Tiempo estimado de lectura 32 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAProducción teatral. Inaplicabilidad de las normas sobre locación de servicios. Relación laboral
Se confirma la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios, calificando como relación laboral a los contratos suscriptos por las partes, descartando la aplicación de la normativa civil propia de la locación de servicios de la productora actora con el director artístico y los restantes codemandados (actores teatrales).
///nos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Arcadia Producciones S.A. c/ Tolcachir, Claudio Enrique s/ daños y perjuicios” acumulado a “Ramos, Marcelo Fernando c/ Tolcachir, Claudio Enrique y Otro s/ daños y perjuicios”, respecto de las sentencias de fs. 1719/1734 y 494/509 -respectivamente- el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI –
A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:
I. La sentencia de fs. 1719/1734 (expte. n° 15.801/2009) rechazó la demanda interpuesta por “ARCADIA PRODUCIONES S.A.” contra Claudio Enrique Tolcachir, Verónica Llinás, Matías Javier de Padova y “Ciudad Cultural SA” (Konex).
Hizo lo propio con la deducida por Marcelo Fernando Ramos, y acumulada a la presente, de daños y perjuicios contra Claudio Enrique Tolcachir, Verónica Llinás, Matías Javier de Padova y Osvaldo Bonet, en virtud de los mismos hechos en que sustenta la pretensión de los autos acumulados por la suma de $250.000, reclamo que circunscribe a “el daño moral ocasionado a mi persona… junto con el perjuicio económico infligido a mi persona” (v. f. 72vta. expte. n° 105246/2009).
Previamente se había desistido de acción y derecho contra Osvaldo Carmelo Bonet (v. f. 413, expte. n° 15801/2009).
II. A fs. 1761/1775 (expte. n° 15.801/2009) expresa agravios la parte actora. Tres son los agravios principales en que basa su apelación.
II.a. El primero de ellos, ataca la calificación de relación laboral con la que la Juez de grado trató los contratos que suscribieran actores y demandados. Sostiene a rajatabla que no resulta aplicable dicha legislación sino la civil, por lo cual, no se trata de una contratación laboral sino de una locación de servicios de la productora actora con el director artístico (Tolcachir) y los restantes codemandados (actores teatrales). Funda la calificación civil, en que el presente fue resuelto en cuanto a la competencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de este fuero y no del de trabajo. Parafrasea el dictamen de la Procuración, en cuanto afirma que “debe declararse la competencia del fuero civil “para entender en las actuaciones en razón de la materia por que el objeto “principal del juicio se vincula, con influencia decisiva, con cuestiones de derecho “privado y la interpretación del sentido y/o alcance de las normas de derecho común”. Por su parte la Corte a fs. 1109/1110 señala que “de conformidad con lo dictaminado por la Señora Procuradora Fiscal, se declara “que resulta competente “para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo “Civil n° 45, al que se le remitirán por intermedio de la Sala N (así) de la Cámara “de apelaciones de dicho fuero. Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera “Instancia del Trabajo n° 56”.
Sostiene pues que la decisión tomada por la Sra. Magistrada de grado en el momento de dictar sentencia no solo configura un simple agravio sino que es totalmente contraria y gravosa en un estado de derecho, en donde, “un simple Juez” se arroga a la facultad de contradecir a la CSJN (v. f. 1763 3er. ap. final). Cita jurisprudencia apuntando a la carencia de fundamento de la sentencia de primera instancia.
Adita, a este agravio, relacionado a la resolución de la cuestión desde el punto de vista laboral, que la Juez de la Instancia también aplicó mal la ley 24.053 apartándose de lo taxativamente organizado por la ley laboral (v. f. 1764). Considera esencial para la definición de la relación jurídica como una locación de servicios “el riesgo económico” que asumen los actores demandados al obtener una gran porción de la retribución económica gracias a los montos obtenidos en boletería durante el plazo en que se celebró la obra “Atendiendo al Sr. Sloane” (v. f. 1764/vta.).
Apunta que la retribución pactada, mediante el contrato celebrado entre las partes, no consistía en una suma excesiva, sino que era ínfima en comparación a los montos que podrían obtener en virtud de la gran cantidad de entradas vendidas durante el tiempo de exhibición de obra.
Sigue con su crítica, indicando la irretroactividad de la ley 27.203 al caso de autos, toda vez que la misma fue sancionada el 28/10/2015 cuando esta causa se inició en el año 2009 (v. f. 1765).
