Remuneracion de los jueces principio de intangibilidad independencia del poder judicial

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JURISPRUDENCIA

Remuneración de los jueces. Principio de intangibilidad. Independencia del Poder Judicial

 

Se resuelve hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada y revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 3º de la Ley H 3238 e hizo lugar a la demanda presentada por magistrados del Poder Judicial y condenó a la accionada, Provincia de Río Negro, a pagarles los importes que dejaron de percibir por aplicación de dicha norma con sus respectivos intereses.

 

 

///MA, 21 de agosto de 2015.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIAN, Enrique J. MANSILLA, Sergio M. BAROTTO, María Luján IGNAZI y Víctor D. SOTO, los dos últimos nombrados por subrogancia, con la presencia de la señora Secretaria doctora Stella Maris GOMEZ DIONISIO, para el tratamiento de los autos caratulados: «AZPEITIA, GUSTAVO ALBERTO Y OTROS C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte Nº 23030/08-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad de Viedma, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 242/281 por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme el orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

CUESTIONES

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?

VOTACIÓN

A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

Vienen las presentes actuaciones con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo de esta ciudad -integrada para el caso por conjueces- que declaró la inconstitucionalidad del art. 3º de la Ley H 3238 -por entender que violaba los arts. 199 inc. 4º de la Const. Prov. y 110 de la Const. Nacional-, hizo lugar a la demanda presentada por magistrados del Poder Judicial y condenó a la accionada, Provincia de Río Negro, a pagarles los importes que dejaron de percibir por aplicación de dicha norma desde el 01-11-98 hasta el 31-12-04 con sus respectivos intereses.

Vale aclarar que el art. 3° de la ley precitada prohibió, a partir del 1° de noviembre de 1998 en el ámbito de la Administración Pública, incluidos los tres Poderes del Estado, el pago y/o reconocimiento de todo incremento de haberes de sus agentes públicos fundado en el cómputo de la antigüedad en la prestación de servicios, en el cargo, en la posesión de título o de experiencia profesional, cualquiera fuese el nombre con el que se identificara el adicional que lo hubiese contemplado, norma que recién fue derogada por Decreto-ley N° 14/04 a partir del 1° de enero de 2005.

Para decidir como lo hizo, y luego de formular consideraciones generales acerca de las restricciones que el Estado puede imponer en un marco de emergencia, la Cámara de grado consideró que los actores -todos ellos jueces con prestación de funciones en la Primera Circunscripción Judicial- tienen un régimen de empleo público que es único y diferenciado de los demás agentes del Estado provincial, encorsetado por la exclusividad en la función, acorde con lo que impone el art. 201 de la Const. Prov. y complementado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que les impide ejercer profesión o empleo con excepción de la docencia o investigación según la reglamentación, a la vez que los compele a llevar una vida ordenada en resguardo de la investidura que representan. Agregó que, como contrapartida de ello, la Constitución Provincial, siguiendo la línea de la Constitución Nacional, instituyó una cláusula que constituye un mandato para los otros dos poderes del Estado rionegrino que les enerva la posibilidad de dictar o ejecutar acto o hecho alguno destinado a reducir sus remuneraciones (art. 199 inc. 4 de la Const. Prov.), que no es solo personal de los jueces, sino institucional del Poder Judicial, como también lo es la contenida en el art. 110 de la Const. Nac..

Asimismo, con cita de la doctrina de la Corte sentada en la causa «Gutiérrez, Oscar c/ Anses» (del 11/04/06), expresó que la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces consagrada en el texto federal es garantía de independencia del Poder Judicial, de manera que debe ser considerada juntamente con la inamovilidad como una condición esencial para el funcionamiento de los Poderes del Estado, principio que -sostuvo- es aplicable tanto a la magistratura nacional como a la de las provincias que, en tanto partes integrantes de un todo que es la Nación Argentina, con un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, deben tener constituciones propias ineludiblemente acordes con los principios de la ley fundamental de la Nación.

En función de ello, expresó que el principio de irreductibilidad remuneratoria de los magistrados y funcionarios judiciales implementado en los arts. 110 de la Const. Nac. y su análogo 199 inc. 4 de la Const. local, es imperativo y absoluto, por lo que los emolumentos de los aquí actores no pueden ser disminuidos de manera alguna y deben mantener su valor económico en tanto y en cuanto los involucrados se mantengan dentro del régimen especial en tratamiento. Agregó que la compensación de los actores se halla conformada no solo por la asignación básica, sino que comprende otros conceptos atributivos del sueldo percibido con periodicidad y habitualidad, como son las bonificaciones en concepto de responsabilidad funcional jerárquica o jurisdiccional, permanencia en el cargo, antigüedad o experiencia profesional y zona, las que por reunir los caracteres expresados resultan integrativas de la remuneración, todas lo cuales fueron directa o indirectamente congeladas por el art. 3 de la Ley H 3238 al mes de octubre de 1998, lo que incidió de manera negativa en el haber final de los actores.

En definitiva, sostuvo que la norma es palmariamente inconstitucional por vulnerar con ostensible nitidez las mandas de los arts. 110 de la Const. Federal y 199 inc. 4 de la Const. Prov., dado que concretó en la práctica un menoscabo en los salarios de los accionantes que en manera alguna podría haberse efectivizado. Añadió que la gravedad institucional provocada por dicha transgresión abría la puerta para que, aun sin plantearlo las partes, el juzgador de oficio revisara y sancionara los vicios jurídicos de la norma, acorde con las facultades conferidas por el art. 116 de la Const. Nac..

Con remisión al fallo de la Corte dictado en la causa «Mill de Pereyra», expresó que la intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de manera que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado.

2.- Agravios del recurso:

Contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 242/281, fundado en la causal de violación de la ley (art. 52 inc. b) de la Ley 1504).

En su memorial casatorio, expresa que el tribunal de grado viola la norma contenida en la Ley H 3238 al hacer una interpretación equivocada de la intangibilidad salarial de los funcionarios judiciales (art. 199 inc. 4 Const. Prov.) y de la competencia que tiene atribuida el Superior Tribunal de Justicia en los términos del art. 224 de la Const. local. Asimismo, reprocha al pronunciamiento haber desconocido la doctrina legal obligatoria emitida por el Superior Tribunal de Justicia in re «Miglierini, Hilda Aurora y Otros c/ Provincia de Río Negro (IPROSS) s/ Contencioso Administrativo s/ Inaplicabilidad de Ley»; «Bertinat, Mónica Graciela y Otros s/ Acción de Inconstitucionalidad» y «Villegas, Eduardo B. y otros c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Inap. de ley» (Se. N° 71/07 del 22.08.07), este último fundamentalmente en lo referido al ajuste constitucional de la Ley H 3238, su subsunción en la emergencia y la no violación del art. 224 de la Const. Prov..

Agrega que, al darle carácter absoluto a la garantía de intangibilidad, el fallo prescinde de la emergencia en cuyo marco se dictó la norma declarada inconstitucional y ciñe su análisis al contenido de la intangibilidad de manera abstracta, ideal, teórica y al margen de las específicas circunstancias del caso y de su contexto histórico.

Manifiesta que el fallo también se distancia del criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución», sentencia del 07/03/2006, en la que se hace un análisis profundo de la garantía de la intangibilidad de los jueces. Asimismo, pone de resalto que el tema objeto de la controversia tiene suficiente trascendencia y gravedad institucional para justificar la apertura de esta instancia de excepción (conf. doctrina de la CSJN en autos: «PARRILLA, Francisco C/ ESTADO NACIONAL», sent. del 10/08/93).

En cuanto a lo que considera ha de ser la recta interpretación de la intangibilidad en el contexto de la emergencia, la recurrente sostiene que al otorgarle carácter absoluto, el pronunciamiento de Cámara obvia las circunstancias en que se dictó la norma y deja de lado la jurisprudencia obligatoria de varios fallos, en especial la emergente de la causa «Villegas» -antes citada-, en la que los actores eran empleados del Poder Judicial, en cuanto reafirma la existencia de la emergencia justificante de la sanción de la ley en crisis y también la legitimidad de su aplicación en la órbita del Poder Judicial.

En orden a la problemática de la intangibilidad, destaca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución», del 07/03/2006, brinda lineamientos jurídicos que ostentan plena aplicación al sub-examine por la similitud de las normas y las garantías constitucionales analizadas, los que evidencian una dicotomía enorme con los enunciados postulados por la sentencia objeto de queja. En este sentido, manifiesta que los actores no tenían derecho adquirido a la continuidad de la liquidación de la bonificación por antigüedad como se hacía hasta la entrada en vigencia la norma cuestionada, y que la incidencia que la aplicación de la Ley H 3238 tuvo en sus remuneraciones -consistente en un no incremento del salario- dista de constituir una disminución de ellas. Agrega que, siendo esa la dimensión, no puede predicarse que haya provocado una afectación «sustancial» en los términos de la «doctrina legal» de este Superior Tribunal; por el contrario, afirma que -según surge del informe de la Contaduría General- su incidencia patrimonial ha sido insignificante.

Sostiene que el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los Jueces no es absoluto y que la sentencia de Cámara desnaturaliza la cláusula del art. 199, inciso 4), Const. Rionegrina, convirtiendo un mecanismo propio del sistema republicano (que tiende evitar la manipulación del Poder Judicial por parte del resto de los Poderes Constituidos) en una cláusula de privilegio para los jueces, que los pone a salvo de los efectos negativos de la crisis del sector público. En esa línea de pensamiento, pone de manifiesto que el fallo elude el mismo artículo que invoca, es decir el art. 199, inciso 4to., Const. Prov., que expresamente impone a los magistrados (y funcionarios) la carga de participar en las contribuciones generales, lo que, como lógico corolario, determina una disminución del salario, salvo que se pretenda un subsidio equivalente a la dimensión de la carga que conlleve la eximición de esta.

Reitera que aquí se trata de una contribución general y que es inveterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determina que la garantía de igualdad se respeta si se trata de la misma manera a quienes se encuentren en similar posición en la comunidad. En el caso, hay contribución general, pues todos los magistrados y funcionarios judiciales, junto con el resto de los agentes del Estado, fueron alcanzados por la norma en cuestión.

En definitiva, señala que el no incremento padecido ha sido temporal y de un impacto económico menguado, por lo que carece de entidad para afectar en tal lapso de manera substancial (en orden de lo exiguo del porcentaje del no incremento) la remuneración de los actores, lo que corrobora la falta de violación a la garantía de intangibilidad, la que además debe armonizarse con el derecho de igualdad reconocido en el art. 16 de la Const. Nac.

3.- Dictamen del señor Procurador General Ad-Hoc:

A fs. 311 y vlta. tomó debida intervención en autos el señor Procurador General ad-hoc, quien, a mérito del dictamen que produjo y a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad, solicitó se rechace el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Provincia de Río Negro y se confirme el decisorio impugnado.

4.- Análisis y solución del caso:

Al ingresar al análisis del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, corresponde expedirnos respecto de la prohibición de reconocer incrementos salariales fundados en el cómputo de la antigüedad contenida en el artículo 3º de la Ley H 3238, vigente entre los años 1998 y 2004, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Laboral de esta ciudad por considerar que tal imposibilidad vulneraba la intangibilidad constitucionalmente garantizada.

En primer lugar, y con el fin de encuadrar el debate suscitado en autos, es dable señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de ninguna manera puede transformarse en una herramienta para evaluar el acierto u oportunidad de un acto de gobierno dictado conforme a las facultades que le son propias. Tal posibilidad solo debe velar por la tutela de la norma suprema y la defensa de los principios, los derechos y las garantías consagrados en ella y en los Tratados Internacionales, que se asimilan en jerarquía por obra del art. 75 inc. 22, de la Const. Nac. llamado «bloque de constitucionalidad», contra actos ilegítimos que los violen.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma, por su gravedad, constituye el último argumento del orden jurídico al que debe recurrirse, y debe ser practicada con restrictividad en atención a la presunción de validez que asiste a las normas emanadas de los Poderes competentes del Estado, que además deben ser armonizadas con el todo, entendido como un sistema (Conf. Fallos, 326:417, «San Luis, Provincia de» (2003); Fallos, 330:5032, «Cohen Arazi» (2007); Fallos, 329:5567, «Ávalos» (2007), entre otros; STJRNS4 Se. 6/14 «DIAZ»).

En esos límites, corresponde ahora ordenar la argumentación en torno a la cual ha de abordarse la cuestión sometida a decisión, siguiendo los lineamientos de los agravios expresados por el representante de la Fiscalía de Estado.

En relación con la interpretación de los alcances otorgados a la garantía de la intangibilidad contenida en el artículo 199 inciso 4to. de la Const. Prov., la sentencia de Cámara afirma que la aplicación de la ley 3238 en su art. 3º, a los magistrados y funcionarios judiciales del Poder Judicial de la Provincia, resulta contraria a la Constitución Provincial y por ende corresponde declarar la inconstitucionalidad peticionada; con sustento en que la disminución en los salarios de los mencionados funcionarios va en contra de las previsiones del citado artículo constitucional.

Se disiente con dicha conclusión.

El citado artículo 199 en el inciso 4º de la Const. Prov. prescribe: «Artículo 199.- Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, en consecuencia: 4. No es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales» (el subrayado me pertenece).

La cuestión vinculada con la interpretación constitucional nos impone optar entre una meramente teórica, literal y rígida de la ley que se desinterese del aspecto axiológico y de sus resultados prácticos concretos, o bien por una interpretación que contemple las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales, las garantías y los derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos (Fallos 302:1284). Aun cuando en autos ambos criterios nos llevarían a la misma conclusión, resulta esta la última forma de interpretar la más adecuada para una solución que luzca equitativa según aquí se considera.

Precisamente, direccionado hacia cuáles fueron los fines tanto del inciso cuarto de la manda constitucional como del artículo 3º de la Ley H 3238, advierto que los sentenciantes han omitido toda consideración al respecto, interpretando una garantía constitucional sin recurrir al espíritu del constituyente ni a los fines de las normas implicadas.

En efecto, del debate de la Convención Constituyente observo que el Sr. Convencional Martínez, quien defendía dejar plasmado en el texto constitucional la garantía de la intangibilidad, expresaba al fundamentar su postura: «la independencia del Poder Judicial y la prestación de un buen servicio de Justicia, indefectiblemente necesitan de jueces bien pagos, así como que esa paga se mantenga. El Poder Judicial no tiene una participación decisoria en la elaboración del presupuesto. Entonces, resultaría fácil a los otros dos Poderes constituidos como forma de sometimiento del Poder Judicial, efectuar la disminución de su presupuesto y la retribución de los jueces y funcionarios; de ahí la existencia de esta norma. Sin embargo, ello debe darse en la inteligencia que corresponde, es decir, en situaciones donde por distintas razones se exige el sacrificio de todos. Evidentemente, los jueces no podrán constituir una excepción, porque la interpretación de esta norma deberá tener en cuenta un principio de equidad, para adecuarse a la situación de los funcionarios y del resto de las Magistraturas del Estado, porque, al igual que los jueces se desempeñan de manera full-time y en forma exclusiva en el cumplimiento de las funciones propias del Gobierno Provincial…» (el subrayado es propio).

