Tiempo estimado de lectura 25 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Accidente de tránsito. Culpa concurrente. Circulación por lugar prohibido. Giro prohibido
Se mantiene el fallo que atribuyó 60% de responsabilidad al actor, quien con su motocicleta se desplazaba por el carril del Metrobus a gran velocidad, y 40% al demandado, que adoptó una conducta antirreglamentaria y también culpable al girar hacia la izquierda a pesar de la existencia de una señal que lo prohibía.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “S., A. A. C. LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 350/356 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Calatayud y Dupuis:
A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:
I.- El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente en el fallo de fs. 350/356 a la demanda promovida por A. A. S. por los daños y perjuicios sufridos por la colisión que se produjo el 8 de marzo de 2013 entre la motocicleta marca Bajaj dominio 682 HHF que conducía por la Av. Juan B. Justo con el automóvil Peugeot 404 dominio UNO 946 manejado por el demandado L. G. C.. Se entendió en la sentencia que ambas partes habían contribuido al resultado final con sus respectivas conductas por lo cual estimó que correspondía atribuir un porcentaje de responsabilidad para el evento del 60 % para S. y del 40 % para G. C..
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación a fs. 358 el demandado y la citada en garantía contra quien se hizo extensiva la demanda (La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada) que fundaron con la expresión de agravios de fs. 366/372 que fue respondida a fs. 380/384 por el demandante quien a su vez apeló a fs. 360 y presentó su memorial a fs. 374/379 que no fue respondido por la contraria.
El actor aduce que debió atribuirse toda la responsabilidad al conductor del automóvil quien dobló hacia la izquierda para tomar por Helguera en una maniobra que se encuentra prohibida. Por su lado, el demandado y la aseguradora sostienen que el hecho se debió exclusivamente al curso de acción seguido por S. quien circulaba por el espacio destinado a los transportes en el sector denominado Metrobus.
No se encuentra en discusión que el hecho se produjo en el lugar mencionado cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y se encontraban en movimiento con semáforos en funcionamiento. Por ser ello así resulta aplicable al caso el criterio empleado en el fallo de grado para la hipótesis de colisión entre rodados, establecida en el fallo plenario de fecha 10 de noviembre de 1994, in re «Valdez, Estanislao Francisco c/El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios» -no obligatorio en la actualidad por la sanción de la ley 26.853- en cuanto resolvió que «la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil». Queda en pie la presunción de responsabilidad que consagra el art. 1113 del Código Civil, por lo que incumbe a cada parte demostrar los eximentes que pudiera invocar, sea acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (conf. Sala «F» en LL, 1977-A, 556, nº 34.007-S; esta Sala, causa nº 66.946 del 18-5-90, entre otros), presunción si bien juris tantum, debe ser destruida por prueba categórica aportada por aquel sobre quien recae, y que acredite acabadamente alguna de las causales de exoneración que contempla la citada disposición legal, toda vez que, incluso un estado de duda, es insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio, “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, t. 5, pág. 393, ap. f y jurisprudencia citada en notas 33 a 35; esta Sala, votos del Dr. Calatayud en causas 76.738 del 4-12-90, 107.816 del 29-4-92, 112.351 del 15-7-92, 119.083 del 13-11-92, 120.417 del 2-12-92 y 114.089 del 30-12-92; votos del Dr. Dupuis en causas 70.239 del 2-8-90, 69.995 del 6-7-90 y 126.771 del 7-6-93; votos del Dr. Mirás en causas 177.189 del 22-9-95 y 171.073 del 7-11-95, entre otras).
A partir de este criterio, el juez a quo examinó la declaración del testigo P. G. T. que describió la colisión a fs. 40 de la causa penal y el peritaje mecánico y concluyó que la conducta de la víctima había tenido aptitud suficiente para quebrar, aunque sea parcialmente, el nexo causal ya que no puede desconocerse la imprudencia que implica circular por un lugar prohibido como lo era la zona de obras del denominado “Metrobus”, a excesiva velocidad y “cortando semáforos”. Sin perjuicio de ello, afirmó que no podía soslayarse que G. C. emprendió un giro prohibido hacia su izquierda, maniobra sin la cual el accidente no se hubiera producido con lo cual estimó que la conducta de ambos conductores incidió para que el siniestro ocurra.
