Se concede a los actores el beneficio de litigar sin gastos, en la acción por daños y perjuicios interpuesta, pues para ser declarado pobre para litigar no es necesario un estado absoluto de indigencia, sino que es suficiente acreditar que la situación económica que presenta le impide sufragar los gastos de defensa, sin sacrificar bienes que le son indispensables.
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