la comida, sostuvo que era a elección de la cuadrilla, hacían fideos, o arroz con estofado con carne, asado, polenta. Refirió que “la empresa fijaba una tarifa por día por persona que le pagaba al proveedor y ellos elegían los alimentos”. Manifestó que en ese momento, “había dos baños químicos en el campo”. La gente que estaba en el campo tenía asignada la tarea de desflorar las plantas, y sacarlos fuera de tipo. Sostuvo que “cuando descansaban jugaban a la pelota, a la tabla, tomaban mate, y recorrían el campo para cazar peludos”. Luego, sostuvo que “los días domingos no trabajaban y los sábados cortaban a las 11,00 de la mañana, porque es cuando empieza a hacer más calor. Y durante la semana algunas cuadrillas salían a las 7,00 de la mañana hasta las 11,00 horas de la mañana, y después volvían a salir tipo 15,00 hasta las 19,00 horas.” Acto seguido, manifestó que NIDERA les daba ropa de trabajo: pantalón, camisa, pilotín, gorra y los anteojos. Refirió que “la carne venía congelada con el proveedor, que no tenían heladeras pero si conservadoras con hielo”. En cuanto a la ventilación, sostuvo que “tenían 2 puertas y 18 ventanas. No había ningún sistema mecánico o eléctrico de ventilación, ni de iluminación, pero se les proveía linternas y pilas, pero no sabe si había constancia de esto.” “Esos 1 o 2 baños químicos que dicen estaban ubicados, sobre uno de los alambrados del predio, y estarían a 25 o 30 metros de las casillas.” En relación con la recarga de baterías, sostuvo que “entregaban el celular al proveedor y cuando a la tarde o el otro día lo devolvía recargado”. “Estima y quiere creer que este servicio no era pago”, que el proveedor no le cobraba a la gente, porque dice que “nunca la gente le dijo que cobraba el proveedor por ese servicio.” Luego, declaró que los trabajadores recorrían una distancia de 100 o 150 metros para el lote. Asimismo, agregó que “cenaban con la luz del día, entre las 19,30 o 20,00 horas hasta las 21,00 horas. Y cuando terminaba la luz del día los actores tenían la linterna para desplazarse.”

Por la misma parte, a fs. 382/383, el Sr. A. R. G., dijo que “le parecía que F. había trabajado para NIDERA, 15 días, que no sabe bien”. Refirió que “fue contratado para el desflore, que consiste en sacarle la flor a la planta.” Luego, manifestó que “él estaba a cargo del personal en la zona de Sumampa, de ver a las personas y llevarlos a revisación médica (donde se les hacen todos los exámenes)”. A continuación manifestó que “se hacen reuniones en Sumampa con los cabecillas para explicarles, y llevarles lo que ganan, que les muestran con un video como es el trabajo, y como van a vivir, y que después se les avisa cual va ser el sueldo y la comida diaria.” Afirmó que “el que tenía el apto médico iba a trabajar en el desflore, y los llevaban en el colectivo a Santa Fe o Buenos Aires según en el campo donde se los necesite, y el que no salía apto se lo llevaba de vuelta al domicilio”. Destacó que “los estudios médicos eran completos, ya que había cardiólogos, y médicos clínicos”. Explicó que las campañas del desflore duraban entre 15 días a 2 meses. Sostuvo que el fichaje en OJO DE AGUA, se hacía en un edificio, que tenía NIDERA, ahí también estaban las juntas médicas.

Luego, a fs. 245, 298, 384 y 386 la parte actora observó las declaraciones de L., S. R.; P., G. y C., porque los deponentes tienen una relación de dependencia con la demandada, por lo que estiman que sus declaraciones resultaron subjetivas y condicionadas.

A fs. 425/426 la parte demandada impugnó las declaraciones de los testigos M. Z., C. y C., porque poseen juicio pendiente en su contra, por razones análogas.

A fs. 244, la demanda también objetó los testimonios de R. y C., porque según entiende, distorsionaron la realidad de la prestación de tareas. Refirió que los deponentes no trabajaron en el campo, apenas visitaron a los actores.

En relación con las objeciones presentadas por las partes, cabe señalar que el hecho de que los testigos ofrecidos por la demandada fuesen sus dependientes, no invalida per se sus dichos. Puesto que de otro modo, perderían los empleadores la posibilidad de ofrecer testigos a aquellos que estuvieron presentes en el ámbito de trabajo, como en el caso de autos.

Como del mismo modo, considero que el hecho de que los testigos propuestos por los actores, hayan iniciado un reclamo judicial contra la demandada, no bastaría para descalificarlo, sino que en todo caso, corresponderá apreciar sus manifestaciones con mayor rigurosidad. Este criterio, guarda relación con la idea de que, si un mismo factor aqueja a la comunidad de trabajo, y no pudiesen declarar los que se vieron expuestos al mismo, los trabajadores no podrían ofrecer los testimonios de sus compañeros de trabajo, ni las empleadoras los de sus subordinados.

En ambos casos, la vara es la misma: verificar con mayor estrictez a esta clase de declarantes, teniendo en cuenta la coherencia con los escritos introductorios y la de los testigos de la parte entre sí (en sentido análogo sentencia Nro. 2434, del 2002, dictada como Juez de primera instancia, del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en autos «Cantero, Francisca c/ Tolosa, Lía Raquel s/ despido», y SD Nro. 92513, del 19.04.11, dictada en la causa Nro. 24.323/2008, autos “Fernández Weiler Alcira Stella María c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ diferencias de salarios”, del registro de esta Sala). Con estos criterios, serán efectivamente evaluadas las declaraciones de la parte actora, más adelante.

Ahora bien, analizadas las citadas declaraciones, bajo estos criterios, y la luz de la sana crítica, advierto que los dichos de los testigos propuestos por la parte actora, resultaron concordantes entre sí y con los hechos expuestos en la demanda.

En efecto, manifestaron que los actores trabajaron desde el 23 diciembre del 2010 hasta los primeros días de enero del 2011, en un campo a 6 km. de Maggiolo, Santa Fe. Describieron que fueron reclutados en Sumampa, y luego llevados hasta Ojo de Agua, en Santiago del Estero, que no sabían cuánto iban a cobrar ni las condiciones en las que iban a trabajar, que allí los hicieron estar en ayunas hasta las cinco de la tarde, cuando se le hicieron estudios médicos para ingresar a trabajar a NIDERA. Luego, recién a las 21 horas partieron en un colectivo en malas condiciones hacia el campo donde iban a trabajar.

Asimismo, de las citadas declaraciones, se advierte que se desempeñaban todos los días sin feriados, ni domingos, de 5,30 am hasta 20 horas, con un descanso de una hora al mediodía para comer. Además, comentaron que los días de lluvia también debían trabajar, sin la ropa de trabajo, ni calzados especiales, lastimándose los pies y las manos, por las plantas de maíz.

En cuanto a las condiciones en las que vivían, comentaron que las casillas estaban al rayo del sol, que eran muy precarias, de 6 por 2 metros, y la temperatura era muy elevada. Agregaron que en cada casilla dormían 16 personas, todos hacinados, sin ventilación, sin electricidad, ni elementos para poder cocinar e higienizarse. Explicaron que tomaban agua sucia que salía de un pozo, que estaba toda sucia, y se bañaban al aire libre, porque no tenían duchas. A ello, se sumaba que para hacer sus necesidades fisiológicas, tampoco tenían baños químicos ni letrinas (como lo afirmaban los testigos de la demandada), sino que habían hecho un pozo de un metro de diámetro, muy cercano a las casillas, lo cual invadía todo el sector de malos olores. Cabe destacar que las moscas los invadían, y había ratas que se comían las bolsas de productos alimenticios.

En relación a las tareas que realizaban los actores, señalaron que hacían el desflore de maíz, que caminaban aproximadamente entre 8 y 20 km por día, sin gorros, ni guantes, con las elevadas temperaturas. Hicieron hincapié que hasta en los días de lluvia trabajaban.

Luego, los testigos de los actores, coincidieron en que un día estaban comiendo, y pasó un avión de fumigación, y el veneno que desprendió les provocó a varios de ellos reacciones alérgicas y ardor en los ojos.

Se puede apreciar que también tenían conflictos con los alimentos, así señalaron que un proveedor iba una o dos veces por semana (según los testigos de la accionada iba todos los días), que les dejaba los alimentos que compraban los actores, que tenían un total de $20-$24 por día para consumir, pero la comida era muy costosa. Agregaron que tampoco tenían heladeras, freezer ni conservadoras, por lo que dejaban la carne colgada a la sombra, y al día siguiente estaba en mal estado, le sacaban la parte fea, y la comían igual, porque tenían hambre.

Ahora bien, a fs. 278, el representante de la Editorial de LA PÁGINA SA informó que la nota adjuntada, se corresponde con su original del diario PAGINA 12, de fecha 2 de enero de 2012.

Como se puede apreciar, en dicha nota, se destaca el procedimiento judicial del 30 de diciembre efectuado en San Pedro, en un campo de dicha localidad en la que la empresa NIDERA tenía encerrados a 130 trabajadores, del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, y no tenían luz ni agua. Y se les descontaba del salario en negro las provisiones. Asimismo, se destacó que “el director de bromatología de San Pedro dijo que las condiciones eran las de un campo de concentración”.

Acto seguido, resulta importante destacar aspectos de la mencionada nota, que resultan congruentes con los datos extraídos de la prueba testimonial.

Se informó que NIDERA explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del Norte, que “los alojaba en tráiler de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de navidad bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración.”

Luego, a fs. 307 y 310, La Nación informó que las copias de la nota acompañadas son fieles a las publicadas.