El testigo manifestó en sede penal que iba circulando por la Av. Juan B. Justo hacia el barrio de Palermo. Precisó que al llegar a la intersección con la calle Helguera el semáforo se encontraba en rojo. Refirió que dos o tres autos delante suyo se encontraba detenido un automóvil 404, siendo este el primero de la fila. Que al ponerse en verde el semáforo, el conductor del 404 dobló hacia la izquierda por Helguera efectuando un giro no permitido. Que por el medio de los carriles del Metrobus, en el mismo sentido, circulaba una motocicleta “a gran velocidad, y “cortando semáforos” por lo que se produjo un impacto entre ambos vehículos”. El perito ingeniero mecánico señaló asimismo que la mecánica del siniestro descripta por el actor no podía comprobarse pues, por las características del impacto sobre el automóvil, denota una posición perpendicular o casi perpendicular de la moto sobre el Peugeot y de haber estado en el mismo carril o carriles contiguos, el demandado no habría tenido suficiente desarrollo de trayectoria para llegar a esa posición (ver fs. 281/283).
El demandado pretende impugnar en su memorial las consideraciones efectuadas por el perito manteniendo lo dicho en la demanda en cuanto a que circulaba por la Av. Juan B. Justo cuando se produjo el contacto con ambos vehículos. El testigo evidenció que, en realidad, S. iba por el camino del Metrobus y el perito dio suficientes fundamentos para demostrar que el choque perpendicular entre ambos vehículos era incompatible con el relato efectuado en el escrito de inicio.
Dadas estas circunstancias resulta obviamente improcedente sostener, como intenta, que no tenía culpa alguna porque el hecho se había producido exclusivamente por la peligrosísima maniobra del demandado. El punto es que aunque se descarte el segmento de la declaración de T. respecto a que la motocicleta se desplazaba cortando semáforos subsiste, de todos modos, la aventurada decisión de S. de desplazarse por el sendero del Metrobus el cual, obviamente, no se encontraba habilitado para la circulación de vehículos particulares.
Ello no quiere decir, sin embargo, que deba admitirse el agravio del demandado en el sentido que la prohibición de giro a la izquierda era admisible porque no era previsible que un motociclista se desplazara por ese lugar. El aviso de prohibición se encuentra destinado a todos los que circulan por ese lugar, sea que se considere a los colectivos del Metrobus, sea que se entienda dirigido a todos los vehículos que circulan por esa intersección.
No encuentro, por otro lado, que sea admisible la posición esgrimida por el actor en el sentido que no resulte de peso la declaración del testigo en tanto éste al encontrarse detenido no pudo haber advertido que venía “cortando semáforos”. Admito que esta pudo haber sido una suposición del testigo. Empero, esa presuposición se basó naturalmente en considerar que los automovilistas se encontraban detenidos ante la luz roja, que esta había pasado recién a verde y que S. se desplazaba a gran velocidad. Fuera de esa inferencia, lo cierto es que este testigo que se encontraba en el lugar del hecho según consta a fs. 1/2 de la causa penal -preciso en sus detalles y creíble en su declaración en sede penal- dio cuenta de que la motocicleta se desplazaba por el carril del Metrobus a gran velocidad cuando recién se había habilitado el semáforo para aquellos que circulaban por Juan B. Justo en dirección a Palermo.
La influencia causal de cada culpa debe ser distinguida en este caso. El motociclista asumió un riesgo inaceptable al desplazarse a gran velocidad por un lugar prohibido. El conductor adoptó una conducta antirreglamentaria y también culpable en tanto la veda de la señal alcanza a los vehículos que circulaban por el Metrobus hacia la zona de Palermo.
Toda vez que los argumentos empleados por ambas partes para cuestionar la influencia que han tenido las respectivas culpas de los conductores resultan insuficientes para conmover los fundamentos por el a quo en la colisión propongo que se desestimen ambas quejas y se confirme la sentencia en lo principal en cuanto al modo en que ha examinado el tema de la responsabilidad de S. y G. C. consideradas sus conductas a la luz de lo dispuesto por el art. 512 del Código Civil.
II.- Corresponde examinar a continuación los agravios de las partes respecto a la procedencia y la cuantificación de los daños personales y materiales.
Acerca de la normativa aplicable para valorar las indemnizaciones, cuadra aplicar para la fijación de los daños las normas jurídicas vigentes a la época del hecho antijurídico (ver Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a la relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni editores, pág. 100 n° 48; Dell’Orefice, Carolina y Prat, Hernán V., La aplicación del nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación y el derecho transitorio, Revista Cód. Civil y Comercial, ed. Thomson Reuters LA LEY, año 1 n° 1, julio 2015, pág. 19, en especial, pág. 27, capítulo VI letra d), es decir el Cód. Civil que regía en marzo de 2003 a la época del accidente, tal como lo viene resolviendo esta Sala en numerosos casos análogos (conf. esta sala, votos del Dr. Calatayud en exptes. 103.358/2009 del 14/09/2015, 41.780/2012 15/10/2015, entre muchos otros).
