Tiempo estimado de lectura 11 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIADespido con causa. Hurto de mercadería. Carga de la prueba. Daño moral
Se confirma el fallo en cuanto consideró ilegítimo el despido causado del trabajador, al no haberse probado el hurto de mercadería endilgado por la empleadora.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018.-
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:
I.- Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo principal a la acción instaurada recurren la actora y las demandadas a tenor de los memoriales obrantes a fs. 455/456 y 460/464, sólo el de las demandadas obtuvo réplica por parte de la actora a fs. 466/468.
II.- La representación letrada de la parte actora, apela a fs. 457, por reducidos los honorarios que le fueran regulados, asimismo a fs. 464 las empleadoras cuestionan los emolumentos que se encuentran a su cargo por considerarlos elevados.
El magistrado de la instancia de origen resolvió el progreso de la acción instaurada por la actora en virtud de que no se demostraron fehacientemente los extremos invocados en la comunicación rescisoria que remitiera la demandada “Servifrio S.A.” consistentes en la detección por parte de personal policial de mercadería en poder del actor, perteneciente a la empresa el día 25 de mayo de 2013, lo que constituía una pérdida de confianza. Tuvo en cuenta para ello que a través de la prueba testimonial rendida en la causa se demostró fehacientemente que la patronal permitía a sus dependientes comprar mercadería de la empresa y abonarla luego; y que por dicha operación no se entregaba ningún comprobante.
La decisión llega apelada por las demandadas quienes sostienen que se efectuó en la instancia de grado una errónea valoración de la prueba producida en la causa -en especial la testimonial- de la cual se desprendería la acreditación de los hechos imputados.
En mi opinión los extremos alegados en esta instancia a los efectos de obtener una reforma de lo actuado no resultan suficientes a tales fines.
En efecto las accionadas recurren la decisión de la anterior instancia en base a tres líneas argumentales, una de ellas basada en que el hecho invocado no se produjo dentro de la época indicada por los testigos en que se efectuaban las compras; la otra referente al testimonio brindado por Mendoza a fs. 287/288, y por último la ausencia de Oscar Iribarne el día de ocurridos los hechos, aspectos de los que se desprendería la responsabilidad del demandante en los hechos endilgados.
Referente al primero de los aspectos planteados la supuesta pauta temporal respecto de la época en la que retiraban la mercadería no surge de mondo concluyente de la prueba testimonial invocada, ello por cuanto Macena (fs. 272/273) no brinda precisiones acerca de en qué época del mes se efectuaban los pedidos y cuando se retiraban; Carrizo (fs. 274/275) expone que se hacía el pedido y se retiraba a la semana y se pagaba a fin de mes, pero no da precisiones acerca de en qué momento del mes se realizaba la operatoria; Tasso (fs. 285/286) refiere conocer que tenían la posibilidad de hacer pedidos una o dos veces por mes sin aportar mayores datos en torno a un momento determinado; Santillan (fs. 298/299) da cuenta de que del 20 al 25 les preguntaban si querían pedir pero no indica un momento concreto de retiro; y Biaggio (fs. 311/12) expone que se pedía del 18 al 25 y se entregaba los primeros días del mes.
Las declaraciones analizadas en forma global llevan a concluir -en sentido contrario a lo sostenido por la accionada- que no existía un sistema rígido de pedido y retiro de mercadería en una época determinada del mes, que lleve a inferir como se pretende en el líbelo que la circunstancia de que tales retiros se efectuaran fuera del plazo que alegara la recurrente, prueba automáticamente el hurto imputado al trabajador.
En lo que hace al segundo argumentos desplegado, habré de compartir el criterio adoptado por el judicante de grado, en torno a que el testigo Mendoza, nada relevante aportó para la resolución de los hechos controvertidos, ello por cuanto el mismo indica que; “había robo de mercadería del turno noche, que lo sabe porque esa noche yo estuve y viví parte del operativo…” tal aserción resulta evidente que no constituye un hecho que haya sido captado por los sentidos del testigo -es decir que haya presenciado el hurto en primera persona-, sino que da cuenta del procedimiento policial -sobre el que las partes no discuten- a través del cual el empleador imputara los hechos al demandante y este repeliera tal acusación indicando que la mercadería había sido comprada, extremos que derivaron en la causa penal anexada a autos.
En lo atinente a la ausencia del mencionado Iribarne, la falta de asistencia del mismo a su lugar de trabajo el día de los sucesos no constituye indicio suficiente “per se” para concluir la responsabilidad del demandante en los hechos ventilados en la causa, asimismo no resulta acertado lo invocado respecto de que su ausencia surge de la sentencia de la causa penal, allí el judicante de dicho fuero destacó que era necesario contar con su testimonio para así corroborar o descartar las versiones de las defensas, en lo atinente tanto a la posibilidad de comprar mercadería como al hecho puntual de haber adquirido las secuestradas en poder de los inculpados, sin embargo no fue posible contar con su testimonio porque fue despedido de la empresa y abandonó el domicilio en el que vivía.