En la primera nota, se hace mención a la creación de un registro de trabajadores rurales, bajo el argumento de promover un organismo de control del trabajo en negro en el sector agrario. Por su parte, las entidades del campo denuncian intenciones políticas., niegan que haya trabajo esclavo en un campo de San Pedro. “NIDERA afirma que las denuncias son totalmente falsas y no hay detenidos”.

Luego, en la segunda de fs. 310, se trata del descubrimiento de un campamento de trabajo esclavo en San Pedro. En particular se señala que “La Justicia de San Nicolás con la asistencia del Ministerio de Trabajo Bonaerense allanó un campo de 2000 hectáreas en el distrito de San Pedro donde descubrió que 60 chicos y 120 mayores estaban siendo utilizados como mano de obra esclava…”

Claramente, los trabajadores concurrieron a una metáfora al decir que estaban encerrados en el campo. Por cierto, la misma es descriptiva, en el marco de las condiciones reseñadas, de la práctica imposibilidad de salir del campo, sin medios, sin percibir sus salarios y lejos de sus hogares.

De hecho que la demandada no prueba haberle solventado el egreso, algún trabajador en situación análoga.

A fs. 352/353, se adjuntó la pericia contable, de la que surge que la demandada llevaba sus libros laborales y comerciales en debida forma.

Asimismo, surge que los actores fueron inscriptos, con fecha de ingreso del 22 de diciembre de 2010, y de egreso el 3 de enero de 2011, en la categoría de mozo de labranza, percibiendo un jornal de $113,50.

Sin embargo, no hay documentación que especifique el horario de trabajo.

Sumado a ello, surge que los importes abonados a los actores en el periodo en cuestión respetaban los mínimos legales aplicables (Res CNAT 87/2010), y que los mismos se encontraban cubiertos por la aseguradora SMG ART S.A, en caso de accidentes de trabajo, hasta el 31 de enero de 2011.

A fs. 392, el Fiscal Federal Subrogante de Rosario, remitió copias certificadas de los autos “SRIO. AV. S/ INFRACCIÓN LEY 26.364 (LUGAR MAGGIOLO” EXPTE. FRO32000201/2011”.

En el citado expediente los Sres. F., L. Y C. denunciaron que fueron contactados por un hombre de la empresa NIDERA, para que el día 22 de diciembre del 2010, se reunieran en la Plaza San Martín de Sumampa, para partir hacia la localidad de Ojo de Agua, donde iban a ser fichados y revisados. Refirió que ese día estuvieron hasta las siete de la tarde sin ningún tipo de atención, que los subieron a un colectivo que los llevó al campo, que no sabe cuál era. Sostuvo que se les presentó una persona de apellido O., de apodo P., el cual tenía una casilla transportable como la nuestra, pero estaba solo y tenía más comodidades, con gas y grupo electrógeno. Sostuvo que a ellos se les adjudicó una casilla rota sucia y en malas condiciones, que en el interior había colchones de no más de cuatro centímetros de espesor, que no les proveyeron ni sábanas ni toallas, ni siquiera había duchas ni baños. Sostuvo que se bañaban con una bomba a mano, y para ir al baño cada uno elegía donde ir en el campo. Sostuvo que había otros grupos y que las condiciones eran iguales para todos.

En cuanto al agua, manifestó que tenían una bomba de agua de 50 metros, pero no tenían botellas ni cantimplora, y en cuanto a las provisiones, indicó que hacían una lista que se la entregaban al proveedor y al otro día nos traía lo que le pedíamos.

Agregó que el ingeniero que estaba a cargo de la zona era A. P., luego el ingeniero que estaban en la parte donde estaban ellos G. B., y luego el capataz.

Respecto del trabajo, denunció que hacían la desflorada que consiste en sacar flores de ciertas plantas, en este caso el maíz, que comenzaban con los primeros rayos del sol, hasta el mediodía, y luego volvían a las 14 horas con más de 50 grados de calor, hasta las 19 horas. Que durante el periodo que estuvieron allí, desde el 23 de diciembre hasta el 02 de enero no tuvieron un solo día de descanso.

Asimismo, mencionó que no tenían heladera ni nada, que cuando sobraba la carne la colgaban con algún gancho.

Acto seguido, describió que el 3 de enero les dijeron que no había más trabajó, y los subieron a un colectivo, que pasaron por la estación de un ferrocarril y vieron que decía localidad Maggiolo, que en ese momento, se enteraron dónde estuvieron.

A fs. 15, el Sr. F. L., sostuvo que no tenía como comunicarse con su familia porque quienes tenían celular una vez que le les acababa la batería, no tenían donde enchufarlo.

Luego, refirió que el proveedor de alimentos iba todos los días por la mañana, y que el cocinero del grupo era quien le daba a esa persona el listado de mercaderías que necesitaban. Todo lo debían comprar porque no les daban elementos de higiene ni utensilios para comer.

En cuanto a la pregunta de si se podían retirar del lugar, el denunciante sostuvo que no, que no tenían dinero, ni medios de comunicación, ni sabían dónde estaban ni a dónde ir.

Describió las casillas de la siguiente manera: eran de dos metros de ancho por seis metros de largo, y dos metros de altura, que había lugar para 18 personas pero dos de las cuchetas estaban destruidas, por lo que las sacaron.

También, compareció el Sr. C., a fs. 18/20, indicando que la propuesta de trabajo le llegó por intermedio de J. F., que les había dicho que iban a trabajar en la desflorada. Sostuvo que en el campo había teléfonos celulares particulares pero no tenían como cargarlos.

Agregó, que la empresa lo único que quería es que rindieran los trabajadores en el campo, los hacían dormir temprano, y “si llovía o caían piedras no les interesaba”.

Al igual que el anterior, denunció que no les proveían elementos de higiene, sábanas, toallas ni utensilios para comer, y que las comidas se las descontaban del sueldo. Refirió que solo les dieron un equipo de lluvia de mala calidad, que a los tres días se rompió todo, y cuando se estaban por volver, les dieron unas alpargatas, pantalón y camisa, pero no tenían sombrero para protegerse del sol.

Acto seguido, coincidió con el anterior denunciante en que no se podían retirar, que estaba todo cerrado con candado, y no sabían dónde estaban. Agregó que el trato era malísimo, que el capataz y el ingeniero ni siquiera les hablaban, solo daban órdenes de trabajo.

A fs. 22, el Fiscal General sostuvo que de los hechos denunciados no puede descartarse sin más “la presunta comisión de un ilícito en los términos de la ley 26364”, por lo que formula el pertinente requerimiento de instrucción.

Del acta de allanamiento de fs. 39, surge que el campo SAN PATRICIO se encuentra arrendado por la firma NIDERA en un total de 348 hectáreas, encontrándose allí una edificación de material, con tres habituaciones, un baño y un depósito de materiales en condiciones deterioradas, que por sus características suponen que fue utilizado en periodos de cosecha.

A fs. 56, se presenta NIDERA SA y solicita vista de las actuaciones ante el allanamiento en el campo SAN PATRICIO.

A fs. 69, obra el escrito “promueve querella”, presentado por los Sres. L., F.; C., M.; C. y V.. Todos ellos como víctimas de los hechos investigados en la causa.

En dicha presentación, se destacó que esta situación de reducción a la servidumbre fue descubierta a raíz del procedimiento en el que intervino la UFI Nro. 6, a cargo del Dr. G., de la Ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, y que existe una causa penal en trámite por estos hechos.

A fs. 230, del expediente que sobre infracción ley 26364, figura el acta de allanamiento efectuado por personal de Gendarmería Nacional, al campo de SAN PATRICIO de la localidad de Maggiolo. De la misma surge que:

a) En las instalaciones que posee el campo, no se observaron cañerías que hicieran presuponer que el mismo poseía agua corriente, pero si encontraron una bomba de agua, de la cual extrajeron agua para analizar

b) En el sector de la siembra se extrajeron tierras a fin de analizarla

c) En el campo propiamente dicho, se observó una sola edificación deteriorada que no resultaba digna para ser habitada. Agregaron que la misma posee cuatro habitaciones sin suministro eléctrico para la conservación de elementos, que no cuenta con baños interiores, y que para las necesidades fisiológicas se utilizaba una letrina que se encuentra en el fondo de la edificación.

Luego, a fs. 279/288, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata, informó los detalles extraídos de las entrevistas efectuadas a los Sres. L., F. F.; C., M. Z.; V., Y M. (cuatro de ellos actores en el presente expediente):

a.- los trabajadores habrían arribado al campo de la empresa NIDERA SA a mediados del mes de diciembre de 2010, para iniciar las tareas de desfloramiento del maíz, y habrían permanecido allí hasta el día 02 o 03 de enero del 2011. Los trabajadores no tenían indicaciones precisas de la localidad donde se encontraban, que se enteraron el nombre por un programa de radio.

b.- manifestaron que al arribar al predio se les otorgó a cada cuadrilla una casilla rodante en la cual habían permanecido 15 personas en condiciones de hacinamiento, donde la empresa sólo les proveyó de camas marineras con colchones deteriorados sin sábanas ni mantas. Tampoco contaban con un espacio de cocina, comedor, baños, ni servicios de agua potable, gas y electricidad.

c.- todos trabajarían de lunes a domingo desde las 7:00hs. Hasta las 12:00 horas y desde las 14:00 hasta las 19:00 horas en el desfloramiento del maíz y dicha tarea se suspendería por lluvia sólo ocasionalmente. Manifestaron que para tal actividad debían caminar la extensión del campo varias veces al día, lo que aumentaba la exposición al sol y el cansancio físico. El monto percibido por los quince días de trabajo sería entre $1.000 y $1.200 y el cabecilla recibiría $1.400

d.- los trabajadores realizarían las compras de alimentos por medio de un proveedor designado por la empresa, y esta última asignaría $24 por día para cada trabajador para solventar los gastos de alimentación. Dicho dinero no lo recibían en mano sino que era bajo la modalidad de cuenta y que resultaba insuficiente ya que los precios de los alimentos eran excesivos.

e.- los trabajadores indicaron que en el predio no contaban con energía eléctrica, gas, baños, ni agua corriente, por lo que utilizaban agua de pozo e improvisaban fogatas en el suelo para la cocción de sus alimentos y los sectores para asearse, ambas actividades en la intemperie.

f.- los trabajadores no habrían recibido por parte de la empresa ropa de trabajo adecuada ni los elementos de seguridad necesarios para la tarea hasta comienzos del año 2011.

g.- algunos trabajadores refirieron que en caso de querer retirarse del campo antes de que finalizara la campaña, los gastos de traslado no estaban cubiertos.