La intangibilidad en el texto constitucional provincial luce con más limitaciones que en la Const. Nac.. De su lectura, y tal como surge del debate de los constituyentes, se advierte que tal garantía no es absoluta, posee un límite previsto en la misma Constitución, consistente en no transformarse en una situación de privilegio o de trato desigual. Además, requiere que la restricción sea adoptada por el propio Superior Tribunal de Justicia en uso de las facultades previstas en el artículo 224 de la Const. Prov..

El objeto que persigue la garantía de la intangibilidad es evitar presiones indirectas sobre los magistrados, sometiéndolos a la voluntad de los otros poderes o de los intereses económicos. La finalidad última es la protección de los derechos de los justiciables, evitando que los mejores magistrados posibles dejen la función buscando horizontes profesionales mejor rentados y que los menos fuertes o virtuosos sean tentados con compensaciones ilícitas (GELLI, M. A., «Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada», segunda edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 7662).

En dicho contexto, el congelamiento de la antigüedad dispuesta, en una aplicación dinámica de la Constitución, no parece obstáculo alguno para el ejercicio independiente de la magistratura. Menos aún considerando que dicha medida fue adoptada con carácter general (es decir, a los tres poderes del estado) y en el marco de una emergencia económica financiera cuya constitucionalidad no fue puesta en crisis por los actores.

Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que «[l]a garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida en común al órgano-institución y al órgano-individuo, no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado» (Fallos 307:2174). Y precisamente este equilibrio es el que trató de resguardar el Superior Tribunal de Justicia al aplicar el artículo 3º de la Ley H 3238 en el ámbito del Poder Judicial en su conjunto.

El principio de intangibilidad, según la interpretación que es dable inferir de la doctrina mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición, admite una lectura menos rígida y, por ello mismo, más flexible y más atenta al contexto económico en el que se desenvuelve el juez.

Hay coincidencia en torno de la finalidad perseguida a través del reconocimiento de este principio, pero existe el propósito de extraer de ella contornos más nítidos y evitar así consecuencias que se consideran indeseables. Se dice, en concreto, que «la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 de la federal respecto de los jueces nacionales, tiene por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. En ausencia de ella, no hay Estado republicano. La cláusula constitucional examinada constituye un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces, pero no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida del poder adquisitivo de sus haberes. La finalidad de dicha cláusula constitucional es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público…» ( CSJN, C.1051.XL. «Chiara Díaz, Carlos Alberto c. Estado provincial s/ acción de ejecución», sentencia del 7 de marzo de 2006).

El intento por visualizar la medida de emergencia aquí analizada como una transgresión a la independencia judicial no resulta tal. La independencia política, llámese objetiva o subjetiva, supone que, para afianzar la garantía constitucional, las designaciones de jueces y magistrados sean claras y respeten la idoneidad como base de la elección. Luego, la permanencia en el cargo y la remuneración acorde con la responsabilidad funcional dejan de ser componentes salariales para ser la base de la estabilidad y serenidad necesarias para el órgano (Gozaíni, Osvaldo A. Independencia e imparcialidad de los jueces ¿Dos garantías o solo una? Cita Online: AR/DOC/2358/2013).

Más allá de que no se advierte en el mencionado congelamiento violación a la intangibilidad, no está de más remarcar que la independencia judicial es una garantía más amplia que la irreductibilidad salarial, y sobre todo significa autonomía en el obrar para resolver con imparcialidad. Por ello resulta desmedida la invocación de la independencia judicial para cuestionar el congelamiento temporal de un adicional que, en los hechos, no condicionó de manera alguna el obrar independiente de toda la magistratura provincial, incluidos los aquí actores.

Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la CSJN, esta garantía puede ser regulada con diversos alcances en los distintos estados provinciales. Así, en el considerando 9° del precedente «Chiara Diaz», los doctores Zaffaroni y Lorenzetti, introducen todo lo que hace al resguardo de esta garantía a nivel de las provincias, aunque reivindican «las facultades que tienen los estados provinciales. En este sentido, el principio de la descentralización federal que inspira la Ley Suprema, fundamenta el derecho de cada Estado provincial de fijar los ingresos de los magistrados, ya que éstas «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas» (art. 122 – art. 105 en el texto anterior a la reforma de 1994 – Fallos: 95:229; 119:372; 154:104, entre muchos otros)».

Ya en lo referido a la interpretación del artículo 224 de la Const. Prov. por parte de la Cámara de origen, en cuanto afirma que la bonificación por antigüedad otorgada por acordadas del Superior Tribunal, en ejercicio de las facultades previstas en el citado artículo, «no pudo ser derogada por una ley». Se comparte tal conclusión, aunque no con los efectos que el magistrado le otorga a la aplicación voluntaria de la restricción dispuesta por la ley por parte de este Poder. Es cierto que en el ámbito del Poder Judicial debió implementarse a través de un acto administrativo emitido por el Superior Tribunal de Justicia, pero tal exteriorización de la voluntad de los órganos de decisión no es la única forma de expresarse.

Para mayor claridad, definido el congelamiento del ítem antigüedad por la ley provincial, es de toda evidencia que el Presidente del Superior Tribunal instruyó a la Contaduría General para adoptar en el seno del Poder Judicial aquella medida. Es decir, manifestó con su conducta la voluntad de participar conjuntamente con el resto de los Poderes del Estado en la contención del gasto en un contexto de emergencia. Tal lectura surge de la aplicación del citado artículo 224 de la Const. Prov., en cuanto coloca en cabeza de este Poder la política remunerativa, lo que además se condice con el principio republicano de gobierno y la independencia judicial.

En rigor, el Poder Legislativo no puede disponer de forma directa una prohibición que impacte en la remuneración de los Magistrados, sin afectar la garantía de la intangibilidad y la independencia del Poder Judicial consagradas en los artículos 199 inciso 4 y 224 de la Const. Prov.. Lo que sucedió en autos fue que, dictada tal norma, el órgano-institución la aceptó y la hizo extensiva al conjunto de individuos que lo conforman, validando con este actuar aquella restricción.

En relación con el agravio desarrollado por la Fiscalía de Estado que reprocha la ausencia de consideración de la emergencia económica como fundamento de la Ley H 3238 y violación del artículo 16 de la Const. Nac., se advierte que la naturaleza de la norma que se cuestiona se enmarca -tal como antes se expresó- en aquellas medidas de contención del gasto público, y su legitimidad no puede analizarse sin considerar las razones y los fines que llevaron al Estado Provincial a instrumentar tales restricciones.

La sola invocación de la emergencia económica no legitima las medidas que afectan los derechos de los ciudadanos; por el contrario, es necesario evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

La razonabilidad es un requisito esencial para determinar la constitucionalidad de una norma. Al respecto, Bidart Campos señala: «La actividad estatal, para ser constitucionalmente válida, debe ser razonable. La regla de la razonabilidad marca un límite, más allá del cual la irrazonabilidad implica una violación a la constitución …» (Cf. BIDART CAMPOS, Germán. J., Derecho Constitucional, Tomo I, p. 228, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 228, citado por CSJN, Fallos 190-483; Tarulla, Juan Carlos, «Razonabilidad de las normas y su constitucionalidad»; LL 21.05.14; comentario a CSJN fallo del 2014-03-19 «Mera, Miguel Ángel (TF 27.870-I) c/ DGI»).

Es razonable aquello que teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y los valores en juego, resuelve conforme a principios de justicia. Lo razonable es, entonces, «lo ajustado a la Constitución, no tanto a su letra cuanto a su espíritu; y lo irrazonable es lo que conculca a la Constitución …» (Cf. Germán Bidart Campos, en Ob. Citada).

La Const. Nac. establece que los derechos que ella reconoce deben ejercerse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14); ahora bien, tal potestad reglamentaria encuentra su límite en el artículo 28, que determina que la reglamentación no podrá alterarlos al límite de su desnaturalización. Del juego armónico de ambas normas vemos que el límite de la reglamentación lo constituye su razonabilidad, y en tal sentido la Corte Suprema ha dicho que «la reglamentación legislativa no debe ser, desde luego, infundada o arbitraria, sino razonable, es decir, justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y proporcionada a los fines que se procura alcanzar con ella» (Cf. CSJN, Fallos 190-483; Tarulla, Juan Carlos, «Razonabilidad de las normas y su constitucionalidad»; LL 21/05/2014; comentario a CSJN fallo del 2014-03-19 «Mera, Miguel Ángel (TF 27.870-I) c/ DGI»).

Luego, la razonabilidad axiológica es aquella que -como dice Sagüés- «apunta a exigir una cuota básica de justicia intrínseca en las normas, de tal modo que las notoriamente injustas resultan inconstitucionales» (SAGÜES, Néstor Pedro. Elementos de derecho Constitucional, Tomo 2, p. 401. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1993).

En función de tal análisis, en el contexto social, político y económico dentro del cual la Legislatura Provincial sancionó la norma de emergencia y contención del gasto público, la adopción para sí de la imposibilidad de incrementar temporalmente el adicional por «antigüedad» por parte del Poder Judicial resulta una medida razonable desde la óptica constitucional. Ello, en la medida en que se han seguido «los principios del sentido común constitucional en orden a la justicia, moderación y prudencia que ella establece» (Cf. BADENI, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, p. 101, 1ª Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004).

También entiendo que la medida resulta proporcional al fin perseguido. El principio de proporcionalidad es, pues, uno de los «límites de los límites» de la regulación, reglamentación o limitación de los principios constitucionales. Se compone de tres subprincipios: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (Cf. Cianciardo, Juan y Sacristán, Estela B. «El caso «Avico» y sus ecos, ochenta años después», LL 28/04/2014; Cita Online: AR/DOC/1194/2014).

Una norma reglamentaria (o regulatoria o limitadora) de un principio constitucional que sea inadecuada y/o innecesaria y/o desproporcionada en sentido estricto es inconstitucional. Y es en este último análisis que la limitación a un incremento salarial circunscripto a un adicional luce como una medida proporcionada, sin que se advierta justificación suficiente para la discriminación entre empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, con sustento en la garantía de la intangibilidad que -como se señaló- no se advierte afectada en autos.

En este sentido, al tratar precisamente la constitucionalidad de la Ley H 3238, este Cuerpo expresó que el fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (con cita de Fallos 136:161, 313:1513 y 317:1462; STJRN Se. 71/07 «Villegas»). En esa ocasión, también detalló los siguientes lineamientos:

a) La Corte ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (Fallos 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones económicas.

b) En tales hipótesis, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite de que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución.

c) No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos 171:79).

d) La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control de constitucionalidad, toda vez que la «emergencia», a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (Fallos 243:467; Cf. Ricardo A. Guibourg «Emergencia Económica y Tratado de Derecho», LL 2003, con los casos más relevantes fallados por la CSJN desde «Ercolano c/Cauteri», hasta «Pcia de San Luis c/Estado Nacional»).

También expresó el Superior Tribunal de Justicia en «Villegas» que le queda reservado al Poder Judicial el examen relativo a la razonabilidad de las medidas de excepción, a la luz de las disposiciones de la Ley Fundamental. Tal cometido, conforme lo ha expuesto la Corte Suprema (in re: «GHIRALDO», Fallos 202:456), puede sintetizarse en un examen relativo a determinar si «las medidas adoptadas son razonables y justas en atención a las circunstancias que las han hecho necesarias».

No debe confundirse, por un lado, lo atinente a la irrevisabilidad de la declaración de emergencia en sí misma, para llegar eventualmente a una conclusión distinta o inversa a la del legislador, con lo concerniente -por otra parte- a realizar aquel examen de razonabilidad tomando en cuenta las circunstancias objetivas que el legislador indicó como presupuesto justificante de su actividad normadora. Una cosa es juzgar el «dictum» del legislador respecto de si existe o no emergencia, y otra distinta el merituar la razonabilidad del instrumento creado por ella, teniendo en cuenta las circunstancias de excepcionalidad que la caracterizan. Como bien dice Pedro Aberastury, la Corte ha conceptuado el control de razonabilidad como «… la adecuación de causa y grado en las restricciones impuestas y los motivos de excepción» (cf. P. Aberastury, La consolidación de deudas del estado, Ed Abeledo Perrot, pág. 34 con cita de la CSJN in re: «ZAMORANO» en Fallos 298:443; STJRNS3 Se. 71/07 «Villegas»).

Siempre se ha destacado que le queda reservado al Poder Judicial el examen relativo a la razonabilidad de las medidas de excepción, a la luz de las disposiciones de la Ley Fundamental. Tal cometido, conforme lo ha expuesto la Corte Suprema (in re: «GHIRALDO», Fallos 202:456), puede sintetizarse en un examen relativo a determinar si «las medidas adoptadas son razonables y justas en atención a las circunstancias que las han hecho necesarias».

Por otro lado, no es menor el análisis que corresponde respecto al resguardo al derecho a la igualdad. Ello, en tanto que, de la discusión y la redacción que culminó en el actual texto constitucional (art. 199 inciso 4 de la Const. Prov.), se advierte la firme intención del constituyente de contar con un Poder Judicial independiente, pero sin ninguna protección que pueda suponer un trato privilegiado respecto del resto de la sociedad.

El debate judicial debe incluir un elemento importante, como es la igualdad entre las partes. En la discusión constitucional de una norma como la aquí cuestionada, las partes en pugna son los afectados por la restricción y la comunidad en su conjunto que se beneficia por las medidas de contención del gasto público. Nuestra sociedad no es igualitaria; por el contrario, contiene desigualdades que pueden ser chocantes; sin embargo el momento en que las partes aparecen con más cercanía al ideal constitucional de la igualdad es en el proceso judicial (HABERMAS, Jürgen, citado por Sola, Juan Vicente en «La Corte Suprema y el nuevo proceso constitucional», LA LEY 18/06/2013).

En autos, el debate que subyace es determinar si, por imperio del artículo 199 inciso 4º, la restricción aquí cuestionada establecida como una norma de alcance general para todo el sector público, de manera temporal y con sustento en la emergencia, debió eximir a los Jueces del sacrificio especial impuesto al resto del sector público, para no afectar la independencia judicial que se resguarda con la intangibilidad. Y en caso de excluirlos, si ello afectaría el derecho a la igualdad.

