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JURISPRUDENCIAAcción de simulación. Acto simulado. Procedencia. Requisitos. Prueba de terceros
Se confirma la sentencia que declara que las compraventas denunciadas por la actora han sido donaciones disimuladas y que por tal razón el valor de los bienes será imputado a la porción disponible del testador, y el excedente será traído a la masa de la sucesión a los efectos de la partición.
En la ciudad de Reconquista, a los 01 días de Marzo de 2018, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Casella, María Eugenia Chapero y Santiago Dalla Fontana, para resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la resolución dictada por el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación, Distrito nro. 4, de esta ciudad de Reconquista, en los autos: “Zupel, Violeta Sofía c/ Zupel, Sonia Dolores y/u otros s/ Colación – Reducción y/o Simulación”, Expte. N° 35, año 2016. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Casella, Chapero y Dalla Fontana y se plantean las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Es nula la sentencia apelada?
SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia apelada?
TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Dr. Casella dijo: el recurso de nulidad no es sostenido en esta Alzada, y no advierto irregularidades que hagan menester considerar de oficio la cuestión planteada, por lo que voto por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Dalla Fontana luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.
A la segunda cuestión, el Dr. Casella dijo: la Sra. Violeta Sofía Zupel inicia demanda de simulación y/o reducción y/o colación o la acción que jurídicamente corresponda contra Sonia Dolores, Rolando Angel y Fani Rosa, todos de apellido Zupel y contra sus herederos o sucesores, solicitando que se declaren sujetos a colación los actos que detallan en la demanda. Relata que del matrimonio compuesto por los Sres. Mercedes Regonat y Armando Zupel nacieron cuatro hijos llamados Rolando Angel, Sonia Dolores, Fani Rosa y Carlo René y que en fecha 04.11.2003 falleció el último, quien mantuvo durante su vida, una relación amorosa con la Sra. Olinda Stangaferro de la que nació la actora Violeta Zupel. Aduce que poco tiempo después del fallecimiento de Carlo René, sus padres (Armando Zupel y Mercedes Regonat) transfirieron con reserva de usufructo inmuebles de su propiedad al resto de sus hijos (Rolando Angel, Sonia Dolores y Fani Rosa) a modo de adelanto de herencia, “olvidando” participar a su nieta, Violeta Zupel, hija de su hijo premuerto. Asevera que estas transferencias se realizaron bajo la máscara de falsos contratos de “compraventa” con reserva de usufructo a favor del matrimonio transmitente y que jamás se anotició de esta situación a Violeta Zupel, por ende ella no prestó su consentimiento para la realización de los mismos.
Contestada la demanda, producidas y agregadas las pruebas y los alegatos de las partes, el 20 de octubre de 2015 el Juez a quo resuelve hacer lugar a la demanda y en consecuencia declarar que las compraventas denunciadas por la actora han sido donaciones disimuladas y que por tal razón el valor de los bienes será imputado a la porción disponible del testador, y el excedente será traido a la masa de la sucesión a los efectos de la partición, con costas a los demandados (fs. 150/151).
En disconformidad con dicha resolución, los demandados apelan y expresan agravios a fs. 162/164. Al hacerlo, manifiestan su disconformidad con que el inferior a su criterio minimice las calificaciones dadas por la actora a la pretensión, pues las mismas tienen relevancia sustancial, ya que son las que determinan los presupuestos de la viabilidad de la misma. Por ello, considera que no puede extraerse “per se” del precitado art. 3604 C.C. que solo consagraba una presunción de gratuidad que el acto es simulado. Entiende que no otra interpretación cabe darle a dicho precepto, pues la misma se compadece con la circunstancia de que, aún presumiendo gratuito el acto el mismo tranfiere irrevocablemente la propiedad del bien al adquirente, incorporándolo a su patrimonio y recibiendo la protección constitucional del derecho de propiedad. Es decir, el acto no es simulado, es real, solo que al reservarse el causante el derecho real de usufructo, la ley, sin admitir prueba en contrario, le da tratamiento – a los fines de la composición del acervo sucesorio- de gratuito y por ende, sujeto a colación. De otro modo, explica que si el acto, para la ley, fuera realmente simulado sería anulable quedando sin efecto. Asevera que la actora sin necesidad de hacerlo planteó la simulación de la compraventa, pero no formuló despliegue probatorio alguno en tal sentido y solo se apoyo en la referida presunción.