II.b. El segundo agravio, se centra en que aún considerando que sea de aplicación la ley laboral, el caso debe remitirse a la letra del artículo 87 de la ley 20.744. A estos efectos, hace un análisis de las declaraciones testimoniales prestadas en el expediente disintiendo con la apreciación que de las mismas efectúa la Juez de grado. Pondera también, las conclusiones escritas de una reunión que realizaran los demandados con la actora (v. f. 1768) y concluye que existe “claramente dolo o culpa grave en el accionar de los demandados, lo cual motivaría a que en última instancia se dé lugar a lo peticionado en el escrito de demanda” (v. f. 1774/vta.).
II.c. Finalmente, el tercer y último agravio, señala los resultados de la prueba pericial contable con relación al daño que pretende se le resarza.
III. A f. 1776 los Sres. Claudio Enrique Tolcachir y Verónica Llinás desisten del recurso.
IV. Dicha pieza fue contestada a fs. 1777/1782 por “Ciudad Cultural SA.” y a fs. 1783/1788 por los codemandados Claudio Enrique Tolcachir y Verónica Llinás.
V. En lo tocante al expediente “Ramos Marcelo Fernando c/ Tolcachir Claudio Enrique s/ Daños y Perjuicios” (expte.105.246/2009) resulta pertinente destacar que los agravios obrantes a fs. 533/552 escasamente difieren de los resumidos anteriormente, por lo que a ellos me remito. A punto tal que los mismos fueron contestados en una misma pieza procesal por los codemandados.
VI. A continuación, me pronunciaré sobre el fondo de la cuestión.
En tal inteligencia, pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. En tal sentido, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, conviene recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; FassiYañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; FenocchietoArazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN: 274:113; 280:3201; 144:611).
VII. El primero de los agravios a tratar radica en la calificación de la presente cuestión a luz de la ley laboral o la ley civil.
Pongo por delante, que contrariamente a lo sostenido por el actor en su expresión de agravios, la CSJN al intervenir en un caso de contienda negativa de competencia entre dos tribunales que no tienen una cámara de apelación en común, en los términos del artículo 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58 ley de organización de la Justicia Nacional, no fija doctrina, sino que exclusivamente determina la competencia.
Confieso desconocer la razón de ser del agravio de los actores respecto de la incorrecta aplicación de la anterior sentenciadora respecto a la ley 24.053, toda vez que no veo donde lo hizo, ni mal ni bien.
Hecha esta salvedad, del propio dictamen de la Procuradora General, al cual la Corte Suprema adhiere sin más, se puede leer que la resolución de la cuestión de competencia pasa por estar a una locación de servicios que según refiere (la actora) la vincula de acuerdo a los contratos agregados con los demandados. Remata su dictamen, la Procuradora, recalcando, el “limitado marco cognoscitivo en que se deciden las cuestiones de competencia“ (v. fs. 1109/1111).
Es por ello que la Sra. Juez no se ha apartado ya que el fallo no la obliga respecto de la solución. No es que se mande a dictar una nueva sentencia acorde a él, es solo una cuestión de competencia. La Corte sólo, aprecio a los efectos de fundar la competencia que es de previo y especial pronunciamiento, que la actora alegaba hechos calificándolos como materia civil (arts. 3 CCyC y 163 inc. 5 del CPCCN).
Por todo esto, de modo alguno, la Juez de grado tiene circunscripta su jurisdicción a la aplicación de la ley civil ni debe ceñirse a la calificación de la relación contractual en forma obligatoria como una locación de servicios, puesto que resolver una excepción de previo y especial pronunciamiento de competencia, no implica de ninguna manera pronunciarse sobre el fondo de la cuestión so pena de caer en la causal de prejuzgamiento (art. 17 inc. 7 del CPCCN).
La Sra. Juez de grado, citada en forma poco feliz por el apelante como una “simple Juez” (v. f. 1763 3er párrafo) que desafía a la Corte en su pronunciamiento, fundó concienzudamente su definición de la relación que unía a las partes como de trabajo (v. f. 1725, punto “V” última parte). En los agravios, el apelante, debe atacar la sentencia y no a quien la emite tipificándola como “simple Juez”.
