Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por el actor, atento a que acreditó la prestación de tareas a favor de la demandada y se tornó operable la presunción “iuris tantum” de relación de dependencia del art. 23 LCT. Se destaca que la suscripción de contratos de locación de servicios constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y, por tanto, son firmados tratando de burlar el orden público laboral.
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