Se confirma el pronunciamiento que admitió el planteo de prejudicialidad penal efectuado en un proceso ordinario, en tanto los hechos investigados en la sede represiva eran de necesaria dilucidación para la suerte de aquel, y por no concurrir ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es que cuando un mismo hecho origina la tramitación de dos procesos, uno ante la justicia penal y otro ante la justicia civil, y al mismo tiempo existe la posibilidad de que la decisión penal pueda producir efectos de cosa juzgada con respecto a la acción resarcitoria, se torna necesario suspender el dictado de esta última hasta tanto recaiga pronunciamiento criminal acerca de tales hechos.
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