En cuanto a las consideraciones profesionales, se afirmó que las personas mantuvieron un discurso claro, coherente y ajustado al criterio de realidad. Ninguno demostró reticencia a ser entrevistado. Asimismo, sostuvieron que aceptaron el trabajo para NIDERA SA ya que subsistían con changas en la ciudad de Sumampa.

Finalmente, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata destaca que la situación de la mayoría de los entrevistados era de “profunda vulnerabilidad”, por su condición socio económica previa a la convocatoria laboral, acrecentada por las jornada laborales extensas, las condiciones deficientes de habitabilidad, la ausencia de descanso, las condiciones irregulares de trabajo, y la falta de autonomía económica que habrían tenido en el campo de la empresa NIDERA SA.

A fs. 313, del expediente sobre ley 26364, se adjuntó el oficio del Laboratorio de Toxicología y Química Legal, en el cual se informó que “no se detectó la presencia de plaguicidas organofostorados organoclorados ni carbámicos”, en el material reunido. Asimismo, aclararon que no realizan estudios de potabilidad del agua.

Cabe destacar que el citado expediente que tramita en la Justicia Federal de Rosario, continúa en la etapa de conocimiento, sin sentencia definitiva.

En razón de todo lo expuesto hasta aquí, de la prueba testimonial rendida en autos, se extrae que los actores estuvieron durante los últimos días de diciembre del 2010, y los primeros de enero del 2011, trabajando sin las mínimas condiciones de confort. Es más, se encuentra corroborado por los testigos de la demandada que no tenían luz, ni un artefacto que les proporcionase frío, como un ventilador, cuando en pleno verano, en el medio del campo, las temperaturas son muy superiores a los 30 grados.

Cabe señalar, los testigos de la demandada también afirmaron que en cada casilla había lugar para 18 personas, pero que el tamaño de las mismas era de 6 metros por 2, con lo cual solo tenían espacio para poner las camas cuchetas y dormir todos juntos, y si tenían que comer o ir al baño lo hacían al aire libre. Por otro lado, algunos de estos deponentes, coincidieron en que los productos de higiene y los alimentos, debían ser comprados con los 24 pesos diarios que les proporcionaban, es decir, no se los daba la empresa.

Al respecto, considero que si no les alcanzaba el presupuesto diario para comprar los alimentos, menos aún podían destinar parte de ese dinero para comprar productos de limpieza e higiene. Todo ello en el 2011

No cabe duda, de que estas condiciones precarias de vivienda y trabajo, se sumaban al excesivo calor de los días finales de diciembre, principio de enero, sin electricidad, y que las camas cuchetas en las que dormían tenían colchones de 5 cm de espesor, lo cual les generaba dolores de espalda, y complicaciones a la hora de dormir.

Luego, teniendo en cuenta los datos extraídos del citado expediente sobre trata de personas, las conclusiones arribadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata, las notas periodísticas que informaron sobre el trabajo esclavo en los campos de NIDERA, y el principio de la realidad, arribo a la conclusión de que si bien los trabajadores fueron fichados y registrados por esta empresa, le hicieron los estudios médicos preocupacionales, y tenían contratado una ART, las condiciones de vida y laborales a las que estaban expuestos no cumplían con las mínimas condiciones de seguridad e higiene.

En síntesis, se concluye que Nidera SA no tuvo la menor consideración con los trabajadores efectuando un ejercicio abusivo del derecho que tenían como empleador, violando la dignidad de los mismos.

Resulta importante destacar varios aspectos ya reseñados, que fueron quince días muy difíciles, encontrándose en un campo, que ni siquiera sabían dónde quedaba, trabajando de sol a sol, sin la ropa y los elementos de protección necesarias, recorriendo a diario enormes distancias expuestos al sol y a la lluvia. A ello se suma, que dormían hacinados en casillas precarias de 6 metros por 2 metros, dieciséis personas, en camas marineras, sin sábanas con colchones de un espesor de menos de 5 centímetros, y sufriendo el calor de las altas temperaturas de aproximadamente 35 a 40 grados.

Nótese que de todo el material analizado se advierte que no contaban con suministro eléctrico, gas, agua corriente, ni elementos para hignienizarse. Tenían que hacer fogatas para comer al aire libre, y como no disponían de baños químicos ni de letrinas, hacían sus necesidades en un pozo de un metro creado por ellos mismos, lo que generaba malos olores en el sector donde estaban.

A ello, se sumaba el hecho de que los alcanzaba el rocío de los plaguicidas de los aviones que fumigaban, por lo que varios de ellos padecieron reacciones alérgicas.

Estas condiciones sanitarias y de vivienda que se ofrecían a los trabajadores no pasarían las mínimas inspecciones del Ministerio de Trabajo, ni una observación de la Secretaría de Derechos Humanos.

Resulta penoso que prácticas de esta especie sigan sucediendo, y que las personas reclutadas tengan la necesidad de someterse a ello, a cambio de un jornal.

Como se puede apreciar, en relación con las obligaciones de los empleadores de la industria agraria, la ley 26727 (BO 22.12.11) anteriormente la ley 22.248, en el ARTICULO 24 establece que: “la vivienda que se provea al trabajador deberá ser sólida, construida con materiales adecuados que garanticen un adecuado estándar de confort y habitabilidad, debiendo reunir los siguientes requisitos mínimos”

“a) Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, debiendo garantizarse medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos o endémicos según la zona de que se trate;”

“b) Ambientes con características específicas que consideren el tipo y el número de integrantes del núcleo familiar…”

“c) Cocina-comedor;”

“d) Dormitorios, en función de la cantidad de personas que la habiten;”

“e) Baño para cada grupo familiar, dotado de todos los elementos para atender las necesidades de higiene básica de la familia y que deberá como mínimo contener: inodoro, bidet, ducha y lavabo…”

Resulta obvio que la normativa de referencia en lo específico, está aludiendo a viviendas maso menos estables, lo que claramente no es el caso de las casillas ocupadas en medio del campo por una cosecha o una siembras, o cualquier otro laboreo.

Sin embargo, es claro que los criterios generales relativos a alimentación, higiene y seguridad, agua potable, y descanso, deben ser satisfechos en todos los casos, con medios no permanentes, pero si eficaces. En cambio, lo que tenemos en la especie, es la violación a los siguientes criterios:

El ARTICULO 27, determina que “la alimentación de los trabajadores rurales deberá ser sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen…”

El ARTICULO 28 refiere que “el empleador deberá suministrar agua apta para consumo y uso humano, en cantidad y calidad suficiente, alcanzando esta obligación a su provisión en las viviendas de los trabajadores y lugares previstos para el desarrollo de las tareas.”

El ARTICULO 40, establece una jornada de trabajo “de ocho (8) horas diarias y de cuarenta y cuatro (44) semanales desde el día lunes hasta el sábado a las trece (13) horas…” “La distribución semanal desigual de las horas de trabajo no podrá importar el establecimiento de una jornada ordinaria diurna superior a nueve (9) horas.”.

El ARTICULO 43, establece la prohibición de trabajar “desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) del día siguiente, salvo cuando necesidades objetivas impostergables de la producción o de mantenimiento lo exigieren.”

El ARTÍCULO 45, impone al empleador la obligación de tomar todas las medidas de higiene y seguridad, “…a fin de evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.” “…para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también, los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.”

Luego, la citada normativa establece que en caso de incumplimiento de lo reseñado en los puntos anteriores, los empleadores serán pasibles de “las penalidades previstas en las normas vigentes que sancionan las infracciones a la legislación laboral. Las obligaciones a cargo del empleador establecidas en las disposiciones referidas precedentemente no serán compensables en dinero ni constituirán, en ningún caso, remuneración.” (art. 29 de la ley 26727)

Ahora bien, a lo largo del presente decisorio se describió como fueron las condiciones de trabajo, en cuanto a la vivienda, alimentación, descansos, seguridad e higiene, y como se puede apreciar, nada de lo normado en el régimen agrario se cumplió. En consecuencia, NIDERA SA deberá responder conforme lo dispuesto en el art. 29 de la ley 26727.

Siguiendo estos lineamientos normativos, y en virtud del principio novit curia, cabe tener en cuenta la ley 25.212 (Boletín Oficial, 6 de Enero de 2000), ya que en su Capítulo 2 regula las «Infracciones y sanciones», distinguiendo entre 1) Las infracciones leves (art. 2°); 2) Infracciones graves (art. 3°); y, 3) Infracciones muy graves (art. 4°) (36). Las sanciones son reguladas por el art. 5° de la ley.

Estimo que este caso, las infracciones cometidas por la demandada encuadran en la tipificación de «muy graves», ya que entre ellas, se encuentran:

– Los actos del empleador contrarios a la intimidad y dignidad de los trabajadores.