La “simple Juez” argumentó su sentencia sin que los agravios del apelante, pudieran siquiera rozarla. Basta solo, remitirse a calificada jurisprudencia laboral para comprobar la bifronte naturaleza de la sentencia atacada.
El Juez de la Cámara de Trabajo, Héctor C. Guisado dijo: “I) “Contra la sentencia de primera instancia de fs. 396/408 (aclarada a fs. 439) que “hizo lugar a la demanda por despido y accidente, se alzan los codemandados “ENDEMOL ARGENTINA SA (fs. 424/434 y 441/443) y JOHANNES PETRUS “CHRISTOFFEL KERSTENS (fs. 435/438 y 444/448), y los peritos médica (fs. “409) y contador (fs. 412 y 415). II) Ambos codemandados se quejan porque el “fallo consideró acreditada la existencia de un vínculo laboral entre las partes, “pese a que -afirman- ‘la estricta letra’ de los contratos suscriptos con el actor da “cuenta de que se trataba de una locación de servicios. Añaden que igual “conclusión se deriva del peritaje contable (de donde surge que su parte no “registró al actor en el libro especial) y del informe de la Asociación Argentina de “Actores (mediante la cual se efectúan los pagos a los actores que prestan “servicios de manera autónoma). En efecto, los demandados reconocieron que el “actor prestó servicios para ENDEMOL ARGENTINA SA y ello hace presumir la “existencia de un contrato de trabajo entre las partes, conforme lo previsto en el “art. 23 de la LCT”.
“Cabe recordar que esa presunción ‘opera igualmente aun cuando “se utilicen, como en el caso, figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y “en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien “presta el servicio toda vez que, más allá de la apariencia que le haya dado la “empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del “trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el “nombre que las partes le hayan dado. Corresponde al juzgador determinar, en “base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo, sin “que la apariencia real disimule la realidad’ (conf. Sup. Corte Bs. As., 9/11/1977, “Ac. 23.767)” (CNT, Sala X, 17/4/02, “Mayer, Eliane c/ Liga Israelita “Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva y otro”).
“El argumento de los recurrentes acerca de que las partes habrían “estado unidas por un contrato de locación de servicios no resiste un análisis “serio, porque es unánime la doctrina civil en cuanto a que, cuando los servicios “son prestados por una persona física, la locación de servicios configura, en la “actualidad, un contrato de trabajo que debe regularse como tal” (CNT, Sala X, 21.12.96, “Greco c/Consultas SA”).
“En efecto, la invocación de la figura del contrato de locación de “servicios constituye un verdadero anacronismo. Hace ya más de 80 años años “Josserand sostenía que el paralelismo con la locación de los servicios procede “de un punto de vista arcaico y superficial;…el contrato antes llamado de “arrendamiento de servicios ha conquistado su autonomía; ha devenido el “contrato de trabajo, y bajo este vocablo no se evoca ya, ni en el fondo ni en la “forma, el recuerdo del arrendamiento de cosas…” (Josserand, Louis, “Cours de Droit Civil Positif Français”, París, 1923, t. II, p. 1933, citado por Juan D. Ramírez “Gronda en el “Tratado de derecho del trabajo” dirigido por Mario L. Deveali, La Ley, Bs. As., 1971, t. I, p. 562).
“Menos serio aún es afirmar que la relación mantenida con el artista no se trata de una típica relación de trabajo”.
“Por el contrario, desde hace varias décadas, la más calificada “doctrina viene sosteniendo que ‘Los contratos de actuación artística (de músicos “-como solistas o en conjunto-, actores y cantantes en espectáculos teatrales, “televisivos, cinematográficos o radiales y de esos u otros que actúan en “espectáculos llamados de variedades o circenses) deben considerarse “normalmente contratos de trabajo, debiendo no confundirse la cuestión relativa a “si lo son o no con la distinta respecto a si son permanentes o meramente “eventuales. Tampoco importa esencialmente si la actuación es reiterada o única, “el actor que hace un bolo en un espectáculo televisivo es tan trabajador “subordinado como el que actúa regularmente en una tira que se graba “cotidianamente” (López, Justo, en “López, J., Centeno, N. O. y Fernández Madrid, Juan C., “Ley de contrato de trabajo “comentada”, Ed. Contabilidad Moderna, 2ª edición, Bs. As., 1987, t. I, p. 327). Etala adhiere a esa opinión y añade que “tan categórica definición…no admite dudas luego de la aparición en “nuestro país de la regulación estatutaria (ley 14.597 para los ejecutantes “musicales), colectiva (convenios colectivos de actores, en sus diversas ramas: “cine, teatro, televisión, publicidad, radio, doblaje, artistas de variedades, etc.) y “fundamentalmente de la sanción de la ley de contrato de trabajo, cuyas “disposiciones permiten encuadrar genéricamente las diversas peculiaridades y “modalidades de la prestación de trabajo artístico” (Etala, Carlos A., El contrato de trabajo artístico”, LT, XXVIII-744).