En mi criterio, haber dado un trato diferencial a los magistrados provinciales en la contribución temporal que se les pidió al resto de los integrantes de los poderes públicos, incluyendo a los mismos empleados del Poder Judicial, habría representado una afectación a la igualdad de trato. Se llega a tal conclusión porque, tal como fue implementada, no se advierte que la restricción pudiera haber afectado la independencia de este Poder y -por ende- carece de sustento la conclusión del Tribunal a quo, que hace una interpretación literal fuera de todo contexto y prescindiendo del espíritu del constituyente.

Tal como lo dice el fundamento esencial del voto de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en el fallo «Chiara Díaz» al analizar los alcances de la intangibilidad, » … todo derecho tiene su límite. En este sentido esta Corte ha fijado esa frontera en el valor de la solidaridad, ya que ha afirmado, reiteradamente, que los jueces deben ser solidarios con el resto de la población (Fallos: 308:1932; 313:1371 y 314:760) y que la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio».

En dicho precedente, el máximo Tribunal de la Nación (considerando 11) fijó los presupuestos que permitirían abrir la instancia judicial en defensa de la garantía de intangibilidad en todo el país, al expresar que «resulta afectada cuando se produce un ostensible deterioro temporalmente dilatado de las remuneraciones de los magistrados respecto de lo que resulta razonable», lo que lo lleva a fijar lo que llama «criterios de razonabilidad sustantiva», el primero de los cuales «conduce a considerar razonable lo que surge de lo que las demás jurisdicciones hacen y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país deben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de éstos. En este sentido, la valoración que las provincias hagan del merecimiento salarial de sus jueces, no puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben los demás jueces en las restantes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones provinciales y nacional a efectos de no violar el mencionado art. 5° de la Constitución Nacional y tampoco incurrir en una desigualdad discriminatoria que atentaría contra la garantía del art. 16 del mismo texto supremo, y, de este modo, alcanzar una solución objetivamente justa» (Cf. Caballero de Aguiar, María Rosa; «El principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y el nuevo contexto jurídico-socio-económico. A propósito del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación»; Sup. Realidad Judicial 25/08/2006).

En línea con esa concepción, no luce irrazonable el esfuerzo impuesto por el Superior Tribunal de Justicia al instruir que se aplicara el artículo 3º de la Ley H 3238 a sus magistrados, al igual que a todos los funcionarios públicos de la Provincia y al resto de integrantes del mismo Poder Judicial.

Finalmente, lleva razón la recurrente cuando se agravia por la errónea interpretación o desconocimiento de la doctrina de los precedentes «Chiara Díaz» de la CSJN, y «Villegas» de este Superior Tribunal de Justicia. En efecto, aun cuando el pronunciamiento de la Corte refiere a un caso de actualización monetaria, igualmente señala los principios rectores para la interpretación de la garantía constitucional de la intangibilidad que el Tribunal de origen no tuvo en consideración.

Sostuvo así con claridad que todo derecho tiene su límite y la frontera ha de fijarse en el valor de la solidaridad; por ello, la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio, y este extremo es que los Jueces de la Cámara omitieron ponderar. No fundaron debidamente el trato discriminatorio, limitándose a afirmaciones de carácter dogmático, al inferir del deterioro salarial producido por el congelamiento del adicional -como único argumento- la violación a la intangibilidad.

También es cierto que los Jueces de grado han omitido toda consideración al precedente «Villegas», que es de aplicación al caso de autos. Así, si bien en aquel se trataba de empleados del Poder Judicial no amparados por la garantía de la intangibilidad, se analizó el contexto dentro del cual se sancionó la restricción aquí en cuestión (artículo 3º de la Ley H 3238), que es el mismo para magistrados y funcionarios.

En tal precedente, este Cuerpo dejó expresado que el hecho de que la norma en examen se haya dictado en el marco de una «emergencia», con un fuerte contenido de orden público indispensable para salvaguardar el interés y bienestar general -lo que puede justificar la adopción por parte del Estado de las medidas allí dispuestas siempre que sean razonables para combatir los efectos de aquella-, reviste incidencia decisiva en la ponderación de los distintos valores en juego.

Conforme con lo expuesto, y al margen del argumento de la «intangibilidad», también en este agravio le asiste razón al recurrente, toda vez que el precedente «Villegas» no fue ni siquiera mencionado por el Tribunal a quo para tratar la cuestión referida a magistrados y funcionarios.

Decisión:

En función de lo expuesto corresponde hacer lugar a los agravios expresados por el recurrente y revocar la sentencia traída en recurso, toda vez que la restricción contenida en el artículo 3º de la Ley H Nº 3238, al extender a los magistrados una prohibición genérica -temporal- de iguales características y alcances que la impuesta al resto de los funcionarios públicos, incluidos los del Poder Judicial, y que fue aceptada y aplicada por este, no violentó -en el contexto descripto- la garantía constitucional establecida en el artículo 199 inciso 4 de la Constitución Provincial. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

Adelanto mi disidencia con la solución propuesta por el distinguido colega que me precede en el orden de votación. Doy razones.

En el caso de autos los demandantes plantearon la inconstitucionalidad de los arts. 3 y 9 de la ley 3238/98, por considerarlos violatorios de la garantía de intangibilidad salarial establecida en el art. 199 inc. 4 de la C. Prov., del art. 110 de la C.N., como así también del art. 224 de la Constitución Provincial.

Por su lado la Fiscalía de Estado pretende que los efectos y consecuencias de una declaración de emergencia deben comprender a magistrados y funcionarios judiciales, a cuyos efectos cita doctrina administrativa que entiende coadyuvante y precedentes de la CSJN.

No es propósito de este voto escudriñar sobre los antecedentes del Alto Tribunal a partir de las causas «Russo», «Bonorino Pero», «Bruno» y otras, sino aclarar que entiendo que la Corte ha sido especialmente cuidadosa de no afectar en lo más mínimo -o «de manera alguna» como dice el art. 110 de la CN- la compensación que reciben magistrados y funcionarios. Es más, siempre abordó la cuestión de la intangibilidad con un vigor metodológico plausible; así, cuando se trató de aplicar recortes salariales los anuló por acordada (la Ac. Nº 42/91 declaró nulo el decreto 2071/91 del Poder Ejecutivo Nacional).

Al asumir el tratamiento de las jubilaciones y pensiones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y con motivo de la movilidad conforme con los precedentes citados por las partes y últimamente al resolver en autos «Chimondeguy Alfredo c/Anses», del 31/03/09 (D.T., mayo 2009, pág. 573, con nota), destacó que los derechos emergentes de la compensación o retribución debían respetarse para asegurar la movilidad, aun cuando los involucrados no provinieran del Poder Judicial.

Es que, para ser justos, en este último quinquenio la CSJN hubo de ocuparse más de situaciones pasivas que de activas, justamente por la garantía de intangibilidad pasiva, para lo cual es necesario computar todos los haberes devengados en actividad, aunque es de destacar que, con la vigencia del otrora art. 96 de la Const. Nac. -o del nuevo 110- la Corte Suprema siempre tuvo una interpretación unívoca sobre los alcances de la protección constitucional. Así, al resolver «ARGÜELLO VARELA» (del 30.06.93) se refirió a los suplementos de carácter no remunerativo otorgados y los mandó a computar a todos los efectos legales, en particular considerando la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Posteriormente, en «GAIBISSO» (del 23.05.97), al analizar la relación del art. 96 de la Const. Nac. con la ley 24018, siguiendo el dictamen del Procurador, afirmó que la independencia del Poder Judicial obliga a concluir que la intangibilidad de los emolumentos de los magistrados es extensible al haber de los jueces jubilados. Más adelante, el 19 de mayo de 1999, al resolver «CRAVIOTTO», y ya en relación con el art. 110 de la Constitución actual, señaló la interpretación que correspondía darle a éste: «la intangibilidad no constituye un privilegio sino una garantía para asegurar la independencia del Poder Judicial y por aplicación de aquel principio las compensaciones de los jueces no son susceptibles de ser disminuidas en forma alguna (Fallos 176:73)» (del dictamen del Procurador que la Corte hizo suyo).

Esta jurisprudencia fue mantenida por la Corte en su actual integración en «GARABENTOS, Horacio c/ Anses» (del 25.08.05) y «ARRÚES Abraham c/ Anses» (del 30.03.06), entre tantos otros.

En el orden local, a partir de la Acordada Nº 39/2000, el STJ de Río Negro rechazó toda quita a las retribuciones del Poder Judicial por entender que afectaban la independencia del Poder Judicial y, por ende, uno de sus atributos más importantes e históricos sobre la división de poderes (art. 1º Const. Prov.).

Las excepciones para magistrados, funcionarios y equiparados a tales del Poder Judicial han sido precisadas y bien fundamentadas por la Corte Suprema en su actual integración. Es que en esa reconstrucción histórica de precedentes aparecen «Gaibisso» (Fallos 324:1177) y «Ojea Quintana» (319:1331) como imprescindibles para empezar a ver la importancia de lo devengado, incluso de la bonificación por antigüedad.

Los precedentes de la CSJN en «Mill de Pereyra» (del 27.09.01), «Chiara Díaz» (del 07.03.07) y «Brandi» (del 11.07.07), deben leerse sistemáticamente, es decir armonizando sus proyecciones ya que no se puede pretender una compensación o retribución indexada. Si bien una condición explícita es garantizar la remuneración, estabilidad e intangibilidad, ello no debe confundirse con tablas indexatorias que, además de vedadas, sacan al reclamo de sus justos términos al pretender ir más allá de lo resguardado constitucionalmente.

Cabe remarcar la diferencia en cuanto al objeto pretendido con el precedente «CHIARA DIAZ» de la Corte Suprema de Justicia de Nación, en atención a que la parte recurrente se refiriera a la errónea interpretación que hiciera el Tribunal a quo con relación al fallo citado.

La Corte se expidió, en el caso, en una acción de amparo promovida por magistrados de la provincia de Entre Ríos referida a la actualización de las remuneraciones, es así que «La particularidad que el caso planteaba es que dicha Provincia tiene reglamentado por ley (leyes 8069 y 8654…) el principio de intangibilidad de las remuneraciones judiciales, mediante un sistema de actualización automática (dadas determinadas condiciones: que supere un determinado porcentaje y con una periodicidad específica), remitiéndose a índices generales (costo de vida)». En el respectivo amparo el Superior Tribunal local-integrado por conjueces- desestimó la aplicación de dichas normas provinciales luego de sostener -con cita del precedente de la Corte «Mill de Pereyra» (…) que las mismas contrariaban las normas federales que prohibían la indexación (…). Los jueces afectados dedujeron recurso extraordinario federal contra dicho pronunciamiento pero, en el interín, el Gobierno provincial reconoció la legitimidad de los pagos realizados con aplicación de la actualización respectiva o sea que la cuestión devino abstracta en el caso concreto.

Esta última vía -o sea la declaración de la inoficiosidad- es la adoptada por la Dra. Argibay. Los restantes ministros, por diferentes razones, deciden igualmente expedirse sobre el fondo, formulándose señalamientos de la mayor relevancia para los jueces provinciales, fijándose pautas de carácter general independientemente de las particularidades del caso concreto, que ameritan un análisis exhaustivo por la trascendencia institucional que invisten. (Pita, Enrique Máximo, publicado en: LL, Sup. Realidad Judicial 25/08/2006, 5).

A mi entender es claro que el caso concreto planteado en los presentes no puede confundirse con tablas indexatorias que, además de prohibidas, sacan al reclamo de sus justos términos al pretender ir más allá de lo eventualmente resguardado por la Constitución.

Atendiendo a ello y tomando del fallo lo certeramente destacado por los votos de los doctores Zaffaroni, Lorenzetti y Highton de Nolasco que, si bien votó separadamente, en el considerando 10) de su voto sostiene que coincide con los considerandos 10 y 11 del voto de los primeros, cabe referir que este voto contiene argumentos y propuestas absolutamente novedosos, dirigidas específicamente a atender la situación de los jueces provinciales y a fijar pautas mínimas que los poderes locales deben respetar a la hora de establecer las remuneraciones de los integrantes de sus poderes judiciales. (conf. LL., Sup. Realidad Judicial 25/08/2006, 5).

En comentario sobre el fallo mencionado se expresa: «El fundamento esencial para descartar el sistema de actualización monetaria como modo de garantizar la intangibilidad de la remuneración de los jueces, en el actual contexto político-económico del país, surge del considerando 7º, del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti, quienes apuntan al «valor solidaridad» como norte de cualquier decisión al respecto. Así sostiene que «todo derecho tiene su límite. En este sentido esta Corte ha fijado esa frontera en el valor de la solidaridad, ya que ha afirmado, reiteradamente, que los jueces deben ser solidarios con el resto de la población (Fallos: 308:1932; 313:1371 y 314:760) y que la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio».

«Sin embargo, también se pronuncian por resguardar la garantía constitucional en cuestión de lo que llaman «mayoría circunstancial», afirmando que «la garantía de intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces, en su aspecto institucional, es una característica constitucional del estado de derecho que trasciende las decisiones que pudiera adoptar una mayoría circunstancial», así como que «los padres de la Constitución … redactaron una norma que no puede ser derogada por mayorías transitorias», interpretan que «la intención fue legar un verdadero estado de derecho para las generaciones que los sucederían. Por ello es que la grandeza de estos propósitos no pueden ser reducidas mediante una interpretación que presente a estos reclamos como un conflicto salarial o un privilegio de unos pocos, intolerable para el resto de los ciudadanos (de los referidos votos, considerando 7º).».

«Debemos entonces receptar la señal que manda el Máximo Tribunal en el sentido de actuar en consonancia, no con el consenso político de las mayorías de turno, pero sí de actuar cuando una medida de los poderes políticos responde a meras coyunturas o circunstancias políticas partidarias y cuando se trata de políticas que sustentan el orden público». «Es que ninguna pretensión y, menos aún, ninguna decisión será considerada como razonable por la sociedad a la cual está dirigida si no responde a un `fondo común de racionalidad´». (Caballero de Aguiar, María Rosa; LL Sup. Realidad Judicial 25/08/2006, 3).

Es así que, atendiendo a lo precedentemente expuesto, en el caso han quedado acreditados los recaudos exigidos, tal como surge de la sentencia de Cámara al referir que «efectivamente se verifica una disminución a partir de la aplicación de la ley 3238 cuestionada en esta acción, que en términos salariales implica una afectación a la intangibilidad reconocida constitucionalmente, la que no fue una alteración temporal exigua, sino que perduró por varios años, más de cinco».( fs. 236 vlta.).

En esa directiva de aproximación, igualación y justicia remunerativa de todos los jueces de la Nación no debe olvidarse que la CSJN marca como razonable la mayor proximidad con los salarios de la justicia nacional y federal, aunque no corresponda una estimación idéntica, conforme criterio de este Superior Tribunal al establecerlo como pauta referencial a través de las Acordadas Nº 9 y 11/05.