Por otro lado, la recurrente sostiene que se acompañó en autos las constancias que acreditan que los demandados abonaron por cada uno de los tres lotes en que el causante subdivió el original inmueble del acervo sucesorio, y se los vendió precibiendo el precio de la operación. Hace referencia a la escritura pública número ciento cuarenta y cinco de fecha 20/10/2004 (fs. 12 vta., 14 vta., y 122/23).
Argumenta que conformando dicha escritura pública un instrumento público que dió fe de un acto jurídico – el pago- pasado por ante escribana, debió la actora redargüirlo de falso para desmotrar la supuesta simualción que planteó.
En cuanto a la prescripción de la acción, la recurrente se agravia argumentando que prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, plazo que también se entiende aplicable cuando la acción es ejercida por un tercero y que tratándose de una acción que se pretende instaurar en calidad de heredero, el mencionado plazo deberá contarse desde la apertura de la sucesión es decir desde la muerte del autor de la sucesión, concluyendo que la acción de simulación prescribió en fecha 14 de agosto de 2011, es decir dos años después del fallecimiento de Armando Zupel.
Por último, se agravia por cuanto el a quo no ha desechado expresamente la pretensión de reducción que articulara la actora, considerando que es condición sine qua non que para la procedencia de dicha acción se acredite apriori que se ha afectado la legítima, y la actora no lo demuestra y ni siquiera lo invoca y se agravia por la imposición de costas.
Ingresando al tratamiento de los agravios, cabe aclarar preliminarmente que en autos se han iniciado paralelamente las acciones de simulación, de colación y de reducción y sabido es que “la colación de una donación disimulada bajo apariencia de un contrato oneroso requiere el ejercicio previo de la acción de simulación para atacar el acto, salvo los supuestos de transmisión con cargo de renta vitalicia o reserva de usufructo, pues la presunción legal establecida por el art. 3604 del C.C. respecto de la gratuidad de las entregas de bienes realizadas por el causante, se restringe a los supuestos taxativamente contemplados en la norma“ (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala I – “Mejías, Lidia Eva c. Mejías, Adrián Ricardo” – 02/10/2008). De modo que, si bien es cierto que las calificaciones dadas a las pretensiones por la actora tienen relevancia sustancial ya que determinan la viabilidad de la misma, el a quo no ha minimizado las mismas, sino que tuvo presente que en autos se ha llevado a cabo una transmisión de bienes del causante a algunos herederos forzosos con reserva de usufructo, por lo que la actora se encontraba facultada para iniciar las mismas en forma alternativa, de manera de posibilitar al juzgador a subsumir la plataforma fáctica en alguno de ellos.
Aclarado ello, sabido es que “el fin de la acción de simulación es obtener la declaración judicial de que un acto jurídico fue realizado sólo en apariencia, que no existe acto alguno si la simulación es absoluta, o que el acto verdadero no es el aparente sino otro distinto de aquél, ya en su naturaleza o en sus cláusulas o en las personas, si la simulación es relativa” (Conf. Jurisp. Citada en Llambías, J.J., Código Civil Anotado. Doctrina y Jurisprudencia. T. II-B. Pág. 123. Abeledo-Perrot)
En este caso se trata de demostrar una simulación relativa pues se pretende desenmascarar la gratuidad de un acto aparentemente oneroso y aquí cabe adelantar que fue verificado en autos, pues se han demostrado todos los requisitos propios de un acto simulado, los que según la doctrina son: 1) una declaración de voluntad disconforme con la intención efectiva del sujeto; 2) Concertada de acuerdo entre las partes del acto simulado; 3) con el propósito de engañar a terceros (ob. Cit. Pág. 121). Cabe aclarar que aquí el que intenta demostrar la simulación es un tercero ajeno a la celebración del acto – heredero que viene en representación – y que jurisprudencialmente “se ha sostenido que la prueba de la simulación que puedan aportar los terceros, no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque ellos se encuentran en desventaja con respecto a las partes, de allí que se les permita ofrecer el dicho de testigos y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador, de estar en presencia de un acto ficticio. Para tener por comprobada la simulación bastan vehementes indicios o presunciones precisas y concordantes, las que por su naturaleza configuran la prueba privilegiada en este menester, pues cuando se simula un acto en perjuicio de terceros se toman las precauciones necesarias para ocultar el acto, con el objeto de borrar todos los rastros que él pudiera dejar y así desvanecer todo elemento probatorio destinado a demostrar la existencia del vicio” (Juzg. 1a. Inst. Dist. CC, 18a. Nom. “Dassie Anrea M. c/ Marveggio, Miguel M. y ot. S/ Juicio de simulación y revocatoria en subsidio” (expte. 1791/08). 11/03/2015).