“Las apelantes parecen creer que el hecho de no registrar al “trabajador en el libro especial o el de hacerle suscribir un instrumento en el que “se califica al vínculo como de naturaleza civil, resulta suficiente para sustraerse a “la aplicación de normas que resultan indisponibles para las partes (art. 12 LCT), “lo cual constituye un evidente despropósito. Este tipo de maniobras no alteran la “naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permiten concluir “que estamos en presencia de una locación de servicios puesto que no interesa la “calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que “llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia “de la vinculación que, en tanto (como ocurre en el caso) traduzca una “subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas “jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente” (CNAT, Sala VI, 16/7/96, exp. 44910, “Brutti, Ana c/ Raffo y “Mazieres SA s/ accidente”).
“Propongo entonces confirmar el pronunciamiento en cuanto “reconoce la existencia de un contrato de trabajo. La colega de Sala, Silvia E. “Pinto Varela dijo: Comparto la solución a la que arriba el voto que antecede en “función de los antecedentes, presunciones y pruebas aportadas en la causa. “Ahora bien, quiero dejar aclarado que disiento con la afirmación de mi colega “respecto de que la figura de locación de servicios ha sido reemplazada “totalmente por el contrato de trabajo. En efecto, considero que si bien es cierto “que la mayoría de las relaciones que en otro momento histórico -anterior al “Derecho del Trabajo- pudieron estar comprendidas en el ámbito de la locación de “servicios hoy se encuentran dentro de la figura del contrato de trabajo, también lo “es que la locación de servicios, regulada en el art. 1623 y sigs. del Código Civil “subsiste en determinados supuestos y presenta diferenciaciones relevantes con “el contrato de trabajo vinculadas a la inexistencia de subordinación en sus tres “facetas: técnica, económica y jurídica” (v. al respecto Código Civil dirigido por Belluscio, T.8 pag. 2 y sgts.; v. asimismo CNAT Sala II en autos “Torino, Enzo Oscar c/ Caselli Antornio Manuel” del 27/06/2011). Sin perjuicio de la aclaración realizada, considero que en la especie, con los elementos que surgen de la causa, ha quedado acreditada la existencia de un vínculo laboral dependiente (v. sentencia definitiva N ° 95890 causa N° 203837/2008 Sala IV, en autos “Gómez Antelo Luis Adrián c/ Endemol Argentina S.A y otros s/ Accidente- Ley Especial” Juzgado n° 10).
De la lectura de los contratos que unen a los demandados con la sociedad anónima productora se concluye una dependencia laboral, y no una locación de servicios (arts. 1623 del CC y 1251 del CCyC). Independientemente del nombre jurídico con que los unos o los otros lo llamen, lo que suscriben entre ellos, es un modelo de contrato que se titula “Contrato Teatral Único Asociación Argentina de Actores”, en la cláusula segunda de los contratos actorales, se estipula la duración del contrato en “dos meses de labor” y no de servicios. También destaco la posición dominante de “La Empresa” que se atribuye, si lo cree conveniente, la posibilidad de ir renovando mensualmente sin necesidad de un nuevo contrato.
La posibilidad de renovación mensual del contrato, a exclusiva voluntad de una de las partes, la “EMPRESA”, resulta ajena a la forma de prestación del contrato de locación de servicios (art. 34 inc. 4 del CPCCN) y propia de una relación laboral encubierta. Afirma lo expuesto, el hecho que “los pagos se harán semanalmente en la Asociación Argentina de Actores, de acuerdo a lo que surja del bordereaux” (ver cl. 4ta). En la cláusula séptima “las partes “firmantes reconocen y se obligan a respetar fiel e íntegramente las BASES de “TRABAJO concertadas por la asociación argentina de actores, aprobadas en el “Ministerio de Trabajo, las que ambas partes dan por refrendadas, en prueba de “sujeción y conformidad de ellas”. Este ensayo de citas me permite coincidir con el razonamiento de la Sra. Juez de primera instancia con relación a la calidad de laboral del vínculo que une a actores y demandados.
