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JURISPRUDENCIAHonorarios del abogado. Tareas extrajudiciales
Se confirma el fallo que hizo lugar a la demanda por cobro de honorarios, al haberse probado las tareas administrativas y extrajudiciales realizadas por el actor a favor de los demandados.
En la ciudad de Corrientes, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, estando reunidos en el Salón de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, las Sras. Jueces de Cámara, Dras.Rosana E Magan y Luz Gabriela Masferrer, con la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidas de la Secretaria autorizante, tomaron en consideración los autos caratulados: «OJEDA GAUTO OLGA MARIEL C/MARTINEZ ORLANDO MAURICIO Y NILDA EMA GARCIA BOGARIN S/COBRO DE PESOS». Expte. N° 62646/11, venido en grado de apelación de la sentencia de fs. 444/446 dictada por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Nº 13, Dra. Varinia Machado Feris.
Que conforme a las constancias de autos, corresponde que emitan voto en primero y segundo término, las Sras. Jueces de Cámara Dras. Rosana E. Magan y Luz Gabriela Masferrer, respectivamente.-
La Sra. Juez de Cámara Dra. Rosana E. Magan hizo la siguiente
RELACION DE CAUSA
Me remito a las constancias de autos por encontrarlas ajustadas a derecho y a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.-
En su sentencia N° 73 de fecha 25/04/18 obrante a fs. 444/446, la Sra. Juez “aquo” falla en este juicio haciendo lugar a la demanda, intimando a Orlando Mauricio Martínez el pago de la suma de $ 4.000.- (Pesos cuatro mil) a la Dra. Olga Mariel Ojeda Gauto, por la labor extrajudicial realizada para el demandado, dentro del término de diez (10) días de notificada, con más lo que corresponda en concepto de interés aplicándose la tasa activa del Banco Nación Argentina -Cartera general o similar que la sustituya desde la interposición de la demanda y hasta el momento de su efectivo pago. Imponiendo las costas a la demandada vencida.
A fs. 454/456 la parte demandada interpone recurso de apelación contra dicha sentencia. Corrido el traslado de ley a fs. 457, es evacuado a fs.458 por la parte actora.
Concediéndose el recurso mediante auto N° 12627 de fs. 464, libremente y con efecto suspensivo.
Llegados los autos a esta Sala, a fs. 468 se llama Autos para Sentencia. Se constituye la Sala con sus Vocales titulares y consentido el llamamiento de autos y la forma en que queda integrada la misma, quedan estos autos en estado de dictar sentencia.-
La Sra. Juez de Cámara Dra. Luz Gabriela Masferrer presta conformidad con la precedente relación de causa.-
Seguidamente, la Cámara plantea las siguientes
CUESTIONES:
PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?
SEGUNDA: En caso negativo, la sentencia apelada debe ser confirmada, modificada o revocada?
A LA PRIMERA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E. MAGAN DIJO:
La Nulidad:Si bien no ha sido formalmente deducido el recurso de nulidad se halla implícito en el recurso de apelación (art. 245 del CPCC), siendo conteste la doctrina y jurisprudencia nacional y provincial en sostener que: “si bien el recurso de nulidad se encuentra subsumido en el de apelación, ello no releva al recurrente de la carga de satisfacer los presupuestos de admisibilidad que consagra el art. 172 del ordenamiento procesal, vale decir, de la invocación concreta del perjuicio sufrido y del interés que se pretende satisfacer” (CNFed. Civ. y Com. Sala III, DJ T 1997-2, pág. 412; SJ 1363; Cám. Lab. y Paz Letrada Corrientes, La Ley Litoral Juris, febrero 2000, pág. 59) por lo que la falta de planteo concreto -como aconteció en la especie- implica el abandono del recurso expresa o implícitamente interpuesto (Loutayf Ranea, El Recurso Ordinario de Apelación, T. II, pág. 410; De Santos, Tratado de los Recursos, Recursos Ordinarios, T. I, pág. 460, Bs. As. 1999). Por otra parte, y es lo relevante, no se advierte la existencia de vicios de sentencia que ameriten un pronunciamiento de oficio, por lo que no cabe su consideración.