Examinando las constancias de autos, surge de las pruebas rendidas que las compraventas se realizaron simultáneamente, reservando el vendedor el derecho de usufructo, quien vendió los lotes a tres de sus hijos excluyendo al hijo premuerto, (todo ello surge de fs. 12/17 y no está controvertido), estando demostrado por la constatación y pericia obrantes a fs. 109/112 que las ventas fueron realizadas a precio vil. Todo ello resulta suficiente para concluir que, efectivamente, que existió una declaración de voluntad disconforme con la intención del sujeto puesto que de allí se puede inferir que ha dispuesto de los bienes a título gratuito, y que ha habido un acuerdo de las partes que han participado de las compraventas ante escribana con el propósito de engañar a la actora para frustrar sus derechos hereditarios. Ahora bien, se trata de una simulación relativa por lo que comparto la solución del a quo, que además no fue cuestionada por la actora, de no aplicar las reglas de la donación y como consecuencia no imponer el deber de colacionar, puesto que “es de destacar que el art. 3604 refiere a los contratos que, en apariencia, son onerosos. Si por el contrario fuesen ostensiblemente gratuitos (p. ej: una donación) deben aplicarse las reglas de la colación de manera que el valor de los bienes no se imputa a la porción disponible, sino a la porción hereditaria del beneficiario (art. 3476 y concs.)” (v. Natale, Roberto Miguel; “La acción de reducción ante donaciones hechas a legitimarios”, AR/DOC/2793/2014 y sus citas).
Dentro de sus críticas, la recurrente sostiene que la compraventa se llevo a cabo mediante escribano y por escritura pública, por lo que a su criterio debía iniciarse una redargución de falsedad por su condición de documento público que da fe de su autenticidad por sí mismo. Sin embargo, el cuestionamiento realizado por la actora se halla orientado a demostrar la realidad de un acto detrás de uno aparente, elementos que la escribana no puede avalar, es decir, de la verdadera voluntad de las partes y su propósito, en todo caso sólo puede dar fe de lo que manifestaron las partes del negocio delante suyo, por lo que no resulta necesario para los fines perseguidos en autos atacar el instrumento con una redargución de falsedad.
Por último en lo que refiere a la prescripción, cabe adelantar que tampoco puede aplicarse el plazo que pretende la recurrente, puesto que la doctrina enseña que tanto para la acción de reducción como para la acción de colación, “en cuanto a la prescripción, a partir de la apertura de la sucesión corre para ambas el plazo decenal del art. 4023 del Cód. Civil” (v. Gonzalez Moreno, Eliana M., “Colación y Reducción entre Herederos Forzosos: Derecho vigente y Derecho proyectado”, y sus citas. AR/DOC/647/2013). De modo que muerte del causante y apertura de la sucesión se dió en fecha 14/08/2009 (acta de defunción de fs. 4 expte. 530/11) y la acción de colación paralela a la simulación fue iniciada el 08/02/2013 (fs. 36 vta.) la misma no se encontraba prescripta. En conclusión, no obstante el esfuerzo argumentativo de la recurrente, considero por los fundamentos dados que sus críticas deben desestimarse, confirmando la resolución del a quo.
En razón de lo expuesto, voto por la afirmativa, proponiendo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia, confirmar la sentencia alzada, con costas al recurrente.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Dalla Fontana luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.
A la tercera cuestión, el Dr. Casella dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación; 2) Confirmar la sentencia alzada; 3) Imponer las costas de Segunda Instancia a la recurrente; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Dalla Fontana luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.
Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
RESUELVE: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación; 2) Confirmar la sentencia alzada; 3) Imponer las costas de Segunda Instancia a la recurrente; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia. Regístrese, notifíquese y bajen.
CASELLA
Juez de Cámara
CHAPERO
Jueza de Cámara
DALLA FONTANA
Juez de Cámara
(En abstención)
ALLOA CASALE
Secretaria de Cámara (s)
(*) Sumarios elaborados por Juris online
028831E