El equívoco de la Fiscalía de Estado recurrente al asociar actualización con intangibilidad no impide abordar la sustancia del planteo, que es el cómputo de la antigüedad suspendida desde el 01.11.98 hasta el 31.12.04, cuando esta asignación o bonificación fue siempre remuneratoria ya que, conforme la práctica de este Tribunal, se aplica a todos los empleados, funcionarios y magistrados y se computa para los beneficios previsionales.

Es más, cada vez que la intangibilidad fue afectada ha sido el propio Estado el encargado de repararla, como ocurrió en el período 01.04.87 al 31.10.90 con todos los magistrados y funcionarios judiciales (confr. decretos 1770/91 y 2024/91).

Conforme con lo dictaminado por el señor Procurador General al resolver en la causa «BOLESSO» (del 27.09.06) la Corte Suprema de Justicia de la Nación rescató la trascendencia institucional de la garantía de la intangibilidad en el marco del sistema republicano de gobierno y como condición de la división de poderes, no en función de las personas sino como garantía de la independencia del Poder Judicial (Fallos 315:2386).

También el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro al resolver en la causa «DE OLMOS» (Se. del 04.12.92), por el voto de los jueces titulares doctores Jorge Luis García Osella, José Francisco Leiva y Ernesto R. Iglesia Hunt, sentó las bases de la interpretación del art. 199 inc. 4 de la Const. Prov. en relación con el art. 96 de la Const. Nac. -entonces vigente-; entre las que más se destacan están las que se refieren a la intangibilidad salarial: «Para que la independencia se vea concretada en la realidad el constituyente procedió a otorgarle y reconocerle una serie de garantías sin las cuales este Poder Judicial no habría podido cumplir plenamente las funciones que le han sido encomendadas. Así, entre otras, el art. 196 Const. Prov. establece la exclusividad de competencia; el art. 199 prevé la inamovilidad de los magistrados y funcionarios judiciales, y en su inc. 4), la intangibilidad de sus remuneraciones». Asimismo, reivindicó el precedente «Bonorino Peró» del 15.11.85, a cuyos fundamentos remite, en especial en cuanto señala «que la intangibilidad de las remuneraciones que el art. 96 CN consagra está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5 de la Ley Fundamental». En dicho precedente también se dijo: «El art. 199 inc. 4 CP solo acota la directriz genérica derivada de la norma de la Const. Nac. (art. 96) pero preservando el fin superior que esta última contempla». Luego, con expresa remisión al diario de sesiones de la Convención Constituyente de Río Negro, sesión del 7 de mayo de 1988 (pág. 757), agrega: «esto no es un privilegio, es la garantía de independencia que exige la naturaleza de la función judicial. Esta garantía está determinada a través de distintas cláusulas constitucionales que en todos los casos tienden a lo mismo: a que la remuneración no puede ser disminuida» (véase también Agustín Gordillo: «Facultades reglamentarias de la Corte Suprema y remuneración e independencia de los magistrados», publicado en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, La Ley, 25 de octubre de 1996, págs. 13 y sgtes.).

Estas garantías también han sido aplicadas a los miembros del Ministerio Público a propósito de los decretos 1770/91 y 2024/91 bajo el concepto de «status equivalente», con lo que también en dicho ámbito corresponde que se reconozcan los mismos beneficios que a los magistrados y funcionarios, conforme con los precedentes «REY» del 22.12.1960, «CORRADINI» del 04.07.2006 y «BENITEZ CRUZ» del 28.03.2008 (Ver dc., «M.G. c/ MIN. JUSTICIA» del 18.07.2006 – Fallos 329:2890).

En esa misma dirección se inscribe la sentencia anterior recaída en «DIAZ APHAL C/ ESTADO NACIONAL» (del 18.07.06), de lo que cuadra destacar que la interpretación debe hacerse armónicamente, teniendo en cuenta la totalidad del orden jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de situaciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto en la tarea legislativa como judicial (Fallos 311:255, 317:1440), ratificando aquí el trato igual para todos los que por su remuneración o jerarquía se encuentran equiparados a jueces. En el mismo sentido puede citarse además «ARRABAL DE CANALES, OLGA C/ ESTADO NAC.» (del 04.07.06) donde se ratifica la doctrina de «BENITEZ CRUZ», «GONZALEZ DIAZ» y otros.

A mi criterio, entonces, la normativa cuestionada por los demandantes ha resultado violatoria de la intangibilidad prescripta por el art. 199 inc. 4) de la Constitución Provincial -con su correlato de lo dispuesto por los arts 5 y 110 de la Constitución Nacional-, en armonía con la atribución establecida exclusivamente en cabeza del Superior Tribunal de Justicia a través del art. 224 del mismo plexo constitucional provincial.

En efecto, reza este último precepto que corresponde al Poder Judicial disponer directamente de los créditos establecidos por el presupuesto y fijar las retribuciones.

Entonces ningún otro Poder del Estado puede inmiscuirse y pretender «fijar» las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial, menos aún si esto implicare una limitación, reducción o condicionamiento, por cuanto permitirlo implicaría debilitar o resignar uno de los pilares de las garantías de independencia e inamovilidad de los magistrados y funcionarios judiciales, consagrados en el art. 199 de la Constitución Provincial.

El propósito de la ley 3238 pudo ser necesario para la hora y su espíritu plausible -reducción del gasto público frente a una situación de emergencia económico-financiera-, – pero ninguna circunstancia debe justificar -por más excepcional que fuera- el avasallamiento de los postulados constitucionales básicos, como son -entre otros- el sistema republicano y democrático de gobierno y la división de poderes (arts. 1, 7 y cc de la C.P., arts. 1, 5, 123 y cc. de la C.N.).

En todo caso, si el legislador entendía que nos encontrábamos en emergencia y que el esfuerzo económico del momento debía ser tolerado por todos los dependientes del estado provincial, debió definir las acciones que competían a su estamento -y en todo caso al Poder Ejecutivo- y hacer saber al Poder Judicial que debía tomar una decisión en el mismo sentido -o de reducción en otras áreas si el Superior Tribunal de Justicia decidía que convenía hacerlo-, pero no «disponer» directamente de sus créditos presupuestarios ni -menos aún- establecer límites o reducciones a los haberes de los integrantes del Poder Judicial.

A todo evento, aún cuando así hubiere sucedido y el Superior Tribunal hubiese convalidado tácitamente la disminución o limitación de las retribuciones de magistrados y funcionarios, cabía la posibilidad de ser cuestionada la decisión por éstos si entendían vulnerada la intangibilidad prevista por el art. 199 inc. 4º de la C.P.

Por ello, la circunstancia de que el Superior Tribunal hubiere aplicado de hecho o en la práctica lo dispuesto por el art. 3º de la ley 3238 en nada inhibe el accionar de los demandantes ni su derecho a reclamar un testeo de constitucionalidad de la norma cuestionada.

El STJ de Río Negro, en su anterior integración, ha dicho que en su rol de Administrador del Poder Judicial debe aplicar las leyes vigentes, en tanto y en cuanto no sean las mismas objeto de declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto, o abrogadas por el sistema del art. 208 de la Constitución Provincial. No obstante ello, en oportunidad que lo hizo dejó sentado que conservaba en plenitud sus facultades jurisdiccionales, en virtud de lo dispuesto por el art. 207 inc. 1º) del mismo plexo normativo (considerandos de la Resolución STJ Nº 176/2004).

No obstante ello, el entonces STJ de Río Negro se pronunció expresamente sobre la «inaplicabilidad» de toda norma emanada de los otros Poderes del Estado que pretendieran regular las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial, más allá de la oportunidad en que lo hizo y la decisión a la que arribara.

Tal como dijera precedentemente, lo fue a través de la Acordada Nº 39/2000 y en respuesta al dictado de la ley 3382 (de presupuesto del año 2000), que en su art. 42 establecía una reducción salarial para los integrantes del Poder Judicial de la Provincia.

Dijo allí el Alto Tribunal que «Sin óbice de que … «una ley de presupuesto no es un lugar jurídicamente válido para contener medidas ajenas a las estrictamente presupuestarias» (conf. CNFed. Cont. Adm. Sala I, 26.11.96, in re: «FERNANDEZ PRINI» ; íd. CNCiv., Sala D, 10.9.98, in re: «SON»), el peculiar dispositivo aludido amerita que este Superior Tribunal se expida de modo orgánico sobre trascendentes derivaciones del mismo… . Que partiendo de una visión finalista de su contenido y sus implicancias, puede observarse que esa disposición importa -en sus efectos- legislar directamente sobre el régimen de las retribuciones de los agentes que se desempeñan en la órbita del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro y que se hallan vinculados a esta última a través de una relación de empleo público de naturaleza administrativa … . Que el art. 224 de la Constitución Provincial, además de establecer una cierta modalidad de autarquía presupuestaria, también dispone, en lo que aquí interesa, que le corresponde al propio Poder Judicial la facultad de fijar las retribuciones que habrán de implementarse en el ámbito de ese Poder del Estado.»

Continuó diciendo: «Por su parte, el art. 197 de la Ley Fundamental establece que el Poder Judicial de la Provincia es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, como máxima instancia jurisdiccional, y por los restantes Tribunales inferiores creados por la ley. En consonancia con ello, el art. 206 del mismo plexo le atribuye al órgano supremo de la administración de justicia la representación del Poder Judicial, así como la potestad de dictar reglamentaciones internas … . Que en virtud de la claridad que muestra la redacción del párrafo pertinente del art. 224 de la Carta Magna (la que también se ve afirmada por el criterio que mantuvieron los constituyentes de 1988 en sus debates), no es nada dudoso, sino que -por el contrario- resulta natural concluir que, con toda seguridad, le corresponde en exclusiva al Poder Judicial, a través de su órgano superior, el fijar las remuneraciones de sus empleados, funcionarios y magistrados.»

«Asimismo, refuerza esa determinación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto ha merituado conceptualmente que … «siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos … independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes públicos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno» (conf. Fallos 311:460)».

«En esa ocasión, también refería la Corte que … «no puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto y, por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisible, salvo que el texto de la Constitución así lo indique» (con cita de la U.S. Supreme Court en «Marbury vs. Madison»)».

«… Que, siendo ello así, el art. 42 de la ley 3382 debilita notoriamente el equilibrio y la distribución constitucional de las competencias funcionales de cada Poder del Estado. La norma no sólo comportaría una exorbitancia de los Poderes políticos, en virtud de que la materia allí reglada resultaría ajena a la esfera de sus competencias funcionales, sino que -por ello- también traería aparejada una intromisión en la «zona de reserva» constitucionalmente asignada en «exclusividad» al Poder Judicial; irrogándose aquellas prerrogativas y facultades que sólo a éste le corresponden, lo que generaría una invasión de atribuciones y pudiera redundar en una tentativa de menoscabar su necesaria independencia, introduciendo una conflictividad inadmisible e imprevisible.»

«Dicha circunstancia justifica que este Cuerpo, con la mesura del caso, alerte a los restantes Poderes del Estado provincial sobre las implicancias del asunto, reafirmando conocidos principios vigentes que hacen al equilibrio y la división de Poderes; y a partir de ello deje expresamente sentado que todo lo atinente a la determinación de las remuneraciones en el ámbito del Poder Judicial, con o sin «emergencia» mediante, se inscribe en la esfera de las incumbencias constitucionales y legales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que es a quién le atañe en exclusiva todo examen y decisión en la materia.»

«Enseña conocida doctrina que … «el orden jurídico no es caótico ni desordenado, sino que su plexo se integra en una gradación jerárquica y escalonada que conoce planos subordinantes y subordinados. Otra vez el descenso piramidal desde el vértice ocupado por la constitución formal hasta la base muestra que hay planos escalonados, en cada uno la forma de producción jurídica y el contenido de ésta debe adecuarse a las prescripciones del plano antecedente, que marca pautas al inferior, desembocando y remitiéndose todos a la instancia última de la constitución suprema» (Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional», pág. 41, Ed. Ediar, 1988 )».

«… Que, asimismo, no puede dejar de merituarse que la coyuntura edificada por el mentado art. 42 de la ley provincial guardaría cierta analogía (en sus aspectos sustanciales bien entendidos) con la situación que en su oportunidad provocó el Decreto 2071/91 del Poder Ejecutivo Nacional, en el ámbito de la justicia federal.»

«Recuérdese, sobre ese particular, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a través de la Acordada Nro. 42/91 (conf. Fallos 314:948); tesitura que ya había adoptado con anterioridad, a raíz del dictado de normativas que interferían con las facultades propias del Poder Judicial, en materias que habían sido sustraídas por el Constituyente de las competencias del Poder Legislativo (víd. C.S.J.N., Acordada Nro. 47/86). Téngase presente que el art. 7 de la ley 23.853 le permitía al nombrado Tribunal Federal la fijación de los sueldos de los magistrados, funcionarios y empleados.»

«Decía un ministro del máximo Tribunal de la Nación, en la primera de las mencionadas, que … «debe advertirse que en el momento actual alienta en la sociedad argentina la esperanza de que la práctica de transitar por el camino de las instituciones constitucionales sea verdadero y sólido, haciendo olvidar desastrosas experiencias del pasado. Uno de los pilares en que aquella se asienta es la independencia del Poder Judicial, la que, como ya se examinó, no puede desvincularse de la independencia objetiva y subjetiva de sus miembros cuya concreción reclama esta vez por aspectos que sólo formalmente aparecen como crematísticos, pues en su sustancia encarnan aquellos principios superiores. Son esos principios los que hoy hacen ineludible un pronunciamiento en defensa del sistema de división de poderes consagrados por la Constitución Nacional» (del voto del doctor Carlos Fayt, Acord. 42/91)».

«Deben ponderarse las decisiones de la C.S.J.N. tanto en lo relativo a los aspectos formales para resolver estas cuestiones (Acordadas), como también en la sustancia conceptual del asunto; es decir: la facultad exclusiva y excluyente de decidir lo atinente a la administración del Poder Judicial y en particular las retribuciones del personal, negándole a los otros Poderes cualquier intento de injerencia. Destácase, al respecto, la ya mencionada Acordada 42/91 de la Corte Suprema, a cuyos fundamentos vale remitirse en lo pertinente, sin que deba terciar en este caso un paralelo con la decisión cuasi-jurisdiccional allí adoptada por aquél Tribunal.»