A LA MISMA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. LUZ GABRIELA MASFERRER DIJO: Que adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. ROSANA E. MAGAN DIJO:
La Apelación:
I- Antecedentes: En estos obrados a fs. 2/3 se presenta la Dra. Olga Mariel Ojeda Gauto, por derecho propio y promueve demanda por cobro de honorarios profesionales por la suma de $ 4.000 contra los Sres. Orlando Mauricio Martinez y Nilda Ema Garcia Bogarin, a fin de percibir los honorarios no abonados en tiempo y forma.
Dice que los demandados fueron adjudicatarios del IN.VI.CO de una vivienda situada en el B° Independencia, 100 viviendas Grupo II, manzana H, casa 14 de ésta ciudad, la cual nunca fue habitada por los demandados, circunstancia que fuera objeto de denuncia ante el organismo indicado y ante ello los demandados pidieron asesoriamiento juridico a la actora, quien luego de informarse y tomar conocimiento de la denuncia de referencia, decidió tomar intervención en su defensa. Indica la reclamante que se han pactado los honorarios en la suma que hoy se demanda, sin suscribir convenio alguno para el cobro de los honorarios profesionales que demandaría su defensa en las actuaciones administrativas. Señala que se generaron dos expedientes administrativos en razón de la denuncia que efectúo la ciudadana Natalia Alejandra Acosta expte N° 900-4715/06 y 900-004872/06, de los cuales acompaña resoluciones dictadas por el IN.VI.CO. Sostiene que la defensa consistió básicamente en desacreditar los dichos de la denunciante, insumiendo gran tiempo de trabajo, no solo en los escritos sino en la notificación de dichos expedientes y en su posible archivo por parte del IN.VI.CO. Menciona que en dichos expedientes se halla acreditada fehacientemente su actividad, la cual es justipreciada en la suma demandada. Indica que los demandados no han abonado las sumas de honorarios convenidos en esa época, siendo que se ha solucionado la situación y sus defendidos se hallan viviendo en la actualidad en dicha vivienda. Resalta la accionante que ha enviado a los demandados CD N° … el 1/04/11 a fin de intimarlos al pago de los honorarios debidos y no abonados en tiempo y forma.
Posteriormente a fs. 14 la actora desiste la demanda contra la Sra Nilda Ema Garcia Bogarin ya que si bien ésta realizó una consulta previa, sólo le otorgo poder el Sr. Orlando Martinez. A fs. 41 se imprime el trámite del juicio sumario. A fs. 44/45 obra contestación de demanda, refutando la inexistencia de honorarios pactados, impugnando la documental y ofreciendo prueba.
II- La sentencia:
La sentenciante argumenta que no es necesario valorar todas las pruebas ofrecidas por las partes, en atención que la parte demandada al responder la presente acción, ha reconocido que ha peticionado el asesoramiento legal a la Dra. Ojeda Gauto y la actividad profesional realizada por la misma, no resultando controvertida tal cuestión. Sostiene que hay desacuerdo en la existencia de un acuerdo de pago de la suma de $ 4.000.- por honorarios profesionales.
Menciona en la recurrida que el art. 3° del Decreto – Ley N° 100/01 presume de carácter oneroso la actividad profesional de los abogados y procuradores, en la medida de su oficiosidad. Pero señala que el arancel no contiene norma alguna respecto de honorarios por trabajos extrajudiciales y considera que esta omisión puede suplirse con el convenio que celebren el profesional y el cliente.Valorando la prueba rendida en autos, la aquo llega a la conclusión que surge probado que la reclamante ha desplegado la labor profesional denunciada por lo que hace lugar a la ación en la forma ya indicada.