Daños personales.
a. Incapacidad física sobreviniente.
El actor cuestiona que en la sentencia se haya desestimado su reclamo por incapacidad física sobreviniente que fue justificado en que las cicatrices constatadas deben ser consideradas en el rubro por el daño moral. Asegura que ellas configuran limitaciones físicas y pide que se revoque la decisión de primera instancia.
Sabido es que la incapacidad sobreviniente abarca cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquélla que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t.5 pág.219 nº 13; CNCiv.esta Sala, causas 24.116 del 20-10-86, 43.169 del 18-4-89 y 66.946 del 18-5-90, entre muchas otras).
En cuanto al fundamento empleado por el juez, cabe señalar que es doctrina de la Sala que quien a consecuencia del evento dañoso no padeció secuelas incapacitantes permanentes, en principio no tiene derecho a indemnización alguna por este rubro (ver, al respecto, voto del Dr. Calatayud en causa 230.012 del 19-11-97 y sus citas y voto del Dr. Dupuis en causa 252.424 del 9-11-98).
Es que la incapacidad transitoria que pudo haber ostentado, si le impidió a la víctima el ejercicio de tareas laborales, debe indemnizarse a través del lucro cesante y en la medida que éste se encuentre acreditado. Bien se ha dicho que la incapacidad permanente -sea para actividades laborales o de otra índole- debe ser resarcida aunque la víctima no haya dejado de “ganar”, pues la integridad física perdida tiene en sí misma un valor indemnizable.
El lucro cesante, por el contrario, conjuga las pérdidas experimentadas durante el lapso de inactividad o disminución de la actividad laboral, es decir, que responde a la incapacidad -total o parcial- pero transitoria. En cambio, la incapacidad permanente absorbe el lucro cesante (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 218 n° 12).
El lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir por el damnificado, no se presume y quien reclama su indemnización debe aportar los elementos de prueba que acredite fehacientemente su existencia (conf. Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., pág. 24 nº 7; Mayo en Belluscio, op. cit., t. 2 pág. 720 nº 43; Llambías, op. cit., t. I pág. 209 nº 232; CNCiv. esta Sala, causas 74.429 del 4-10-90, 74.476 del 12-10-90 y 76.735 del 4-12-90, entre muchas otras).
En tal sentido, toda vez que la indemnización por este concepto está representada por las ganancias efectivamente dejadas de percibir en la actividad laboral que desarrollaba el damnificado, ha de contarse con pautas serias y objetivas del volumen de ingresos perdidos (conf. R.E.D. 19-532, fallos citados en nos. 132 y 133 y causa 445.878 del 22-6-06), aun cuando se ha decidido reiteradamente que este daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el hecho, sin que se exija una certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso (conf. CNCiv. esta Sala, causas 59.502 del 11-12-89, 88.218 del 13-5-91 y 133.444 del 31-8-93, entre muchas otras).
En cuanto al agravio concreto del actor en torno a lo relativo a la falta de ponderación de las cicatrices estimo que debe ser desestimado al pretender que sea incluido en este rubro al ser una lesión estética. En este sentido es criterio de este tribunal que no representa, en principio, una partida que deba ser considerada en forma independiente y tampoco integra el concepto de incapacidad sobreviniente (ver votos del Dr. Calatayud en causas 311.567 del 7-6-01 y 30.973 del 12-7-17).
Es que, al respecto, ha decidido que cuando se reclama una suma por daño moral y otra por este concepto puede producirse un doble resarcimiento por la misma causa (conf. mis votos en causas 89.040 del 18-3-92 y 117.931 del 26-10-92). En realidad, la lesión estética provoca intrínsecamente daño a un bien extra patrimonial: la integridad corporal, lesión que siempre, por ende, provocará un agravio de tipo moral y que puede, o no, afectar el aspecto patrimonial del individuo damnificado. Si lo provoca, se estará en presencia de un daño patrimonial indirecto, habida cuenta que -además de la afección extra patrimonial- indirectamente se traduce en perjuicios de aquel tipo que pueden revestir el carácter de daño emergente -como los gastos en la curación de las lesiones-, como de lucro cesante -pérdida de la fuente de trabajo o su disminución- (ver Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág.222; Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 2a.ed., 1987, nº 45 en págs.160/164 y sus citas de referencia; CNCiv.esta Sala, causas 81.847 del 18-2-91, 53.570 del 21-11-89 y 29.837 del 31-8-87, entre otras; Sala “G” voto del Dr.Greco en E.D.172-82).