Es el propio actor quien reconoce que los demandados han tenido derecho a obtener una remuneración que aseguraba el abono de vacaciones y salario anual complementario (v. f. 1764vta.). Cita la declaración del ex socio e integrante de la sociedad anónima actora, Gabriel Gustavo Maresca, quien dice “se les pago a cada integrante hasta las vacaciones y aguinaldos proporcionales hasta la fecha que cumplieron con su responsabilidad (…)”.
La obligación a pagar salarios de ensayos, funciones, aguinaldos, aporte sindical, obra social y vacaciones proporcionales de trabajadores en los términos del convenio ley de trabajadores 307/73 suscriptos entre la Asociación Argentina de Actores, no empece que el empresario teatral o productor, pueda contratar a ciertos artistas asociándolos a riesgo de producción. Esto no aventa la interpretación laboral del contrato, con el argumento puesto por el actor en el sentido que el “riesgo económico” que asumían era porque supuestamente el mayor porcentaje de la contraprestación en dinero era producto del producido de la venta de las localidades.
Salvando las distancias y utilizando la analogía, la circunstancia que las partes en un contrato de locación fijen un alquiler mínimo como canon al cual se le aditará un porcentaje sobre el punto de venta del local alquilado que puede llegar a ser mucho mayor o no; no enerva la naturaleza de contrato de alquiler a la relación que une a ambas (arts. 16 del CC y 3 del CCyC).
Lo que los unos ven como asumir un riesgo económico en la contraprestación puede ser visto por los otros como un incentivo económico por productividad o por la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Es más, es la propia apelante la que considera demostrado que “la retribución pautada “mediante contrato celebrado entre las partes, el cual no “consistía en una suma excesiva, sino que era ínfima en comparación de la gran “cantidad de entradas vendidas durante el tiempo de exhibición de la obra habla a “las claras de una potencial motivación frente a la percepción de una suma fija “asegurada.”
Párrafo aparte merece la acerba crítica sobre la aplicación de la ley 27.203 al caso de autos. Yerra el apelante al sostener que “ultraactivamente” la Sra. Juez de grado aplicó al presente una ley laboral no vigente al momento de los hechos, violando así el principio de irretroactividad de las leyes (art. 3 del CC). Claramente, la colega de la instancia sostuvo la ley como confirmatoria de la tendencia de los tiempos, a lo que adhirió, no es que haya aplicado dicha ley ultraactivamente. Sólo dijo textualmente “abona esta tendencia respecto “calificación de la actividad actoral, así la sanción de la ley 27.203 que en su “artículo cinco establece que el contenido mínimo del contrato actoral, se regirá “por los convenios colectivos de trabajo aplicables y por el régimen del contrato de “trabajo aprobado por la ley 20.744” (v. fs. 1726. IX; 1er párrafo). La palabra “abona” esta utilizada aquí en su cuarta acepción “dar por cierta y segura una cosa” (v. dicc. RAE. 21 edic. edit ESPASA, Madrid 1992 Tomo I).
Es decir, una ley posterior confirmó la tendencia jurisprudencial y doctrinaria que calificaba la contratación efectuada como laboral y no civil; la Sra. Juez no aplica la ley, la utiliza como confirmación legislativa de una tendencia vigente (arts. 3 del CC y 7 del CCyC).
Todo esto desmerece la conclusión del apelante que la sentencia sea contraria a derecho, a la norma escrita, a los antecedentes jurisprudenciales y en última instancia al decisorio emanado por nuestro más alto Tribunal (v. f. 1765).
VIII. El segundo de los agravios, radica en que a pesar de haberse utilizado la ley de contrato de trabajo en una causa puramente civil ésta fue mal utilizada ya que estamos frente a la situación descripta en el artículo 87 de la ley 20.744 (v. f. 1765).
