Se aclara la resolución dictada, resolviendo, como regla general, que, en las causas en las que interviene la Inspección General de Justicia, los gastos causídicos deben distribuirse en el orden causado, pues la actuación de este organismo constituye el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de los poderes de policía que la ley le ha conferido en materia societaria.
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