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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 21 de mayo de 2020.
1°) La ejecutada apeló la resolución de fs. 93/94 que desestimó liminarmente su oposición al retiro de fondos autorizado a fs. 88.
Fundó esa apelación mediante el memorial de fs. 97/101, contestado en fs. 103.
2°) Al tiempo en que aquella oposición fue planteada ante la primera instancia, la demandada había solicitado la formación de su concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 22, pero aún no se había decretado la apertura de tal procedimiento.
Así, la cuestión llevada a conocimiento de la magistrada de grado consistía en decidir si la mera presentación en concurso preventivo provocó la suspensión de las causas de contenido patrimonial iniciadas contra la deudora por causa o título anterior a dicha presentación o, por el contrario, sería recién la apertura del proceso universal -y a partir de la publicación de edictos correspondiente- la que trajera aparejada tal suspensión.
Pero, actualmente, ese debate devino abstracto pues el 18 de diciembre de 2019 la señora juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial n° 22 juzgó cumplidos los requisitos que prevé el art. 11 de la LCQ y, consecuentemente, decretó la apertura del concurso preventivo de Urban Baires S.A. (expediente n° 31816/2019).
En ese contexto, la presente ejecución no puede ser continuada, pues conforme lo normado por el art. 21 de la LCQ, la apertura del concurso preventivo trajo aparejada la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra Urban Baires S.A. por causa o título anterior a su presentación, de modo que Muller Instaladora S.R.L. deberá entonces comparecer al juicio universal.
Respecto de los fondos embargados en autos, aquella norma prevé que “en los procesos indicados en los incisos 2 y 3 no procederá el dictado de medidas cautelares…”; y a continuación, que “las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados…” (el destacado es propio de este pronunciamiento).
Derívase de lo expuesto que el magistrado que dispone el levantamiento cautelar es el que entiende en el concurso, no el juez que pudo haber ordenado y bajo cuya jurisdicción se trabó la medida. Así lo expresa la ley, y ello es consecuencia del principio de la concursabilidad (conf. Heredia, P., Ley 26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo, JA 2006-II, p. 995).
Consecuentemente, la cuestión atinente al levantamiento del embargo y restitución de los fondos debe necesariamente ser analizada y resuelta por la magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial n° 22, donde se encuentra tramitando el concurso preventivo de Urban Baires S.A. y en cuyo marco -según pudo comprobarse mediante la compulsa de ese expediente a través del Sistema de Gestión Judicial Lex 100- la deudora ha solicitado aquello.
3°) Sólo cabe añadir que este Tribunal, en un caso afín pero que no resulta sustancialmente análogo (20/10/2008, “Ayosa Ennio Francisco s/ quiebra”), juzgó -por mayoría- que habiendo sido dada en pago una suma de dinero, esos fondos salieron del patrimonio del deudor y no pueden quedar afectados por su concurso preventivo posterior.
Ahora bien, esa solución no resulta aplicable al caso pues aquí se trata de sumas de dinero obtenidas a través de un embargo (v. fs. 37, capítulo 7°), y la extracción de fondos autorizada mediante decreto de fs. 88 -dados sus específicos términos [v. cita del art. 3° de la ley 9667 y fecha consignada en la nota actuarial]- sólo hubiese podido concretarse una vez consentida tal providencia, lo cual no ocurrió pues la oposición fue deducida por la deudora antes del vencimiento del plazo pertinente.
4°) Por todo lo expuesto hasta aquí, se RESUELVE:
(a) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente resolución y su notificación electrónica (conf. Acordada CSJN n° 14/2020 y Acuerdo Extraordinario de la Sala de Feria de esta Cámara de Apelaciones del día 14/5/2020).
(b) Admitir la apelación de fs. 95 y, por consiguiente, la oposición al retiro de fondos introducida a fs. 90; y disponer la suspensión de las actuaciones en los términos de la LCQ 21; con costas de alzada por su orden, en atención al modo en que se decide (conf. art. 68, párr. 2°, Código Procesal).
Notifíquese electrónicamente y hágase saber a las partes que los plazos procesales se encuentran suspendidos (conf. Acordada CSJN n° 14/2020, Anexo I), de modo tal que lo decidido en autos no implica habilitación de feria para los subsiguientes actos.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas n° 15/2013 y 24/2013) y, ante la imposibilidad de concretar la devolución física del expediente, remítase su soporte digital -a través del Sistema de Gestión Judicial y mediante pase electrónico- al Juzgado de origen. Una vez finalizada la feria extraordinaria, agréguese copia certificada de lo resuelto y devuélvase el expediente a la anterior instancia.
El Juez Juan R. Garibotto no interviene por hallarse en uso de licencia sanitaria excepcional (Acordada CSJN n° 4/2020).
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Mariano E. Casanova
Prosecretario de Cámara
Excelcargo SA c/Guzmán, Andrés Enrique y otros s/ejecutivo – Cám. Nac. Com. – Sala B – 01/10/2018 – Cita digital IUSJU032690E
001234F