Por estos motivos, considero que el criterio empleado en la sentencia de primera instancia debe ser mantenido en esta Alzada a pesar de las críticas formuladas por el actor.
b. Incapacidad psíquica sobreviniente.
Cuestionan la demandada y la citada en garantía que se haya establecido el monto indemnizatorio por incapacidad psíquica en el monto de $ 60.000 -del que los recurrentes deben abonar $ 24.000- sin haberse establecido en el peritaje se haya aportado el fundamento científico que acreditare la existencia de secuelas en esta órbita. También estima exagerado el monto establecido para el pago del tratamiento psicoterapéutico que el experto propuso con dos sesiones semanales durante un lapso de dos años. En cambio, el actor critica la sentencia por haber establecido un resarcimiento insuficiente al haberse comprobado una disminución del 15 % a la vez que destaca que el cálculo del tratamiento psicológico fue realizado tomando como base la cantidad de $ 250 por sesión en un peritaje que fue realizado varios años atrás.
El daño psíquico supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente, incide en la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación (conf. Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Tomo 2 a. “Daños a las personas”, 2ª edición ampliada. 3ª reimpresión, pág. 231). En este sentido debe indemnizarse adecuadamente de acuerdo con las particulares circunstancias de cada caso, siendo menester a tal efecto la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, c. V.G.R y otro c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros, 19-10-2009, La Ley Online AR/JUR/44918/2009).
El perito médico señaló que el actor sufrió un accidente en vía pública en el que padeció graves lesiones, cicatrices en su rostro y pérdida de trabajo. Determinó que existe daño psíquico a su respecto que diagnosticó como Reacción Vivencial Adaptativa Grado Fóbico Depresiva Grado Tipo II y precisó que existe una incapacidad parcial y permanente en ese ámbito del 15 %. Más allá de las consideraciones del perito en cuanto a la gravedad de las lesiones, lo cierto es que del mismo informe resulta que el demandante no ha quedado con lesiones de orden físico como consecuencia del accidente. En este sentido se relatan en el peritaje un conjunto de lesiones (ver fs. 181) las cuales a pesar de su descripción no han importando la permanencia de secuelas a punto tal que no se ha determinado la existencia de incapacidad física a su respecto.
Estimo, pues, que ante esas circunstancias cabe tener por justificada la disminución en el ámbito psíquico a la vez que adecuadamente calculado, teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas, el monto previsto para el resarcimiento de la incapacidad psíquica y el tratamiento psicoterapéutico propuesto por el perito médico.
c. Daño moral.
El demandante peticiona que se incremente la indemnización establecida en el monto bruto de $ 35.000 por daño moral toda vez que las lesiones sufridas en el hecho importaron un cambio radical en su forma de vida al haber padecido un episodio traumático de extrema gravedad. El demandado y la asegurado solicitan que se reduzca este monto señalando que la cuantía establecida aparece elevada teniendo en cuenta que no se padecen secuelas orgánicas en el caso.
Por daño moral, esta Sala reiteradamente ha decidido que debe entenderse cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala “G” en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83, 66.984 del 30-5-90 y 77.842 del 7-11-90).
De la misma manera, ha resuelto que para fijar el monto indemnizatorio se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores, entre los que merecen ser destacados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).
A la luz de tales principios, habida cuenta la forma como sucediera el accidente y los sufrimientos que ha debido soportar el actor que no alcanzan, por otro lado, los extremos de gravedad señalados en la demanda, estimo que el cálculo efectuado por el magistrado de la anterior instancia representa una adecuada compensación por el menoscabo sufrido.
Daños materiales.
a. Reparación del rodado.
Solicitan el demandado y la citada en garantía que se deje sin efecto el monto establecido en concepto de indemnización por reparación del rodado al no haber el actor acreditado ser su propietario a lo que se suma que no se produjo prueba pericial sobre la motocicleta ni en relación a la autenticidad del presupuesto acompañado que no fue admitido en la contestación de la demanda.
El actor contaba con la motocicleta al momento de presentar su demanda y propuso en la prueba pericial mecánica que el experto se expidiera sobre la entidad de los daños producidos en su motocicleta y para que los calculara teniendo en cuenta el presupuesto acompañado con el escrito de inicio (ver fs. 29 vta./30, ptos. 14 a 16). El juez de primera instancia ordenó la producción de esa prueba en su totalidad según resulta de la providencia de fs. 88. El perito no se expidió sobre esos puntos, ni el demandante solicitó que se ampliara la pericia a pesar de haberla impugnado en cuanto a la mecánica de la colisión (ver fs. 286/287) a lo que se suma que no se produjo prueba sobre la autenticidad del presupuesto.