III- Agravios
a) Ante tal decisorio se agravia el accionado, pudiendo su queja resumirse de la siguiente manera: la tarea sobre la cual basó el reclamo la actora es por su labor profesional cumplida en sede administrativa y no por trabajos extrajudiciales.
b) el sentenciante parte de una premisa errónea, al decir que el arancel no contiene norma alguna respecto de honorarios por trabajo extrajudiciales, cuando dicha labor queda encuadrada en la ley de honorarios aplicables al momento de producirse la labor Decreto Ley 100/00 y su modificatoria 159/01 -art 26 – que expresamente determina las pautas y procedimiento para tarifar los honorarios profesionales por labor realizada en sede administrativa.
c) la falta de regulación legal determina la aplicación para cuantificar los honorarios profesionales por la labor que se realiza en trabajos administrativos, o de acción autónoma, aunque la actividad desarrollada fuere en el ámbito administrativo.
d) la recurrida tiene por acreditada la existencia de convenio de honorarios por los dichos del testigo Guillermo Sergio Pinzetta (fs. 347), los cuales no son contestes ni concordantes con ningún otro elemento de prueba, y contradictorios a la prueba pericial contable obrante en autos, y demás pruebas testimoniales.
e) en autos no existe prueba del monto pactado entre las partes por la supuesta actividad realizada por la actora en los expedientes administrativos indicados y al no existir pacto de honorarios entre las partes, mal puede pretenderse su cobro por medio de la presente acción de cobro de pesos intentada. Lo que debió realizar la actora es un pedido de regulación de honorarios por la supuesta labor profesional que dice haber realizado, para luego de determinarse los honorarios, considerando la naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, escalas mínimas, etc.
f) se tiene por acreditado el precio del supuesto convenio por los dichos de un testigo; lo que es insuficiente y es carga del que invoca. Al no existir precio convenido los arts.1251 y 1255 del CCCN , disponen que debe pagarse el precio de costumbre, considerando la naturaleza y complejidad del asunto, etc. El monto pretendido por la actora resulta abusivo, no guarda relación con la labor, claridad, eficacia y extensión del trabajo, en el momento de producirse el trabajo como contraprestación.
g) De los testimonios ofrecidos, de Ana Marisa Miranda, Natalia Alejandra Acosta , Claudia Alejandra Brites, no surgen que las partes de autos hubieran pactado los honorarios; asi como tampoco de las demás documentales y periciales.
A fs. 458 obra contestación del traslado recursivo, aduciendo la accionante que su parte no solo ha solicitado honorarios por trabajos administrativos sino también por trabajos extrajudiciales. Señala que se hicieron trabajos extrajudiciales remitiendo cartas documentos al demandado para la gestión del cobro, lo cual implica también labor extrajudicial. Asimismo resalta que entre las partes en su momento, se habría llegado a un acuerdo, es decir, habían pactado todos los trabajos judiciales y extrajudiciales en la suma de $ 4000, lo que ha quedado suficientemente demostrado por la prueba testimonial del Sr. Sergio Pinzetta a fs 347.-.
IV.- En este estado de la cuestión y revisando detenidamente la prueba producida en autos, verifico que éstas demuestran que la actora ha desplegado labor profesional en la órbita administrativa. Así como, cabe mencionar que el término labor profesional comprende todo aquel quehacer profesional desplegado en defensa de los intereses del cliente, el cual puede vincularse a una consulta, asesoramiento, redacción de contratos o actas, ciertos diligenciamientos o bien una intervención en un expediente administrativo, entre otras posibilidades (v. Passarón-Pesaresi, “Honorarios Judiciales”, Ed. Astrea, T. 2, Bs. As. 2008, pág. 464; v. Juan Manuel Hitters – Silvina Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2007, pág. 617).
Persiguiéndose en autos la regulación de honorarios por tarea profesional extrajudicial, debemos recordar que el trabajo prestado por profesionales de la abogacía constituye la prestación de un contrato de locación de servicios y se tiene derecho a demandar el pago de su precio aunque ninguno se hubiere ajustado, siempre que se pruebe haber realizado tal trabajo que hace a su profesión (art 1627CC), para lo cual puede utilizarse cualquier medio de prueba.
