Se rechaza el amparo incoado por una persona jurídica a fin de que la Inspección General de Justicia proceda a inscribir el cambio de domicilio social y la designación de nuevas autoridades, en tanto las objeciones que la IGJ opuso para denegar la inscripción requerida no se aprecian prima facie arbitrarias o meramente dilatorias, habiendo además devenido abstracta la cuestión con el pronunciamiento de la Administración durante el curso de la litis.
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