Resulta claro entonces que no ha existido actividad diligente del actor en este punto en tanto estaba a su alcance producir prueba que habría permitido siquiera orientar la entidad de los daños que se dicen originados por el accidente. Ante esa orfandad probatoria exclusivamente atribuible a su parte no considero apropiado hacer uso en el caso de la facultad conferida por el art. 165 del Código Procesal y es por ello que propongo que se admita la queja de la demandada y de la citada en garantía sobre este punto.
b. Privación de uso.
Se plantea por parte de la demandada y de la citada en garantía que corresponde la completa desestimación de este rubro ya que el actor no aportó prueba alguna para considerar su procedencia.
El actor ni siquiera ofreció punto pericial alguno sobre la demora que podría irrogar la reparación de la motocicleta con lo cual la situación que se presenta es todavía peor que en el caso de la privación del rodado. El cálculo efectuado en la sentencia se ha hecho, pues, sin considerar que el actor optó por no producir prueba en cuanto a este rubro indemnizatorio. Propongo que también se desestimen estos agravios.
III.- Intereses.
Los intereses fueron fijados con la aplicación de la tasa activa general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago. La demandada y la citada en garantía cuestionan ese procedimiento al haber sido establecida la indemnización a valores actuales y piden que se aplique desde el hecho hasta el momento de la sentencia la tasa del 6 % anual
Esta Cámara, en sendos fallos plenarios, dejó establecido que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquidarán desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transportes», del 16/12/58, publ. en LA LEY, 93-667 o J.A. 1959-I-540, y «Consorcio de Propietarios Talcahuano 1278 c. Houbey, Alicia E. s/ cobro de pesos» del 20/7/76, publ. en E.D. 67-539 o LA LEY, 1976-C, 175 o J.A. 1976-IV-379).
Por otra parte con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios” del 02/08/1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/03/2004, que lo ratificó, estableciendo como doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (“Samudio de Martínez Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”).
La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta sala en causas 146.971 del 16/06/1994, 144.844 del 27/06/1994 y 148.184 del 02/08/1994, 463.934 del 01/11/2006 y 492.251 del 19/11/2007, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a.ed., t.I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en LA LEY 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V); esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/04/2009).
De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (ver voto del Dr. Calatayud en expediente 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal-Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).
En conclusión, si bien este tribunal en situaciones similares resolvió reducir la tasa establecida entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa dispuesta en el pronunciamiento de la anterior instancia (ver mis votos en causas 527.451 del 12-5-09, 579.837 del 31-10-11, 615.823 del 14-8-13, expedientes nos. 105.395-10 del 31-8-15 y 85.237-11 del 7-9-15, entre muchas otras), a partir del fallo dictado el 13-3-17 en el expediente caratulado “Flores Sebastián M. c/ Expreso Nueve de Julio S.A. s/ daños y perjuicios” (n° 69.993/13), en el que tocara votar en primer término al Dr. Calatayud, la Sala modificó su postura y resolvió incrementar esa tasa “pura” al 8% anual a la luz de las nuevas circunstancias económicas que atraviesa el país sin que sea necesario el análisis del agravio de la demandada y de la aseguradora respecto del tratamiento psicológico al confirmarse la sentencia en cuanto a este rubro.
Por las razones expuestas propongo que se confirme la sentencia en lo principal que decide, se la revoque en cuanto a la admisión de los daños materiales y se rectifique lo relativo al método de cómputo de los intereses que deberán ser calculados en la forma indicada en los párrafos precedentes. Costas de Alzada en el orden causado en atención a la forma en que se decide en lo principal y en cuanto a los rubros indemnizatorio (art. 68 del Código Procesal).
Los señores jueces de Cámara Dres. Calatayud y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.
FERNANDO M. RACIMO. MARIO P. CALATAYUD. JUAN CARLOS G. DUPUIS.
Buenos Aires, septiembre de 2017.-
Y VISTOS:
En virtud a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 350/356, se la revoca en cuanto a la admisión de los daños materiales y se la rectifica en lo relativo al método de cómputo de los intereses que deberá ser efectuado en la forma indicada en los considerandos. Costas de Alzada en el orden causado. Regulados que sean los honorarios en la instancia de grado se fijarán los correspondientes a esta Alzada. Notifíquese y devuélvase.
021430E