– Las acciones u omisiones del artículo 3°, inciso h) que deriven en riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. Se trata del incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo que puedan tener las consecuencias mentadas por el inciso.

Luego, la ley 26941 BO 2.06.14, modificó el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales, respecto del artículo 5°: De las sanciones

Estableciendo que “… Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento (2.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.”

“…Las sanciones previstas en el punto 3 del presente artículo por las conductas tipificadas en el inciso f) del artículo 4° del presente régimen, se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados.”

Nuestro régimen de derecho laboral prevé este tipo de sanciones para los empleadores infractores, y el nuevo código civil y comercial establece las obligaciones de los mismos, en calidad de dueño o guardián de la actividad o de las cosas, y deber de prevención de los posibles agentes de riesgos. Y en caso contrario, determina la responsabilidad y el deber de resarcir por el daño ocasionado.

A la luz de lo expuesto, en este caso, la demandada en su calidad de empleadora de los reclamantes, y responsable de la cosecha de maíz en el campo ubicado en San Patricio, tenía el deber de proteger a sus dependientes, y prevenir que no se produzcan daños a las personas, tal como lo establecen los arts. 1710, 1711 y 1749 CCCN.

Nótese que bajo las condiciones en las que se encontraban trabajando y viviendo los actores, resultaba probable que alguno de ellos contrajera una enfermedad, o se produjera un accidente.

Ahora bien, estimo que Nidera SA se encontraba en mejores condiciones de demostrar que cumplió en debida forma con todas las medidas de seguridad e higiene, que brindo todos los elementos necesarios para que los actores trabajaran durante quince días, y por lo menos con las mínimas condiciones de confort. Y como se puede apreciar a lo largo de la sentencia, no lo hizo (art. 1734 y 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación)

Por otro lado, cabe señalar, que el hecho de que los actores hubiesen aceptado trabajar en el campo, en las condiciones descriptas, expuestos a los eventuales riesgos, y que hayan firmado los papeles de registros y alta de la Afip, no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a la empleadora (conforme art. 1719 del Código Civil).

A esta altura del relato, es claro que se privilegió la producción, por sobre el bienestar de quienes contribuían a hacerla posible. De mantenerse en el tiempo esta situación, cabe advertir el tribunal podría hacer uso de las figuras del daño social (ver CSJN, in re “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otro c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, 27/11/12 y “Álvarez, Maximiliano y otro c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, A. 1023, XLIII, la Corte Suprema de Justicia de la Nación; “PERSICO, RUBÉN GUSTAVO c/ARGENTOIL S.A. Y OTRO s/DESPIDO” -Expediente Nro. 6220/2009, SD 93.315 de fecha 23/11/12, y sentencia definitiva del 15.07.16, dictada encausa Nº 25336/2008/CA1 “ALDERETE, LUCIANO RODOLFO Y OTROS C. UNIONBAT S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL” ambas del registro de esta Sala).

En definitiva, teniendo en cuenta que la demandada no cumplió con las obligaciones impuestas en la ley 26727 de trabajo agracio, con su función preventiva, con las normas de seguridad e higiene, como empleador, responsable de la explotación de la cosecha (arts. 1710, 1711 y art. 1719), efectuando un ejercicio abusivo de su derecho, de posición dominante, excediendo a la moral, en los términos de los arts. 9, 10, 11, 14 del Código Civil y Comercial, así como la afectó la dignidad de los trabajadores en razón de lo dispuesto en el arts. 52 y 1095 del CCCN , y en forma analógica lo dispuesto en el art. 47 y 52 de la ley de Defensa del Consumidor, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y condenar a NIDERA SA a abonar a cada uno de los actores una indemnización en virtud de las infracciones laborales incurridas, y los daños y perjuicios ocasionados a los trabajadores, por la suma de pesos 500.000 (pesos quinientos mil), más los intereses e índice de actualización que explicaré más adelante (tomando en forma indiciaria el Pacto Federal, ley 22512, y la ley 26941, que modificó la valuación de las infracciones laborales).

En cambio, no prosperará el reclamo por daño y tratamiento psicológicos, ya que no se produjo prueba para acreditar en autos estos aspectos. Se tuvo a la parte actora por desistida de la pericial médica ofrecida oportunamente, y no fue un punto objetado en el alegato ni en el escrito de apelación.

En definitiva, propongo que al monto de condena de $500.000 (pesos quinientos mil) para cada uno de los actores, se le aplique la tasa de interés del Acta 2601 desde el 03.02.11 (fecha en que dejaron de trabajar para la demandada) hasta el 18.10.14. A partir de allí, y hasta el efectivo, entiendo que debería emplearse la tasa establecida por el Banco Nación del 47% anual (para préstamos personales libre destino, con un plazo máximo de devolución de 36 meses).

Ya que conforme establece el Acta 2630, la tasa de interés establecida por el Acta 2601 es “inexistente”. Así, observo que el porcentaje para los préstamos personales para libre destino se elevó a un 47%, y el plazo se redujo a 36 meses. Tras la nueva postura de la Cámara en el Acta 2630, la cual establece, precisamente, una tasa también inexistente para las entidades financieras, es mi criterio seguir aplicando lo que el Banco Nación mismo, en cabal observación de la realidad económica considera pertinente, ello es, el 47% anual (préstamos personales libre destino, con un plazo máximo de devolución de 36 meses).

Nótese que la entidad financiera cuenta con recursos más que adecuados para fijar las tasas de interés, y no se ve por qué esta ha de ser menor, cuando el acreedor no es precisamente un ente financiero, sino un trabajador.

En cuanto a la actualización monetaria, auspicio a otorgarla, aún de manera oficiosa. Ello, en razón del principio iura novit curia y como consecuencia necesaria de la notoria y pública inflación.

Al respecto, encuentro oportuno profundizar en el presente, los fundamentos teóricos esbozados en “Sánchez” que se prestan a la confusión con los intereses y actualización.

Corresponde precisar que la actualización de los créditos, puede inferirse del actual texto del art. 772 del CCCN, que resulta aplicable en el caso, el cual en su primera parte dispone que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…”.

Sin perjuicio de ello, ya con el anterior código, sostuve en los autos “Sánchez, Javier Armando c. Cristem S.A. s/ Juicio Sumario” (Causa Nº 28.048/2011/CA1), registrada el 01/12/2014, que “en virtud de que un fenómeno de la actualidad de orden económico que se impone, tiene efectos sobre estos, los atraviesa, e inevitablemente entrecruza el análisis de estos institutos”.

“Así, por la complejidad del tratamiento y para que los afectados por el resultado de esta sentencia no se pierdan en el análisis, haré breves enunciados previos que se desarrollarán en los posteriores considerandos”.

En este sentido, entiendo prioritario y elemental, aún cuando pareciera no existir la necesidad del distingo por su obviedad, precisar, desde el inicio que ambos institutos responden a necesidades diversas. Puesto que, el interés responde a un efecto sancionatorio por la falta de pago tempestivo de las sumas adeudadas, y la actualización pretende mantener el valor adquisitivo del capital que por el transcurso del tiempo resultó afectado por la depreciación monetaria”.

“Luego, en estos momentos no se puede soslayar el tratamiento de la inflación como un hecho de la realidad que trasciende la traba, y que por sus niveles, permanencia, y efectos, resulta ser el eje del debate económico social -basta con observar los distintos medios de comunicación-, instalándose como un hecho público y notorio”.

“Entre sus efectos, provoca que los intereses aplicados en una tasa que no atiende esta realidad, no cumplan con su función sancionatoria y admonitoria, por resultar irrisorios, y consecuentemente, no satisfagan la función esperada por el derecho. Y en concreto, debemos reflexionar, que esta situación habilita la aplicación de la nueva tasa de interés (Acta 2601 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), en todos los casos”.

“A su vez, se amplía el marco del decisorio, dado que, si la inflación es la base de la anterior reflexión, la actualización debe correr la misma suerte, a fin de mantener ajustado el monto de condena. Viniendo a sumarse a los argumentos que la suscripta, en el tema, viene manifestando desde la década del noventa, siendo juez de la primera instancia, como expresaré en detalle”.

“Estas reflexiones tendrán sustento en la realidad, que se impone leída desde el marco teórico jurídico del paradigma vigente de los Derechos Humanos Fundamentales. El mismo mantiene el reflector apuntando a la efectividad del derecho, y a la mentada seguridad jurídica para TODOS LOS HABITANTES”.

“Dado que, de otro modo, desde la justicia se terminaría incentivando el incumplimiento del pago de un crédito alimentario en tiempo y forma, fomentando la especulación financiera de un sector”.

“En consecuencia, anticipo que lo aquí justificado y decidido será aplicado en todos los casos, haya o no pedido de parte, y en cualquier etapa del proceso”.

“Con lo cual, ingresarán en el debate, necesariamente, en el marco de la teoría general del derecho, y sea o no ajustado exclusivamente al caso: el alcance de principios generales del proceso como el de congruencia, el extra petita, la reformatio in pejus, y el iura novit curia”

“Este último, que es la visión de la racionalidad del sistema “todo”, es el que va a demostrar que no puede haber ni incongruencia, ni extra petita, ni reformatio in pejus, cuando el ajuste del crédito por vía de intereses y actualización, es una consecuencia necesaria de la inflación, que constituye un hecho de público y notorio”.

“En tal sentido, y entrando de lleno en el análisis, corresponde determinar en primer lugar, qué se entiende por interés, y qué función cumple. En el punto, considero que la aplicación de intereses es necesaria para reparar la falta de pago en tiempo oportuno en la que incurriera la parte demandada, la cual, la gran mayoría de las veces, se encuentra en mejores condiciones materiales. Mientras que, como reconocen los principios fundamentales del derecho laboral, el trabajador está a la espera del cobro de una suma de dinero con características alimentarias, en condiciones de hiposuficiencia”.