«… Que, a raíz de todo hasta aquí expuesto, el dispositivo en cuestión debe ser analizado, en la medida de lo posible, en consonancia con la cláusula pertinente del art. 224 de la Constitución Provincial. Como premisa …»debe destacarse, por su jerarquía dogmática, un fenómeno sobre el que nunca se insistirá lo suficiente: el de que la totalidad del ordenamiento jurídico rige cada caso judicial o administrativo que se pretenda considerar a la luz de normas jurídicas para su debida comprensión. De allí que si se quiere determinar si un caso dado está regido por normas que dejan arbitrio ordinario o extraordinario, no debe limitarse la búsqueda a una sola disposición, aunque a primera vista contemple ese caso» (conf. Juan Francisco Linares, Poder Discrecional Administrativo, pág. 41, Ed. Abeledo Perrot, 1958)».

«Sobre esa base inicial es menester puntualizar que, si bien -prudencia mediante- no puede presumirse que el aludido art. 42 sólo represente una insostenible injerencia de los Poderes políticos del Estado en la esfera del otro Poder, tampoco puede estimarse que el mismo resulte «operativo», con el hecho de su mera sanción, en el ámbito del Poder Judicial, dado que subsiste la vigencia del art. 224 de la Ley Fundamental, que pone en cabeza del propio Poder Judicial (a través de su órgano máximo) cualquier decisión relativa al régimen de retribuciones en su ámbito, e inclusive la interpretación de las cuestiones de constitucionalidad».

«En otras palabras, la sanción de aquella norma no alcanza por sí sola para que la misma adquiera aplicación práctica, dado que necesariamente requeriría, como condición para volverse «operativa», un acto razonable del órgano pertinente del Poder Judicial en uso de la atribución del art. 224 de la Const. Provincial».

«Siguiendo esa línea de razonamientos también puede afirmarse que el prenotado art. 42 no puede ser visualizado como una reglamentación del art. 224 de la Carta Provincial pues, en primer lugar, una ley de presupuesto no es el espacio idóneo para ese fin. En segundo término, y decididamente engarzado con lo hasta aquí expuesto, porque -si así fuese- la norma se encaminaría a reglamentar una «zona de reserva» constitucional que no se halla atribuida al legisferante, y consecuentemente éste carecería de tal competencia en materias insertas en el ámbito propio y discrecional con que la Ley Fundamental ha provisto al Poder Judicial.»

«Seguidamente porque el contenido material del precepto importaría, en sus efectos, privar de la facultad de «fijar las retribuciones» al Poder Judicial, a quién el propio art. 224 le adjudica tal atribución, lo que entrañaría una contradicción lógica insostenible entre la supuesta reglamentación y aquello que -también supuestamente- se pretendería reglamentar; y una limitación para las políticas remuneratorias futuras que trascienden la anualidad. En orden a tales conceptos no escapa a la consideración de este Cuerpo que … «las leyes deben subordinarse a la Constitución, pues ya se dicten como consecuencia de ella, ya en ejercicio de función legislativa autónoma, no pueden alterar preceptos ni principios de la ley suprema. Admitir lo contrario equivaldría a enervar la protección constitucional en la práctica» (conf. Rafael Bielsa, Cuestiones de Jurisdicción, pág. 128, Ed. La Ley, 1956)».

«Reglamentar supone, por definición constitucional, no alterar la sustancia de lo reglamentado (art. 28 Const. Nac. y art. 15 Prov.). En síntesis, la norma no constituye una reglamentación de la cláusula constitucional pues no podría entenderse que ha sido dictada «a consecuencia» de una facultad que para el Legislativo pudiera derivarse de la Carta Provincial y no se inscribe en la función legislativa «autónoma» ni implícita, pues ello -en todas y cualquiera de las hipótesis- remitiría a materias concretas y puntuales que el Constituyente sustrajo de la esfera de los Poderes políticos del Estado, y depositó en el Judicial».

«El art. 44 de la ley 3382, en tanto intenta a su vez justificar el dictado del art. 42 mediante una remisión a las leyes ratificatorias de convenios Nros. 3360 y 3361, tampoco resulta eficaz para impedir la aplicación del art. 224 de la Ley Fundamental, dado que todas las leyes deben guardar razonable subordinación a la Constitución, y no a la inversa. Las mencionadas no se erigen en leyes superiores a otras leyes, pues no concurren la Nación y la Provincia en una voluntad de crear una norma de rango superior (como pudo haber sido en su momento los llamados Pactos Fiscales I y II), ni pueden aquellas comprometer los principios superiores, como son los vinculados a la misma organización política y constitucional de la Provincia, cuya característica central es la división y el equilibrio entre los Poderes.»

«… Por otra parte, también se satisface adecuadamente con los objetivos y metas consagradas en las leyes 3360 y 3361, en lo tocante al Poder Judicial, toda vez que las medidas funcionales que se instrumentan en la presente, y las que se dictarán en su consecuencia, permiten lograr los mismos objetivos con menor costo político, social y laboral en cuanto a los agentes judiciales, y en un marco de generalidad, transitoriedad, irretroactividad, no confiscatoriedad, ni desproporción o irrazonabilidad arbitraria. Se da una respuesta propia, equitativa y eficaz en el marco de la emergencia y del orden público».

«Que reafirma explícitamente lo ya manifestado la disposición contenida en el art. 7 de la Carta Provincial. Y es que el Poder Judicial, en materia de esa naturaleza, debe asumir un «rol sistémico», caracterizado por la preservación y persistencia del sistema constitucional. La tesis contraria pudiera conducir a lo que Karl Loweinstein llamaba una «constitución nominal» por oposición a la «fuerza normativa» que al Poder Judicial le cabe atribuir a la Ley Fundamental (víd. Néstor Sagues, La Interpretación Judicial de la Constitución, pág. 24 y 25, con cita de Lowenstein, Teoría de la Constitución)».

«Aparece como insoslayable merituar que «… la constitución es derecho público de orden público, pero hemos de condicionarla a entender que el orden público constitucional no es lo mismo que el orden público que llamaríamos legal, y que está por debajo de él» ; «lo de orden público, entonces, quiere decir que la constitución es inviolable, que se debe aplicar de oficio, que ni la autoridad ni la voluntad de los particulares pueden alterarla o dejarla de lado, ni crear sistemas paralelos o sustitutivos»; «El orden público constitucional se liga, por este flanco, a la noción de imperatividad, y deja como última reflexión, la de que la actividad constitucional no es susceptible de convalidación permanente y definitiva» (conf. Bidart Campos, op. cit. pág 43)».

«Agregaba el nombrado autor, en orden a los principios conexos a la supremacía de la constitución, que … «el orden jurídico político es un sistema de unidad coherente, y jerárquicamente escalonado, que impone la compatibilidad vertical y horizontal de las diferentes normas»; y que «… la constitución suprema es rígida» (op. cit. pág. 77).»

«De todo lo expuesto se sigue que la actual coexistencia de ambas normas, es decir la legal del art. 42 de la ley 3382 y la constitucional del art. 224 (tópico que pudiera disiparse eventualmente en la vía contenciosa o jurisdiccional apropiada) impone que deba prevalecer la aplicación práctica de la cláusula del plexo superior; y consecuentemente debe seguirse que es del resorte exclusivo del Superior Tribunal de Justicia el decidir todo lo concerniente al régimen de remuneraciones del Poder Judicial.»

«… Que, asimismo y tomando en consideración que el dispositivo se halla impropiamente enmarcado en una ley de Presupuesto, no resulta inadecuado que se refresquen algunos criterios relacionados con plexos de ese carácter. Sin desconocer la significación que una ley de ese tenor importa en el contexto de una Provincia en crisis, tampoco puede ignorarse la virtualidad de los principios sustanciales que hacen a la esencia de esas normas presupuestaria; como los de «anualidad» y «equilibrio», entre varios. Igualmente aparecen como insoslayables otros principios formales, como los de unidad, universalidad, no afectación de recursos, especificación de gastos, claridad y publicidad».

«En tal sentido el art. 42 de la ley no podría aparecer ajeno a la nombrada regla sustancial de la «anualidad», es decir, sobreentendiendo que los recursos presupuestarios deberían alcanzar para cubrir las partidas de personal y los gastos de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2.000″.

«… Que, desde una perspectiva material distinta a la puramente formal antes indicada, también es forzoso mencionar que el ya mentado art. 42 de la ley 3382 carece de razonable relación con la finalidad que persigue. Téngase presente que la ley 2989 y los Decretos Ley 1/97 y 5/97 fueron diseñados teniendo fundamentalmente en miras su aplicación en la Administración central, dependiente del Poder Ejecutivo; la que evidencia sus propios (y en muchos casos aún diferenciados) regímenes, escalafones, jerarquías, naturaleza y amplia diversidad de las tareas, responsabilidades y funciones; sin olvidar las diferencias sustanciales entre el régimen estatutario de los empleados de la administración pública del que corresponde a los agentes judiciales.»

«El Poder Judicial de la Provincia ha sido históricamente distinto de esa metodología organizativa del personal de los Poderes políticos del Estado, en virtud de las facultades presupuestarias del art. 224 de la Const. Prov., por lo que no puede razonablemente pretenderse exportar al primero las medidas concebidas en base a diseños funcionales que no son compatibles con el vigente en el campo de la administración de justicia».

«De ello también debe seguirse que, así como las políticas salariales internas de los restantes Poderes del Estado registran antecedentes que simultáneamente las determinan y las condicionan, lo mismo ocurre en la esfera del Poder Judicial. De esa suerte existe, en este Poder, una política de remuneraciones (lineamientos que no es del resorte de los Poderes políticos fijar) cuya raigambre se remonta a la época histórica de la plena asunción de su jurisdicción. Esa añeja política salarial propia entraña, a los efectos de su implementación práctica, plurales componentes fácticos, jerárquicos y funcionales que no viabilizan en el ámbito de este Poder el modelo edificado por la normativa a la cual el art. 42 de la ley 3382 remite.»

«Existe un notorio disvalor de medios a fines; pues si este Cuerpo considerase en su literalidad el art. 42 (que remite a pautas de otros Poderes por equivalencia) para la esfera del Poder Judicial, se pondría en evidencia que su aplicación en la generalidad de los casos originaría una sensible afectación en las retribuciones, atentatoria del sinalagma y la justicia contractual, en atención a la jerarquía y calidad de las funciones que se siguen prestando -pese al remanido estado de «emergencia»- con autorregulación presupuestaria, como surge de los ejercicios anteriores».

«Tal es la inadecuación de medio a fin de la norma que, inclusive, pudiera observarse que propende a establecer desigualdades. Y ello así, dado que hasta la sanción de la ley 3382 este Poder Judicial estuvo aplicando lo dispuesto por el Decreto Ley 3/00, con lo cual la sanción de aquella norma, en la época del año en que acaeció, viene a proyectar para el resto del ejercicio una afectación en las partidas que materialmente resultaría en una aplicación de rebajas salariales superiores a las que -inidóneamente- pretende el art. 42, y que son por consiguiente mayores a las implementadas en los otros Poderes. Se sigue de lo expresado que, lejos de impulsar el sistema al que ese dispositivo remitiría, más bien se lo excede, dado que la disponibilidad de recursos asignados no se compadece con los distintos componentes en juego».

«Si bien pudiera resultar comprensible que las limitaciones de este Poder Judicial, en lo atinente al ejercicio de la facultad de fijar las remuneraciones, estarían dadas por la disponibilidad de los recursos (víd. conceptualmente C.S.J.N. Acord. 42/91, Consid. 13), de ello no se sigue que pudiera corresponderle a los otros Poderes del Estado Provincial arbitrar las modalidades con que el Poder Judicial habrá de desenvolverse dentro de aquellos márgenes».

«El art. 42 de referencia, a más de la cuestión de derecho (que excede lo meramente opinable) a la que se hizo antes referencia, también denotaría no poco margen de desconocimiento o desinformación respecto de los detalles internos de la administración de justicia».

«La utilidad y trascendencia de dicho esencial servicio, amén de la prolija y sobria relación de costo-eficacia de la que puede hacer gala el Poder Judicial, no parecieran haber sido tomadas en consideración al examinar la estimación que éste realizó de sus necesidades mínimas».

«Es el Poder Judicial, por intermedio de su órgano superior, quien se encuentra en inmejorable posición para evaluar las condiciones en que puede desenvolverse la prestación de aquél esencial servicio, tomar las decisiones que pudieran caber y adoptar las medidas necesarias al respecto. Todo ello, aunado a los principios presupuestarios generales a los que se hizo referencia, coadyuvan a que la norma aparezca oscura o insuficiente, y active el mecanismo propio de «autogobierno» en autarquía del Poder Judicial, evitando interpretaciones de dudoso alcance en relación a los agentes a los que se busca afectar y en cuanto a los porcentajes de descuento. Cabe asumir, en lo tocante a las remuneraciones que le corresponde fijar a este Cuerpo, un criterio uniforme, igualitario y razonable, de acuerdo a los principios y garantías involucrados, aún bajo el imperio del llamado «régimen exorbitante» en la relación genérica de empleo público, que es específica de los agentes judiciales».

«Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 220:407) … «Las invocadas razones de equidad que fundamentan anteriores resoluciones administrativas o legislativas, en cuanto resoluciones de Poderes a quienes incumbe el manejo de los fondos públicos, no bastan para sustentar una decisión análoga por vía de sentencia judicial. Tanto valdría como revisar por los jueces la forma, justicia o acierto con que los demás Poderes ejercen las facultades que les son privativas, con olvido de la constante jurisprudencia que lo veda» (Fallos 209:28, 210:172, entre varios)».

«… Que, reiteradamente, este Superior Tribunal ha puesto de relieve la ajenidad del Poder Judicial a los orígenes de la llamada situación de «emergencia» que deriva de la crisis estructural del Estado; destacando -como es notorio y fácilmente comprobable- que ha sido prolijo, transparente, austero, eficiente y juicioso en la administración y optimización de sus recursos».

«Estos últimos, como también fuera resaltado en la Resolución Nro. 451/00, han pasado de gravitar de un 8,3% del presupuesto general de la Provincia en el año 1997, al 3,7% en el presente ejercicio; lo que pone en evidencia que este Poder Judicial no ha permanecido insensible ante la crisis, sino manifiestamente contributivo y solidario; dando una clara, sólida y palpable respuesta concreta a la sociedad rionegrina con motivo de una situación a cuyos orígenes (valga reiterar) ha sido ajeno».

«Ocioso e inconducente resultaría esbozar, en estos momentos, un catálogo de las múltiples medidas adoptadas en la esfera interna de este Poder Judicial para mantener una eficiente prestación del servicio público esencial de justicia, en el marco de las restricciones que emergen de los porcentuales presupuestarios antes indicados».

«De lo expuesto surge que el Poder Judicial, en los diversos ejercicios, ha cumplido estrictamente con todas las leyes de Presupuesto, encarando materialmente una clara y seria «autorregulación» en el marco del gobierno de su autarquía, por lo que no puede desoírse su propia merituación relativa a las necesidades del servicio. Valga destacar que para esos fines es menester, inexorablemente, un piso mínimo que opere como garantía de funcionamiento, y que es el propio Poder Judicial quién está en mejores condiciones para apreciar y señalizar, tanto en los presentes momentos como en los anteriores períodos, con su demostrada prudencia en el ejercicio de su gestión de autogobierno y autorregulación, la que ya puso de manifiesto en los períodos anteriores».