Cualquier clase de prueba es aceptable para acreditar los trabajos extrajudiciales, incluso la testimonial y presunciones (Serantes Peña «Aranceles de honorarios para abogados y procuradores», p. 156 y 157, ed 1958; CNPaz en L.L 70-566).
Recordemos que «la presunción de onerosidad del trabajo del abogado surge del artículo 1627 del Código Civil. Se aplica indistintamente tanto a la locación de servicios como a la locación de obra. También es de aplicación, aunque los servicios no hayan sido requeridos, si la parte los admitió y obtuvo beneficio de ellos (art 2304, Cód .Civil ) es una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario; pero la carga de la prueba está en cabeza de quien sostiene que el servicio o la obra fueron gratuitos…» (conf. Julio E. Castello en «Notas sobre el arancel de Corrientes » pag. 28 editorial mave).
En autos no se advierte desacuerdo respecto del trabajo realizado en los expedientes administrativos del IN.VI.CO, que obran en fotocopias a fs. 164/165 donde consta que en el año 2006 la Dra. Olga Mariel Ojeda Gauto (en virtud del poder otorgado por el Sr Orlando Mauricio Martinez a su favor) planteó un recurso jerarquico ante el IN.VI.CO contra la resolución que desafectaba el bien inmueble de su cliente.
Asimismo los demandados no desconocieron la tramitación, ni las resultas de la causa administrativa , pero alegaron desconocer los cuatro mil pesos pactados como honorarios y que un testigo declara tal extremo cierto.
En cuanto a la normativa aplicable, la demandante funda su reclamo en las disposiciones del Decreto Ley 100/00, en tanto arancel vigente a la época de la gestión, lo cual se adecua a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acerca de que debe regularse conforme al arancel vigente a la fecha de los trabajos profesionales (CS,Fallos,319-1915) En el mismo sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (Fallo N° 258 de 12/09/00, entre otros).
Hay desacuerdo respecto a la normativa aplicable; para el demandado rige el art 26 del Decreto Ley 100/00, porque la tarea sobre la cual basó el reclamo la actora es por su labor profesional cumplida en sede administrativa y no por trabajos extrajudiciales. Mientras que para el accionante no sólo realizó trabajos administrativos sino también extrajudiciales, consistentes en cartas documentos al demandado para la gestión del cobro, lo cual implica también labor extrajudicial.
La jueza en su sentencia ha puntualizado que «…debo advertir que el arancel no contiene norma alguna respecto de honorarios por trabajos extrajudiciales. Considerando que esta omisión puede suplirse con el convenio que celebren el profesional y el cliente, como el caso de autos …”; afirmación que comparto con la salvedad de lo dispuesto por el art 26 (“Gestiones prejudiciales laborales y administrativas que culminen en proceso judicial”. Cuando se tratase de gestiones administrativas que constaren actuaciones escritas que culminan en un proceso judicial, laboral o contenciosos administrativo, los honorarios para tales gestiones se fijarán hasta un veinte (20%) de lo establecido en el artículo 9 primer párrafo) y el art 51 (“Inscripciones registrables ante el Registro Público de Comercio”); por lo que no hay otras normas en el DL 100/00 que correspondan a “trabajos extrajudiciales”.
Comentando el referido art 26, precisa Castello (“Honorarios de Abogados. Notas sobre el arancel de Corrientes”, Mave p. 66, 2001): “La interpretación correcta, a mi entender, debe extraerse del titulo del artículo, que se refiere exclusivamente a las actuaciones prejudiciales en lo laboral y en lo contencioso administrativo. Es decir que el vocablo «judicial» debe entenderse como género, y los vocablos «laboral» y «contenciosoadministrativo» como especies. Y son estas dos especies, las que son tema del artículo. En el primer caso el laboral….En el segundo serán los recursos administrativos. Estos trabajops administrativos previos, si desembocan en proceso judicial, no podrán ser regulados aparte, sino que se ven absorbidos por la regulación en la causa judicial, son el plus señalado…»
En tal estado de la cuestión, debe en primer término rechazarse el agravio referido a la aplicación del art 26 del Dcto Ley 26 por no corresponder al supuesto de autos, siendo aplicable solo a actuaciones que provocan posteriormente un proceso judicial.