“Cabe enfatizar, que precisamente el juez está obligado a resolver conforme los principios de racionalidad, (apego al paradigma normativo), y de razonabilidad (en el marco de la realidad). Asimismo, debe ser previsible, todo lo cual hace a la seguridad jurídica (motivo por el cual memoro mi postura sobre el tema, sostenida desde hace muchos años, y no abandonada al llegar a la Cámara)”.

“Por estas razones, el juzgador no puede desconocer los datos de público y notorio (cuestiones del orden de la naturaleza, o sociales y/o económicas, de macro impacto), porque en este caso, al ignorar la realidad (razonabilidad), negaría la racionalidad. Como anticipara, este es el caso de la inflación”.

“Es así que a fin de acreditar los efectos de la misma, para una mayor claridad, realicé un gráfico con distintos índices. De tal suerte, consideré los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -según: Página web INDEC-; el “índice Congreso” (IPC Congreso, el que surge de un promedio simple entre los cálculos de consultoras privadas); el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción (CAC, compuesto por el Costo de Construcción, de la mano de obra y de los materiales) -según www.camarco.org.ar y www.cifrasonline.com.ar/ cifras /index. Php / content / view/full/ 76/(offset)/cac -”.

“Asimismo, cabe aclarar que se realizaron cálculos cuatrimestrales para cada uno de dichos índices, sumando el porcentaje de la variación mensual. A su vez, el índice RIPTE no se calculó en el segundo cuatrimestre del año 2014, dado que la última publicación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo, fue realizada hasta junio 2014”.

“De lo investigado se observa, que el índice RIPTE en el 1º cuatrimestre del año 2012, alcanzó un incremento del 12,70%, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos, denunció que la suma ascendió a 3,30% (superando el primero 3,85 veces). Por otro lado, en el 2º cuatrimestre del año 2012, el índice CAC aumentó un 12,30%, en cambió el INDEC denunció que la inflación para ese período fue del 3,20% (siendo el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción 3,84 veces superior). Por último, el IPC Congreso para el 1º cuatrimestre del año 2014 indicó que la inflación aumentó un 14,99%, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó que fue de 11,50%”.

“También corresponde precisar, que en el gráfico existen descensos del porcentaje de variación de la inflación, por ejemplo el índice RIPTE en el 1º cuatrimestre del año 2012 fue de 12,70%, y en el 2º cuatrimestre del mismo año, fue de 8%, sin embargo de modo alguno significa que no hubo inflación, sino que el porcentaje decreció en una medida que confirma el efecto reseñado supra”.

“En general, a través de los gráficos de las fojas subsiguientes, al mostrar los análisis en comparación, puede observarse la tendencia de las variaciones, es decir, la manera en que éstas se fueron sucediendo, una en comparación con la anterior, en tanto el nivel de variación de los precios mostrará una tendencia hacia arriba más o menos marcada”.

 

 

1º Cuatri. 2011

2º Cuatri. 2011

3º Cuatri. 2011

1º Cuatri. 2012

2º Cuatri.2012

3º Cuatri. 2012

1º Cuatri. 2013

2º Cuatri. 2013

3º Cuatri. 2013

1º Cuatri. 2014

2º Cuatri. 2014

Indec

$103,00

$106,09

$109,06

$112,66

$116,26

$120,45

$124,06

$128,03

$133,16

$148,47

$156,49

IPC Congreso

$106,49

$113,40

$121,02

$130,73

$139,89

$150,61

$160,95

$174,09

$191,31

$219,98

$241,10

RIPTE

$111,70

$124,77

$134,88

$152,00

$164,16

$176,81

$192,54

$207,75

$219,80

$253,65

 

CAC

$106,70

$113,85

$120,11

$127,72

$145,64

$151,51

$161,87

$181,78

$195,52

$230,32

$252,51

 

“Dicha variación, también puede advertirse en el cuadro que antecede, aplicando ese porcentaje de variación a un precio hipotético, cuyo valor inicial era $ 100. La tasa de cambio del precio siempre exhibe una tendencia hacia arriba, lo cual indica una suba de los precios en todos los periodos computados. Entonces, lo que se observa es cómo el precio de este “producto” fue elevándose progresivamente, hasta alcanzar cierto valor total para el segundo cuatrimestre de 2014 (con excepción del índice RIPTE). Por ello, el precio total al que se arriba tras la aplicación de los diferentes índices, constituye un valor total de pago, y no un porcentaje de variación, como en el gráfico anterior”.

“Con lo cual, cabe concluir, que aún cuando los porcentuales según los índices reseñados, varían entre sí (sin entrar a evaluar la veracidad de uno u otro en sí mismo), lo que aquí interesa es que todos, en mayor o menor medida, con concuerdan en que existe la inflación. Obsérvese que tomando únicamente el registro oficial (INDEC), nos encontramos por sobre el nivel cero, en una medida relevante a nivel de consumo diario, para el bolsillo de un trabajador”.

“Así se desprende, de todos los datos recogidos, la evidencia de la inflación que se vive, la cual el juez no puede desconocer a la hora de utilizar las herramientas necesarias para preservar el crédito del trabajador. Máxime, cuando los juzgadores mismos ven la afectación del salario con la simple operación de hacer las compras, realidad de la que nadie escapa”.

“Por todo lo dicho, entiendo que el fenómeno de la inflación debe ser tenido como un hecho de público y notorio por la suscripta, para que la resolución pueda entenderse ajustada a derecho”.

“Obsérvese, que la CSJN misma, ha entendido que la depreciación monetaria debe ser entendida como un hecho público y notorio: “Las variaciones del valor de la moneda, lo que por otro lado es público y notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas, son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, fuertes alteraciones. De ello resulta el grave deterioro en la remuneración real recibida por los señores jueces ya que el envilecimiento del signo monetario disminuye notablemente el poder adquisitivo de una cantidad; de aquí pues que para compensar el mayor valor de las cosas sea necesario recibir una mayor retribución (A. 302. XXII; “Almeida Hansen, Jorge A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educa- ción y Justicia) s/ amparo”, 28-03-1990,T. 313, P. 344)”.

“A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, si un acontecimiento es de público y notorio conocimiento “los jueces no deben sustraerse porque integra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; Chubut, Provincia del c/ Centrales Térmicas Patagónicas S.A. s/ sumario.07-12-2001T. 324, P. 4199); “ya que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario, pues la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la del poder de juzgar”( P. 679. XLVIII; REX04-09-2012)”.

“Actualmente, la Sala III de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, también trabajó el concepto, y en un caso sobre la fuga del imputado y su repercusión en los medios, expresó que: “Cuando un hecho es público y notorio no necesita de pruebas” (http:/ /www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/30/sucesos/SUCE-02.html)”.

“Y si bien es cierto lo que expresa esta última jurisprudencia, creo necesario exhibir las planillas invocadas precedentemente, de manera de sumar a pesar de no ser necesario por lo evidente del hecho, una prueba directa. Veamos”.

 



 

“A la expresividad de estos gráficos, sobre la notoria variación en los precios, también fue destacada en un trabajo publicado por el Dr. Pascual Antonio Finelli, Secretario Académico del Colegio de Abogados de La Matanza, titulado “Irrazonabilidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sentada en los autos “Abraham”, por la que declarara la inconstitucionalidad de la ley 14.399, y mantuvo la aplicación de la tasa pasiva a los créditos laborales” (http:// www. calm. org.ar/ default. asp?p =nuevo)”.

“En el mencionado trabajo de investigación, del cual recomendamos su lectura, realizó una serie de comparaciones numéricas en las cuales, la tasa pasiva era muy inferior al fenómeno inflacionario. Consideró distintas variables, a modo de ejemplo, la variación -ascendente- de los salarios de los propios jueces del tribunal superior de la provincia, desde el 01/03/2012 hasta el 01/09/2014”.

“Como conclusión, sostuvo que “la decisión de la SCJBA se aparta llana y concretamente de toda pauta que tenga por fin, resarcir y restituir al trabajador y, eventualmente, a sus derechohabientes, del daño que sufrió como consecuencia del incumplimiento del empleador… lo único que fomenta es… el incumplimiento y la especulación financiera por parte de los deudores” (destacado, me pertenece)”.

“Los dichos del Dr. Finelli, si bien refieren a un criterio judicial diverso, cual el de la SCBA, enrolada en la tasa pasiva -situación mucho más gravosa que la de la justicia nacional-, también resultan de utilidad para justificar aquí, no sólo la modificación del índice de interés a aplicar, sino también su uso en todos los casos. Ello, so pena de discriminación, dado lo público y notorio del desfasaje económico, que deja al salario, y en su consecuencia a las indemnizaciones, fuera del poder adquisitivo del trabajador que, para más, en la mayoría de los casos, ha perdido su trabajo y/o se encuentra discapacitado”.

“Definitivamente, en un análisis lógicamente vinculado, entre inflación e intereses, resulta necesario que por efecto de la primera, al llegar a cierto nivel detectable en lo cotidiano, se retoquen los segundos, y que modificando estos últimos, también deba incluirse la primera”.

“Por tales circunstancias, es que la jurisprudencia, adaptándose a la realidad, ha ido contemplando e introduciendo, el concepto de diferentes tasas de interés, puesto que el retardo injustificado e imputable al deudor en el incumplimiento de las obligaciones, las desajusta por el efecto inflacionario, si no se lo repara”.

“En este mismo sentido, es trascendente a estos efectos, la mencionada Acta nº 2601, mediante la cual esta misma cámara, el 21 de mayo del corriente año, entendió necesario elevar la tasa de interés, como reconocimiento de la inflación por la que se atraviesa, y que tal realidad debió ser atendida por los jueces que la componen”.