«… Que, aún en ese marco de notoria autolimitación y austeridad, este Poder Judicial ha venido cumpliendo su alta tarea con suma eficacia. Da cuenta de ello la muy destacada posición que ocupa entre el contexto de sus similares provinciales, conforme fuera puesto de resalto por el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal del Ministerio del Interior; y en no pocas oportunidades por los estudios especializados de distintas entidades de carácter no gubernamental que son asiduamente publicados en diversos medios de comunicación nacionales».

«… Que, sin óbice de sus facultades judiciales y la eventual intervención que le pudiera caber a este Superior Tribunal en ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional relativa al control de constitucionalidad (lo que no puede ni debe confundirse con el ejercicio de las facultades funcionales de autorregulación o autoadministración derivadas de explícitas cláusulas de la Carta Magna local y de los poderes implícitos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial como órgano del Estado) las circunstancias antes expuestas no impiden que este Cuerpo -en uso de atribuciones materialmente administrativas- adopte las medidas que considere necesarias y convenientes para asegurar a la ciudadanía la prestación del servicio público esencial de justicia; resguardando a la vez el pleno ejercicio de sus atribuciones funcionales de conducción o gobierno del Poder y la vigencia del estado de derecho».

«Para ello, y como es sabido, conviene recordar que los órganos que integran las esferas estatales expresan su voluntad, en distintas situaciones, a través de actos jurídicos específicos que se distinguen entre sí. Valga tener presente la tradicional clasificación que diferencia los «actos administrativos», los «actos de administración», los «actos de gobierno» y los llamados «actos institucionales» (víd. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, pág. 202)».

«… Por cierto que la presente Acordada es un «acto de administración» dentro de la esfera propia del Superior Tribunal de Justicia ajena a sus potestades jurisdiccionales. Pero nada empece que en la advertencia a los Poderes Políticos del Estado se señale la plena reserva de sus atribuciones de control de constitucionalidad que la Carta de 1988 asigna al Poder Judicial, a ser ejercidas en el ámbito y en el momento oportuno».

En virtud de todo ello el STJ de aquel entonces resolvió, en primer lugar, declarar que el art. 42 de la ley 3382 no resultaba «operativo» en la esfera del Poder Judicial, en virtud de lo establecido por el art. 224 de la Constitución Provincial.

La elocuencia, claridad, contundencia y plena aplicabilidad al caso de cada uno de los párrafos transcriptos de esa Acordada me persuadieron de la necesidad de incorporarlos a este voto.

Luego, entiendo necesario aclarar que no pretendo dejar sentado que los magistrados y funcionarios de la Provincia de Río Negro nos encontremos eximidos de las consecuencias económicas que pudieran afectar al conjunto de la población -en razón de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones-, sino que resulta una potestad exclusiva de la cabeza del Poder Judicial la de ponderar -convenientemente en forma consensuada con los representantes de los distintos sectores judiciales- la modalidad de cooperación y sacrificio de sus intereses en pos del beneficio general (art. 224 C.P.).

Para ejemplificar: si fuera declarada por ley la emergencia económico-financiera de la provincia y dispuesta la necesidad de reducir en un porcentaje determinado el gasto público general, serán los titulares de cada Poder los que deberán resolver de qué manera afrontarán ese déficit.

Ello, a los fines de preservar la verdadera división de Poderes e independencia del Judicial -en el caso que nos ocupa- como afirmara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Chiara Díaz» cuando analiza los postulados del art. 110 de la CN y dice que «… constituye un mandato dirigido a los otros poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces …».

Cuando la CSJN dice -en la continuidad de ese fallo- que la prescripción del art. 110 de la CN «… no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida del poder adquisitivo de sus haberes …» y que no protege las remuneraciones de los jueces de «… las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general …», lo hace dentro del marco de no convalidar la indexación automática y no habilitando o consintiendo la decisión de otro Poder de reducir las remuneraciones.

Ese es el alcance, a mi criterio, que han pretendido darle los constituyentes nacionales y provinciales a las disposiciones enfáticas de los arts. 199 inc. 4º C.P. y 110 y 120 de la C.N.

También debe quedar claro que la ponderación de una situación provincial determinada y la forma de afrontar sus consecuencias son circunstancias diferentes. Podrá concluirse que es potestad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo la de evaluar y eventualmente declarar la emergencia en alguna o varias áreas de su incumbencia, pero no lo es la de decidir de qué manera habrá de encarar el Poder Judicial esas consecuencias con los recursos que le fueron asignados ni -mucho menos- disponer una baja o limitación de las remuneraciones de sus integrantes.

Discrepo con el Sr. Juez del voto ponente en cuanto a que el Superior Tribunal de entonces habría decidido o convalidado la disminución o limitación de los haberes de magistrados y funcionarios dispuesta por el artículo cuestionado sino que, tal como afirmara el STJ en la Resolución Nº 176/2004, lo que hizo fue cumplir con las prescripciones de una ley cuya inconstitucionalidad no fue planteada ante su sede durante el período de vigencia. Pero lo hizo en su carácter de administrador del Poder Judicial, no como órgano jurisdiccional. Luego dejó sentada su postura en la Acordada Nº 39/2000, en la que reivindicó claramente la potestad exclusiva en materia salarial de los integrantes del mismo.

Coincido en que la intangibilidad salarial establecida por el art. 199 inc. 4) de nuestra Constitución Provincial -en concordancia con los arts. 5, 110 y 120 de la Constitución Nacional- no puede ser interpretada de modo absoluto (CSJN, fallo «Chiara Díaz»).

Coincido también que los magistrados y funcionarios judiciales debemos ser solidarios con el resto de la población a la hora de afrontar las consecuencias de una emergencia generalizada, porque integramos la comunidad en la que vivimos y porque debemos asumirnos como parte del problema para poder ser artífices de la solución.

De hecho hemos padecido en términos similares al resto de los agentes públicos las consecuencias de sucesivas crisis nacionales y provinciales, recordando las hiperinflaciones de los años 89 y 90; que a mediados de la década de los noventa las remuneraciones eran abonadas en forma harto demorada y un porcentaje considerable del haber era pagado en bonos provinciales de escasísima aceptación en los comercios. Situación de demoras considerables en el pago de los haberes se vivieron también en los primeros años de este nuevo milenio y fueron soportadas estoicamente -en todos los casos- por nuestros magistrados y funcionarios.

Es dable remarcar, asimismo, que los haberes del Poder Judicial -junto con los legislativos y de los organismos de control- son los últimos en abonarse mes a mes desde hace muchos años.

Pero lo que sí es «absoluto», a mi criterio, es la potestad exclusiva que tiene la cabeza del Poder Judicial de disponer de sus créditos presupuestarios y de fijar sus retribuciones (arg. art. 224 de la C.P.), por lo que no puedo convalidar de modo alguno -y mucho menos frente a un planteo concreto de inconstitucionalidad- que otro Poder del Estado avance sobre esa atribución y decida cómo habrá de componerse la retribución de los magistrados y funcionarios, prohibiendo hacerlo del modo dispuesto por el STJ y derogando toda norma emanada del cuerpo que se le oponga.

A mi entender en autos no está en juego ni la razonabilidad de la oportuna declaración de emergencia ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas para hacerle frente, excepción hecha del cuestionamiento respecto a los haberes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Nótese que en autos no fueron cuestionadas -siquiera analizadas- las razones que pudo tener la Legislatura para la declaración previa de emergencia ni para el dictado de la ley 3238, sino que sólo se han cuestionado los preceptos de la norma que invaden potestades ajenas y que desconsideran la intangibilidad salarial.

Pero lo que sí está en juego es la división de poderes «real» y la verdadera independencia del Poder Judicial, por lo que no tengo dudas que las disposiciones que avanzaron sobre los claros postulados del art. 224 de la C.P., prohibiendo continuar con una modalidad de pago establecida por Acordada del STJ y derogando normas emanadas del mismo, contrarían la armonía del espíritu de todo su plexo -y los de la Constitución Nacional- y así debe ser declarado. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

Con el fin de enmarcar adecuadamente mi voto, y aun a riesgo de incurrir en alguna repetición de lo que ya han señalado los colegas que me preceden, comienzo poniendo de resalto que la cuestión jurídica que se plantea en estos autos pasa por examinar si la norma que congeló el cómputo de la antigüedad -y su incidencia en cualquier otro rubro salarial- aplicada a las remuneraciones de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2004 (art. 3 de la Ley 3238) implicó -o no- un caso de violación de la garantía de intangibilidad consagrada en el art. 199 inc. 4 de la Const. Prov..

El caso presenta sus aristas, tal como lo demuestran los votos discordantes que me anteceden y las disímiles posturas doctrinarias y jurisprudenciales en ellos citadas, porque, por un lado, siempre se ha señalado que la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces se vincula con la independencia del Poder Judicial y, por el otro, resulta innegable que cuando la afectación es general (en el caso, alcanzó a toda la Administración Pública, incluidos los tres Poderes del Estado) la cuestión también se relaciona con el derecho a la igualdad ante la ley o, lo que es lo mismo, con la necesidad de evitar que se termine consagrando una desigualdad que pudiera entrañar algún privilegio.

Ante todo dejo sentado que concuerdo en que la intangibilidad no puede ser interpretada en términos absolutos, máxime teniendo en cuenta que, en el ámbito provincial, el art. 199 inc. 4º de la Const. de Río Negro «… acota la directriz genérica derivada de la norma de la Const. Nac. … pero preservando el fin superior que esta última contempla» (STJRN in re: «DE OLMOS», Se. Nº 168 del 04.12.92, voto del doctor José Luis García Osella). En efecto, la norma constitucional local dispone: «Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, en consecuencia: … 4) No es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales».

De allí la necesidad de indagar en la correcta interpretación de la norma precitada, para no desvirtuar la verdadera finalidad que la inspira y, de ese modo, evitar también que se la termine utilizando al servicio de intereses personales que, aunque legítimos, nada tienen que ver con el propósito de afianzar la independencia de los poderes. En este punto, asumo un compromiso personal e institucional de defensa de la independencia del Poder Judicial, pero ello, para ser verdaderamente tal, no puede reducirse a una mera proposición formal, tal como si se tratara de una declamación vacía de todo contenido.

Es cierto que las únicas garantías con que cuenta el Poder Judicial para cumplir su misión de erigirse en la ciudadela de los derechos individuales o colectivos son la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones de sus magistrados. Tal como se ha dicho, el objetivo de la intangibilidad salarial es claro: evitar las presiones indirectas sobre los magistrados, sometiéndolos a la voluntad de los otros poderes o de los intereses económicos. Su finalidad última «… es la protección de los derechos de los justiciables, evitando que los mejores magistrados posibles dejen la función en busca de horizontes profesionales mejor rentados y que los menos fuertes o virtuosos sean tentados con compensaciones ilícitas» (María Angélica Gelli, “Constitución de la Nación Argentina”, pág. 917).

Ahora bien, pese a que la intención de la norma es nítida, no lo es tanto el determinar los alcances de la intangibilidad de las retribuciones judiciales, porque a mi juicio no podría llevarse la interpretación de esa garantía al extremo de que, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, exima a los jueces de su obligación de compartir los sacrificios que asume el resto de la población o, como en este caso, el resto del sector público provincial.

Debe quedar claro que la aplicación de la norma que aquí se cuestiona no se tradujo en ninguna reducción nominal de los salarios, sino en el congelamiento del adicional por antigüedad tal como hasta entonces cada quien lo venía percibiendo. Vale decir que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, dicho rubro dejó de incrementarse (a razón del 2% sobre todo concepto sujeto a aporte -Acordada Nº 43/97-STJ-) y, por ende, dejó también de proyectar su incidencia en el adicional por zona (40% de ese 2%). Tal fue la afectación que produjo en todos los casos sin distinción, sin perjuicio de que en alguno de ellos pudiera haber determinado que no se activara el adicional por permanencia en la categoría.

De cualquier manera, es claro que su aplicación no ha tenido un efecto relevante al punto de infligir una quita salarial que pudiera estimarse afectatoria del mantenimiento del valor económico de las remuneraciones en un nivel aceptable con el decoro y la dignidad de los Magistrados y Funcionarios.

En este punto, hago propio lo expresado por el ex Juez de este Superior Tribunal de Justicia doctor José Francisco Leiva, quien, al emitir su voto en la causa «DE OLMOS» (ya citada) en la que se examinaban los alcances de la cláusula de intangibilidad consagrada en el art. 199 inc. 4 de la Const. Prov., expresó: «… no siempre una disminución justificará el reproche constitucional, debiendo en primer término considerarse su relevancia (y al respecto me remito a lo dicho por la Suprema Corte con fecha 24-03-87 al rechazar el recurso extraordinario planteado también por el doctor Donate en una acción anterior) precisando si tal disminución excede el marco de razonabilidad, de equidad, de participación justa y adecuada con la cuota de sacrificio que en una época determinada de emergencia o crisis puede serle exigida a la comunidad toda y de la que no pueden ni deben sustraerse los funcionarios judiciales sin caer en irritante privilegio que significaría una desigualdad ante la ley contraria al espíritu republicano. No se trata … de aceptar el empequeñecimiento del sueldo del juez al límite de la afectación de la irreductibilidad que lo protege, cuestión que afecta tanto al interés personal como el de la comunidad, sino de evitar por injusta la formación de islas dentro de la sociedad, pretendiendo guarecer a los magistrados en burbujas económicamente incontaminadas donde no puedan penetrar ni aun mínimamente los virus de la inflación ni de otros males que castiguen al resto del conjunto social».

En el mismo sentido, me complace citar a mis maestros, los doctores Héctor C. Peruzzi y Félix Sosa (ex Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de General Roca), quienes sobre la intangibilidad de los sueldos de magistrados expresaron: «La citada garantía tuvo el fin preciso de evitar que gobiernos autoritarios afectaran la independencia judicial con reducciones de sueldos arbitrarias y dirigidas específicamente a los jueces; cuando, por el contrario, se esgrime tal garantía para eludir las cargas, infortunios o pérdidas que comparten todos o la mayor parte de los conciudadanos, la garantía se convierte automáticamente en un privilegio, y de los peores por adoptar la forma de un privilegio de clase». Y más adelante enfatizaron: «Entiéndase bien: creemos que los jueces deben tener retribuciones acordes con la importancia de sus tareas, pero también acomodadas a la realidad económica que el Estado vive en cada momento de su historia» (diario Río Negro, edición del día 20 de abril de 1996, pág. 12).

