Se revoca el pronunciamiento apelado y se ordena el embargo preventivo solicitado sobre los derechos que los accionados poseían en un emprendimiento inmobiliario, donde se reclamaron los aportes de ejecución -que incluían los gastos, expensas e impuestos-, que fueron contractualmente asumidos, al concluirse que los elementos sobre la base de los cuales debía meritarse la medida denegada daban cuenta de un grado de verosimilitud suficiente para conceder la cautela, al acreditarse con un criterio de provisoriedad adecuado la existencia del vínculo entre las partes y la deuda de que se trataba.
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