“Precisamente, y haciendo un poco de historia, a fin de entender profundamente la situación, vale mostrar que los vaivenes de la inflación históricamente tuvieron implicancia en las decisiones del órgano. Cabe rememorar que en 1991, cuando se adoptó la convertibilidad y se eliminó la indexación hasta entonces vigente, esta Cámara, dictó la Resolución Nº 6/91, del 10/4/91, cuyo artículo 6° establecía: «Sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexados, a partir del 1° de abril de 1991 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara. Para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplicará el promedio del mes anterior».

“Luego, a partir del dictamen de la Corte Suprema de Justicia en el fallo «López, Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.», esta Cámara adaptó el anterior criterio y sustituyó la tasa activa por la pasiva (Acta 2.100 del 24/6/92)”.

“Pero a partir del fallo «Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otro», también dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/5/94, se acordó, mediante acta 2.155 del 9/6/94, dejar sin efecto el punto 6º de la Resolución 6/91, así como su modificación por acta 2.106; y se dispusieron tasas de interés fijas para períodos sucesivos, la última de las cuales era del 12% anual”.

“Dicho compromiso, “del que no quedó constancia escrita porque carecía de obligatoriedad jurídica, rigió en gran medida las decisiones de esta Cámara en ese entonces” (según texto Acta CNAT N° 2.357)”.

“En atención a ello, en la actualidad, se decidió que resultaba necesario tomar explícitamente una nueva posición, que exteriorizase el criterio que la Cámara adoptaba, a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias”.

“Así, se acordó mediante el acta 2.357, que, “sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1° de enero de 2002 se aplicaría la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos”.

“Dicha tasa, como manifestó ésta Cámara, resultaba “la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivalía, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que ponía en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito”.

“Ahora bien, esta situación ya cambió hace mucho tiempo, y después de un período de contención de la inflación, hemos sufrido varios impactos rebotando en la actualidad, en términos que pueden calificarse de «altos», según la mayoría de los criterios académicos que se puedan considerar, pero sobre todo según el sentido común, de quien cotidianamente adquiere insumos para el hogar”.

“En consecuencia, las condiciones tenidas en cuenta al momento de dictar dicha acta, ya no son las mismas”.

“Esta circunstancia, de notorio y público conocimiento, como se anticipara, llevó a que el 21-05-2014, esta Cámara acordase el acta Nro. 2.601, la cual dispone “la aplicación de una tasa de interés nominal anual para préstamos personales libres, destino del Banco Nación, para un plazo de 49 a 60 meses”.

“Si bien se convino que dicha acta “comience a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentran sin sentencia”, resulta evidente en el estado de la realidad, que entiendo que para los juicios que están en cualquier estado del proceso, inclusive los que se encuentran en etapa de ejecución, también debe ser aplicable. Ello, en un nuevo análisis del tema, realizado en su momento en los autos “González Florentino Oscar C/ FGC Construcciones SRL y Otros S/ Accidente – Acción Civil” S.D. Nº 94.068 del 30/06/2014, arribo al precedente criterio ante la mutación de la realidad”.

“Ello, ya que la normativa, como fuera mencionado en su momento por la Cámara, al dictar el acta 2.357, tiene como finalidad compensar “la postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito”.

“En efecto, “el problema no está en los intereses, sino en la desvalorización de la moneda, lo que implica la variación de la regla con que se mide la reparación. La cuestión de los intereses es un mero accesorio, tendiente a reparar lo que no se puede resguardar de otro modo, porque el legislador prefiere no asumir los datos de la realidad. Lo que está en juego no es pues, en definitiva la necesidad de una doctrina legal única, sino, sobre todo, una necesidad de una doctrina legal que asuma la realidad del deterioro monetario”- (Punte, Roberto Antonio , comentario a fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B ~ 2011-11-29 ~ Pereyra Sergio Horacio c. Hospital Cosme Argerich y otros s/daños y perjuicios – La Ley 17/04/2012, 4, La Ley 2012-B, 581)”.

“Finalmente, cabe rememorar que, la lógica del hecho público y notorio de la inflación, se encuentra en la base de una decisión de esta misma Cámara, cuando se encontraba vigente ley 24.283 (B.O. 21.12.93), conocida como la Ley Martínez Raymonda. Pero en este caso, para reducir el crédito de la parte actora. Así, ante el pedido de las empleadoras de que en plena etapa de ejecución, se hiciera una adecuación indemnizatoria, en base a lo que cobraría al tiempo de la liquidación un trabajador de la misma categoría, antigüedad y condiciones, comparándolo con el resultado que se arrojaba en favor del que había tenido sentencia favorable, la Cámara propició tal solicitud. Así, se comenzó a abrir a prueba en etapa de ejecución, para que los demandados no terminasen pagando sumas exorbitantes”.

“Entonces, cabe reiterar que no se incurre ni en aparente discrecionalidad ni en arbitrariedad manifiesta al modificar la tasa de interés, sino que la obligación de un juzgador, consiste en el respeto al derecho todo, de conformidad con sus reglas jerárquicas. Hoy en día, regidas en particular por los principios normativos del paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales (derecho vigente, aunque pueda no compartirse, ver la salvedad formulada en la columna de opinión titulada “Criticar la Constitución”, Diario La Ley, 19/11/2014, con lo que no concuerdo, si de verdad nos queremos alejar de un mero emotivismo, realizando por el contrario una aplicación racional de las normas, ver en el punto “El conflictivismo en los Derechos Fundamentales”, Juan Cianciardo, Buenos Aires, 2006, www.austral .edu.ar. Ver asimismo, “Principios de derecho y discrecionalidad judicial”; Guastini, Riccardo, file:///C:/Users/27124124226/Downloads/DialnetPrincipiosDeDerechoYDiscrecionalidadJudicial-174776.pdf)”.

“Nada de lo cual puede ni “debe” hacer el juzgador por fuera del imperativo marco de la realidad, es decir, la racionalidad en un par con la razonabilidad, en un juicio de proporcionalidad (ver entre otros “Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad”, Robert Alexy, Revista española de derecho constitucional, ISSN, 0211-5743, Año nº 31, Nº 91, 2011, pág. 11-29; “Entre arbitrariedad y razonabilidad. Hacia una teoría crítica del neoconstitucionalismo”, Massimo Cuono, Università di Sassari, EUNOMÍA. Nº 3, Septiembre 2012-febrero 2013, pp 44-60, ISSN 2253-6655)”.

“Como se advertirá más abajo, la racionalidad al momento de decidir implica emplear el marco normativo de un modo integral, es decir, respetando la prelación de derechos constitucionales y convencionales que indica el referido paradigma, haciendo que dichos derechos gocen de una efectividad plena, no solo al momento de dictar, sino también de ejecutar la sentencia. Este es el aspecto central del paradigma de los DDHHFF, y es allí cuando se observa, si logra reflejar en los hechos aquello que se alega en la teoría”.

“Asimismo, súmese como argumento justificativo de la aplicabilidad inmediata e indiscriminada por el carácter adjetivo de lo dispuesto, y porque se trata de mejoras en la situación del trabajador, por imperio del artículo 9 de la LCT y del principio de progresividad”.

“Como consecuencia de todo lo dicho, y teniendo en cuenta los efectos de la referida inflación, el incumplimiento de una obligación, tiene que ser castigado más duramente. Ello, puesto que de otro modo, se transformaría en un negocio, afectándose directamente el derecho de propiedad del trabajador, que recalco, se encuentra en una situación más desventajosa”.

“Propicio de tal suerte, emplear en todos los casos, la tasa de interés nominal anual para préstamos personales libres destino del Banco Nación, para un plazo de 49 a 60 meses (conf. Acta de ésta Cámara Nro. 2.601, del 21-05-2014), desde la exigibilidad del crédito, hasta su efectivo pago”.

“En atención a todo lo manifestado, entiendo que la aplicación de la tasa de interés dispuesta por el acta mencionada, para todos los casos a resolver, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino que simplemente adecuaría las consecuencias del pronunciamiento al contexto actual”.

“Por lo que, esta decisión, como lo adelanté en la introducción del tema, me pone en la situación de abordar, desde una visión estructural, algunos principios generales del derecho que podrían entenderse comprendidos: el de congruencia, el extra petita, la reformatio in pejus, y el iura novit curia”.

“Así, considero que lo resuelto no importa la violación del principio de congruencia. Lo entiendo de este modo, puesto que las decisiones del sentenciante no pueden hacer oídos sordos a la realidad en la cual se enmarca el proceso en su conjunto, y la traba de la litis en particular. En base al Principio de la Realidad no puede el juez ceder nunca ante una pretendida seguridad jurídica, que arrojara a un resultado final técnicamente “injusto”, puesto que inclusive dicha seguridad, para subsistir, debe funcionar en el contexto de los hechos: en la realidad misma”.

“Por lo tanto, si los hechos de la traba de la litis se vieron afectados por los hechos y plataforma material de la realidad general, como se observara anteriormente por la gran inflación, el juez debe tenerlos en cuenta a la hora de fallar, y de dictar resoluciones aún posteriores a la sentencia misma, sin poder pretender “pensar el caso”, bajo un status quo económico- social idéntico, cuando ya no existe”.

“Grafiquemos la idea”:

 



 

“Aquí vemos claramente, cómo los hechos del caso, están subsumidos en una realidad mayor, que funcionará como el soporte de toda reflexión. En la misma, el derecho supone ciertas constantes entre las que también está la variabilidad”.