Consecuentemente no observo en los argumentos desplegados por las accionadas, motivos suficientes para reformar lo actuado, por lo que habré de proponer su confirmación.
III.- En lo que hace a la entrega de los certificados del art. 80 LCT y su multa, que el magistrado de grado hiciera prosperar, sin perjuicio de la alegada entrega de los mismos, cabe destacar que el reclamo se sustentó en que las referidas certificaciones no contienen las verdaderas características de la relación laboral habida.
En tales condiciones, siendo que los certificados deben contener los reales datos de la relación laboral y se acredita en autos deficiencias en torno a la categoría detentada, dicha circunstancia hace acreedor al actor de la multa del art. 45 Ley 25.345 y le asiste derecho a reclamar nuevos certificados conforme los reales datos que se han tenido por acreditados, por lo que corresponde en este aspecto confirmar lo actuado.
IV.- Cuestiona la demandante la falta de recepción favorable por parte del a quo del reclamo por daño moral, al respecto entiendo que le asiste razón en su planteo.
Ello por cuanto la conducta de las demandadas en el caso de autos, configura un hecho generador de responsabilidad que excede las derivadas de la simple y llana extinción del contrato de trabajo.
En el sublite la conducta del empleador no se limitó a denunciar un incumplimiento por parte del trabajador que impedía la consecución del contrato (como lo es la pérdida de confianza) -promoviendo la pertinente investigación-, sino que imputa directamente al trabajador la comisión de un delito (hurto de mercadería) -que en definitiva no probó-; dispuso la detención del trabajador por parte de la autoridad policial en la vía pública y promovió querella criminal al respecto que culminó con el sobreseimiento del demandante, extremos imponen la obligación de resarcir establecida por el art. 1078 del Código Civil de Vélez -vigente al momento de promoción de los presentes actuados-, ya que el dependiente sufrió un menoscabo en sus sentimientos y un desmedro o desconsideración en su persona, además de las inquietudes y molestias que origina la sustanciación de una causa penal y el consiguiente descrédito ocasionado por una imputación de esta naturaleza.
Cabe recordar que “el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños.” (Isidoro H. Goldenberg: “El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo”, en “Daño Moral”, pág. 265 “Revista de Derecho de Daños”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).-
“En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el solo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo” (Goldenberg, loc. Cit.).
El art. 522 del Código Civil -entonces vigente- facultaba al Juez a condenar al responsable de la conducta contractual reprochable a reparar el agravio moral.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, considerándolos tales a aquellos que excedan los límites impuestos por la buena fe la moral y las buenas costumbres en los términos del art. 1071 del Código Civil de Vélez.
Por ende de acuerdo al art. 520 de tal cuerpo normativo, al establecer el alcance de la reparación de los daños e intereses se extiende al daño moral, además de la tarifa regulada por el art. 245 de la LCT.
Como se expresara, en circunstancias como las del presente caso la ley no impide reparar un perjuicio superior al de la tarifa cuando de la conducta del incumpliente, se desprende el ejercicio abusivo de su derecho.
La CSJN tiene reiteradamente dicho que en la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (doct. Fallos: 308:698; 316:2774; 320:536; 328:4175; 330:563; 332:2159; etc.).
Sobre la base de lo que dejo puntualizado estimo procedente hacer lugar a la reclamación por daño moral, modificando por consecuencia el fallo en este punto y fijar la cuantía de la indemnización por este concepto en la suma de $ 27.000.- (pesos veintisiete mil) con más los intereses dispuestos en grado, resolución que llega firme a esta instancia.
V.- Referente a la imposición de costas que genera el agravio de ambas partes, sobre la base de lo precedentemente dispuesto se impone una modificación de lo dispuesto en tal sentido, y en función del principio objetivo de la derrota corresponde imponer las costas de primera instancia a cargo de las demandadas (arg. Art. 68 del C.P.C.C.N.).
VI.- En cuanto a las retribuciones de los profesionales actuantes -que llegan cuestionadas-, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, el mérito y extensión de la laboral desarrollada y las pautas arancelarias aplicables al momento en que se efectuaron las tareas, propongo confirmar los porcentajes regulados en la sede de origen, adecuando los mismos al nuevo capital nominal de condena(arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432, y 3 concs. del dec. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O.).
VII.- Atento la forma en que propicio se resuelvan los agravios, sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de las demandas vencidas en su recurso (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el …%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia (cfr. L.A).
EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:
Que adhiere al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada elevando el capital de condena a la suma de $ 157.804,59.- (pesos ciento cincuenta y siete mil ochocientos cuatro con cincuenta y nueve centavos) con más los intereses dispuestos en primera instancia. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas. 3) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el …%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
JUEZ DE CAMARA
CARLOS POSE
JUEZ DE CAMARA
044385E