En forma contemporánea a la presente, Marcelo Fernando Ramos, por derecho propio y en representación de “Arcadia S.A”, querelló a todos los aquí demandados, más Melisa Hermida, Francisca Adela Ure, (asistentes de dirección de Tolcachir) Mariana Mele y Ángel Ovsegevich. Estos dos últimos, vinculados a la “Ciudad Cultural Konex S.A.”, hoy “Ciudad Cultural S.A.”, les imputo la comisión de “hechos que claramente resultan delictivos, protagonizados en forma orquestada”. Agregando que “los imputados, han llevado a cabo una “serie de maniobras ilícitas de distinto tenor que afectaron de manera directa “nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestro derecho a trabajar, con un claro “objetivo: que tanto Arcadia Producciones S.A. como el suscripto les trasmitamos “nuestros derechos sobre el espectáculo teatral ‘Atendiendo al Sr. Sloane’, bajo “amenaza de boicotear su exhibición; cosa que finalmente se concretó habida “cuenta que no cedimos a tales ilegitimas pretensiones”.(v. f. 2vta. causa n° 18729/2010 Juz. Crim. y Corr. 7 Sec. 21). En dicha querella se hizo también especial referencia al documento o memo que se trae a esta como escrito por la mano de una de las imputadas (Mariana Mele).
Sintetizando, los querellantes manifestaron que “concurrente con “relación a los hechos descriptos en esta presentación todos los elementos típicos “de la figura en cuestión, contamos con una acción intimidatoria desplegada por “medio de amenazas de causar un mal futuro y grave; con una exigencia de “contenido patrimonial y con la ilegitimidad de dicha pretensión.”
“Ahora bien, si por hipótesis se admitiese que los reclamos de los “imputados reconocían alguna legitimidad, sus conductas quedaría encuadradas “en el delito de coacción, previsto en el artículo 149 bis CP, que reprime con “prisión de dos a cuatro a años al que hiciere uso de amenazas con el propósito “de obligar a otra a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. En esta “figura para que la amenaza sea injusta basta con que el sujeto pasivo no este “obligado a actuar de la manera que el sujeto activo pretende, en nuestro caso, es “obvio que ni mi representada ni yo estábamos obligados a ceder a los imputados, “tal como estos pretendían, nuestros derechos sobre el espectáculo teatral en “cuestión (nos trasfieren los contratos y el manejo de la caja, los Ramos no entran más)” (v. f. 7 causa penal citada).
También hizo referencia a la intervención de la entidad gremial de los actores en el conflicto. A f. 60 de dicha causa dictaminó el Fiscal: “asimismo, “no paso por alto que el documento aportado en copia por el denunciante, el cual “supuestamente fuera entregado por los imputados a su abogado y del cual se “desprenderían los puntos exigidos por aquellos, se asemeja mas a una suerte de “proyecto de negociación o acuerdo laboral al que pretendían llegar los imputados” (nótese que incluso existen puntos negociables).
En consecuencia, por los fundamentos expuestos “ut supra”, el suscripto “entiende y así lo deja formalmente postulado, que corresponde “desestimar la denuncia por inexistencia de delito (art. 180 C.P.P.), lo que así se “deja formalmente solicitado.”
En la resolución de f. 62 del Sr. Juez en lo Criminal y Correccional Ricardo Matías Pinto desestimó por inexistencia de delito la denuncia: “en efecto, “tal como se desprende de los propios dichos del denunciante, el hecho descrito “resulta ser en realidad una controversia de orden contractual y/o laboral, respecto “del cual el denunciante posee los medios ordinarios que el derecho común le “acuerda para demostrar que su reclamo es justo, vislumbrándose en la presente “denuncia un intento del denunciante, de extrapolar al ámbito del derecho punitivo “una cuestión estrictamente del derecho privado”. Dicho interlocutorio fue apelado por los querellantes, aquí actores, lo que motivo el pronunciamiento de la sala VI de dicho fuero que confirmando la resolución apelada agregó que la querella en realidad se trataba de las discusiones propias de una relación laboral y no de una cesión de derecho a titulo gratuito o titulo ilegal como lo pretende hacer ver el recurrente (v. fs. 100/101).
La conclusión de la lectura de las actuaciones en la justicia represiva, permiten al igual que la presente adherir a la enunciada en el punto decimotercero de la sentencia atacada en cuanto a que la ruptura, del sinalagma contractual que unía a las partes y llevo a la suspensión de las funciones y posteriormente a bajar del cartel la obra “Atendiendo al Sr. Sloane”, se debió a la existencia de un grave conflicto entre la productora y los artistas, en el que confluían situaciones reciprocas de desencuentros y desinteligencias generados por reclamos no atendidos y conflictividad en los vínculos, provocándose rispideces que lamentablemente no pudieron ser superadas. Las diferencias de las partes, en definitiva, llevaron a que a pesar de la calidad y el éxito del espectáculo- lo único en lo que son contestes los contendientes- resultara imposible continuar su desarrollo.