“Esto le permite crear institutos universales. Por dar un ejemplo, las rebeldías. Cuando alguien no se presenta a estar a derecho, existe la suposición de que no desea ser hallado, y en consecuencia, se considera ficcionalmente, que los hechos, sucedieron como el demandante los afirmó”.

“¿Podría entonces tenerse por cierto cualquier dato de la demanda? No, si se trata de algo que va contra la regularidad de la naturaleza (por ejemplo que trabajó 24 hs. seguidas todos los días, durante un año), o de algo que por ser público y notorio el juez no pueda desconocer. Así, aparecen factores mudables y otros constantes, a lo que la justicia no puede ser ciega”.

“Al dictarse la sentencia, se “cristaliza” un pasado (B. TIEMPO CRISTALIZADO). Ese tiempo ya no transcurre. Pero la realidad durante la que se desarrolla el proceso, sigue deviniendo, resultando vulnerable a vaivenes de todo tipo (A. TIEMPO EN DEVENIR)”.

“Con lo cual, la realidad socio-económica y la naturaleza misma, son factores mudables, que el juez siempre debe tener en cuenta, porque la variación en si misma, “es” una constante”.

“Cabe reflexionar, que un tsunami, o un terremoto por ejemplo, que afectasen gravemente la economía, podrían eventualmente justificar una corrección de las condenas “en favor de los empleadores”, que de otro modo no pudieran seguir adelante”.

“De modo que a su vez, en una base macro (reflejada en el gráfico mediante el círculo más amplio), que contiene a los hechos de la traba, (aspecto micro, el que aparece en el dibujo como la esfera más pequeña), puede haber variaciones naturales o sociales, que impongan al juez advertir cómo lo macro incide en lo micro, en calidad de hecho público y notorio, durante TODO el proceso”.

“¿Cuál es la medida de esa variación que justificaría la intervención del juez, aun sin pedido de parte, y en cualquier etapa del proceso? Pues bien, para ello no hay pautas objetivas preestablecidas (lo que no implica que no las pueda haber en el futuro), de modo que se impone un análisis como el precedente, demostrativo en el tema que nos convoca, de la afectación general del salario, y su marcada pérdida de poder adquisitivo. Será este, además, un juicio de proporcionalidad o de razonabilidad (Juan Cianciardo. 2009. «El Principio de Proporcionalidad: sus dimensiones y límites» Disponible en: http://works.bepress.com/juan_cianciardo/)”.

“Justamente, recordemos en este punto a los romanos, quienes le dieron basamento al derecho desde el sentido común”.

“En este orden de ideas, la racionalidad del sistema recoge esta versión. El art. 277 del CPCCN expresa que “el Tribunal, no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”.

“Dicho articulado, como expone el Dr. Enrique Néstor Arias Gibert “faculta a los tribunales de alzada la consideración de hechos posteriores a la sentencia definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento de los intereses, materia que puede y debe ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2.601”.

“Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1.069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales”. “Tampoco afecta la cosa juzgada pues el hecho sobreviniente no está comprendido en ella como lo recepta expresamente el artículo 277 CPCCN” (Sala V- Expte. nº CNT 43.382/2010/CA1- “Mendel Marta Graciela C/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA Dra. Cristina Elizabeth Rohr S/ Diferencias De Salarios”, del 19-9-2014, en minoría)”.

“Además, tampoco se podría sostener que se incurre en una reformatio in pejus. Ello, porque entre la jerarquía de valores (afectación de la seguridad jurídica, o la afectación social, como es el caso de un hecho de público y notorio), el in pejus, tiene que ceder para mantener constante el valor indemnizatorio”.

“Finalmente, es necesario, según los supuestos fácticos y jurídicos del caso, que deba ser tenido en cuenta el principio iura novit curia, receptado por los arts. 34 inc. 4º, y 163 inc.6º del C.P.C.C., que impone al juez la obligación de aplicar el marco completo del derecho vigente, adecuándolo al caso particular, y teniendo en vista los principios generales que rigen el paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales”.

“Ello nos lleva indeclinablemente a recordar, cuál es la función del juzgador. Y esta es, sustentar la primacía de la ley fundamental de la Nación con todas sus garantías materiales. Entre ellas, el derecho de defensa en juicio, que implica tanto el acceso a la justicia para el que reclama (lo que incluye también la realización efectiva de las sentencias), cuanto la plenitud de defensa para el que contesta”.

“No debiendo incurrirse en la consabida confusión por vía interpretativa, en donde al tiempo de atender cuestiones de tipo adjetivo (entre muchas otras, y en lo que aquí interesa, medidas cautelares, extensiones de condena en etapa de ejecución, carácter, oportunidad y medida de los intereses, etc.), las normas sustantivas que sirvieron de necesario basamento a la sentencia enmarcadas en el nuevo paradigma, son frustradas al tiempo de efectivizar el decisorio. Este efecto retrógrado se logra leyendo lo adjetivo desde la jerarquía de valores de dos paradigmas más atrás: el del derecho clásico. Esto lleva a la nociva consecuencia, en relación con el tema en debate, de que solo se defienda un patrimonio: el deudor, y no el del acreedor, sujeto especialmente protegido”.

“De modo que no es conforme a derecho que uno sea el paradigma vigente, en un nivel cuasi exclusivamente teórico, y otro el de su interpretación cuando de la bajada práctica hacia la realidad se trate («Los Paradigmas normativos e interpretativos: relojes que suelen atrasar», Revista Spes Nro: 34,octubre 2012)”.

“La identificación correcta del derecho vigente por parte del juzgador (ver “El Digesto Jurídico Argentino y el Derecho del Trabajo”, El Digesto Jurídico Argentino Suplemento Especial, Editorial Erreius, pág. 45), brinda la garantía de que aunque uno u otro, funden equivocadamente el derecho, y aún de modo insuficiente, sea el juez el encargado de corregirlo mediante su obligación de ejercer el iura novit curia. Ello, sin desvirtuar el soporte fáctico sobre el cual las partes han desplegado sus argumentos, y ofrecido prueba. Precisamente, ese soporte fáctico, también supone una realidad de base que, como ya manifesté, sigue transcurriendo durante el proceso judicial, que no debe ser ignorada en beneficio de todas las partes del proceso”.

“Asimismo, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Juez está facultado a aplicar el derecho que regula la situación fáctica que, denunciada por las partes, deviene acreditada en la causa. Ello, con prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal, formuladas por los litigantes, e independientemente del encuadre jurídico que ellos asignen a sus relaciones (CSJN G. 619-XXII, en autos “Gaspar, Rodolfo y otros c/ SEGBA SA”, sentencia Nº 92.515 del 19.4.11, en autos “Castro Sebastián Marcelo c/ La Segunda ART SA s/ accidente-acción civil”, del registro de esta Sala). Criterio que también he sostenido como Juez de primera instancia (conf. sentencia definitiva Nº 2.834, del 9/12/10, en autos “Monteagudo Barro, Norberto Constantino c/ Banco Central de la República Argentina s/ reincorporación”, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 74)”.

“En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también ha dicho que, “sostener, como fundamento del rechazo, un erróneo encuadramiento legal del reclamo (…), importa soslayar que los jueces tienen no sólo la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes” (fallos: 324:2946 y sentencia del 2 de Marzo de 2011, S.C. G Nº134, L. XIV, in re “Guerrero Estela Mónica, por sí y por sus hijos menores c/ Insegna, Rubén s/ muerte por accidente de trabajo”)”.

“En el punto, debo recordar que la finalidad del derecho del trabajo, consiste en procurar el respeto por la dignidad del hombre que trabaja, que facilite el ejercicio de su actividad (art. 14 bis C.N.)”.

“Por todo ello, entiendo que la tasa de interés, mal podría castigar útilmente la mora, desalentando su perpetuación, si con el tipo interés que se emplee, por efecto de la inflación, se evapora su relevancia. Por ello, se hace forzoso aplicar la nueva tasa de interés en toda oportunidad, tanto en etapa de conocimiento cuanto en etapa de ejecución, ya que si, como se mencionó en el caso de la Ley 24.283, se ha verificado la hipótesis de que, ya existiendo cosa juzgada, se alterara el crédito del trabajador en su perjuicio, tanto más podrá hacerse este proceso en su favor, en el marco del paradigma vigente de los Derechos Humanos Fundamentales, donde éste constituye un sujeto de preferente tutela, “Señor de todos los mercados”, conforme “Vizzoti”.

“Ahora sí, y en virtud de lo referido precedentemente, no cabe duda de que la suscripta considera procedente la actualización del capital también en todos los casos”.

“Cabe tener presente, que este criterio de la actualización, lo vengo sosteniendo hace tiempo junto al Dr. Capón Filas en el sentido de que ambos, hemos declarado la imperiosa necesidad de actualizar los créditos salariales. (Ver, por ejemplo, («Larotonda, Sergio Bruno c/ Del Campo Materiales SRL y otros s/ despido», sentencia nº 1881, del 22 de octubre de 2003; “Paz, María Isabel c/ Met AFJP S.A. s/ despido”, sentencia nº 2422, del 30 de octubre de 2007; o “Gutiérrez, Edgardo David c/ Labora S.A. s/ despido”, sentencia nº 2454, del 18 de marzo de 2008, entre muchas otras, todas del juzgado 74, en mi labor como juez de primera instancia; o “Santucho, Sergio del Valle c/ Castagnola, Pablo Daniel s/ despido”, Sentencia nº 93533, del 22 de mayo de 2013; “Leguizamón Ricardo Hernán c/ R. Carpaccio S.R.L. s/ despido”, sentencia nº 93.570, del 31 de marzo de 2013, entre muchas otras, todas del registro de esta sala)”.