En suma, no considero que la aplicación de la norma cuestionada haya significado un ostensible deterioro de las remuneraciones de los magistrados que, de acuerdo con un criterio de razonabilidad, pueda considerarse lesivo de la cláusula constitucional de intangibilidad (conf. doctr. CSJN in re: «CHIARA DÍAZ», del 07.03.2006, voto de los doctores Zaffaroni, Lorenzetti y Highton de Nolasco).

Por último, estimo necesario referirme a lo señalado por el colega que me precede, doctor Enrique Mansilla, en punto a que la norma en examen -Artículo 3º de la Ley 3238- habría violado también el Artículo 224 de la Constitución Provincial, en la medida en que los otros Poderes del Estado habrían avanzado sobre la potestad exclusiva de la cabeza del Poder Judicial de disponer de sus créditos presupuestarios y fijar las retribuciones del sector.

Discrepo con esa interpretación. A mi entender, y pese a la ausencia de una Acordada que expresamente exteriorizara la voluntad del entonces Superior Tribunal de Justicia de adherir a la ley señala, en los hechos, tanto por acción como por omisión, quedó patentizada esa voluntad legislativa.

En el primer caso porque, como puso de manifiesto el doctor Apcarián en su voto, se instruyó a la Contaduría para que practicara las correspondientes liquidaciones salariales de acuerdo con dicha norma.

En el segundo, porque nada habría impedido el dictado de una Acordada que rechazara la aplicación de la norma, tal como efectivamente sucedió -en otras circunstancias- con la Acordada Nº 39/2000-STJ en la que, como recuerda el doctor Mansilla, los mismos integrantes del Superior Tribunal de Justicia se opusieron a convalidar un artículo de la Ley de Presupuesto del año 2000 (art. 42 de la Ley 3382) que establecía una reducción salarial para los integrantes del Poder Judicial de la provincia.

En mérito a las razones que dejo expresadas, adhiero a la solución expuesta por el primer votante y me pronuncio en igual sentido. MI VOTO.

A la misma cuestión la señora Jueza subrogante doctora María Luján IGNAZI dijo:

El caso planteado por miembros del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro (ver fs. 1/2) ante la aplicación a su respecto de la «prohibición» contenida en el art. 3 de la Ley 3238, en su versión originaria, referida al pago y/o reconocimiento de todo incremento de haberes de sus agentes públicos fundado en el cómputo de la antigüedad en la prestación de servicios, en el cargo, en la posesión de título o de experiencia profesional, genera una gran tensión entre la garantía constitucional de intangibilidad de la remuneraciones de los jueces establecida por el art. 199 inc.4 de la CN y el principio de igualdad en el trato, al que, como derecho, erige el art. 16 de la CN.

Ello, en tanto, a mi criterio, de un pormenorizado examen de la demanda nunca estuvo en crisis la motivación del Estado Provincial para recurrir a su dictado, sino que lo que se cuestiona es su aplicación al ámbito del Poder Judicial (fs. 5, 4to párrafo) y, en especial, a los magistrados, ante la preceptiva del art. 199 inc. 4º de la CPRN (fs. 5 3er párrafo).

A partir de esta concepción del conflicto, me inclino por acompañar la decisión propiciada por el Dr. Enrique Mansilla. El amplio bagaje jurisprudencial que el mismo analizara y detallara en su voto, y las conclusiones que como consecuencia de ese análisis extrae, unido a las razones que expresamente se determinan en el presente voto, conducen sin más a compartir su definición acerca de los alcances de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces contenida en la citada preceptiva constitucional.

La primera conclusión que habilita a tomar el camino indicado en el párrafo anterior radica especialmente en la diferencia entre derechos y garantías. Así, por cuanto las garantías constitucionales son medios o instrumentos que la Constitución pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales.

De allí que mientras los derechos constitucionales no son absolutos desde que se reconoce su goce conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14 de la CN), las garantías, en tanto son instrumentadas con una precisa finalidad, están demarcadas o, hasta si se quiere, selladas, por el fin que se tuvo en miras al constituirlas.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, ese fin no es otro que amparar el propio sistema republicano, sustentado en la división de poderes, pues conforme lo indica Miguel Ángel Eknekdjian, en su obra «Tratado de Derecho Constitucional», esa partición del poder del Estado es el teorema fundamental del sistema republicano y, asimismo, la más importante de las garantías que tienen los habitantes frente a los abusos del poder (autor y obra citados Ediciones Depalma, Bs. As., año 1999, pág. 253 y sgtes).

En ese preciso sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha dudado en declamar su competencia -inclusive poderes implícitos al dictar la Acordada 20/96-, como órgano superior y cabeza de uno de los poderes del Estado, para salvaguardar la independencia del Poder Judicial: o sea, la jurisdicción de los tribunales frente a la intromisión que pretendieran concretar órganos pertenecientes a las otras ramas del Estado (Fallos 319:2097). Es más, no vaciló en señalar, por un lado, que «la independencia de los jueces hace a la esencia del régimen republicano y su preservación no debe ser proclamada sino respetada por todos los otros poderes y sentida como una vivencia insustituible por el cuerpo social todo» (CSJN en autos «Iribarren, Casiano Rafael v. Provincia de Santa Fe s/acción declarativa», sentencia del 22.06.99) y, por otro, que a esos fines (la independencia) se ha constituido una doble garantía: la inamovilidad en las funciones y la intangibilidad de las remuneraciones (CSJN Almeida Hansen, Jorge A. v. Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia s/amparo, sentencia del 28.03.90).

La inamovilidad en las funciones de los magistrados y la intangibilidad de sus remuneraciones, cuan instituciones del sistema republicano, han sido diseñadas como dos garantías básicas para la preservación del mismo. En este orden, cabe recordar que la República Argentina ha adscripto a esa forma de gobierno (art. 1 de la CN), y a la existencia y conservación del Poder Judicial como un poder separado de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

A partir de esa concepción, se extiende hacia todos los miembros que conforman la sociedad el compromiso ineludible de evitar que esa premisa resulte una garantía meramente formal. De lo contrario, puede llegar a colocarse en crisis el propio estado de derecho.

Esa finalidad es por demás clara en la intencionalidad del constituyente rionegrino. No es casual que anclara como una consecuencia de la declaración de inamovilidad de los magistrados y funcionarios judiciales que «no es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico, pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales» (art. 199 inc.4to de la CPRN).

Encontrándonos entonces en presencia de una garantía cuyo alcance queda sellado por su finalidad, para resolver el caso planteado no puede dejar de advertirse que el Proyecto 575/1998, que luego se sancionara bajo Ley Nº 3238, fue presentado ante la Legislatura de la Provincia de Río Negro por el Titular del Poder Ejecutivo, Dr. Pablo Verani, en su carácter de Gobernador de esta Provincia. Ni puede soslayarse que, desde el encabezado dado a su motivación, la división de poderes inherente a la forma republicana de gobierno -que por operatividad del art. 5 CN le correspondía a la provincia respetar-, se estaba colocando en crisis. Ello, en tanto se anunciaban una serie de medidas destinadas todas ellas a la contención del gasto en personal en los «tres poderes del Estado Provincial» (ver Nota Nº 26 de fecha 19.10.98).

Por su parte, ese insinuado resquebrajamiento a la división de poderes, indudablemente se torna palpable si uno se detiene en los términos de la medida aquí objetada desde su constitucionalidad. Ello, por cuanto el Titular del Poder Ejecutivo Provincial, al buscar respaldo legislativo, expresamente dijo «propiciar» «la prohibición del pago y/o reconocimiento de todo incremento de haberes de los agentes públicos de los tres Poderes del Estado, fundado en el cómputo de la antigüedad, ya sea en la prestación de servicios, en el cargo, en la posesión de título o de experiencia profesional, cualquiera fuese el nombre con el que se identifique al adicional que lo hubiese contemplado».

De tal modo, no cabe vacilación alguna en punto a que la Ley 3238, desde su concepción por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro con la finalidad de «eficientizar los recursos del Estado, en sus tres Poderes», quebrantó la división de poderes que hace a la forma republicana de gobierno adoptada, siempre que el titular de aquél se consideró con capacidad de determinar las remuneraciones de otro poder del Estado, el Poder Judicial, aun cuando éste, por disposición del art. 224 de la CPRN, posee «autarquía presupuestaria», teniendo entre sus facultades, es decir bajo su competencia exclusiva, «fijar las retribuciones».

La segunda reflexión que conduce inexorablemente a la solución propiciada por el Dr. Mansilla radica en que la disposición legal cuya aplicación objetan los actores, en definitiva, importó una «quita» directa a las remuneraciones de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. De lo contrario, cabría preguntarse qué sentido tendría su adopción bajo la consigna de reducir el gasto público motivante de la citada ley. Indudablemente ninguno.

Claro está que la prohibición que contiene la norma al suspender el modo de pago y/o reconocimiento de todo incremento de haberes de los agentes públicos fundado en el cómputo de la antigüedad, implicó para todos los sujetos alcanzados por ella una «reducción» en sus haberes durante la vigencia de la misma. Esa conclusión es por sí misma suficiente para entender provocada una afrenta a la garantía de inmutabilidad de las prestaciones de los jueces que establece el inc. 4º del art. 199 la CPRN, en tanto dispone que «no es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales». Es que no es posible desconocer que desde la sola instrumentación o finalidad de la medida de «ajuste del gasto en personal» queda descartado que se trate de algunos de los supuestos de excepción a la premisa básica de «no disminución». Es evidente, y releva de toda consideración, que no se trata de un aporte previsional ni de un impuesto, desde que estos son cargas obligatorias, surgentes de la «potestad tributaria del Estado», que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Tampoco puede encontrar encuadre en el concepto de contribuciones generales, en la medida en que por definición en el ámbito tributario la contribución es una imposición cuyo sujeto pasivo es el beneficiario de una utilidad económica, es decir quien recibe un beneficio o ve configurado un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

La tercera cavilación que acarrea la decisión de suscribir la solución adoptada por el Dr. Mansilla, reside en que apreciada la existencia de una quita no susceptible de ser encuadrada como aporte previsional, impuesto o contribución, poco importa la circunstancia que esa disposición se haya traducido en un congelamiento del incremento del haber no significativo o, si se quiere, exiguo en cuanto su cuantía. Así, por cuanto como con claridad lo señalase la C. Cont. Adm. de Mar del Plata «R. A.v Instituto de Obras Médico Asistencial s/ pretensión anulatoria», sent. del 30.06.11, en casos como el presente, el foco en el que debe posarse el juicio analítico no lo es desde el punto de vista cuantitativo sino, por el contrario, debe realizarse con total abstracción de la mayor o menor cuantía de la afectación, ya que aquél deberá precisarse o colocarse sobre si el descuento producido en el haber -en este caso por vía de prohibición de liquidación y pago- afecta o incide negativamente sobre la garantía en examen. Y, esa circunstancia en este supuesto, valga resaltarlo, ha de tenerse por probada desde la sola forma de concepción de la norma en el seno del Poder Ejecutivo con el aval del Poder Legislativo.

La cuarta razón que se erige indefectiblemente en aval del pronunciamiento que se propicia, es que no es posible descartar que la aplicación lisa y llana de la norma acontecida en el ámbito del Poder Judicial, sin un previo pronunciamiento de quienes ejercían la titularidad del señalado poder, encuentre un simple justificativo: la espera precisamente de un juicio como el presente. La cuestión que explica esa respuesta está dada en que si el aludido poder por disposición de la norma fundamental que nos rige «a pedido de parte o de oficio, verifica la constitucionalidad de las normas que aplica» (art. 196 2do párrafo de la CPRN), resulta razonable sostener que para arbitrar una decisión que detuviese ese hacer en su propia esfera se tornaba necesario, e ineludible, la existencia de una causa judicial que así lo requiriese. Lo inverso, podría haber originado un cuestionamiento basado en el ejercicio de un poder abstracto de constitucionalidad.

La quinta motivación de la postura que aquí se adopta reside en la naturaleza del derecho constitucional de «igualdad».

El derecho contemplado en el art. 16 de la Constitución Nacional, o, hasta si se quiere, instituido como regla del régimen tributario de esta Provincia, a estar al art. 94 de la CPRN, desde su propia concepción limitante del poder fiscal, no puede ser enarbolado por el Estado, ni menos aún por los jueces, para ampliar el espectro de sujetos alcanzados por una determinada norma. Muy por el contrario, su diseño constitucional responde a la necesidad de otorgar a los habitantes del suelo argentino una herramienta para repeler o menguar ese puntual ejercicio del poder estatal.

En aval de esta postura bastará recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que la noción de igualdad adoptada en la Constitución Nacional no es susceptible de ser invocada por el Fisco frente a los contribuyentes, pues ha sido instituida a favor de éstos frente a los poderes de la autoridad y no a esta última para la defensa de su potestad impositiva (Fallos 330:4988).

La sexta argumentación justificante de la decisión que se adopta encuentra fundamento en el concepto mismo de igualdad. Pues, a partir de su anclaje constitucional se busca «consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución» (Fallos Cía. Azucarera Bella Vista S.A. c/Cía. Nacional Azucarera S.A. y otro s/incidente de ejecución de honorarios, sent. del día 06.11.07).

En otras palabras, y recurriendo nuevamente a la Corte Suprema como último intérprete de la Constitución Nacional, «la igualdad ante la ley del Art. 16 de la Constitución (…) no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la Ley en casos concurrentes, según las diferencias constitutivas…» (Fallos, 105:273; 117:229; 132:198; 150:144).

Así visto el derecho de igualdad de trato, inmediatamente se advierte que los magistrados y funcionarios integrantes del Poder Judicial tienen, por voluntad del constituyente rionegrino, una particularidad, que los diferencia y aleja en forma indefectible de los agentes públicos, cual es la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones, que establece el art. 199 en su inciso 4° de la CPRN.

De modo que, diferenciado el estatus de igualdad entre ambos sujetos por disposición constitucional, no puede luego pretenderse sostener una regulación llana y lisa que no atienda esa diferenciación. No habría en estos supuestos, casos concurrentes puesto que no se darían iguales condiciones.

Por último, y a modo de síntesis de lo hasta aquí expresado, si en la tarea de aplicar la ley se le impone a todo juzgador como premisa básica realizar una interpretación en forma integral de sus normas (Fallos 335:1136), teniendo presente que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos 331:858), no resulta posible sostener que las medidas dispuestas por la Ley 3238, en su versión originaria, deben aplicarse a todos por igual con base en el art. 16 de la CN. Pues, en supuestos como en el presente, importaría tener por no escrita precisamente la norma del citado art. 199 inc. 4to, y principalmente que esa disposición legal fue dictada en contraposición con la preceptiva del art. 224 de la CPRN, ya que no se discute que la situación de los actores encuentre encuadre en el art. 199 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, ni se enarbola la existencia de un aporte previsional, ni de un impuesto o de una contribución general.

