Se revoca la resolución apelada y se dispone la tramitación del proceso como juicio sumarísimo en los términos del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que de los hechos y del derecho contenido en la demanda se desprendía que el accionante había basado su reclamo en el ámbito de aplicación de la ley 24.240, cuyo texto mandaba aplicar las normas del proceso de conocimiento más abreviado. Ello así, máxime si en el caso no hubo petición expresa tendiente a procurar la ordinarización del proceso.
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