“Por ello, apoyando esta tesitura, se ha sostenido que «derogada la Ley 23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión¨ (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, sentencia del 22 de marzo de 2002, in re «Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro s/ demanda»).

“De hecho, que el art. 276 de la L.C.T., aun cuando se encuentra derogado tácitamente por la Ley 23.928, muestra la lógica en el legislador sobre la necesidad de actualizar los montos laborales, puesto determina que “los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago. Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra”.

“Asimismo, y como ha quedado claro con la aplicación del RIPTE según dispone la ley 26.773, el propio legislador hoy ha decidido así”.

“Otro tanto, ha hecho al establecer en la Ley 26.844, sobre el “Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” (pub en B.O. el 12/4/13), la forma en que se actualizarán los salarios y cuál será la tasa aplicable. En efecto, en su artículo 70 dispone que “los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación”.

“Y agrego, también ha contemplado la realidad inflacionaria la CNAT con la modificación del Acta Nro. 2.601, del 21-05-2014, de la C.N.A.T. según la cual se elevó la tasa de interés aplicable, como extensamente ha sido reseñado ut supra”.

“Con lo cual, el círculo se cierra en donde empezamos. Claramente, tanto los legisladores, como los jueces realizaron las tres modificaciones (Ley 26.773, Ley 26.844, y Acta Nro. 2.601), reconociendo implícitamente a la inflación como un hecho de público y notorio. Esto es, un dato de la realidad que no pudieron desoír en lo macro, y que la suscripta no desoirá en el análisis micro de cada una de las sentencias que deba dictar”.

“Para así resolver, corresponde declarar, según el caso, aún de oficio, la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25561”.

“Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que declaro la inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización que se indicará”.

“Con respecto a las inconstitucionalidades de oficio, he sostenido inveteradamente (aún como juez de primera instancia), que el decreto de inconstitucionalidad de oficio, no es una facultad, sino un deber de los jueces. Precisamente, en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho “que cabe recordar que con arreglo al texto del artículo 100 (actual 116 de la Constitución Nacional), tal como fue sancionado por la Convención Constituyente ad hoc de 1860 -recogiendo a su vez el texto de 1853, tributario del propuesto por Alberdi en el artículo 97 de su proyecto constitucional-, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre otras, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación (con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) y por los tratados con las naciones extranjeras”.

“Que en este marco constitucional, la ley 27 estableció en 1862 que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con elIa (art. 3). Al año siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé que: ‘Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido’(artículo 21) .”

“Que con estas bases normativas, la doctrina atinente al deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros pronunciamientos cuando -contando entre sus miembros con un convencional constituyente de 1853, el Doctor José Benjamín Gorostiaga- delineó sus facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales como son, con tal que emanen de autoridad competente y no sean repugnantes a la Constitución (Fallos: 23:37).”

“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 respecto de la facultad de los magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas inferiores y la Constitución Nacional con una fórmula que resulta hoy ya clásica en su jurisprudencia: es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos». Tal atribución -concluyó la Corte- «es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario» (Fallos: 33:162).

“Como es bien sabido, un año antes, en el caso ‘Sojo’, esta Corte ya había citado la autoridad del célebre precedente ‘Marbury vs. Madison’ para establecer que ‘una ley del congreso repugnante a la Constitución no es ley’ y para afirmar que ‘cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren’ (Fallos: 32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte ‘no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional’ (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, pág. 197, citado en Fallos: 321:3620).”

“Que el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente este Tribunal en 1941 en el caso ‘Ganadera Los Lagos’ (Fallos: 190: 142). Tal requerimiento se fundó en la advertencia de que el control de constitucionalidad sin pedido de parte implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa los actos legislativos o los decretos de la administración, y que tal actividad afectaría el equilibrio de poderes. Sin embargo, frente a este argumento, se afirmó posteriormente que si se acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y si cuando no la hay (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 327:3117, considerando 4°).”

“Agregó el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco ‘se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraria una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. Ni (… ) puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese, debería también descalificarse toda aplicaci6n de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso» (Fallos:327:3117, considerando 4° citado).”

“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente ‘Mazzeo’ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que ‘la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’ que importa ‘una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el Ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos’ (considerando 20).”

‘“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos» (caso «Almonacid», del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21).”’

“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el citado precedente ‘Almonacid’. En efecto, en el caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso’ precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana [‘Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú’, del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos «Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia vs. Bolivia» (del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); «Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Raguaia’) vs. Brasil» (del 24 de noviembre parágrafo 176) y «Cabrera y Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225).

“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ del 29 de noviembre de 2011).”

“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango.”

“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar ‘en el marco de sus respectiva competencias y de las regulaciones procesales correspondientes’ (confr. casos ‘Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia’ y ‘Gómez Lund y otros’, citados)”.

“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, titulo o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación.”

“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento factico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaraci6n de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.”

“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control” (R. 401. XLIII. Autos “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, del 27.11.12).

En consecuencia, aplicando lo reseñado precedentemente a autos, propicio revocar la sentencia de primera instancia, condenar a la demandada a abonar a cada uno de los actores F. F. J. E., V. M. J. E., V. F. A., C. C. H., la suma de $800.000 (pesos ochocientos mil), con más los intereses dispuestos en los respectivos considerandos desde el 03.01.11, con más la aplicación del índice de actualización monetaria sobre los créditos que proceden.

En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia.

Teniendo en cuenta el nuevo resultado del litigio, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, propongo que se dejen sin efecto las costas y las regulaciones de honorarios determinados en el grado anterior, y fijarlos en forma originaria.

En este sentido, y por el principio objetivo de la derrota, la demandada deberá afrontar las costas de ambas instancias, ya que no existe ningún motivo que justifique apartarse de la regla general que consagra el art. 68 del CPCCN.

Por los trabajos realizados en la primera instancia, y lo dispuesto en los arts. 38 y 40 de la ley 18.345; 3, 6 y concs. del decreto-ley 16.638/57; 6,7, 8, 9, 22 y cc de la L.A., y ley 24432, y demás leyes arancelarias vigentes, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demanda, y los del perito contador en el …% (… por ciento), …%, (… por ciento) y …% (… por ciento), respectivamente, calculados sobre el monto total de condena más los intereses.

Respecto a los de esta alzada, propicio regular los honorarios de los letrados representantes de las partes actora, y demandada (en el …% (… por ciento), y …% (… por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14 LA, y ley 24432).

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Revocar la sentencia de primera instancia, y condenar a NIDERA SA a abonar a cada uno de los actores F. F. J. E.; V. M. J. E.; V. F. A.; C. C. H.; la suma de $800.000 (pesos ochocientos mil), con más los intereses dispuestos en los respectivos considerandos desde el 03.01.11, hasta su efectivo pago, con más la aplicación del índice de actualización monetaria sobre los créditos que proceden; II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; III.- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, y los del perito contador en el …% (…por ciento), …% (… por ciento), y …% (… por ciento), respectivamente, calculados sobre el monto total de condena más los intereses; IV.- Regular los honorarios de alzada a los letrados representantes de las partes actora, y demandada, en el …% (… por ciento), y …% (… por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14 LA, y ley 24432).; V.- Hacer saber que en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El Doctor Víctor A. Pesino dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Sin embargo, discrepo en los siguientes puntos:

A)Entiendo que, al no haberse acreditado daño específico en la persona de los actores, tal como señala mi colega preopinante, no puede condederse una reparación sino a titulo sancionatorio de las ingratas condiciones de trabao que soportaron durante 11 días de trabajo, razón por la cual propongo se reconozca la suma de $10.000.- diarios, por lo que hace un total de $110.000.- para cada uno, importe que considero ajustado a derecho y que establezco a valores actuales, el que llevará intereses a la tasa del Acta 2630 de esta Cámara, para el supuesto caso de no ser abonado dentro del plazo de cinco días.

B) No comparto la propuesta de indexación, ya que las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje de la situación económica, se encuentran suficientemente cubiertas con la tasa de interés antes aludida.

C)No encuentro motivos para remitir copia de la sentencia a la OIT.

El Doctor Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

En lo que es motivo de disidencia, por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia de primera instancia, y condenar a NIDERA SA a abonar a cada uno de los actores F. F. J. E., V. M. J. E., V. F. A., C. C. H. la suma de $110.000 (pesos ciento diez mil), con más los intereses dispuestos por voto de la mayoría en el segundo; II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; III.- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, y los del perito contador en el …% (… por ciento), …% (… por ciento), y …% (… por ciento), respectivamente, calculados sobre el monto total de condena más los intereses; IV.- Regular los honorarios de alzada a los letrados representantes de las partes actora, y demandada, en el …% (… por ciento), y …% (… por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14 LA, y ley 24432).; V.- Hacer saber que en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

 

Néstor M. Rodríguez Brunengo

Juez de Cámara

Víctor A. Pesino

Juez de Cámara

Diana Regina Cañal

Juez de Cámara

Silvia Susana Santos

Secretaria

 

  Correlaciones:

P., J. A. y otros s/recurso de casación – Cám. Nac. Casación Penal – Sala III – 26/03/2014 – Cita digital IUSJU217875D

L., J. J. M. s/infracción art. 145 bis conforme ley 26842 – Trib. Oral Fed. Paraná – 27/08/2015 – Cita digital IUSJU003468E

F., J. O. por infracción art. 140 -reducción a la esclavitud o servidumbre- ley 26.842. Infracción art. 145 bis, 1º párrafo (sustituido conf. art. 25, ley 26.842) – Cám. Fed. Casación Penal – Sala IV – 31/03/2017 – Cita digital IUSJU015307E

Burgos, Humberto P. (h.): “¿Somos libres? ” – ERREIUS – Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social – Octubre/2017

 

016465E

       
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