En el marco de un juicio ejecutivo, se ordena al reclamante que abone el impuesto resultante de la liquidación del impuesto provincial de sellos, pues el beneficio de litigar sin gastos no lo exime de abonarlo, resultando ser una carga que grava determinados actos jurídicos -como el pagaré que es base de la ejecución-, ajenos a las actuaciones judiciales.
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