“Pueden enumerarse -a modo de ejemplo- los conflictos respecto “de la compra del sillón, la infraestructura de la sala y los camarines, el estado de “la escalera que formaba parte de la escenografía, las diferencias en el texto de la “adaptación de la obra entre otros”. (v. fs. 1730vta/1731).
Llámese culpa grave o dolo en los términos de la ley 20.744 o incumplimiento contractual, en el marco de una desdibujada locación de servicios lo cierto es que los actores no probaron ni lo uno ni lo otro (arts. 330, 364 y 377 del CPCCN).
Reitero que algunos autores consideran que las disposiciones del Código sobre locación de servicios han perdido vigencia, y se las reemplaza como figura contractual por el contrato de trabajo (v. Código Civil y leyes complementarias, Augusto C. Belluscio, Tomo 8, pág. 8 edit. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, año 1999).
Como asimismo se comprende así que se haya producido un verdadero estallido de la noción románica de la locación de servicios. Hoy, este contrato, al que VELEZ dedicó tan solo 6 de los 4051 artículos del Código está regulado por la ley 20.744 (con las modificaciones introducidas por la ley 21.297 y leyes posteriores), que constituye un verdadero código de 277 artículos (v. Tratado De Derecho Civil, Guillermo A. Borda, actualizado por Alejandro Borda, Tomo II, pág. 5, edit. La Ley, Buenos Aires 2008).
Es más, ambas partes son más que contestes en el éxito con el cual se desarrollaba la obra. Esto, no se puede dar sin el fiel cumplimiento de todos y cada uno de los demandados (actores y actrices) de la cláusula tercera del contrato teatral único de la Asociación Argentina de Actores (reconocido por ambas partes) en los cuales, los demandados se obligan “a aceptar, estudiar, e interpretar con el mayor empeño y dedicación los roles que la dirección le reparta, dentro de la categoría en la cual ha sido contratado”. Las críticas artísticas anexadas al expediente también dan cuenta de ello.
Frente a lo que resulta palmario, cabría preguntarse que otra respuesta que el desentendimiento mutuo en las conductas humanas de los contratantes los llevó a la situación que desemboca en la presente. Tal vez, la solución pasa porque muchos de los problemas o confusiones que se generan en el interior de un grupo artístico tienen que ver con las responsabilidades que les competen a cada persona y a cada equipo de trabajo. La definición de las actividades y los ámbitos de competencia deben ser definidos desde el inicio el proyecto para evitar malos entendidos, estas aclaraciones deben ser planteadas por el director y el productor (conf. De León, Marisa, espectáculos escénicos. Producción y difusión, CONACULTA, Dirección General Vinculación Cultural, México, Primera reimpresión, 2005).
Pongo a modo de ejemplo que frente a un éxito artístico comercial como el que nos ocupa, lo banal que resulta discutir, por la inconsulta compra de un sillón.
Mucho menos probaron los actores la maniobra extorsiva, boicot, o complot, urdido entre las personas físicas y el empresario de sala o paredes, de “Ciudad Cultural S.A.” Todo esto me lleva también a desestimar este agravio.
Inexplicablemente el actor sostiene “que a partir de que considera “aplicable un manifiestamente inaplicable derecho inaplicable, una vez resuelto “esto por V.E toda fundamentación basada en el derecho laboral quedaría “abstracta” (así) (v. f. 1765vta.).
Interpreto que el actor pretende, aún en el caso que se considere aplicable la ley laboral, que la conducta de los demandados sea calificada como culposa o dolosa respecto de la producción de los hechos que alega. A estos fines realiza una apreciación fundamentalmente de la prueba testimonial en la que disiente de la efectuada por la Sra. Juez.
Desde el comienzo se agravia que la Jueza haya considerado con mayor calidad probatoria la declaración de los testigos que tuvieron conocimiento de los hechos de aquellos que los adquirieron a través de terceros o trascendidos (v. punto “I” f. 1765vta.). En especial critica que se haya dejado de lado un testimonio tan importante como el brindado por la Sra. Anatilde Graciela Albarellos.