En consecuencia ante el vació legal establecido, corresponde valorar la prueba producida en autos a fin de corroborar la existencia del convenio verbal que alega la actora; y analizando la testimonial del Sr. Guillermo Sergio Pinzetta de fs. 347, verifico que es suficiente.
Sabido es que en el terreno de la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, lo que se le exige al juez es que la valoración de la misma resulte iluminada por los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito al juez, apreciar oportuna y justamente, si el testimonio en cuestión (aunque sea único), aparece objetivamente verídico, no solamente por la congruencia de sus dichos, sino además, por la conformidad de los mismos con el resto de las pruebas que se incorporan a autos.
En tal sentido encuentro que la testimonial del Sr. Pinzetta de fs. 347 cumple los recaudos de congruencia, se trata de un testigo presencial que declara haber presentado al demandado como cliente a la actora, tercero en relación a las partes y brinda razón de sus dichos; así como verifico que la prueba en cuestión no fue cuestionada por la contraparte y no se formularon repreguntas al interrogatorio. Asimismo las testimoniales de Ana Marisa Miranda de fs.266, Natalia Alejandra Acosta de fs. 349 y 364, y de Claudia Alejandra Brites, no son contradictorias con la de fs. 347, sino complementarias; razones por las cuales no advierto la improcedencia de considerar probado el acuerdo verbal sobre honorarios con la declaración indicada, como cuestiona el recurrente.
Por otra parte la labor profesional, como ya se apuntara, se halla suficientemente acreditada y siendo corroborante la declaración del Sr. Pinzetta con las restantes constancias de autos, el pacto de honorarios debe considerarse probado.
Considero que en autos valoró correctamente la a quo la declaración en cuestión, considerando con razonabilidad los dichos del testigo con la restante documental de autos, en su conjunto, como «totalidad hermenéutica probatoria», al decir de Peyrano («El proceso atípico», Ed. Universidad, Bs.As., 1993, ps. 131/137, citado por Mabel de los Santos, «El juez frente a la prueba», J. A., T. 1996- I, p. 657).
«La valuación de la eficacia probatoria de los testigos deba ser efectuada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su declaración. En este sentido, el magistrado goza de amplias facultades, incluso pudiendo admitir las que, conforme con el correcto entendimiento humano, considere acreedoras de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente y, al mismo tiempo, desestimar las que no logren formar convicción (Fenochietto – Arazi, Código Procesal, t.II, p.438).
Analizando lo expuesto, el Código Civil regulador de autos establecía (o establece, hasta la aplicación del nuevo ordenamiento) en su art. 1193 que “los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos”. El monto al que refiere no es la moneda de curso legal actual y su cifra ha quedado absolutamente desactualizada y reducida a un valor insignificante. No por ello la norma ha perdido vigencia, por el contrario, es un principio al que se recurre habitualmente para bloquear el análisis y valoración judicial de la prueba testimonial de un contrato (cuando es única). Se trata de la regla general en la materia: los contratos no se prueban por testigos, cualquiera sea su monto.
Lo que nació como una excepción (la limitación de la prueba testimonial a contratos de cierta cuantía) devino en regla o principio general al resultar intrascendente el monto como consecuencia de la pérdida de valor y los diferentes cambios del signo monetario en nuestro país. Al decir de la jurisprudencia, esta norma exige de manera absoluta, salvo las excepciones que luego se expondrán, la prueba escrita del contrato.
