Se declara mal concedido el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues el eventual y secundario interés fiscal que pueda tener la Nación en la percepción de ingresos provenientes de la aplicación de una sanción administrativa pecuniaria no basta para autorizar el recurso ordinario de apelación en los términos del artículo 24 del decreto 1285/1958.
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