Por lo expuesto, y como inicialmente lo anunciase, adhiero a la decisión adoptada por el Dr. Enrique Mansilla. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez subrogante doctor Víctor D. SOTO dijo:

Llamado a dirimir ante la disidencia suscitada entre los Sres. Jueces preopinantes en autos, surge de la atenta lectura que las posturas se encuentran claramente planteadas; haciendo gala cada voto, no solo de una prolija y concienzuda fundamentación; sino del evidente esfuerzo en plasmar la más genuina y razonada convicción; en un tema trascendente como el que convoca.

Sin duda, quienes me han precedido en la votación, han citado con detenimiento las opiniones vertidas por las más autorizadas voces de la doctrina y han reseñado la jurisprudencia más destacada; no resultando necesario entonces abundar en tal sentido; sin perjuicio de consignar, como lo he de hacer seguidamente, las citas necesarias para contextualizar mi voto.

El disenso no radica en el incuestionable respeto y consideración de los que resulta merecedora una garantía constitucional que hace a la esencia de nuestro Estado republicano, como lo es la «intangibilidad salarial»; sino en cuanto a la interpretación de sus alcances, a la procedencia o necesidad de su invocación y en definitiva, su ajuste al caso.

Humberto Quiroga Lavié -«Derecho constitucional argentino», T. II, 2º edición, editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 23 de enero de 2.009, pág. 1236, sgtes. y cctes.- reseña con bastante detalle la evolución que ha experimentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación; partiendo desde el criterio sustentado en «Bonorino Peró» (1.985 / F. 307:2.174); respecto del que se comenta que «… en un ejemplar pronunciamiento unánime de conjueces (…), confirma el amparo acogido en las instancias de grado y manda a pagar a los actores las cantidades correspondientes y declara asimismo, que las retribuciones actualizadas deberán preservarse en el porvenir, es decir que no se limita al acogimiento retroactivo del reclamo sino que también da «certeza futura». Para así decidir reitera aspectos que no por conocidos carecen de importancia: que la intangibilidad de los sueldos de los jueces, junto con la inmovilidad, son «garantías de funcionamiento independiente del P.J.» … 5.1.2. Esta doctrina fue continuada en todos sus términos hasta la ampliación de miembros de la Corte en 1990; en el caso «Durañona y Vedia» de 1.986 (F. 308:1.932) y en el caso «Almeida Hansen» de 1.990 (F.313:344), ambos fallados por cinco conjueces. Incluso, en 1.988, en el caso «Bruno c/ Prov. de Río Negro» (F. 311:460), la Corte federal, esta vez integrada por sus cinco titulares, hizo lugar por vía extraordinaria a similar reclamo de un juez rionegrino. La mayoría (Belluscio-Fayt-Petracchi) extendió la intangibilidad del ex artículo 96 CN (cuyos destinatarios directos son los jueces federales) al ámbito provincial por vía del artículo 5º CN, como ya lo había reconocido obiter dictum en «Bonorino Peró» pero con la importante precisión o corrección de que los alcances en la esfera local «no deben ser necesariamente iguales a los trazados para la esfera nacional» … 5.1.3. A fines de 1.990, en el caso «Vilela» (F.313:1371), la Corte integrada por ocho conjueces y un nuevo juez permanente, en fallo dividido (cinco contra cuatro), introduce una importante corrección a la doctrina del caso “Bonorino Peró”. La mayoría ( …), retomando la idea del deber solidario de los jueces respecto a la inflación esbozada en el con. 13º de «Bonorino Peró», observa que en la medida que exista una «erosión significativa» de los sueldos judiciales «por su magnitud» se justifica la tutela de los jueces en servicio de la cláusula de la irreductibilidad salarial, … para que se refleje «de algún modo» el deber de solidaridad de los jueces y la necesidad de compartir con el resto de la comunidad los embates de la inflación, pero sin que ello ponga en peligro la independencia del Poder Judicial … Por su parte, la disidencia integrada por conjueces ( …), con invocación del objetivo del Preámbulo de «afianzar la justicia», propone el cumplimiento estricto de la intangibilidad. Esta doctrina correctora es reiterada en 1.992, por los integrantes permanentes de la Corte, primero en el caso «Jáuregui» (F. 315:2386) y después en los casos «Montes de Oca» y «San Martín» (F. 315:2780 y 2945). 5.1.4 En relación con la prohibición constitucional de «disminuir las remuneraciones de los magistrados judiciales en manera alguna» (art. 110, CN), la Corte en un último fallo aceptó la vía del amparo para resolver la cuestión, resolviendo que la referida norma constitucional «impide en definitiva deterioros significativos del poder adquisitivo de la remuneración del juez en forma tal que no se vea comprometida su independencia …» (F. 313:1375) …».

Agrego, que del voto mayoritario -y conjunto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni- en el ya vastamente mencionado fallo “Chiara Díaz” -Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución. (Corte Suprema de Justicia de la Nación – Buenos Aires, 7 de marzo de 2006); resulta: “ … Que la intangibilidad de los sueldos de los jueces, prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional, es una garantía institucional. Esta Corte ha dicho, reiteradamente, que su respeto es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno. Por ello es que esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado (Fallos: 176:73; 247:495; 254:184; 307:2174; 308:1932, 313: 344; 314:760 y 881 y 322:752). También ha señalado el Tribunal que la intangibilidad de los sueldos es un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno (Fallos: 176:73; 313:1371; 314:760 y 881 y 315:2386, entre otros), y que la referida intangibilidad es garantía de la independencia del Poder Judicial, de forma que cabe considerarla, conjuntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado (Fallos: 307:2174; 308:1059, 1932; 313:344, 314:881; 315:2386; 316:2379 y 319:1352). 7º) Que la garantía de intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces, en su aspecto institucional, es una característica constitucional del estado de derecho que trasciende las decisiones que pudiera adoptar una mayoría circunstancial. Los padres de la Constitución pensaron que los jueces eran el último baluarte en la defensa de los derechos del ciudadano común y que debían ser independientes de toda influencia que otros poderes políticos o económicos pudieran ejercer sobre ellos. La historia les había enseñado que siempre habría quien cedería a la tentación de modificar esas reglas y por ello redactaron una norma que no puede ser derogada por mayorías transitorias. La intención fue legar un verdadero estado de derecho para las generaciones que los sucederían. Por ello es que la grandeza de estos propósitos no puede ser reducida mediante una interpretación que presente a estos reclamos como un conflicto salarial o un privilegio de unos pocos, intolerable para el resto de los ciudadanos. Quienes han sido encomendados por el pueblo para ocuparse transitoriamente de los asuntos de la administración del Estado, deben realizar una lectura madura y razonable de esta disposición constitucional que obliga a los demás poderes a proteger las instituciones, con toda la utilidad que ello trae para la totalidad de los ciudadanos que habitan este país y las generaciones futuras. Lo afirmado precedentemente no significa que los derechos subjetivos basados en la citada norma deban ser ejercidos de modo irrazonable, ya que todo derecho tiene su límite. En este sentido esta Corte ha fijado esa frontera en el valor de la solidaridad, ya que ha afirmado, reiteradamente, que los jueces deben ser solidarios con el resto de la población (Fallos: 308:1932; 313:1371 y 314:760) y que la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio…”.

Resulta entonces que -sin perjuicio de los sólidos fundamentos surgidos por caso del voto minoritario del Dr. Fayt-, la mayoría ha sustentado el criterio que entiendo prevaleciente para el abordaje de la cuestión. No es otro que el de posicionar a la garantía de intangibilidad o irreductibilidad de los salarios de los jueces; como principio basal de la independencia judicial -junto con la inmovilidad-; aunque sin por ello ignorar la necesidad de observar el principio de solidaridad y de razonabilidad en su aplicación.

Precisamente, de eso se trata aquí.

A esta altura del desarrollo de mi voto, resultará tangible para el lector, que mi criterio es afín al expuesto por el primer votante.

  Es así porque entiendo enmarcada la cuestión, en un claro contexto de emergencia provincial y nacional que -como resulta de público y notorio conocimiento- imperaba en tiempos de la promulgación de la ley 3.238.

En ese marco crítico, se entiende la necesidad y razonabilidad de la medida que -aunque no significó rebaja salarial- prohibió los aumentos por antigüedad, operado entre los años 1.998 y 2.005.

Y por cierto, distinto hubiera sido el escenario en mi entendimiento, si esa disposición -o cualquiera que fuere con alcance de afectación exclusiva- produjera efectos solo respecto de la situación de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Solo en tal tesitura hubiera cabido la lectura del fallo sujeto a recurso; mas la normativa en crisis estuvo dirigida hacia la totalidad de los agentes del Estado y en tal situación, no podemos colegir que esa vía legal pudo haber contemplado un intento de vulneración institucional extrapoder.

En un interesante artículo -«Derecho constitucional y derecho de emergencia», pág. 1188 y sgtes., publicado en el «Tratado jurisprudencial y doctrinario», Derecho Constitucional Parte Dogmática, T. II, La Ley, volumen 2, Bs. As., enero de 2.013, coordinado por Daniel Alberto Sabsay-, retrata Néstor P. Sagüés -La Ley, 1.990-D-1.036- la no siempre pacífica relación entre los conceptos de «emergencia» y «constitucionalidad»; y en lo que aquí interesa reflejar, realiza una sinopsis de tales contenidos; incluyendo las pautas de constitucionalidad de la emergencia receptados como pauta común por el cimero tribunal nacional; señalando que «… La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado una especie de derecho consuetudinario constitucional regulatorio de la emergencia como opción constitucional, en base a cuatro recaudos claves: realidad de la emergencia, transitoriedad del derecho de emergencia, legitimidad (razonabilidad) del mismo y sometimiento a la constitución. Para esto último, exige que no haya frustración, sino sólo suspensión de los derechos constitucionales en juego, durante la emergencia …».

Menciona el mismo autor, en lo que hace a la legitimidad (o razonabilidad), que «… la razonabilidad del derecho de emergencia es entendida por Germán J. Bidart Campos -«Tratado Elemental …», t.I., p. 199- en el sentido que debe guardar proporción y adecuación con los motivos que dieron origen al acto necesario y el fin perseguido. Juan F. Linares -«Derecho Administrativo», p.433- añade que la evaluación de la razonabilidad de una disposición de emergencia, tiene que realizarse con un criterio prudente, acorde con la emergencia. Vale decir, pensamos, con una lógica de la emergencia, y no con una lógica de la normalidad».

Que por otra parte, «… la razonabilidad se expresa con la justificación, adecuación, proporcionalidad y restricción de los actos que se realizan y las normas que se sancionan …» -«G. B., J. y E. N. s/ Amparo s/ Apelación». S. T. J., 18/01/02- «El derecho constitucional de Río Negro a través de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia» Buzzeo, Lozada, Moldes, Mucchi, Sodero Nievas.

En esta tesitura, adhiero a lo expresado en el voto ponente, en tanto de allí resulta la consideración en torno a la razonabilidad de lo actuado por el cuerpo que para el tratamiento de este expediente íntegro -en su otrora composición-; que ante un marco de crisis -reconocida en su existencia e implicancia como es de dominio general-; ha instruido la aplicación del artículo 3º de la ley 3.238 hacia los magistrados; demostrando con ello una clara voluntad de convalidar tácitamente una medida que afectaba a todo el sector público provincial.

En suma, de los acontecimientos analizados en el expediente y de sus consecuencias jurídicas; que han generado la necesidad de este pronunciamiento, que desde luego no proyecta otro alcance que el relativo al caso en particular; no advierto que la ley 3.238, en su artículo 3º, pudiera tratarse de una norma dirigida a intentar producir presiones indirectas e indebidas sobre los magistrados, o a incidir exclusivamente en sus ingresos; ya que la generalidad de su alcance, que también ha afectado a los demás estamentos del Poder Judicial y a los restantes del sector público del Estado provincial; ameritaba responder ante una compleja coyuntura temporal, socio-económica e institucional; en conjunto y desde la base del sacrificio común y la solidaridad.

Concluyo entonces estas consideraciones, compartiendo la fundamentación y propuesta de resolución del primer voto y en su consecuencia, proponiendo al acuerdo hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 242/281, por la demandada y revocando de ese modo la sentencia de la Cámara del Trabajo de la 1º Circunscripción Judicial de fs. 227/238 vlta. que había hecho lugar a la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 3º de la ley 3.238 y a la demanda de fs. 3/7 vlta.; cuya determinación de costas consecuentemente también debiera ser revocada; aunque dada la complejidad jurídica de la cuestión debatida y los fundamentos que razonablemente pudieron haber decidido a los actores a impetrar el planteo; también propongo al acuerdo atribuir las costas de la totalidad de las instancias hasta aquí transitadas, por el orden causado, en función del art. 68, segundo párrafo del CPCyCm. MI VOTO.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

En función de lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo Al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 242/281, revocar la sentencia de Cámara de fs. 226/238 vlta. y en consecuencia, rechazar totalmente la demanda interpuesta. Asimismo propicio que las costas de ambas instancias se impongan en el orden causado, en atención a lo complejo de la cuestión, y a que los accionantes pudieran razonablemente entender que les asistía derecho para litigar como lo hicieron. El Tribunal de grado deberá proceder a adecuar las regulaciones de honorarios correspondientes a esa instancia en función de la solución recaída en el litigio. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

Por todo lo expuesto en ocasión de tratar la primera cuestión, propongo al ACUERDO rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 242/281 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de Cámara de fs. 226/238 vlta. (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la ley P Nº 1504), con costas. MI VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Ricardo A. APCARIÁN.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora María Luján IGNAZI dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Enrique J. MANSILLA.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor D. SOTO dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Ricardo A. APCARIÁN.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

(POR MAYORÍA)

Primero: Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada a fs. 242/281, revocar la sentencia de Cámara de fs. 226/238 vlta. (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la ley P Nº 1504) y en consecuencia, rechazar íntegramente la demanda interpuesta.

Segundo: Costas de ambas instancias en el orden causado, conforme lo expresado en los considerandos (art. 68 del CPCyC).

Tercero: Remitir la causa al tribunal de origen para que proceda a readecuar los honorarios de la primera instancia conforme a lo decidido en los considerandos.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

 

Firmantes:

APCARIAN -1º voto-; MANSILLA (en disidencia) -2º voto-; BAROTTO -3º voto-; IGNASI (Jueza Subrogante en disidencia) -4º voto- y SOTO (Juez Subrogante) -5º voto-

GOMEZ DIONISIO -Secretaria STJ-

007519E

       
Cita digital del documento: ID_INFOJU107523

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