Sin embargo, el testimonio será admisible cuando haya: a) un principio de prueba por escrito; b) un principio de ejecución. Es decir, se exceptúa a la regla anterior cuando se presentan las hipótesis del art. 1191 del CC, de modo tal que los testigos serán útiles, cualquiera sea el monto del contrato, solo si había principio de prueba por escrito o si una de las partes hubiera recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato (CNCiv., sala L, 4-9-14, “B., E. A. y otros c. P., A. R.”, ED, diario nº 13.603 del 5-11-14.); como ocurre en el presente que la prestación y ejecución del contrato se halla acreditada.
Así entonces, lo que hacen los principios de ejecución y de prueba por escrito es dotar de eficiencia jurídica al medio de prueba testimonial para ser valorada como tal, independientemente de la fuerza de convicción que logren despertar en el juzgador. Avalan la introducción procesal del testimonio que puede ser tenido en cuenta para analizar la existencia (o no) del contrato y el en caso concreto, la prueba del precio del mismo o lo pactado en concepto de honorarios.
Además, respalda la posición indicada el actual art. 1019 del nuevo Código Civil y Comercial dice que “los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial; razones todas éstas por las cuales, los agravios introducidos por el recurrente deben ser rechazados por ser manifiestamente improcedentes.
V- Por todo lo expuesto propicio rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada fs. 454/456 contra la sentencia N° 73 dictada a fs. 444/446, manteniéndola firme en todas sus partes, con costas al apelante vencido por expresa aplicación del art. 68 del CPCC.
En cuanto a los honorarios de los profesionales intervinientes de la parte actora y de la demandada por su actuación en esta segunda instancia, corresponde regularlos en un … % (… POR CIENTO) del importe fijado en la instancia de origen, suma a la cual deberá adicionarse el porcentaje del I.V.A. en el caso de que se encuentren inscriptos como responsables de este tributo ante la A.F.I.P. (ley N° 5822, arts. 9 y 14), con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y hasta su efectivo pago.
A LA MISMA CUESTION LA SRA. JUEZ DE CAMARA DRA. LUZ GABRIELA MASFERRER DIJO: Por compartir los fundamentos y conclusión a que arriba la vocal preopinante, adhiero y me expido en igual sentido.-
Con lo que terminó el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretaria, que doy fe.-
Fdo: Dra. ROSANA E. MAGAN – Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER. Ante mí.
Dra. MARIA DEL CARMEN ACOSTA. -Secretaria-
CONCUERDA: fielmente con sus originales obrantes en el Protocolo de Sentencias de ésta Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y del corriente año.-
CORRIENTES, 12 de abril de 2019.-
Dra. MARIA del CARMEN ACOSTA
Secretaria Actuaria – Sala II
Cám. de Apel. Civil y Comercial
Corrientes
SENTENCIA
CORRIENTES, 12 de Abril de 2019.-
Por los fundamentos que instruye el Acuerdo que antecede,
FALLO:
1) RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 454/456, manteniendo firme la sentencia N° 73 de fs. 444/446.
2) COSTAS al apelante vencido.
3) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes de la parte actora y de la demandada por su actuación en esta segunda instancia en un … % (… POR CIENTO) del importe fijado en la instancia de origen, suma a la cual deberá adicionarse el porcentaje del I.V.A. en el caso de que se encuentren inscriptos como responsables de este tributo ante la A.F.I.P. (ley N° 5822, arts. 9 y 14), con más el interés establecido en el art. 56 de la ley arancelaria y hasta su efectivo pago.
4) Insértese, regístrese, notifíquese y consentida que fuere, devuélvase a origen.-
Dra. LUZ GABRIELA MASFERRER
Juez – Sala II
Cám. de Apel. Civil y Com.
Corrientes
Dra. ROSANA E. MAGAN
Juez – Sala II
Cám. Apel. Civil y Comercial
Corrientes
Dra. MARIA del CARMEN ACOSTA
Secretaria Actuaria – Sala II
Cám. de Apel. Civil y Comercial
Corrientes
042355E