De la selección de respuestas que cita la apelante en su contestación de agravios la dicente propuesta por la actora (Albarellos) utiliza al menos ocho veces la palabra “cree” como proemio a las mismas, que además lo sabe por trascendidos que la dicente no participaba en las reuniones que se deben haber reunido, que lo supone. Las únicas respuestas de conocimiento directo pasan por hechos tocantes al señor Marcelo Ramos en otros proyectos comerciales que no hacen a autos. El análisis de este testimonio reafirma mi coincidencia con el valor de la prueba otorgado por la Sra. Juez de grado.
Más que una declaración testimonial, lo dicho por la testigo pareciera un dogma de fe (arts. 386 y 456 del CPCCN).
IX. Tocante al tercer y último de los agravios, la apelante apunta a la liviandad con la cual la Juez de grado trató la cuestión, que no ocurrió como ella lo explica, toda vez que no existieron “incumplimientos prestacionales recíprocos”. Acto seguido, parafrasea la pericial contable. Indica, el potencial daño que hubiera sufrido si la obra hubiera permanecido entre el 19 de Agosto y el 30 de Noviembre de 2007 (v. f. 1773vta.) y -a su vez- convierte la suma del 2007 en moneda estadounidense.
Liminarmente destaco, que según contratos teatrales acompañados, la obra hipotéticamente continuaría hasta el mes de noviembre de 2007, toda vez que ello dependía de la prioridad en la decisión de la actora y el deseo de continuidad en la labor de los actores que se renovaban mensualmente. Como he venido desarrollando arriba, llámese “incumplimientos prestacionales recíprocos” o “dificultad en las relaciones humanas” lo cierto es que empresarios teatrales, director artístico, actores, y empresarios de paredes o sala no pudieron superar la compleja trama de conductas societarias y personales que hacían a un proyecto teatral, el cual extrañamente todos coincidan que era un éxito, que a juicio de quien a esto vota, no supieron manejar.
Cabe aquí la reflexión de Gustavo Schraier “otro aspecto clave a “tener en cuenta es el referido a las pautas de colaboración o cooperación a “implementar. Recordemos que para llevar adelante cualquier proyecto teatral se “requiere- de todas y cada una de las personas involucradas- iniciativa, “compromiso, entrega y esfuerzos personales subordinados al bien colectivo”.
“Algunos factores que pueden determinar el derrotero del proyecto “serán la relación de trabajo, las pautas de motivación y los principios de autoridad “que establezcan el director y el productor como máximos responsables de los “procesos artístico-creativo y administrativos-ejecutivos respectivamente (más aún “si sus estilos de liderazgos son bien diferentes). Para evitar los posibles conflictos “de autoridad o de intereses que puedan suscitarse entre ellos, será conveniente “que establezcan y delimiten claramente, desde el inicio mismo, tanto sus “funciones y responsabilidades como las áreas de competencia, entre otros “aspectos”.
“A pesar de estas prevenciones podrán surgir infinidad de otros “conflictos que se irán solucionando si ambos responsables, conjuntamente, se “disponen a no confrontar ante cada circunstancia imprevista, a negociar en cada “caso propiciando nuevos acuerdos y a intervenir para solucionar los problemas “que puedan manifestarse.” (conf. aut. cit., “laboratorio de producción teatral 1” Colección estudios teatrales, pág. 140, edit. DEL SRL, Avellaneda Julio 2006).
Actores procesales (empresarios teatrales) y demandados (actriz y actores teatrales) no cumplieron con esta directriz que es la ley natural de “las tablas”.
X. Por todo lo expuesto es que propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravios (art 277 del CPCCN). En lo tocante a las costas, en atención a la forma en que se resuelve y a la naturaleza de la cuestión, considero que al igual que en la instancia de origen las mismas deben imponerse en el orden causado (arts. 68 seg. parr. y 163 inc. 8 y concs.). Así lo voto.-
Los Dres. Parrilli y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto:
CLAUDIO RAMOS FEIJOO – OMAR DIAZ SOLIMINE – MAURICIO LUIS MIZRAHI –
Es fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-
Buenos Aires, Noviembre de 2017.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravios. En lo tocante a las costas, en atención a la forma en que se resuelve y a la naturaleza de la cuestión, considero que al igual que en la instancia de origen las mismas deben imponerse en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).
Fecho, devuélvase.
Fecha de firma: 21/11/2017
Firmado por: DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
026967E
